El domingo 12 de abril, los peruanos acudiremos, una vez más, a las urnas para elegir al presidente de la república, a sesenta senadores y ciento treinta diputados, así como a los representantes al Parlamento Andino. Estas elecciones nos encuentran en un contexto de inestabilidad política y depresión democrática. En la última década, ocho personas han ocupado el sillón presidencial. Esta situación, aunque sea asumida con humor en las redes sociales y en la calle, acarrea consecuencias perjudiciales para la nación. La atención a los problemas de fondo se ve en segundo plano, frente a las tragicomedias de la política local. La ciudadanía no solo no se siente representada por sus autoridades, sino que también se ve desprotegida ante sus necesidades más fundamentales.
Las elecciones generales plantean una oportunidad para dejar de ser espectadores de este proceso. Ejercer un voto informado y responsable es una manera concreta de reorientar el presente del país. Pero elegir es un acto sumamente desafiante en medio de un contexto lleno de desánimo ante la política y en el que se cuenta con casi cuarenta partidos postulando. Por ello, necesitamos criterios, por supuesto, pero, sobre todo, inspiración para navegar por circunstancias tan inciertas y confusas, con la esperanza de que las cosas puedan mejorar.
Ante el desprestigio de la política, quizás es en el ámbito de la espiritualidad donde podemos buscar esta inspiración. A la larga, las grandes religiones, durante siglos, han sido expertas en enseñarle a la humanidad que somos capaces de trascender la desesperanza y encontrar luz en medio de la peor oscuridad. En esa perspectiva, en este artículo propongo una reflexión, desde la doctrina católica y la espiritualidad cristiana, para abordar este momento electoral, no sin antes explicar la naturaleza del factor religioso en la contienda política.
"La religión sirve para construir identificación social con determinados líderes y alternativas políticas."
Para quienes somos creyentes, la fe importa al tomar decisiones. El ámbito de las preferencias políticas no escapa a la esfera de lo religioso. Dicha afirmación es aún más válida cuando pensamos en la sociedad peruana. Según varios estudios sociales, aun cuando el Perú atraviesa un proceso de diversificación religiosa, la creencia en Dios y la confianza en las organizaciones religiosas se mantienen altas. Un estudio de opinión del Instituto de Estudios Peruanos de marzo de 2024 indica que el 63 % de los consultados considera la religión muy importante en sus vidas, seguido por un 22 % que la considera algo importante. En contraposición, el 35 % tiene poco interés en política, mientras que el 28 % dice que no tiene interés alguno.
A la política, no le puede ser indiferente una sociedad con tal influjo de la dimensión religiosa. Por ello, no es inusual encontrar candidatos que apelan a su identidad religiosa para reivindicar atributos deseables para el creyente promedio, como la fidelidad a la familia, la laboriosidad, la honestidad, la benevolencia y la cercanía. Después de todo, en el Perú, la moral se reviste de religiosidad. Además, hay partidos políticos que levantan temas y agendas atractivos para determinados colectivos religiosos organizados: un caso resaltante es el que, desde hace casi una década, se moviliza contra el aborto y la perspectiva de igualdad de género. En otras palabras, la religión sirve para construir identificación social con determinados líderes y alternativas políticas.
Por lo dicho, para bien o para mal, la religión es un factor relevante para comprender tanto nuestras creencias y actitudes ante una u otra postura política como los temas de debate en la esfera pública. Las afinidades políticas obedecen a factores como los valores y sensibilidades de los ciudadanos, además de a sus inquietudes e intereses, en los que la religión ejerce influencia.
Lo concreto y real es que la religión y la política se encuentran en el ámbito público. No son dos esferas divorciadas. Se entrelazan porque ambas comparten, entre otras cosas, la preocupación por el bien colectivo y la defensa de determinados principios e intereses. Desde ciertas posturas progresistas, parece desconocerse o menospreciarse este elemento bajo la defensa de la laicidad del Estado. Es indudable que el principio de no confesionalidad y de neutralidad ante las comunidades religiosas es clave para una democracia saludable, pero no es razón para desconocer que la religión dinamiza el tejido social peruano y que, como subraya la Constitución, es posible una relación de autonomía y cooperación entre el Estado y las organizaciones religiosas. En contraposición, las posturas conservadoras apelan al uso de lo religioso para alimentar su batalla cultural contra la izquierda y el progresismo sin mayor discernimiento y con escasos escrúpulos. Por el principio de realidad, es necesario pensar críticamente acerca del papel de lo religioso en la vida política y, en particular, en la próxima contienda electoral.
