En el marco de un Estado de emergencia, decretado para contrarrestar la difusión de la pandemia global por coronavirus, la sociedad peruana entró en toque de queda y cuarentena el 16 de marzo de 2020. Desde entonces, hasta el 5 de mayo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha registrado un inesperado incremento del 43% en las llamadas a la Línea 100[1], y en lo que corresponde a las víctimas de violencia de género se han registrado 12 feminicidios, 226 violaciones sexuales (en donde casi el 60% son víctimas menores de edad); aparte de que 65 víctimas han sido acogidas por el nuevo sistema de refugios. En total, más de 2,600 casos de violencia doméstica, familiar o de género han sido atendidos por el programa Aurora[2]. Este incremento me ha llevado a concluir que estamos viviendo dos pandemias, no una[3]. Por una parte, la pandemia sanitaria en donde el coronavirus arrasa con los cadáveres de ricos y pobres, aunque todo apunta a que sean siempre los pobres, migrantes y racializados quienes proporcionalmente más sufren. Por otra parte, la pandemia social en donde el patriarcavirus[4] viola a diestra y siniestra a mujeres, niñas, niños y adolescentes; apuñala, degüella, asfixia, quema y masacra a las mujeres.
Pero, ¿cómo comprender los designios políticos y sociales detrás de esta violencia de género desatada en tiempos de coronavirus? Quizás una mirada retrospectiva sobre la trayectoria de la agenda nacional (estatal y civil), en temas de violencia de género, nos pueda mostrar algunas claves para comprender el incremento de la violencia que sufren tantas mujeres, niñas, niños y adolescentes en el contexto actual de confinamiento doméstico familiar. Con ese propósito, me permito esbozar una breve reseña histórica comentada de lo que hoy se conoce como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), particularmente lo concerniente al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, más conocido como programa Aurora, y las diversas ediciones del hoy denominado Plan Nacional Contra la Violencia de Género. También se situará la histórica movilización nacional e internacional Ni Una Menos Perú: Tocan a Una Tocan a Todas (2016) en relación a la agenda nacional y a la lucha del colectivo “Familias Unidas por Justicia: Ni una Asesinada Más” (2019).
Cabe señalar, en ese sentido, que el inicio de la agenda estatal sobre temas de derechos de las mujeres, y la problemática de género en general, ha sido marcado por una paradoja. Efectivamente, en octubre del año 1996, durante el segundo gobierno autocrático de Alberto Fujimori, se creó el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH), dependencia estatal que enfocó la vinculación de la salud reproductiva con el desarrollo económico. Tal vez por esa razón, en el mismo año se inició el “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar” (1996-2000), de enfoque maltusiano[5], cuyo resultado fue la esterilización forzada de miles de mujeres campesinas, indígenas y migrantes descendientes de los pueblos originarios que, según el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas – REVIESFO (2015) del Ministerio de Justicia, sobrepasan las 7,500 afectadas registradas hasta la fecha, cifra que sigue en aumento.
Por primera vez se incluía, entonces, en el Estado, un ministerio especializado para tratar las problemáticas de la mujer; sin embargo, hoy sabemos que principalmente Fujimori –pero también las diversas bancadas que actualmente se agrupan bajo el rótulo de Fuerza Popular– guardaron una visión “clientelar” que, en nombre de salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres, en la práctica de hecho los relegaban absolutamente. Es lo que en estos días se puede entender como una “cooptación” del discurso feminista, o sea, entablar alianzas no para que estas puedan desarrollarse sino para poder controlarlas.
