Se han cumplido veinte años desde la captura de Abimael Guzmán Reynoso y la consiguiente derrota de Sendero Luminoso. Desde entonces, esa organización terrorista ha dejado de ser una amenaza para el Estado y la sociedad peruanos a pesar de los remanentes de bandas armadas que operan en las zonas cocaleras y, más recientemente, de la aparición de una organización política con el nombre de Movadef[1]. Sin embargo, se podría decir que los efectos de la violencia que desencadenó esa organización todavía se dejan sentir en nuestra sociedad. La manera más directa en que eso se expresa es, desde luego, en la existencia de numerosas personas afectadas por el terrorismo: familiares de víctimas de los asesinatos y masacres, víctimas sobrevivientes de actos de tortura, pueblos enteros que sufrieron el arrasamiento y se vieron obligados a desplazarse.
En la investigación que realizó sobre el periodo de violencia armada 1980-2000 la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) se realizó un amplio análisis sobre los orígenes y la naturaleza de Sendero Luminoso y se documentó de manera exhaustiva los crímenes atroces que el senderismo cometió contra la población. No sólo se trata, como a veces se supone, de los criminales atentados terroristas que Sendero Luminoso cometió en las zonas urbanas en la última fase de su existencia; varios años antes ya había empezado a ejercer una violencia sin límites contra el campesinado de los andes. La masacre de Lucanamarca (abril 1983) en la que fueron asesinados 69 campesinos entre hombres, mujeres y niños, es posiblemente el más conocido, aunque no el único, de esos actos de terror. A fines de la década de 1980 y a inicios de 1990 Sendero Luminoso sometió a un férreo control a significativos grupos de la población ashaninka, contra la cual también perpetró crímenes de lesa humanidad. Estos fueron documentados por la CVR, la cual señala que es el único momento, en todo el período de violencia armada, en el que se puede haber configurado el delito de genocidio tal como este es definido en los estándares internacionales.
Ahora bien, señalados los hechos y la naturaleza criminal de la organización, también era necesario explicar el funcionamiento de Sendero Luminoso así como entender el contexto en el que tal organización surgió y se expandió. Ello no podría ser interpretado nunca como una justificación sino como el intento de una memoria crítica que solo puede ser elaborada habiendo afirmado, en primer lugar, el deber de justicia penal frente a los crímenes cometidos.
En la investigación de la CVR los datos de contexto nunca son presentados como causas directas de la aparición de Sendero Luminoso sino como las condiciones que le permitieron ganar tempranamente alguna audiencia entre cierto sector de la población, si bien esa audiencia fue perdida muy pronto apenas se reveló el carácter totalitario y terrorista de la organización. Algunas fallas institucionales de la sociedad peruana fueron de obligatoria mención entre esos datos de contexto. Quizá baste con mencionar solamente dos de ellos. El primero es la persistencia de relaciones fuertemente jerárquicas en el campo peruano y la existencia de un campesinado con una memoria de las pasadas formas de explotación e incluso de la violencia ejercida en el contexto de la lucha por la tierra. Ello se daba la mano con tendencias a la modernización que, sin embargo, no cuajaban en una nueva forma de autoridad democrática del Estado.
Como segundo factor relevante, a manera de ejemplo, cabría mencionar la calamitosa realidad del aparato educativo y, en particular, la situación de la formación del magisterio. Se ha dicho varias veces que, de una forma bastante distorsionada e incluso perversa, el senderismo fue un “proyecto educativo”. Ello no quiere implicar que haya alguna pedagogía mínimamente estimable debajo de la dogmática elaborada por Guzmán, sino que desde muy temprano esa organización supo aprovechar a las redes del magisterio en algunas zonas para diseminar su ideología radical y para reclutar adherentes. Esto ocurrió, desde luego, en un contexto en el que la radicalización de un sector de la educación superior pública en el Perú, sustentada en ideologías simplificadoras, llegó a ser afín al razonamiento dogmático propio del maoísmo senderista. Los docentes formados en ese contexto ideológico se encargarían más tarde de ser correas de transmisión del senderismo en el medio de la escuela rural.
