Más de dos meses de convulsión, con cerca de 60 muertos y 1500 heridos. Se habla de una dramática explosión social -es decir de múltiples movilizaciones, porque no es una sola-, violenta y autoritariamente respondida por el gobierno, evidenciando la convergencia de por lo menos tres crisis y distintos tiempos. La primera es a la que asistimos en las calles, es la coyuntura y el corto plazo. La segunda es de larga duración, histórica y estructural; alimentada de décadas de desigualdad, exclusión, discriminación y olvido del mundo rural, de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, las más empobrecidas del país que salen masivamente a protestar y encuentran en las calles el espacio de reivindicación de su identidad cultural, de sus derechos individuales y colectivos y de su dignidad. Finalmente, la tercera es la de un modelo de crecimiento y un Estado colapsado y claramente desbordado, y una sociedad que sufrió cambios muy profundos las últimas décadas que se expresan, entre otras cosas, en las características de las movilizaciones.

Desde diciembre, cuando se inició, el desborde popular ha tenido territorios y rostros, y el sur, en especial el andino, concentró las protestas más importantes. Siete regiones (Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna) que generan más del 20% del PBI nacional, tienen 43% de la inversión minera (locomotora de nuestro crecimiento con la agroexportación las últimas dos décadas) y, simultáneamente, son las zonas que evidencian algunas de las brechas sociales más altas del país.

En un escenario con esas turbulencias, no debe sorprender que tres de las regiones del sur aparezcan entre las regiones del país con el promedio mensual de conflictos más alto entre 2012-2022, registrando cada una 18 conflictos.

Hay que destacar que Apurímac, Puno y Cusco se encuentran entre las regiones más rurales de Perú (60%, 46% y 44%, respectivamente), superadas apenas por Huancavelica (77%), concentrando más del 38% de las comunidades campesinas. Resulta imposible obviar que los territorios convulsionados evidencian una contradicción dramática: centros de explotación y producción para la exportación de minerales y agroindustria (Ica), que son las fuentes de acumulación más importantes en las últimas décadas, en medio de pueblos y localidades en extrema pobreza y donde la presencia del Estado es mínima en servicios básicos de salud, educación y vivienda. La geografía de la protesta no es ni un dato casual, ni resultado de la acción de azuzadores y “terrucos” como pretende la narrativa oficial. Que otros espacios como Ayacucho y Huancavelica se sumaran pronto a estas movilizaciones fuertemente campesinas era natural.

Los números más recientes no admiten discusión. En 68 de los 474 distritos de esas siete regiones, más del 50% de sus poblaciones es pobre. Particularmente graves son los casos de las regiones Puno y Apurímac que registraban 42.6% y  28.3% de pobreza y 11.4% y 6.2% de pobreza extrema el 2021. En la última medición del Índice de Desarrollo Humano (2019), Puno ocupa el puesto 23 y uno de los distritos de la región, Achaya, es el que muestra el peor IDH del país[1].

En contraste, hay que señalar que los 10 distritos con el mayor índice se encuentran en Lima. Si miramos la realidad desde el Índice de Densidad del Estado[2] 2019, constatamos que cerca de la mitad de las provincias de la Macrosur están entre las que tienen menor presencia pública de acuerdo a esa medición, siendo nuevamente dramático el caso de Puno donde siete provincias (Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, San Antonio de Putina, Sandia y Lampa) aparecen entre las que ocupan los últimos 25 puestos de las 195 provincias del país. Obviamente, las desigualdades entre regiones, las que históricamente han favorecido a Lima y a los territorios de la costa, no pueden esconder aquellas que existen en cada región y que se observan si comparamos la brecha entre IDH urbano y rural en cada una de las ellas, como se observa en el cuadro siguiente (Cuadro 1).

No obstante, en el actual proceso de descentralización, a estas alturas estancado si no fracasado, el Estado ha hecho muy poco por cerrar las brechas entre regiones y al interior de las mismas, como se observa en el gráfico siguiente. Ello porque la reforma tuvo un fuerte sesgo administrativo y en menor medida político, postergando las dimensiones fiscal y económica e ignorando, por lo menos hasta el 2016, el enfoque territorial.

