Entre el 9 de abril al cierre del presente trabajo, sucedieron un conjunto de hechos políticos, militares y policiales (en el marco de la denominada “Operación Libertad” que fuera catalogada como “victoria impecable” por la Vicepresidenta del país), que han vuelto a poner esta región, en el centro de la agenda nacional[1]. La renuncia de los dos ministros, del Interior y Defensa, para impedir su censura parlamentaria, así como el posterior cambio de los altos mandos militares, sugieren pues que muchas cosas se han hecho mal, y quedan aun varios “cuellos de botella” en el funcionamiento del Estado en dicha región. A continuación, presentamos algunas reflexiones y propuestas.
El VRAE es una extensa región de 12,000 kilómetros cuadrados, que comprende los distritos de provincias de hasta 4 regiones, por donde cruza el río Apurímac que al confluir con el Mantaro, da al río Ene. Muchos dicen que se trata del “patio trasero” de cada una de sus capitales (Huancayo, Huamanga, Cusco, Apurimac) produciéndose una serie de impases para profesores, enfermeras, que dependen de lejanas capitales de región para atender sus trámites.
En este hermoso y estrecho valle, conviven aproximadamente 100,000 personas, de origen quechua, chanka, huanca, ashaninka y matsiguenga, además de mestizos y colonos, es decir, parafraseando a Arguedas, la región de “todas las sangres”. Región de antigua colonización quechua, al igual que otras regiones de la selva alta, ha sido objeto de una desordenada colonización desde antes de la década de los 60 y objeto de “booms” económicos, como es el caso del barbasco, madera, coca y otros productos naturales oriundos. Lamentablemente, el análisis y revisión de todos los indicadores socio económicos, indican que los mayores niveles de pobreza y de carencia de servicios se encuentran en esta región.
Entre 1980 y el 2000, el VRAE fue objeto de la incursión de las columnas de Sendero Luminoso que, en su proceso de expansión político militar, arrasaron con el tejido social y el territorio del VRAE, produciendo la muerte de varios miles de personas, el acoso y secuestro de poblaciones enteras; al mismo tiempo, las FF.AA ejecutaron una política que también incluyó severas violaciones a los DD.HH. Lamentablemente, el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del 2001, no tuvo en el VRAE un epicentro de su acción sino más bien, objeto de consulta secundaria.
En ese proceso, los militares ayudaron en la formación de Comités de Autodefensa (CADs), que tuvieron la delicada tarea de enfrentar social y militarmente a las huestes de Sendero, lo que produjo un número incalculable de muertos, heridos y violencia en la región, sobre la que aún quedan muchos y terribles recuerdos. Es más, para los CADs, el Estado aun ha incumplido su tarea de indemnizarles por el costo de haber asumido en “primera línea” la pacificación de la región, lograda en 1993, en pleno apogeo del fujimorismo.
Entre el 2000 a la fecha, mientras el fenómeno del narcotráfico ha atravesado por sucesivos cambios internacionales, convirtiendo al Perú nuevamente en el primer productor mundial de hoja y de PBC. En ese lapso, el VRAE se convirtió en la principal zona de producción de hoja de coca y de PBC para suministrar a los mercados internacionales: aun hoy, EE.UU demanda 157 toneladas anuales de cocaína mientras que los países de Europa Occidental demandan hasta 120 toneladas anuales[2]. Hoy en día en el VRAE existen aproximadamente 16,700 hás. de coca, con una capacidad superlativa de hasta 4/5 cosechas anuales, con una alta productividad de pasta base y cocaína de “alta calidad”. La logística del crimen organizado alrededor del narcotráfico ha variado y hoy depende de cientos de “cargachos” y “mochileros”, que transportan la droga hacia la costa y las fronteras del país; en este contexto, la compleja frontera con Bolivia y Brasil se convierten en un espacio privilegiado de las nuevas dinámicas regionales del narcotráfico y eso los saben los Quispe Palomino quienes ejercen control territorial sobre los caminos de herradura en las altas zonas andinas.
