El proceso electoral de 2026 se desarrolla en un país atravesado por una crisis prolongada de representación y por un ciclo reciente de conflictividad social que tuvo en el sur andino su epicentro. Regiones como Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac no solo registraron algunas de las movilizaciones más intensas entre 2022 y 2023, sino también los mayores niveles de violencia y vulneración de derechos. Hoy, esas mismas regiones están llamadas a participar en un nuevo proceso electoral, con heridas aún abiertas y una profunda desconfianza hacia el sistema político.
El ciclo de protestas iniciado tras la crisis política de diciembre de 2022 dejó un saldo doloroso: decenas de personas fallecidas, cientos de heridos, procesos judiciales en curso y una percepción extendida de impunidad. En territorios con una larga historia de exclusión ―marcados por el conflicto armado interno, la desigualdad estructural y la débil presencia estatal―, los acontecimientos recientes reactivaron memorias colectivas de violencia y marginación.
En este contexto, el proceso electoral no es un evento aislado, sino que forma parte de una secuencia histórica. Votar no significa simplemente elegir autoridades, implica hacerlo en medio de un duelo inconcluso, con demandas de justicia pendientes y con un vínculo deteriorado entre ciudadanía e instituciones.
La pregunta de fondo es si el sistema político ha sido capaz de escuchar el mensaje que se expresó en las calles. Las movilizaciones no fueron homogéneas, pero compartieron un núcleo común: la percepción de que el poder político se ejerce de espaldas a las regiones y que las decisiones nacionales no recogen la diversidad territorial, cultural y social del país. La narrativa que redujo la protesta a un fenómeno «violento» o «manipulado» contribuyó a profundizar la fractura entre Lima y el sur andino.
La representación política en estas regiones enfrenta al menos tres desafíos estructurales de fondo:
Las encuestas muestran niveles críticos de desaprobación hacia el Congreso, los partidos y el sistema de justicia. En el sur andino, esta desconfianza se agrava por la percepción de trato discriminatorio y por el uso desproporcionado de la fuerza como respuesta estatal a la protesta. La distancia no es solo política, sino también simbólica y cultural.
La fragmentación partidaria y la lógica de candidaturas improvisadas afectan especialmente a territorios donde la organización social es fuerte, pero la intermediación política es frágil. Las comunidades, rondas campesinas, organizaciones de mujeres y juventudes han demostrado capacidad de movilización; sin embargo, esa energía no se traduce automáticamente en representación institucional efectiva.
Aunque el país cuenta con un proceso de descentralización, las decisiones estratégicas sobre presupuesto, infraestructura y políticas públicas siguen concentradas. Esto alimenta la percepción de que las elecciones nacionales, más allá de las promesas de campaña, tienen poco impacto real en la vida cotidiana de las regiones.
En este escenario, el riesgo es doble: por un lado, la abstención o el voto de protesta; por otro, la emergencia de discursos que capitalizan el malestar sin ofrecer salidas democráticas sostenibles.
"Votar no significa simplemente elegir autoridades, implica hacerlo en medio de un duelo inconcluso, con demandas de justicia pendientes y con un vínculo deteriorado entre ciudadanía e instituciones."
Un proceso electoral que ignora el impacto de la violencia reciente corre el riesgo de profundizar la fractura social. La demanda de verdad, justicia y reparación no es un asunto del pasado; está directamente vinculado con la legitimidad del presente.
En regiones como Ayacucho y Puno, la memoria de los hechos de 2022 y 2023 se superpone con la memoria del conflicto armado interno de 1980 al 2000. Esta doble experiencia de violencia estatal genera una sensibilidad particular frente a las propuestas de «mano dura» y a los discursos que plantean soluciones autoritarias frente a la inseguridad o la conflictividad social.
La legitimidad democrática no se reconstruye solo con elecciones formales, requiere garantías efectivas de derechos, la investigación imparcial de las violaciones y el reconocimiento del dolor de las víctimas. Sin estos elementos, el proceso electoral puede percibirse como un trámite institucional desconectado de la realidad territorial.