El diagnóstico de la Comisión de la Verdad sobre Sendero Luminoso llamaba a dos tipos de respuestas principalmente. La primera, como es natural, es la de la justicia. Fundamentalmente, la CVR expuso y documentó los crímenes de SL con una abundancia y precisión que no se habían dado antes. Es cierto que no había dudas anteriormente sobre la criminalidad de Sendero Luminoso. El carácter terrorista de la organización era innegable y de amplio conocimiento. Pero resultaba importante ir más allá de las impresiones generales y elaborar una precisa descripción de esos crímenes, así como una adecuada caracterización jurídica de los mismos. Eso, entre otras cosas, debería tener una función de reivindicación de las víctimas del senderismo por medio del reconocimiento a la verdad. Además, podría servir como un relato ejemplar dirigido a la sociedad peruana sobre la importancia del imperio de la ley para hacer frente a amenazas de este tipo, así como cerrar la puerta a toda posibilidad de un discurso autojustificatorio de parte de miembros o simpatizantes de la violencia armada.
Así, si bien una cantidad significativa de miembros y de líderes de Sendero Luminoso se encontraban recluidos en prisiones, no se había dado un proceso de atribución de responsabilidades que demostrara ejemplarmente la criminalidad, que dejara asentado que no se trataba de un castigo arbitrario del Estado sino de la aplicación de la ley frente a delitos graves. Es importante, desde la perspectiva de la CVR, que los crímenes del senderismo sean castigados como tales y que quede puesta de relieve la superioridad del Estado de Derecho. El juicio a Abimael Guzmán que se realizó en el año 2005, en el que se demostró su responsabilidad en graves crímenes en cuanto jefe de la organización armada, fue un ejemplo de esa aplicación de la ley con arreglo al debido proceso.
Pero el otro aspecto de la respuesta a Sendero Luminoso tenía que ser la eliminación de los factores que hicieron posible su propagación dos décadas antes. Por eso era importante la interpretación sociohistórica de la violencia, realizada por la Comisión. Esta había señalado, entre otras cosas, la ausencia de la autoridad democrática del Estado en los territorios donde Sendero Luminoso buscó asentarse. Ello incluye las deficiencias del Estado como proveedor de servicios básicos y como un árbitro adecuado de los conflictos. Todo ello equivale a hablar de las deficiencias o insuficiencias de la experiencia ciudadana en el Perú. Es en ese contexto donde una organización armada encuentra oportunidades de diseminación. Brindar una respuesta a la experiencia pasada y asegurar la no repetición implicaba, así, desarrollar políticas vigorosas para consolidar la ciudadanía. Eso significaba, entre otras cosas, hacer de la educación una instancia de formación de conciencias críticas. Pero también implicaba desactivar en el discurso público esas justificaciones de la violencia, que por lo común están asociadas al pensamiento autoritario. También se trataba de mostrar en la práctica de qué manera el Estado es capaz de cultivar una relación respetuosa y eficiente respecto de la ciudadanía. Todo ello apuntaría a hacer evidente para todos los peruanos la superioridad de la democracia y del estado de derecho por encima de cualquier proyecto político partidario de la violencia armada.
Se puede decir que desde el año 2003, cuando la CVR presentó su informe final, ha imperado una gran negligencia entre las autoridades del Estado y en el resto del estamento político (principalmente, entre líderes de partidos políticos) en lo relativo a dar una respuesta a las secuelas del senderismo. Sobre todo, se ha omitido encarar las reformas institucionales que deberían desactivar los factores que dan cabida a propuestas favorables a la violencia. En ese contexto, no es extraño que propuestas que reivindican el senderismo, como la de Movadef, aparezcan y hayan conseguido alguna audiencia entre cierto sector de jóvenes. A veinte años de la captura de Guzmán se puede decir que Sendero Luminoso, como organización armada, no tiene oportunidad de representar una amenaza para el Estado y la sociedad peruanos; pero también es cierto que el Estado ha desaprovechado una oportunidad para desactivar cierta cultura que sigue aceptando la violencia como forma de acción política en el Perú.
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[1] Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales
Félix Reátegui Carrillo
Coordinador de investigaciones. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