"Las actividades pastorales y las celebraciones litúrgicas no pueden ser espacios de propaganda de un candidato, por más importante que la fe sea en su vida."
En la tradición intelectual y espiritual del cristianismo, la pregunta por la relación entre la fe y la política cuenta con numerosos intérpretes y recursos para que ambas coexistan de manera responsable. Un primer criterio lo planteó San Agustín al subrayar que la fe no podía subordinarse a la política. Al ser testigo del derrumbamiento del Imperio romano ―probablemente la estructura política más importante del primer milenio―, insistió en que la fe era un horizonte que trascendía toda realidad temporal. Dios era el señor de la historia y la orientaba misteriosamente hacia su plenitud en la eternidad. Los sistemas políticos y las autoridades civiles contribuían a ordenar las realidades temporales e, idealmente, perseguir el bien de las sociedades, pero no poseían un valor absoluto. Era un hecho verificable, tanto para San Agustín como para nosotros, que el ejercicio del poder puede corromper. La concentración de poder en manos de unos pocos y el abuso para conservarlo a toda costa son una constante en la historia política de la humanidad.
En continuidad con el pensamiento agustiniano, el Concilio Vaticano II (1962-1965) sentó las bases para cuestionar la mentalidad de atrincheramiento que se resistía a aceptar el pluralismo político propio del sistema democrático y para defender regímenes confesionales que asegurasen la estabilidad y la exclusividad de la Iglesia católica. Como proclamó la constitución pastoral Gaudium et Spes del Vaticano II, la Iglesia sostiene principios y enseñanzas respecto a la vida política y los asuntos públicos, pero aspira a ser independiente y autónoma de los sistemas políticos para realizar su misión con libertad[1]. Respeta las normas civiles, coopera con la construcción del bien común y alienta a los fieles laicos a asumir un compromiso ciudadano activo y responsable, pero no debe pretender dirigir los destinos políticos del país a través de un partido autoproclamado católico ni mediante la participación directa de los clérigos en política. Por ello, el Código de Derecho Canónico prohíbe al clero y a los miembros de institutos de vida consagrada hacer proselitismo por partidos políticos o postular a puestos de representación política[2][L1] .
Esta enseñanza de la Iglesia católica invita a ser excesivamente cautelosos con el uso de la fe para fines electorales. Las actividades pastorales y las celebraciones litúrgicas no pueden ser espacios de propaganda de un candidato, por más importante que la fe sea en su vida. Debe existir un principio de neutralidad respecto de quienes tienen autoridad jerárquica o responsabilidades de liderazgo en la Iglesia, pues su vocación está al servicio de la comunión y no de determinadas banderas ideológicas. Esto no debe hacer que se pierda de vista que los creyentes son ciudadanos y tienen el deber y el derecho de adoptar posturas políticas o tener afinidad con un líder por encima de otros. Lo inadecuado es pretender presentar una preferencia electoral como la única que representa los valores cristianos, como si se tratase de un mandamiento de Dios. No subordinar la fe a la política, además, significa cuidar de no idealizar a los líderes. En el mundo, lamentablemente, renacen mesianismos autoritarios que olvidan que los gobernantes, por más competentes que sean, son mortales y pecadores, y deben estar sujetos al control de otros poderes y a la rendición de cuentas como los demás. Adoramos a Dios, no a un líder político.