Cuando Fujimori fugó al Japón e intentó renunciar a la presidencia de la República por fax, el Congreso lo destituyó por “incapacidad moral”, hecho que, junto con la simbólica Marcha de los Cuatro Suyos, marcan un giro político hacia la recuperación de la democracia. Es en este nuevo escenario que podemos situar mejor el inicio de la lucha contra la violencia de género por parte del Estado peruano. Así, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS) fue creado en el mes de mayo de 2001 bajo el gobierno transitorio de Valentín Paniagua y la ministra Susana Villarán. Con ello, el PROMUDEH inició acciones de prevención y apoyo a las víctimas de violencia de género[6]. Luego, un año más tarde, ya bajo el gobierno de Alejandro Toledo, esos esfuerzos incipientes se aunaron al crearse el primer “Plan Nacional Contra La Violencia Hacia la Mujer”[7] (2002-2007) y en el año 2005, gracias a Ana María Romero-Lozada como ministra, el PNCVFS se constituyó como Unidad Ejecutora del re-denominado Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), lo que permitió poder atender la urgencia de los casos con una mayor autonomía[8]. Sin embargo, este avance fue interrumpido cuando en el 2007, entonces bajo el segundo gobierno de Alan García (gobierno vinculado a importantes denuncias de corrupción), el PNCVFS perdió la condición de Unidad Ejecutora y se le agrupó junto a otros programas nacionales bajo la “Dirección General de Protección Social”, la cual dependía del Despacho Viceministerial de la Mujer[9]. En buena hora, un año más tarde se recuperó la autonomía del programa hasta la fecha actual.
La implementación de la segunda versión del “Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015” (PNCVHM), con Ana Jara como ministra, puso énfasis en el proyecto de ley sobre alternancia de género y propuso metas para hacer transversal el enfoque de género, lo que dio como resultado una mayor participación política y laboral de las mujeres[10]. En esa misma línea, el año 2015 finalizó con dos avances sustanciales: 1) la promulgación de la "Ley Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes Del Grupo Familiar”[11], y 2) el “Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas” (REVIESFO)[12]. El primero es “la norma promovida por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar, producida en el ámbito público o privado”. Para ello, establece políticas integrales, dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados para garantizar a las mujeres y conceder al grupo familiar una vida libre de violencia.
El segundo, que estuvo a cargo del Ministerio de Justicia (MINJUS), comenzó a identificar en 2016 el número de personas afectadas por las esterilizaciones forzadas, producidas durante el período 1995 – 2001; es decir, a más de dos décadas de iniciadas las denuncias. Durante los años 2016 y 2017 el REVIESFO contó con un presupuesto autónomo y una política multisectorial que brindaba asesoría legal y psicológica a las víctimas[13]. Sin embargo, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien meses antes había firmado un compromiso con las afectadas[14], concedió el indulto a Fujimori el 24 de diciembre de 2017[15], quien era el principal responsable de la política de Estado detrás de las esterilizaciones forzadas. En ese sentido, en enero de 2018, Kuczynski canceló por completo el presupuesto asignado para las atenciones a las víctimas de esterilizaciones forzadas[16].
En la tercera versión del plan –que es la vigente– se adoptaron importantes cambios de enfoque, los cuales se ven reflejados incluso en la modificación del título: “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021 (PNCVG)"[17]. Este se gesta durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala y de la ministra Marcela Huaita; allí se plantean diversos enfoques, como los de género, intercultural, interseccional, derechos humanos, integralidad y generacional –asumidos por el MIMP, actualmente bajo el “Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres” (más conocido como programa Aurora)– y, más específicamente a través del “Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual” (PNCVFS), el diseñar y ejecutar políticas de prevención, atención y apoyo a las personas afectadas en hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar a nivel nacional. En ese sentido, el año 2016 puede vislumbrarse como el momento en el que las políticas públicas del MIMP incorporan el paradigma feminista: se abandonó el concepto heteronormativo, binario y biológico Contra La Violencia Hacia la Mujer, y se le sustituyó por el concepto feminista Contra la Violencia de Género[18].Se ha comenzado a entablar –por primera vez– un canal directo entre el Estado Peruano y los familiares de víctimas de feminicidio, el cual se ha cristalizado en un bono económico de 300 soles mensuales por hija, hijo o persona económicamente dependiente de la víctima. Esta situación nos da una idea del amplio camino que, como sociedad, nos falta por recorrer.