De producirse una creciente militarización, esto pudiera terminar con sucesivas violaciones a los DD.HH. contra la población civil; lo que se puede convertir en una fogata a la que se le echa combustible, generando el rechazo de la población y su acercamiento a la prédica violentista.
Existen muchos obstáculos que impiden la presencia efectiva del Estado de Derecho: ignorancia de los políticos (los congresistas desconocen lo que significa VRAE), desinformación (los hechos de Alto Lagunas ocurrieron en La Convención, Cusco, y no propiamente en el VRAE), malas prácticas y una corrupción galopante, principalmente en los estamentos policiales y militares.
Por otro lado, existen problemas estructurales por la engorrosa burocracia al interior del Estado que impide llevar la “gran transformación” y la inclusión social a las chacras y comunidades rurales. Por otro lado, la aproximación sectorial, la desarticulación/descoordinación entre los sectores públicos, las limitaciones del enfoque de presupuesto por resultados y la gestión de los recursos supeditada al SNIP, se constituyen en otro tipo de problemas que deben ser resueltos. Faltan también instrumentos fundamentales como el ordenamiento territorial y la zonificación económico productiva de toda la zona.
Ante esta situación, resulta fundamental modificar y resolver los problemas de la región y su población. Una propuesta fundamental es que exista una autoridad civil –con rango ministerial que pueda también informar al Presidente y corregir a los Ministros- que se encargue de armonizar, corregir y profundizar la presencia constante del Estado.
Hay un riesgo que debemos evitar pues se puede convertir en un peligrosísimo escenario, como lo sugieren aquellos analistas que, sin ir al VRAE, desinforman, generan miedo y conducen al error al Estado. De producirse una creciente militarización, esto pudiera terminar con sucesivas violaciones a los derechos humanos contra la población civil; esto es, se puede convertir en una fogata a la que se le echa combustible, generando el rechazo de la población y su acercamiento a la prédica violentista.
Recientes bombardeos ocurridos en la zona han provocado el miedo de una población que ya conoce lo que es convertir su región en un escenario de confrontación militar. Recientemente, el apu Rodrigo Vargas Saavedra, de la comunidad de “Gran Shinungari”, a 20 minutos de Pichari, donde se realizó el primer Congreso Interregional de Comunidades Ashaninkas (17, 18 y 19 de abril) decía que lo que requieren es el respeto del Estado, a sus recursos, a su cultura, y una respuesta efectiva a sus problemas.
Finalmente, queda el tema de un nueva estrategia policial militar, que en vez de confundir con el resbaloso concepto de “narcoterrorismo”, diferencia funciones, competencias y objetivos; es claro, la lucha contra el narcotráfico es económica y social, contra el terrorismo es político militar. Asimismo, el gobierno del presidente Humala no está considerando con la debida atención la fortaleza que implican los comités de autodefensa como una primera y básica plataforma de presencia del Estado y el control del orden público en dicha región.
Tomando todos estos elementos, queremos aventurar una suerte de reflexión final. Nada será posible, es decir, mayores recursos, más prensa, mejora de estrategia, si no contamos con una férrea voluntad política expresada en el poder civil antes que en el militar, para llevar el Estado e incluir a la población rural del VRAE en esta suerte de “gran transformación”.
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[1] Nos referimos al secuestro de 36 sub contratistas, los intentos de rescate, la liberación, las operaciones, las 8 muertes, la caída de un helicóptero, los policías abandonados, los casos de malas prácticas con repuestos, chalecos y alimentos, el hallazgo de uno de los policías, los que reflejaron una estrategia mal concebida.
[2] World Drug Report, 2011, UNODC.
Ricardo Soberón
Investigador en políticas de drogas, asociado al Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH, www.ciddh.com), ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA.
