Al presentar un panorama de las principales preocupaciones en el sur del país señalo, en primer lugar, lo que sucede en los últimos meses en varios de nuestros departamentos, como en otras zonas del país, que son afectados por fuertes lluvias y que han dejado en el Cusco (el más afectado según reportes recientes) 7 muertos y 4 personas desaparecidas, alrededor de 10 mil damnificados, así como más de 6 mil viviendas destruidas y 16 mil afectadas. A esta situación se añaden 16 mil 281 hectáreas de cultivo perdidas y casi 11 mil has. afectadas. Este drama tiene similares características en Puno y también afecta a Apurímac, aunque en menor medida. Hemos de esperar, lamentablemente, los efectos o consecuencias de estos estragos también en los meses siguientes.
Este tipo de desastres son recurrentes en el país, así como la demanda de políticas preventivas respecto de zonas especialmente vulnerables (como el caso de las sequías en zonas alto andinas), sin respuestas oportunas y teniendo como afectados en mayor medida a los pobres. Una vez más el derecho a la vida en cuestión.
De otro lado, los conflictos manifiestos y latentes, según el reporte de enero de este año de la Defensoría del Pueblo, tiene a Cusco y Puno como dos de sus principales afectados con 11 o más conflictos; Moquegua, Tacna, Arequipa y Apurímac afrontan entre 6 y 10 conflictos cada uno. Cabe destacar que de un total de 71 conflictos en estos departamentos, 38 (54%) corresponden a conflictos socio-ambientales, principalmente vinculados a la actividad minera y el temor de las poblaciones involucradas de ser afectadas directamente en su salud (contaminación) y sus medios de subsistencia, que en muchos casos se asocia a la posible pérdida del recurso hídrico, vital para la actividad agrícola de las poblaciones rurales que son las principales involucradas (y posibles afectadas por la actividad minera) en estos conflictos.
A estos se suman los conflictos ligados a demarcación territorial entre Arequipa con Cusco y Puno o de este último con Moquegua o el de éste con Tacna, que atentan contra la integración regional en el marco del proceso de descentralización. Algunas de estas diferencias se vinculan a disputas por recursos naturales existentes en las zonas en conflicto.
Otro aspecto de interés se refiere al gasto público orientado a inversiones de los gobiernos regionales y locales.[1] El año 2009 ha evidenciado un incremento sustancial en el gasto de inversión. Los gobiernos regionales del sur incrementaron sus gastos de inversión respecto del año 2008 en el orden del 164% en el caso de Puno, 140% en Moquegua, 69% en Arequipa, 60% en Tacna y 35% en Cusco. Sólo Apurímac tuvo una inversión menor en -7% aunque a nivel de gobiernos locales experimentó un incremento de 58% respecto del 2008. En el nivel local el incremento del gasto de inversión también es notorio, aunque con cifras más modestas en los otros departamentos excepto Moquegua que experimentó una disminución de -19%.
Estas cifras muestran un mayor esfuerzo, aunque diferenciado, de los gobiernos sub nacionales por mejorar su gestión. En general son cifras alentadoras, aunque queda por evaluar más que la cantidad invertida la calidad de este gasto.
Este panorama aparentemente auspicioso en la gestión regional y local se desdibuja ante las recurrentes denuncias y evidencias de corrupción de autoridades y funcionarios públicos que limita la gobernabilidad e incrementa el descrédito y la apatía de la población frente a los asuntos públicos. En este sentido ninguna región del sur escapa a este problema ya institucionalizado. En este contexto afrontamos una coyuntura electoral que de nuevo gira en torno a personajes con movimientos, principalmente locales, inactivos y “reactivados” para la campaña 2010 sin elecciones internas ni propuestas claras y concretas, en especial respecto al desafío de la integración regional o la descentralización estancada en los últimos años. Un exceso de candidaturas y miradas parciales y atomizadoras es lo que aparece nuevamente en estos meses.
En fin, los aspectos referidos como el derecho a la vida, la lucha contra la corrupción, una gestión pública eficiente y transparente, la institucionalidad o la búsqueda de consensos a través del diálogo siguen siendo, una vez más, desafíos de primer orden.
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[1] Grupo Propuesta Ciudadana; Nota de Información y Análisis Nº 9; Enero del 2010.
Publicado en abril 2010
Alfredo Gamio Távara
Sociólogo. Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo – CEOP Ilo.