Entre sus muchos aportes teológicos, la constitución Gaudium et Spes recuperó el valor de la conciencia como santuario en el que Dios habla a cada persona y, desde el respeto a la libertad humana, les instruye para discernir entre el bien y el mal[3]. Por tal motivo, el Vaticano II implicó el reconocimiento por parte de la Iglesia católica de la libertad de conciencia como un derecho humano, así como del pluralismo en la esfera política como algo legítimo y saludable para la democracia. Como eco de aquello, el papa Pablo VI, en su carta apostólica Octogesima Adveniens, afirmó que, en la búsqueda de solución a las necesidades compartidas ―tarea fundamental de la política―, era legítima la aparición de una variedad de opciones. En palabras del papa, «una misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes»[4].
En breve, el hecho de ser creyente no obliga a votar por un candidato en particular. Las autoridades de la Iglesia no pueden decirle a los fieles a quién deben apoyar. Al contrario, deben respetar la primacía de la propia conciencia moral que cada creyente posee como don de Dios. Como insiste el papa Francisco en Amoris Laetitia, en la Iglesia debemos buscar formar conciencias, no reemplazarlas[5]. En tal sentido, el derecho canónico reconoce que todos los fieles gozan de libertad de opinión respecto de aquello que no forma parte de las verdades fundamentales de fe, como es el caso de las preferencias políticas. Dicho derecho debe ser ejercido con responsabilidad, un auténtico deseo de buscar la verdad, respeto por los demás y procurando el bien común[6][L2] . Después de todo, nuestra conciencia es falible y necesita educarse a la luz de las Sagradas Escrituras y de la doctrina social de la Iglesia como criterios éticos para interpretar la realidad y evaluar propuestas políticas. Esto implica que a los fieles no se les puede imponer opiniones ni directivas, ya que tienen derecho a que su conciencia sea respetada.
La conciencia es el medio para discernir nuestro voto. Sin embargo, un criterio primordial es no decidir el voto sin considerar los múltiples y complejos problemas que enfrentamos como sociedad. Es una tentación centrarnos solo en un aspecto, desconociendo que hay muchos otros temas por considerar, o apoyar propuestas que nos venden soluciones fáciles, que suelen ser inviables. Asimismo, conviene recordar que ningún candidato es perfecto. Ninguno es capaz de recoger toda la enseñanza cristiana, habrá temas en los que lo haga más y otros, en los que menos. Por eso, toca evaluar el conjunto de planes de gobierno para ver cuáles dialogan mejor con los valores del Evangelio y cuáles consideramos que responden mejor a las urgencias del país.
La defensa de la vida es uno de los valores que más aparecen entre actores religiosos que se involucran en política partidaria. No obstante, pocas veces esta bandera se usa de manera integral, como planteó san Juan Pablo II en su carta encíclica Evangelium Vitae: «Toda persona abierta a la verdad y el bien puede descubrir el valor sagrado de la vida humana desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a ver respetado totalmente este bien primario suyo»[7]. En contraste, muchas veces se reduce la lucha por la vida a un aspecto en particular, mientras se descuidan otras cuestiones igualmente importantes y exigidas por la moral cristiana. Como alertó el cardenal Joseph Bernardin, arzobispo de Chicago entre 1982 y 1996, no es posible oponerse al aborto y a la eutanasia y, al mismo tiempo, avalar la pena de muerte y la guerra. Una auténtica cultura de la vida se preocupa por la lucha contra toda violencia que atenta contra la dignidad humana. Por tanto, el cardenal Bernardin propuso la necesidad de una «ética consistente de la vida» que realmente asumiese el valor sagrado de la dignidad humana en toda su amplitud.
Es cierto que las vulneraciones del derecho a la vida son disímiles y no siempre comparables, pero según el cardenal Bernardin, la ética cristiana debe procurar hacerlas converger en una defensa de la vida desde el momento de su concepción hasta su muerte natural, cualquiera sea la circunstancia que se presente. Si la aplicamos al Perú, sería posible afirmar que una «ética consistente de la vida» expresa sus reservas respecto al aborto, sin desconocer las raíces de los embarazos no deseados. Las altas tasas de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes son un clamor desesperado que exige políticas de prevención y sanción efectivas, así como una educación integral sobre la sexualidad. Los contenidos de estas medidas pueden ser materia de debate público, pero resulta inmoral disociar la prevención del aborto del cuidado integral de la integridad física y moral de las mujeres para que no se vean ante el dilema de interrumpir su embarazo.
