La seguridad ciudadana, además de ser una de las principales demandas de la población peruana y piurana; es un fenómeno complejo, multidimensional y multicausal, que debe ser abordado desde diversos aspectos en forma simultánea. Exige tomar medidas oportunas y eficaces que permitan remover los obstáculos de carácter estructural y cultural profundamente arraigados en los sistemas de administración del Estado y en la sociedad. En ese sentido, no solo la tarea es compleja, sino que en nuestra región y en el conjunto del país, su tratamiento ha tenido escaso éxito hasta hoy.
Uno de los grandes obstáculos, es la carencia de un sistema integrado de gestión de la información delictiva para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Lo que dificulta en extremo el análisis del problema y la toma de decisiones por parte del Estado. Para el efecto, el esfuerzo poco articulado de los Ministerios (Público e interior), de algunas municipalidades, gobiernos regionales y ONGs, resultan poco exitosos.
Lo concreto es que la inseguridad ciudadana se ha acentuado en las zonas de mayor crecimiento económico del Perú, como Piura.
Según la encuesta de victimización de “Ciudad Nuestra” del 2012, el 91% de piuranos se siente potencial víctima de un asalto, 80% de los delitos son robos al paso y de viviendas. Piura está considerada como la tercera ciudad del Perú, con mayor índice delictivo, detrás del Callao y Arequipa; solo son judicializados el 20% de denuncias por delitos de asalto y robo, es decir que el 80% de casos quedan impunes; y el delito de extorsión se ha incrementado de 2011 al 2012 en 60%, (de 158 a 218), las infracciones cometidas por menores de edad (con 824 casos) son el 40%, superior a La Liberad y Lambayeque.
En la región hay un policía por cada 850 habitantes, uno de los más bajos del Perú; y la percepción ciudadana de inseguridad en ciudades como Piura, ha crecido entre 2011 y 2012, bordeando el 90%.
En el 2012, el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) aprobó el Plan Regional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social, que pretende dirigir el accionar de las instituciones involucradas en abordar las causas de la inseguridad, incluyendo reforzar valores en la sociedad, desde la familia, y no centrarse únicamente en la captura de delincuentes. Y en el 2013 se ha culminado la actualización del diagnóstico de inseguridad en Piura y Castilla, con la participación de diversos actores civiles (rondas y juntas vecinales).
Su implementación aun adolece, pese a los esfuerzos, de un adecuado nivel de articulación y avanza lentamente; pero hay aspectos saltantes que el Gobierno Regional de Piura viene impulsando y debería mejorar la situación:
Sin embargo, queda mucho por hacer principalmente lograr articular la intervención de los actores gubernamentales y no gubernamentales; aprovechar la oportunidad de acceder a través de proyectos de inversión a recursos para implementar líneas de acción de los planes.
Maximiliano Ruiz Rosales
Economista. Vicepresidente Regional de Piura.
