Si consideramos que el objetivo básico de la economía es lograr el mayor bienestar para la población de un determinado país, entonces tenemos que aceptar que el principal problema económico y social del Perú es la informalidad laboral; de acuerdo con las últimas cifras[1], el 74 % de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra en esta situación. Se trata de veinticinco millones de personas, incluyendo tanto a los que trabajan directamente en la informalidad como a los familiares que dependen de ella. No hay ninguna otra variable o condición económica de la población que llegue a estas dimensiones.
La informalidad laboral significa la ausencia del derecho (y muchas veces, de la posibilidad) al descanso semanal, las vacaciones, el salario mínimo, el límite de las ocho horas, el seguro de salud, la jubilación y la negociación colectiva. Es decir, se trata de la plena precariedad del empleo, que viene de la mano de la inseguridad de ingresos, con todo lo que ello significa en cuanto a carencias materiales, mentales y espirituales. La mayor parte de la población peruana vive en una situación de permanente estrés, que, según reconocidas teorías médicas, es la fuente de muchas enfermedades.
Sabemos que existen en el país 6,2 millones de unidades productivas informales, que están repartidas en tres grandes grupos: la pequeña producción agraria, con 2,3 millones de unidades[2]; la micro empresa urbana, con 2,4 millones de unidades[3]; y los trabajadores independientes, 1,5 millones. Los tres grupos tienen origen, ubicación y características diferentes, pero comparten la misma informalidad y la misma baja productividad que no les permite, a la mayoría, salir de la trampa de los bajos ingresos y de la pobreza.
"Se trata de la plena precariedad del empleo, que viene de la mano de la inseguridad de ingresos, con todo lo que ello significa en cuanto a carencias materiales, mentales y espirituales."
La primera razón es que la estructura de la economía peruana sigue siendo primario-exportadora, que arrastramos desde la Colonia. Esta situación se ha agravado desde 1990, cuando se aplica el modelo económico vigente.
Presentamos algunas cifras sobre el aporte de cada sector al PBI (en porcentaje):
Como vemos, los dos sectores que más han crecido en estos últimos treinta años han sido la minería y el sector financiero, casi triplicando su participación en la generación del PBI. La agricultura, la industria, el comercio, el transporte y el turismo han reducido su participación en el PBI, y el sector construcción, el Estado y los servicios se han mantenido básicamente iguales. El problema es que los dos sectores que más han crecido generan muy poco empleo formal, pues son muy intensivos en capital y tienen muy pocos eslabonamientos con otros sectores. Ello hace que la mayoría de jóvenes que ingresan al mercado laboral cada año, aproximadamente unos 250 000, no encuentren un trabajo formal y se vean obligados a insertarse en la informalidad.
La segunda razón es que las políticas para reducir la informalidad aplicadas por los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000) y Alan García (2006-2011), inspiradas en las ideas (la causa de la informalidad es el alto costo de la formalización) y recomendaciones de Hernando de Soto, han fallado. Ellas consistieron principalmente en dos medidas: por un lado, la simplificación de trámites y, por otro lado, la entrega de títulos de propiedad a los informales. Para este último objetivo se creó el COFOPRI (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), que ha entregado más de cuatro millones de títulos a pobladores a nivel nacional. Estas medidas no han reducido la informalidad laboral, que ha seguido creciendo sin descanso.
Este fracaso no solo se ha constatado en el Perú, sino también a nivel mundial. Un estudio realizado en 185 países sobre la relación entre la informalidad y el desarrollo, considerado por algunos como el estudio definitivo sobre el tema, llega a la siguiente conclusión: «Reduci[r] los costos de la formalización no lleva a las empresas informales al sector formal, ni promueve el crecimiento económico»[4].
La informalidad ha crecido tanto en el Perú que ha producido una metástasis económica: ha dado lugar al crecimiento y a la expansión de las economías ilegales. Ya en 2006, Francisco Durand nos advertía sobre la existencia de tres economías en el país: la formal, la informal y la ilegal[5]. Las múltiples relaciones entre la informalidad y la ilegalidad no han sido suficientemente investigadas, pero es claro que existe una estrecha vinculación entre ambas. La primera actúa como un paraguas protector, a cuya sombra se expanden y multiplican las diversas actividades fuera de la ley. Desgraciadamente, la economía ilegal ha crecido en forma acelerada, al mismo tiempo que se han deteriorado la política y la institucionalidad formal en el país, especialmente desde el año 2016, momento desde el que se han sucedido seis presidentes diferentes: Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y Boluarte.
De acuerdo con un reciente documento de estudio[6], en los últimos años han proliferado hasta doce economías ilegales en el Perú:
Según este estudio, las actividades ilegales mencionadas significan un movimiento anual de 7 500 millones de dólares, lo que representa el 3,5 % del PBI peruano (sin incluir la extorsión, el sicariato y la corrupción estatal). Estamos hablando de un inmenso poder corruptor. Diversos analistas políticos señalan que estas actividades ilegales ya se hallan representadas en el actual Congreso de la República e influencian sus decisiones y leyes.