"En regiones como Ayacucho y Puno, la memoria de los hechos de 2022 y 2023 se superpone con la memoria del conflicto armado interno de 1980 al 2000."
El contexto descrito plantea una reflexión sobre el tipo de liderazgo que puede surgir o que sería necesario en estas regiones.
La experiencia reciente ha mostrado la centralidad de dirigentes locales, autoridades comunales, lideresas indígenas y jóvenes activistas. Un liderazgo con legitimidad en el territorio no se construye desde la coyuntura electoral, sino desde la trayectoria y el compromiso sostenido con las comunidades.
En regiones con fuerte presencia de pueblos quechuas y aimaras, la representación política no puede reducirse a la traducción lingüística, requiere comprender cosmovisiones, formas propias de organización y prioridades diferenciadas. La interculturalidad debe expresarse en la agenda y en las prácticas políticas.
El riesgo de respuestas simplistas frente al malestar social es alto; sin embargo, las regiones que han vivido violencia estatal reciente demandan garantías, no más coerción. Un liderazgo comprometido con los derechos humanos no implica debilidad frente al delito, sino un enfoque integral que combine seguridad, justicia social y participación ciudadana.
La crisis de representación está estrechamente vinculada a la corrupción y al uso instrumental del poder. En territorios donde el Estado suele aparecer solo en contextos de conflicto, la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en condiciones mínimas para recuperar confianza.
Las movilizaciones de 2022 y 2023 evidenciaron una fuerte participación juvenil y femenina. Muchas mujeres —incluidas lideresas rurales e indígenas— asumieron roles visibles en la organización y en la defensa de derechos. Sin embargo, esa presencia no siempre se traduce en candidaturas competitivas ni en espacios de decisión.
El proceso electoral ofrece una oportunidad para fortalecer la participación política de juventudes y mujeres desde una perspectiva territorial. Esto exige superar barreras estructurales: financiamiento desigual, violencia política, racismo y estigmatización.
Un liderazgo emergente en el sur andino podría caracterizarse por su dimensión intergeneracional, por la articulación entre memoria y futuro, y por la capacidad de conectar demandas locales con agendas nacionales.
"En territorios donde el Estado suele aparecer solo en contextos de conflicto, la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en condiciones mínimas para recuperar confianza."
El escenario electoral en regiones marcadas por el conflicto reciente presenta riesgos evidentes: polarización, campañas que instrumentalicen el dolor, uso político de la justicia o promesas inviables que profundicen la frustración. También existe el riesgo de que el debate nacional ignore las particularidades territoriales y reduzca el sur andino a una categoría homogénea.
No obstante, también hay oportunidades. La experiencia de movilización ha fortalecido redes sociales, articulaciones regionales y conciencia cívica. El desafío es transformar esa energía en propuestas programáticas claras y en mecanismos de incidencia sostenida.
Para ello, se requiere:
"No se trata solo de quién gane, sino de cómo se reconstruye el vínculo entre Estado y ciudadanía en territorios donde la confianza ha sido erosionada."
Las elecciones de 2026 serán una prueba para la democracia peruana, especialmente en el sur andino. No se trata solo de quién gane, sino de cómo se reconstruye el vínculo entre Estado y ciudadanía en territorios donde la confianza ha sido erosionada.
Un proceso electoral con heridas abiertas exige responsabilidad política, sensibilidad histórica y compromiso ético. Requiere reconocer que la democracia no puede sostenerse únicamente en procedimientos formales, sino en la garantía efectiva de derechos, en la inclusión real de la diversidad territorial y en la construcción de una representación que refleje la pluralidad del país.
En regiones como Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac, el voto no será un acto neutro, estará atravesado por memoria, dolor y expectativa. La pregunta central es si el sistema político estará a la altura de ese momento, ofreciendo liderazgos capaces de transformar la indignación en proyecto democrático y la herida en posibilidad de futuro compartido.
Especialista en trabajo social, lideresa quechua y expera en Derechos Humanos. Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
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