Cabe señalar que, paradójicamente, el PNCVG se aprobó el 26 julio del 2016[19] en medio de una convulsionada escena local, lo cual refuerza la distancia vigente entre la envergadura de la realidad social y el gobierno en materia de políticas públicas y representación. El 14 de julio, dos semanas antes de aprobar el tercer plan, el juzgado penal colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho sentenció a un año de prisión suspendida a Adriano Pozo Arias; esto un año después del intento de violación y feminicidio de Arlette Contreras, lo cual fue grabado por las cámaras de seguridad del hospedaje donde se produjeron los hechos. El contundente video fue difundido a nivel nacional y dio la vuelta al mundo. Cuatro días más tarde, el 18 de julio, la Primera sala para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima absolvió a Rony García del delito de secuestro, y lo condenó a cuatro años de prisión suspendida por delitos contra la vida. El músico García agredió brutalmente a la exbailarina Lady Guillén (Lizeth Guillén) en el año 2012, y el caso de violencia se volvió mediático. Estos hechos subvirtieron la opinión pública e indignaron a la población peruana.
Ante tremendas injusticias públicas, y dos semanas después de aprobado el PNCVG vigente, el 13 de agosto tuvo lugar la multitudinaria movilización social “Ni Una Menos Perú: Tocan a Una, Tocan a Todas”. La marcha nacional e internacional fue feminista, descentralizada, intercultural, interseccional, intergeneracional y plurilingüe. Participaron de manera simultánea, y por primera vez, todas las regiones del Perú. El clamor de las masas se levantó en el desierto costero, la región andina y la cuenca amazónica peruana, así como en más de 20 ciudades en donde participaron cientos de peruanos y peruanas en el extranjero[20]. Diversos medios calcularon que en la movilización participaron entre 300 mil y medio millón de personas, que inundaron las calles en el Perú y en el extranjero para exclamar “¡Poder judicial, vergüenza nacional!”. Simbólicamente, la marcha “Ni Una Menos Perú 13A" equivale, para la historia del feminismo en el Perú, lo que la “Marcha de los Cuatro Suyos” para la democracia. De hecho, marcó un antes y un después, y significó un contundente avance histórico para la lucha en contra de la violencia de género en el país[21]. Así, hoy por hoy se la considera la mayor manifestación pública en la historia peruana y, sin duda –más allá del ámbito del género–, ha sido un importante antecedente en la lucha por la reforma judicial ahora vigente[22].
El emblemático cambio de paradigma social y gubernamental que se sitúa en el año 2016 con el PNCVG y la Marcha Ni Una Menos Perú implicó, entre otros sucesos, los siguientes aspectos a considerar: a) la violencia de género es de interés nacional y no sólo del interés de quienes son directamente afectados o de las especialistas en el tema: víctimas, familiares, estudios de género, ONGS, MIMP y el movimiento feminista en general; b) la idea legal y religiosa de familia debe ser transformada ya que, de una parte, las parejas afectivas y los miembros familiares son los principales perpetradores de la violencia; y, de otra parte, el hogar no es un espacio seguro, sino más bien, el lugar donde se manifiesta la violencia; c) la correlación entre la corrupción (política, judicial, económica) y la violencia de género es indisociable y pone al descubierto los mecanismos del sistema patriarcal; d) la violencia de género es, por lo tanto, un conflicto social latente de gran envergadura y debe considerarse como una Emergencia Nacional de primordial urgencia.
Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil, pareciera que la violencia de género fuera mayor cada día que pasa, al menos es lo que indican las crudas estadísticas. Pero, ¿el aumento de los casos de violencia es un acrecentamiento de esta o, simplemente, un aumento de la capacidad de registrarla? De un lado, sucede de modo semejante a lo que pasa con el conteo de casos de Covid-19 que, en el Perú, han aumentado drásticamente desde que se han incrementado los test (pruebas serológicas o moleculares). De otro lado, sí es un hecho fehaciente y comprobado que cada vez son más las mujeres que se atreven a denunciar. En consecuencia, lo más probable es que aún no hemos llegado a determinar el diagnóstico verídico porque, para lograrlo, debemos terminar primero el diseño de la estructura nacional con enfoque de género e intercultural adecuada para el registro de casos. De ahí que el monto en el registro de los casos de violencia de género no significa necesariamente que esta haya aumentado. No obstante, el indetenible incremento de los índices de feminicidio y tentativas de feminicidio fue suficiente argumento para que el 2 de junio de 2018 el Presidente Martín Vizcarra declarara de interés nacional y prioritario la lucha contra la violencia hacia las mujeres[23].