"Como insiste el papa Francisco en Amoris Laetitia, en la Iglesia debemos buscar formar conciencias, no reemplazarlas."
Una última pista para discernir el contexto electoral desde la fe guarda relación con la polarización que afecta gravemente la convivencia política. El papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, anotó la perversidad de que, en la confrontación política, se está perdiendo la comprensión de que quien piensa diferente es un adversario legítimo, para convertirlo en un enemigo que hay que destruir[8]. Como antídoto, el papa planteó la necesidad de una cultura del encuentro que nos eduque en la escucha honesta, el diálogo y la fraternidad sin fronteras como medios para aprender a comprender nuestras diferencias como una fortaleza, no como una amenaza. El mundo actual está atrapado en el reto de la convivencia en medio de la diversidad, por lo que es imprescindible cultivar el «hábito de reconocer al otro el derecho de ser él mismo y de ser diferente»[9]. Para ello, es necesario correr el riesgo de acercarnos a quienes no sean como nosotros y tener el coraje de escucharlos y hacer el esfuerzo de comprender la realidad desde su perspectiva.
Tristemente, hoy se expanden líderes y grupos que, definiéndose como creyentes, convierten el depósito de la fe en un arma de batalla política o en un instrumento para fomentar el miedo y amenazar la vida de rivales políticos, así como de poblaciones en situación de vulnerabilidad. La fe auténtica es dinamizada por la caridad, no por el odio. En un tiempo electoral, esa fe debe vivirse como valoración de la verdad, búsqueda del bien común, respeto a los opositores y apertura al diálogo. En tal sentido, el papa León XIV insiste en «desarmar las palabras» para que estas, en vez de destruir, sirvan para construir una política al servicio del bien común y la paz.
Insisto en un aspecto de lo dicho en estas líneas: las tradiciones religiosas ofrecen pistas valiosas para enriquecer el discernimiento de creyentes ―y, por qué no, de no creyentes― ante un contexto electoral que genera desilusión. Desde la perspectiva del catolicismo, he ofrecido algunas con el deseo de alimentar la búsqueda de los creyentes. Una fortaleza adicional de las comunidades de fe es que nos recuerdan que uno no camina solo; caminando junto a otros, podemos llegar a mejores decisiones y, más importante aún, abrir procesos de afirmación de la vida. Es momento de favorecer espacios de encuentro y discernimiento para que, de manera colectiva, cultivemos una consciencia informada y decidamos un voto responsable, pero principalmente, para que nos permitamos mirar hacia el horizonte, sin quedarnos encapsulados en la coyuntura, para soñar con un futuro esperanzador para el Perú. Que sepamos encontrar en la fe la inspiración para no conformarnos, sino para atrevernos a cambiar la historia y para que el amor triunfe sobre el odio.
[1] Pablo, Obispo de la Iglesia católica. (1965, 7 de diciembre). Gaudium et Spes. La Santa Sede. https://shorturl.at/heC8j, art. 76.
[2] Código de Derecho Canónico, c. 285, §3; c. 287, §2.
[3] Pablo, Obispo de la Iglesia católica, op. cit., art. 16.
[4] Pablo VI. (1971, 14 de mayo). Octogesima Adveniens. La Santa Sede. https://shorturl.at/dO3S6, art. 50.
[5] Francisco. (2016, 19 de marzo). Amoris Laetitia. La Santa Sede. https://shorturl.at/rz1eu, art. 37.
[6] Código de Derecho Canónico, c. 209, §1; c. 212, §1, 3.
[7] Juan Pablo II. (1995, 25 de marzo). Evangelium Vitae. La Santa Sede. https://shorturl.at/1f5gE, art. 2.
[8] Francisco. (2020, 3 de octubre). Fratelli Tutti. La Santa Sede. https://shorturl.at/kxNus, art. 201.
[9] Ibid., art. 218.
Historiador y teólogo, magíster y licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Teología por Boston College. Es profesor asociado del Departamento de Teología y coordinador de la Comisión de Fe y Cultura de la PUCP.
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