Es claro que el combate y la eliminación de las actividades ilegales pasa también por la drástica reducción de la informalidad que las alimenta.
"Las empresas informales necesitan elevar su productividad y ello se logra con conocimiento (capacitación), tecnología, mercados, créditos, información y asociatividad."
La reducción significativa de la informalidad implica una política pública con tres grandes ejes. El primero, desde arriba, desde la economía formal, implica impulsar y lograr la diversificación productiva, que incluye políticas industriales prioritarias y el fomento de servicios de alta tecnología, generadores de empleo digno y bien remunerado. El segundo, desde abajo, desde las micro y pequeñas empresas informales, supone impulsar y lograr el aumento veloz y sostenido de la productividad, mejorando los ingresos de los conductores y sus colaboradores. Finalmente, y desde el costado, desde la educación, comprende impulsar y lograr una educación de calidad, emprendedora y productiva en todos los niveles.
En el primer eje, el Plan Nacional de Diversificación Productiva[7], conducido por el ministro Piero Ghezzi, fue el momento más alto alcanzado en el esfuerzo por cambiar nuestra estructura económica. La diversificación productiva tenía como objetivos lograr altas tasas de crecimiento en el largo plazo, crear empleo formal y de calidad, reducir la dependencia de los precios de las materias primas y crear nuevos motores para la economía peruana. Proponía el fortalecimiento y expansión de los CITE (Centros de Innovación y Transferencia de Tecnología), una política nacional de innovación, otra de calidad, creación de parques industriales, y financiamiento promocional de las Mipymes. Desgraciadamente, este sólido plan fue descartado por el siguiente ministro de producción, Bruno Giuffra, sin ningún estudio o evaluación, solo por razones ideológicas (menos intervención del Estado). Es vital retomar estas ideas, ampliarlas y mejorarlas.
En el segundo eje no es necesario inventar la pólvora, basta seguir las experiencias internacionales más exitosas en promoción de las pequeñas y micro empresas. Las empresas informales necesitan elevar su productividad y ello se logra con conocimiento (capacitación), tecnología, mercados, créditos, información y asociatividad. Estos servicios empresariales los brindan instituciones públicas, privadas o mixtas de carácter nacional, en estrecha relación con las universidades y los centros educativos. Tenemos los casos de la SBA (Small Business Administration) de Estados Unidos, el SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa) en Brasil, la SMBA (Small and Medium Business Administration) de Corea del Sur y CORFO (Corporación de Fomento) de Chile. Se trata de seguir la regla de oro mundial: la mejor manera de formalizar a una MYPE es ayudándola a crecer.
En el tercer eje necesitamos revertir la actual tendencia al deterioro de la educación que viene impulsando el Congreso de la República, entregando la SUNEDU a las universidades chatarra y eliminando la meritocracia de los docentes en la educación básica. La educación es la variable clave que han utilizado todos los países desarrollados y los emergentes para crecer, diversificarse y mejorar las condiciones de vida de su población, sin excepción. Tampoco hay que inventar la pólvora: se mejora la calidad de la educación contratando a los que saben, no necesariamente a los que tienen títulos, en todos los niveles; enviando a un grupo de ellos a calificarse en las mejores universidades e institutos del mundo, como lo han hecho Corea, China y Chile; también educando y formando (este concepto incluye principios y valores) a nuestra juventud en emprendimiento, actividades productivas, en servicios de alta tecnología digital y, finalmente, en creatividad (que viene del arte y la cultura) e innovación tecnológica.
Primavera 2024
[1] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2023). Producción y empleo informal en el Perú. Cuenta Satélite de la Economía Informal 2022. INEI.
[2] INEI. (2013). Resultados definitivos. IV Censo Nacional Agropecuario 2012. INEI, Ministerio de Agricultura y Riego.
[3] Ministerio de la Producción. (2020). Las MIPYME en cifras 2019. Ministerio de la Producción.
[4] La Porta, R. y Shleifer, A. (2014). Informality and Development. Journal of Economic Perspectives, 28(3), 109-126.
[5] Durand, F. (2007). El Perú fracturado: formalidad, informalidad y economía delictiva. Fondo Editorial del Congreso del Perú.
[6] Valdés, R., Basombrío, C. y Vera, D. (2023). Las economías criminales y su impacto en el Perú. Capital Humano y Social, Fundación Konrad Adenauer Stifung (KAS).
[7] Ministerio de la Producción (2014). Plan Nacional de Diversificación Productiva. Documento sujeto a consulta pública. Ministerio de la Producción.
Ingeniero y Economista. Docente y exdecano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Exministro de Trabajo y Promoción de Empleo (2001).
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