De ese modo, y por primera vez, fueron destinados recursos presupuestales específicos para una actuación multisectorial de emergencia en materia de prevención y atención a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia. De este modo, entre 2018 y 2019, el presupuesto extraordinario destinado a combatir tal pandemia social llegó a 260 millones de soles aproximadamente[24]. La Comisión designada promovió, aparte, la adopción del “Plan de Acción Conjunto” (PAC) para prevenir la violencia contra las mujeres, y marca un hito como estrategia articulada para responder a la grave amenaza contra la integridad, salud y vida de las víctimas de la violencia de género. En ese mismo sentido, el MIMP lanzó en el 2018 el “Observatorio Nacional de la Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar”[25], sitio web que reúne la data de seis instituciones públicas que intervienen en casos de violencia en el país y que incluye el “Portal Web Estadístico” del PNCVFS, que analiza y difunde información actualizada sobre la violencia.
A pesar de todos estos esfuerzos notables, el año 2019 fue el año de mayor índice de feminicidios en el Perú. Por ello, y a raíz de la marcha "Ni Una Menos Perú, 2019: Marcha Nacional Por Mujeres Libres De Violencia", las deudas decidieron unirse y conformar el colectivo "Familias unidas por justicia: ni una asesinada más", que hoy agrupa a veinte familias de afectadas, denominadas por el Estado como “víctimas indirectas” de los feminicidios, lo que remite y comprende a las personas dependientes de la mujer fallecida, como niños, niñas y adolescentes, quienes incluso han sido testigos presenciales del asesinato de su madre a manos de su padre o conviviente[26]. En la marcha, la actual ministra Gloria Montenegro se comprometió con su lucha, y desde entonces se ha comenzado a entablar –por primera vez– un canal directo entre el Estado Peruano y los familiares de víctimas de feminicidio, el cual se ha cristalizado en un bono económico de 300 soles mensuales por hija, hijo o persona económicamente dependiente de la víctima[27]. Esta situación nos da una idea del amplio camino que, como sociedad, nos falta por recorrer para contrarrestar la pandemia del patriarcavirus.
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[1] Servicio telefónico gratuito con información, orientación, consejería y soporte emocional a víctimas de violencia familiar o sexual, o a quienes conozcan algún caso de maltrato.
[2] Doce feminicidios y 226 violaciones deja la cuarentena por COVID-19 en Perú. El Diario, 9 de mayo de 2020. https://www.eldiario.es/sociedad/Doce-feminicidios-violaciones-COVID-19-Peru_0_1025397535.html
[3] BALLÓN, Alejandra. La necropolítica de la sagrada familia en los tiempos del COVID-19. Noticias SER. 28 de marzo de 2020
[4] Propongo el concepto de patriarcavirus para referir a la violencia de género en cuanto cultura acelular que se reproduce molecularmente dentro del genoma del sistema patriarcal. El término fue utilizado en el contexto activista del 8M, 2020 en España.
[5] Según la teoría de Thomas Malthus, se planteaba que el número de individuos crece más rápidamente que los medios de subsistencia (los alimentos), y apelaba a reducir las tasas de natalidad, especialmente de las clases desfavorecidas (N. del E).
[6] Mediante Decreto Supremo Nº 008-2001-PROMUDEH se creó el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), como órgano dependiente del Despacho Ministerial del entonces Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo, en el marco de la derogada Ley Nº 26260, “Ley de Protección frente a la Violencia Familiar”.
