Desde que se diera el Decreto Legislativo sobre la concentración de las grandes propiedades, la pequeña y mediana agricultura se han puesto en alerta frente a tremendo fenómeno que, según vaticinan, sería fuente de conflictos sociales por tierra, agua y alimentos. Con el anuncio del Gerente de Recursos Naturales de la Región Piura, ingeniero Augusto Zegarra Peralta, a Piura se le abre un asombroso y preocupante panorama con las 500 mil hectáreas de tierras nuevas, sin contar con las 30 mil nuevas hectáreas ya incluidas en el Proyecto Alto Piura.
Aquí viene la preocupación y la pregunta de los agricultores y campesinos ¿a quién favorecerán o para quienes están destinadas? ¿Dónde sembraremos nuestros alimentos y con qué agua se contará, si el interés del Estado es la promoción de las grandes inversiones en tierras agrícolas y la tendencia es hacia los biocombustibles?
La concentración de la tierra, como señalan los mismos campesinos rurales, es una gran injusticia para los que no tienen propiedad ni poder, pues se limitaría al desarrollo de las pequeñas y exitosas experiencias en agroexportación.
Según el nuevo mapa de la gran propiedad rural, en la región Piura hay casi 32 mil hectáreas en manos de sólo siete propietarios, en comparación a las 53 mil hectáreas del área de San Lorenzo que tiene más de 8 mil propietarios.
Pensar en 500 mil nuevas hectáreas se convierte en un dolor de cabeza para los pequeños y medianos agricultores y para quienes trabajan la tierra con sed de justicia. Zegarra Peralta aseguró que las nuevas tierras se encuentran ubicadas en tres zonas estratégicas: Morropón parte alta, detrás de Congorá en el valle del Chira y en la provincia de Talara.
Durante los recientes debates electorales, especialmente para los comicios regionales, este espinoso tema fue casi evadido. Apenas si el presidente regional, que postulaba a un tercer gobierno, presentó mapas elaborados por una consultora privada sobre la Zonificación Económica Ecológica y el Ordenamiento Territorial; pero se cuidó de no hablar de estas tierras, que no solamente preocupan a los campesinos sin tierras, sino también a los académicos, técnicos e investigadores.
El ingeniero Ricardo Pineda Milicich, en su artículo sobre “Soberanía Alimentaria, población, biocombustibles y agua”, muestra su preocupación por los proyectos “que han surgido bajo la perspectiva fundamental de los negocios, sin la suficiente reflexión y análisis de sus implicancias ambientales y sociales, que desde ya hace buen tiempo se vienen señalando por parte de científicos, académicos e instituciones internacionales importantes como la FAO, la ONU y el mismo Banco Mundial, que recientemente ha frenado su apoyo a la palma aceitera”.
Recomienda que en nuestra región “debe ser motivo de muy serio análisis y discusión, los proyectos de cultivos para biocombustibles, tanto los ya instalados como los que están en gestión que, si bien utilizan o utilizarían tierras eriazas, no hay una demostración satisfactoria de cómo se ha de obtener el agua suficiente durante las épocas de sequía”.
Las 500 mil nuevas hectáreas implicarán de todas maneras el recurso agua, el líquido que abunda y sobra solo durante tres meses al año y falta en largas temporadas. “500 mil hectáreas significarían contar con 4900 MMC (Millones de Metros Cúbicos) de agua. “Sólo 20 mil hectáreas de caña de azúcar, demandan 400 MMC de agua, que es la capacidad actual del reservorio de Poechos”, asegura el ingeniero Pineda Milicich.
La siguiente es una de las tantas historias que se registran en la Región en torno a la propiedad de la tierra y al elemento más importante de la vida: el agua. Mientras unos consiguen grandes extensiones muy rápidamente a precios muy bajos y con agua incluida, otros deben trajinar mucho tejiendo sus historias y sus ilusiones, como le ocurre a la Asociación de Campesinos sin Tierra de Ignacio Escudero.
Hace 25 años, más de 500 campesinos eventuales que labraban la tierra de otros, se embarcaron en una gran aventura: primero conseguir tierras y lidiar con la burocracia, luego tener agua y financiamiento.
Santos Domingo Ipanaqué, Secretario General, y Gregorio Oblea Saavedra, Vocal, son dos de los 204 campesinos que han quedado como socios y nos cuentan los años de sacrificio e injusticias por los que atravesaron y siguen atravesando, porque nunca descansan. Ahora necesitan agua para seguir sembrando banano orgánico y ampliar su frontera agrícola, pero tienen al frente a grandes empresas cuyos cultivos cañeros devoran inmensas cantidades de agua, mientras a ellos se les pidió que hagan su propio canal de 1,200 metros para llevar el líquido por bombeo (que es sumamente costoso) cuando en la venta original se les adjudicaba agua por gravedad por el Canal Miguel.Checa.
En 1986 solicitaron la adjudicación de venta de 2,333 hectáreas de terrenos eriazos, pero, tres años después, la Supervisión de Catastro Rural determina que el área disponible era de 1009 hectáreas (es decir 1,314 hectáreas menos) y que no interfería con el área de expansión urbana del distrito ni con el área reservada al Proyecto Chira Piura.
Cuatro años más tarde, en 1990, se les adjudican las 1009 hectáreas comprendidas en los predios San Ramón, San Cristóbal y Pampas Monte Señor, por las cuales pagaron 16 millones de intis, sin que en ese momento se les entregara la documentación respectiva, ni título de propiedad, solamente el documento de adjudicación.
“Nosotros con eso nos contentamos, desconocíamos los trámites y creíamos que eso era todo, confiábamos en las autoridades, pero con el transcurrir del tiempo no dimos cuenta que no era así, que tenía que ser un contrato de compra - venta, unos documentos más formales”.
Pero el trabajo por conseguir tierras para sembrar no terminó allí, pues 3 años más tarde, el 22 de diciembre de 1993, se les conmina a pagar 84 mil nuevos soles por el valor del terreno, en 12 armadas. Exactamente el mismo día, pero 3 años después, la Dirección Regional declaró la caducidad de la Resolución de Adjudicación por no haber cancelado el valor del predio.
Contaban con un recibo de haber pagado la compra de las tierras, pero la Dirección de Agricultura se mantenía renuente en la decisión de haberse pagado solo la aprobación del Proyecto. Los campesinos apelaron y su caso fue hasta Lima, donde lograron que el Ministerio les reconociera el pago por el predio y se les confirmó que no existía ningún dispositivo legal en el cual se cobre por la aprobación de un Proyecto.
Pasaron muchos años hasta que recién en el 2008 les dieron el contrato de compra – venta, pero no les vino por las 1009 hectáreas, sino por 924, dijeron que se las recortaron porque se superponían en el área del Proyecto Chira - Piura.
En la búsqueda de apoyo para sembrar 137.74 hectáreas buscaron al Proyecto Binacional Catamayo Chira, que les ofreció la elaboración del proyecto para sembrar esas tierras. Cuando acuden al Chira Piura se dieron con la sorpresa de que esas tierras estaban superpuestas al proyecto de banano orgánico.
Así como esta historia hay muchas en los anaqueles de la memoria, que se ponen de manifiesto cuando los conflictos se desatan. Aquí mismo en el Medio Piura, donde el gobierno regional ha invertido dinero para la construcción de una cuestionada carretera, se ha dejado a otros campesinos y agricultores desvinculados de los puntos comerciales. Y es que en este lugar se han construido canales de irrigación para los predios de gente vinculada al entorno aprista.
Publicado en octubre 2010
Margarita Rosa Vega
Directora del semanario Semana del diario El Tiempo (Piura)
