Alberto Fujimori acaba de ser condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado, lesiones graves y secuestro. Los jueces se han pronunciado – a través de una exhaustiva sentencia – sobre la responsabilidad del acusado respecto del aparato de poder desde el que se promovió y ejecutó las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, así como el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. No se han encontrado atenuantes y se ha aplicado la máxima pena considerada para tales delitos. Se ha ganado una batalla decisiva contra la impunidad. Se recordarán las múltiples ocasiones en que el gobierno de la dupla Fujimori – Montesinos intentó silenciar cualquier información sobre estos crímenes – con salida de tanques incluida -, el acoso a los periodistas y a los familiares de las víctimas. Y cómo, cuando no les era posible seguir negando lo evidente, se urdió una ley de amnistía para dejar libres a los perpetradores. Esa historia de fechorías y encubrimientos va llegando a su fin.
El fallo transmite un mensaje inequívoco a quienes ejercieron o ejercen funciones de poder en el país: nadie tiene privilegios que sugieran impunidad, todos somos iguales ante la ley. Los familiares de Cantuta y Barrios Altos son personas humildes que han luchado por espacio de 17 años para poder ver satisfechas sus exigencias de justicia. Batallaron contra el acoso del régimen fujimorista primero, y luego contra la indiferencia de los políticos y los medios. Hoy pueden ver condenado al máximo líder del sistema que eliminó a sus seres queridos. Ello algún alivio puede brindarles en medio del profundo dolor que han padecido desde entonces.
Sorprende la forma de argumentación de los fujimoristas. Aducen que “se condena al presidente que trajo la paz”. Con claridad – pero paradójicamente con pocas luces – pretenden decirnos que este logro (llevado a cabo a sangre y fuego, recurriendo a una legislación cuestionable) puede avalar el crimen contra la vida. El fin justifica los medios, nuevamente. Se olvidan que este juicio ha examinado y emitido una sentencia en torno a la comisión de estos delitos contra la humanidad (homicidio calificado, lesiones graves y secuestro); no se trata de un “balance político” – por demás discutible – de la gestión gubernamental del reo. Los éxitos y fracasos del
fujimorato no están en discusión, sólo la responsabilidad penal del acusado Fujimori. La presunta “eficacia” no brinda un cheque en blanco a quienes delinquen.
Sorprende el ciego “pragmatismo” de algunos seguidores del fujimorismo. El cálculo entre costos y beneficios constituye su único estándar de razonamiento práctico. Las cuestiones morales y políticas vinculadas al respeto a la vida y la dignidad de las personas, la observancia de la legalidad y el sistema democrático parecen estar completamente fuera de la ecuación. Sino pueden colocarse en los platillos de la balanza del cálculo estratégico entonces no existen como opciones o fuentes de valor. Estas presuposiciones de corte autoritario ponen de manifiesto la actitud del fujimorismo. Negacionista a veces, y con frecuencia indiferente: “se cometieron crímenes, pero se hicieron obras”. Nuevamente, la lógica perversa del “balance”, la retórica malsana del “costo social”. Y el desprecio para con las víctimas. Esa pobre concepción de la política no dignifica al Perú. Lo envilece.
Ahora los ciudadanos de a pie que no creemos en las ofertas autoritarias tendremos que considerar el frente político que se abre tras esta sentencia. Los fujimoristas van a victimizar a su líder, van a salir a las calles. Tienen algunos cuadros violentos. Existen medios de comunicación que nos quieren hacer creer, con dos años de anticipación, que Keiko Fujimori es una candidata fija para disputar una segunda vuelta. Que tendremos que elegir entre dos presidenciables con opciones “antisistema”. No es así. Desenmascaremos esta burda maquinación de quienes apuestan por el retorno de la era fujimontesinista. De nosotros depende que los prosélitos del condenado Fujimori no vuelvan a ocupar posiciones de poder en nuestro país.
Junio, 2009
Gonzalo Gamio Gehri
Docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
