En el Perú de hoy, la política no se discute: se sospecha. Se duda del político, del periodista, del fiscal, del policía, del vecino que piensa distinto y, cada vez más, de la información misma. La conversación pública parece atravesada por una duda permanente: ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Quién no es corrupto?

Ese clima de desconfianza no es un fenómeno reciente. Pero en los últimos años se ha profundizado hasta convertirse en uno de los rasgos centrales de la sociedad peruana. A pocos meses de las elecciones generales del 12 de abril, esa fractura invisible —la que separa a los ciudadanos entre sí y a los ciudadanos de sus instituciones o representantes— se ha vuelto uno de los desafíos más complejos para recuperar la democracia.
En términos comparados, el Perú se encuentra entre las sociedades con menores niveles de confianza social del mundo. Y esa desconfianza tiene consecuencias políticas directas: alimenta la polarización, debilita el debate público y vuelve más vulnerable al país frente a la desinformación. La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿cómo votar en un país donde casi nadie confía en nadie?
Diversos estudios internacionales coinciden en que el Perú se ubica entre los países con menor confianza interpersonal. Una encuesta global de Ipsos encontró que solo el 17% de los peruanos considera que se puede confiar en la mayoría de las personas, muy por debajo del promedio mundial, que ronda el 30%.[1]
"En el Perú, la desconfianza se ha convertido casi en una forma de convivencia cotidiana. Si la confianza entre ciudadanos es mínima, la confianza en las instituciones es aún menor."
La tendencia se mantiene en mediciones regionales. El Latinobarómetro, uno de los estudios de opinión pública más importantes de América Latina, ha registrado durante años que la confianza interpersonal en el Perú se mueve alrededor de 14% a 20%, niveles particularmente bajos incluso dentro de una región donde la confianza social ya es reducida.[2]
Esto significa algo más profundo que una simple percepción cultural o desencanto coyuntural. La confianza interpersonal es un indicador clave para medir la cohesión social. En sociedades donde las personas creen que los demás actuarán de manera justa, la cooperación es más fácil, el bienestar emocional es mayor y la democracia funciona con mayor estabilidad. Cuando esa confianza desaparece, el resultado suele ser una sociedad fragmentada y de alta incertidumbre.
En el Perú, la desconfianza se ha convertido casi en una forma de convivencia cotidiana. Si la confianza entre ciudadanos es mínima, la confianza en las instituciones es aún menor.

"Cada resultado es interpretado con sospecha, cada derrota se percibe como una injusticia y cada victoria es cuestionada."
Según datos recientes del Latinobarómetro, solo el 7% de los peruanos declara confiar en el Congreso, uno de los niveles más bajos registrados en América Latina.[3] En otras palabras, más del 90% de la población desconfía del principal órgano de representación política del país y hoy erigido de facto como el primer poder del Estado (rompiendo el balance de poderes).
El problema se extiende a otras instituciones públicas. Estudios académicos y encuestas nacionales muestran que ministerios, sistema judicial, partidos políticos e incluso medios de comunicación registran niveles de confianza muy reducidos.[4]
La explicación no se encuentra solo en el desencanto coyuntural, sino que la historia política reciente del Perú —desde el 2016— está marcada por una sucesión de crisis: presidentes investigados o destituidos, confrontaciones entre poderes del Estado, escándalos de corrupción y una constante sensación de inestabilidad que genera la sensación permanente de un bucle que repite sus tragedias.
La corrupción, de hecho, aparece de manera recurrente como uno de los principales problemas del país. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, el Perú ha ocupado posiciones rezagadas, reflejando la percepción de que las instituciones públicas solo de forma excepcional funcionan con transparencia.[5]
Cuando esa percepción se vuelve estructural, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales: la legitimidad. Y en ese contexto de desconfianza se ha consolidado otro fenómeno: la polarización política[6].
Durante las últimas elecciones y las erosiones institucionales posteriores, el debate público peruano se fue organizando en torno a divisiones cada vez más rígidas, especialmente marcadas por las segundas vueltas. La política comenzó a estructurarse como una disputa entre bandos: izquierda versus derecha, Lima versus regiones, establishment versus antisistema, mestizos/igualitarios versus blancos/racistas.
La polarización no implica simplemente que existan opiniones distintas. Las democracias saludables necesitan del disenso. El problema surge cuando el adversario político deja de ser visto como un competidor legítimo y pasa a ser percibido como una amenaza, como pasó con Pedro Castillo cuando había ganado las elecciones y aún no había asumido la Presidencia.
En ese escenario, cada información que circula es interpretada según la identidad política de quien la emite. La verdad deja de ser un terreno común y se convierte en una cuestión de lealtades.
Por ello, si la desconfianza es el terreno, las redes sociales se han convertido en el amplificador. Las plataformas digitales organizan la información mediante algoritmos diseñados para maximizar la interacción. Esto significa que el contenido que genera más emociones —indignación, miedo, enojo— suele tener mayor visibilidad.
El resultado es lo que los investigadores llaman burbujas informativas[7]: entornos digitales donde los usuarios reciben principalmente contenidos que refuerzan sus propias creencias.
En el Perú, donde el consumo de redes sociales para informarse es cada vez más alto, estas dinámicas tienen efectos políticos claros. Los ciudadanos terminan expuestos a versiones distintas —y a veces incompatibles— de la realidad.
El problema no es únicamente tecnológico. Es también cultural: en un país donde la confianza ya es baja, cualquier información que confirme las sospechas previas tiende a ser aceptada con rapidez. Así, los rumores, teorías conspirativas o noticias falsas encuentran un terreno fértil para expandirse.
Las elecciones de abril llegarán en este contexto de desconfianza estructural, polarización política y saturación informativa con inteligencia artificial.
En las democracias consolidadas, las elecciones funcionan como un mecanismo de resolución pacífica de conflictos. Los ciudadanos votan, los resultados se aceptan y el sistema continúa. Pero en sociedades como la nuestra donde la confianza institucional es baja, el proceso electoral puede convertirse en un momento de mayor tensión. Cada resultado es interpretado con sospecha, cada derrota se percibe como una injusticia y cada victoria es cuestionada.
No se trata de un fenómeno exclusivamente peruano. Diversos países han experimentado procesos similares en los últimos años y a nivel mundial es incuestionable el papel de las ultraderechas[8] y su instrumentalización del voto católico. Sin embargo, en el Perú el problema se ve agravado por la fragilidad histórica del sistema de partidos y por la debilidad institucional.