[7] “Considerando que la violencia contra las mujeres constituye un fenómeno de enorme trascendencia social, política y económica en el país, el gobierno peruano se propuso elaborar un plan de 5 años, que sirva de marco para enfrentar el problema de manera integral e intersectorial, en cumplimiento de los tratados suscritos y ratificados por el Estado peruano y de los compromisos internacionalmente asumidos por éste.” (MIMDES, 2002:5). MIMDES, Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer (2002-2007).
[8] El 23 de diciembre de 2005, ante las acciones de prioridad nacional que llevaba a cabo el PNCVFS para prevenir y reducir la violencia y diversas formas de abuso y explotación sexual, mediante Decreto Supremo Nº 012-2005-MIMDES, se le constituyó como Unidad Ejecutora para que pueda contar con la desconcentración administrativa propia de su naturaleza.
[9] El 04 de mayo de 2007, el PNCVFS perdió la condición de Unidad Ejecutora. Mediante Decreto Supremo N° 005-2007-MIMDES; sin embargo, ello fue dejado sin efecto a través de la Ley Nº 29247 de fecha 24 de junio de 2008.
[10] DS Nº 003-2009-MIMDES, Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer 2009-2015.
[11] Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Diario El Peruano, Lima, Perú, 6 de noviembre de 2015.
[12] DS Nº 006-2015-JUS, Decreto Supremo que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2001 y crea el registro correspondiente. Diario El Peruano, Lima, Perú, 5 de noviembre de 2015.
[13] RM, 262-2015.
[14] En febrero de 2017, el presidente Pedro Pablo Kuczynski firmó un compromiso con la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, donde aseguró que el Estado brindaría servicios especializados en salud mental.
[15] Al momento del indulto Alberto Fujimori se encontraba cumpliendo condena por graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el 3 de octubre de 2018, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró inaplicable el indulto otorgado al expresidente y fue nuevamente recluido en el penal de Barbadillo.
[16] En 2016, el MIMP destinó para el REVIESFO 3.782.157 soles y en 2017 este aumentó a 5.155.686 soles, para el año 2018 el MIMP solicitó mediante el Oficio N° 655 – 2017 a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto el monto de más de 7 millones de soles.
[17] MIMP, 2016. Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021.
[18] Si bien, en 1963 Robert Stoller fue el primer autor en introducir la distinción sexo/género en el 23º Congreso Psicoanalítico Internacional de Estocolmo, para diferenciar el concepto de identidad de género del término identidad sexual, en la década del setenta fueron las teóricas feministas (Millett, Oakley, Chodorow, Greer, entre otras) quienes se apropiaron del término anglosajón gender para situar la vigencia de las diferencias sociales y culturales en oposición a las biológicas.
[19] DS Nº 008-2016-MIMP. Diario El Peruano, Lima, Perú, 26 de julio de 2016.
[20] LA REPÚBLICA, 14 de agosto de 2016: Ni una menos: regiones también marchan contra la violencia de género.
[21] 13A, NUM PERÚ 2016 (17 de julio de 2019): http://niunamenosperu.pe/2019/07/17/13a-num-peru-2016/
[22] EL COMERCIO, 18 de enero de 2020: Consejo presidido por Vizcarra alista 21 proyectos sobre reforma judicial.
[23] Ante las declaraciones del presidente se instaló la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal denominada “Comisión de Emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer” (Resolución Suprema N° 129-2018-PCM).
[24] MIMP, 2019. Informe Plan de Acción Conjunta.
[25] MIMP lanza observatorio nacional de la violencia contra mujer e integrantes del grupo familiar (Nota de Prensa) 31 de marzo de 2018: https://observatorioviolencia.pe/noticiaobservatorio2/
[26] BALLÓN, Alejandra. La lucha de las Familias Unidas por Justicia. Ni una Asesinada Más. Noticias SER. 29 de abril 2020.
[27] DS N.° 089-2020-EF Diario El Peruano, Lima, Perú, 22 de abril de 2020.
Invierno 2020
Alejandra Ballón Gutiérrez
Investigadora social y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