Los subsistemas de nuestro “crecimiento”

En este escenario los profundos cambios que hemos sufrido como parte del modelo neoliberal no son un dato menor. Francisco Durand llamó la atención sobre este asunto[3], precisando cómo nuestra sociedad se descompuso en tres subsistemas: uno minoritario de la formalidad; el segundo, mayoritario, de la informalidad; y el tercero, el de la economía ilegal (minería ilegal, narcotráfico, trata de personas, tala ilegal, pesca negra, extorsión, tráfico de terrenos, piratería del software, contrabando, etc), que tiene un tamaño anual de más de 7,064 millones de dólares. Cada uno de ellos con sus propias normas y redes, sus propias burguesías y estructuras de poder, pero interconectados, pugnando y accediendo a cuotas de poder en el mundo “formal”: municipalidades, gobiernos regionales, poder judicial, partidos, ministerios, congreso de la república, etc. Comparten espacios, negocian, se presionan, acuerdan y, también, se enfrentan.

La informalidad laboral (2022) en Cusco, Apurímac, y Puno supera el 60%, mientras en el otro extremo aparece Arequipa con 37%. La minería informal e ilegal está presente en 13 provincias del Macrosur, siendo la excepción Tacna. El narcotráfico por lo menos en cuatro provincias, el contrabando en tres y alrededor de la minería ilegal, la trata de personas. La larga presencia de estas actividades que son parte de la vida local y regional, como lo son también nacionalmente, explican en alguna medida parte de los dinamismos de las distintas economías territoriales. Así, por ejemplo, el crecimiento de Puno entre el 2007 y el 2021 fue mayor al promedio nacional, aumentando su ingreso por habitante en 4% al año frente al 2.8% del promedio nacional. En un escenario con esas turbulencias, no debe sorprender que tres de las regiones del sur -Apurímac, Puno y Cusco- aparezcan entre las regiones del país con el promedio mensual de conflictos más alto entre 2012-2022, registrando cada una, 18 conflictos, de acuerdo a la Defensoría.

La larga duración y los factores estructurales

En la larga duración, los factores estructurales nos confrontan con dos fantasías, la construcción del Estado Nación y nuestro sueño de República, más de doscientos años después de la marcha de cada una. Sobre la República basta con decir que coexistió 33 años con la esclavitud, 148 con la servidumbre que terminó con la reforma agraria de Velasco mientras que demoró 158 años en establecer el voto universal.  Sobre el Estado Nación, Puno es la evidencia de su naufragio. Cómo en otros puntos olvidados del país, la práctica de la masacre y el genocidio en esta región es parte de la historia oculta de los pueblos originarios; es la región más india del Perú, como dijera Bourricaud. La región altiplánica alberga una larga historia de quechuas y aymaras, y fue el teatro de operaciones de mayor duración de la rebelión de Tupac Amaru, en cuya fase aimara Diego Cristóbal Tupac Amaru, Pedro Vilcapaza y Túpac Katari enfrentaron a las fuerzas realistas hasta el límite. Desde entonces, por su historia de resistencia y su lucha por incluirse fue centro de gravitación de lo que José Luis Rénique llama la Nación Radical. Sus luchas por la tierra, por su autonomía y su dignidad, por su cultura, en una palabra, atraviesan más de 200 años y sustentan una desconfianza y una distancia que es parte de su memoria. Historia ésta que con las particularidades de los distintos territorios se repite en el interior del país.

La movilización de estos últimos meses, fundamentalmente campesina, ha puesto al mundo rural protestando en las ciudades, y al interior exigiendo en Lima. La respuesta del gobierno y de cierta Lima, que combina su relativo poder y su arrogancia con sus crecientes miedos, los lleva al  autoritarismo que combina la represión, con el desconocimiento, una vez más, del derecho a la política y de la exigencia de igualdad ciudadana de quienes se movilizan, que no se quiere ver. La municipalidad metropolitana expresa a esa parte de Lima, declarando la “intangibilidad” del centro histórico de una ciudad que hace cerca de un siglo viene siendo construida por el interior del país y sus migrantes, que hoy empieza a recibir a los que llegan.

Otoño 2023

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[1] Achaya registra 51 soles mensuales de ingreso familiar per cápita, por ejemplo.
[2] El índice (IDE) contempla cinco variables: población que está registrada y cuenta con partida de nacimiento, número de médicos por 100,000 habitantes, asistencia a la educación secundaria, viviendas con agua y desagüe y viviendas con electricidad.
[3] Durand, Francisco (2007): El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economías delictivas, Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República.

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Eduardo Ballón

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