"Las sociedades democráticas no funcionan porque todos estén de acuerdo, sino porque aceptan reglas comunes para gestionar el conflicto."
Frente a este escenario, la ciudadanía adquiere un papel central pues durante mucho tiempo se pensó que la calidad de la democracia dependía principalmente de las instituciones o de solo tener procesos electorales. Hoy se entiende que también depende del comportamiento de los ciudadanos: la democracia necesita demócratas.
En un ecosistema informativo saturado, informarse ya no es un acto pasivo. Es una decisión activa. Requiere contrastar fuentes, verificar datos y resistir la tentación de compartir contenidos diseñados para provocar reacciones emocionales inmediatas.
Romper los algoritmos implica precisamente eso: salir de la burbuja informativa. Leer medios con distintas líneas editoriales, contrastar datos, revisar fuentes originales y desconfiar de mensajes que apelan únicamente a la indignación son prácticas que fortalecen el debate público.
La alfabetización mediática —la capacidad de evaluar críticamente la información— se ha convertido en una competencia democrática fundamental. El periodismo, a su vez, cumple un rol que va más allá de informar.
Los medios que practican verificación de datos, contextualización y análisis contribuyen a reconstruir el terreno común sobre el cual puede desarrollarse el debate democrático. En sociedades polarizadas, el periodismo profesional actúa como una especie de infraestructura cívica: ayuda a establecer qué hechos son verificables y cuáles no.
Sin embargo, los medios también enfrentan su propia crisis de confianza. En el Perú, diversos estudios han mostrado que la credibilidad de la prensa se ha deteriorado en los últimos años, en parte por percepciones de concentración mediática y polarización política.[9]
Esto obliga al periodismo a un desafío adicional: recuperar la confianza de sus audiencias mediante transparencia, rigor y apertura al escrutinio público.
Finalmente, la reconstrucción de la confianza social no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento que requiere reformas institucionales, transparencia y liderazgos políticos capaces de generar consensos y esperanzas. Pero también requiere algo más difícil de construir: una cultura cívica basada en el respeto al desacuerdo.
Las sociedades democráticas no funcionan porque todos estén de acuerdo, sino porque aceptan reglas comunes para gestionar el conflicto. En el Perú, el reto consiste precisamente en reconstruir ese terreno común.
Las elecciones de abril no serán solo una competencia entre candidatos. Serán también una prueba para la salud y vocación democrática del país.
El verdadero desafío no se limita a elegir nuevas autoridades, sino a recuperar algo que hoy parece escaso: la confianza en el sistema democrático.
En una sociedad atravesada por la sospecha, la ciudadanía tiene una responsabilidad más difícil que nunca, pero decisiva. Informarse con rigor, evitar la propagación de desinformación y reconocer la legitimidad del adversario político democrático son actos que fortalecen la democracia.
En última instancia, la confianza no es solo un indicador social. Es una condición para que la política funcione. Y en el Perú de hoy, reconstruirla se ha vuelto una tarea urgente.
[1] Ipsos (2022). Global Trustworthiness Monitor. Ipsos Global Advisor.
[2] Corporación Latinobarómetro (2024). Informe Latinobarómetro 2024.
[3] Latinobarómetro (2023–2024). Confianza en instituciones en América Latina.
[4] Instituto de Opinión Pública PUCP (2023). Confianza interpersonal y en las instituciones en el Perú.
[5] Transparencia Internacional (2024). Índice de Percepción de la Corrupción.
[6] Mejía Navarrete, Julio. (2024). Polarización política en el Perú, 2000-2023. Discursos del sur, (14), 236-269. Epub 29 de diciembre de 2024.https://doi.org/10.15381/dds.n14.29843
[7] López Julca, Ronald, Julca Guerrero, Félix, Nivin Vargas, Laura, Allauca Castillo, Wendy, Robles Trejo, Luis, & Robles Blacido, Elmer. (2024). El filtro burbuja y el derecho a la información en la web. Desde el Sur, 16(1), e0017. Epub 31 de enero de 2024.https://doi.org/10.21142/des-1601-2024-0017
[8] Bastante, J. (2026, febrero 23). El Papa advirtió a los obispos españoles del ascenso de la “ideología de la ultraderecha”. elDiario.es. https://www.eldiario.es/sociedad/papa-advirtio-obispos-espanoles-ascenso-ideologia-ultraderecha_1_13012021.html
[9] LAPOP / Barómetro de las Américas (2023). Confianza en instituciones y medios en América Latina.

Politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Investigador y docente. Profesional en Ciencia Política y Comunicación con sólida experiencia en docencia universitaria, diseño instruccional y análisis de coyuntura política y social.
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