Las elecciones generales del 26 de noviembre en Honduras han significado una nueva tragedia política para el país. No sólo porque se desarrolló un descarado fraude electoral, sino porque desde mucho antes buena parte de la sociedad hondureña entendió que todo el proceso hacia las elecciones estaba salpicado por fraudes, especialmente desde que se impuso la candidatura a la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández, no solo polémica sino ilegal.

El enfrentamiento amenaza con aumentar la inestabilidad política en un país profundamente dividido, haciendo eco de la crisis que estallara hace ocho años, cuando un golpe de Estado forzó la salida del presidente Manuel Zelaya, quien ahora es el estratega político detrás de la coalición de izquierda que ha respaldado al candidato presidencial despojado por el fraude, Salvador Nasralla.

Unas 40 personas asesinadas entre el 27 de noviembre y el 27 de enero -al menos la mitad en los primeros diez días de diciembre, cuando el usurpador de la Presidencia decretó toque de queda y ordenó a la Policía Militar del Orden Público que les disparara-, 1,500 personas golpeadas, torturadas y heridas y más de 50 personas encarceladas, acusadas de sedición y de realizar actos violentos, son los saldos más visibles de la respuesta militar a la vibrante protesta social contra el fraude.

El poder del gobierno de Estados Unidos se hizo sentir con toda su fuerza en este pequeño país centroamericano. Bastó que el 22 de diciembre de 2017 reconociera a Juan Orlando Hernández como presidente electo en las turbulentas elecciones del 26 de noviembre para que los países más afines rompieran el silencio^[1]. Una vez más quedó patente el poder del imperio y la poquedad de países como Honduras. Lo que pase en el presente y el futuro a este país es lo de menos. Si se despedazan sus gentes por conflictos internos, si se instaura una dictadura, eso no interesa. Lo que pesa son intereses geopolíticos.

El miedo a un fantasma impuso finalmente la decisión. Ese fantasma tiene nombre y apellido: Manuel Zelaya Rosales^[2]. Mucho más que al candidato Salvador Nasralla, principal víctima del fraude electoral, fue al derrocado en el golpe de Estado de 2009 lo que decidió que Washington se decantara a favor de Juan Orlando Hernández.

De nuevo se ha impuesto en Honduras la geopolítica imperial por sobre los dinamismos nacionales. De nuevo ha pesado la lógica de la Banana Republic^[3]: los asuntos hondureños se definen sin el país, fuera del país y en contra del país.

Cinco líneas de estrategia para hacer blanquear el fraude y el régimen de facto

A partir del 27 de enero de este año^[4] se impuso un régimen de línea dura con una ilegitimidad y descrédito amplios, ante ello el equipo de Juan Orlando Hernández ha puesto en marcha una estrategia política con cinco líneas simultáneas de trabajo.

1. Línea internacional. Un régimen desconocido por al menos tres cuartas partes de la población necesita tener un reconocimiento internacional que, por ahora, sigue siendo precario. En la toma de posesión no hubo ni un solo mandatario del planeta que se hiciera presente. Es cierto que tiene el favor de Washington, pero en un escenario tan complicado, y con las evidentes señales del fraude que dejó establecido el informe de la OEA, un reconocimiento internacional estable resulta un camino muy cuesta arriba.
2. Línea del “post blanqueo” y maquillaje de la dictadura a través del recurrente llamado al Diálogo Nacional y la re-institucionalidad del Ministerio de Derechos Humanos. El diálogo fue usado en 2015 en el fragor de la crisis que se expresó en el fenómeno de las antorchas^[5], cuando se estrenó la consigna “¡Fuera JOH!” ante datos impresionantes de saqueo de instituciones públicas por parte de altos funcionarios y miembros del partido de Hernández. Cuando este y su equipo se vieron acorralados, convocaron un diálogo “incluyente, abierto y sin condiciones”. En el mismo participaron los afines a Hernández, y surgió lo que hoy se conoce como la MACCIH (Misión de Apoyo a la lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) como respuesta al clamor popular a la instalación de una Comisión de Investigación contra la Corrupción y la Impunidad al modo como la ONU había establecido en Guatemala. La MACCIH no acabó de cuajar hasta que comenzó a tocar de frente redes de corrupción que involucran a diputados del Congreso Nacional[6].
   El auténtico fruto de aquel diálogo fue haber “normalizado” la situación, y colocado a Juan Orlando Hernández en una posición ventajosa para avanzar hacia su candidatura inconstitucional, asunto que devino en la crisis electoral y convulsión política y social que hoy se busca solventar con la reedición de un diálogo cuyo propósito es dejar intocables la reelección y el fraude electoral.
   El otro elemento que le da “maquillaje” al proyecto dictatorial es la conformación del Ministerio de Derechos Humanos. Así como ha dado muestras irrefutables de no creer en el diálogo, Hernández ha debido acceder a la presión internacional de conformar este Ministerio, el cual es un auténtico contrasentido en relación con el peso que en su gobierno tiene la inversión en las fuerzas armados y en las respuestas represivas ante las demandas y protestas populares. El Ministerio de Derechos Humanos se convierte en la sonrisa del verdugo, justamente porque a toda protesta social y política, Juan Orlando Hernández da una desproporcionada respuesta militar.
3. El cerco mediático. Aquí se han afinado todos los dispositivos para ignorar a los opositores cuando hay que hacerlo; estigmatizar su trabajo y sus vidas, presentándolos como enemigos de la paz, aliados del crimen organizado, promotores del vandalismo y el desorden; sobornarlos o cooptarlos si encuentran la ocasión; criminalizarlos, como en efecto ha ocurrido con la captura y levantamiento de procesos judiciales en contra de decenas de manifestantes con algún nivel de liderazgo de las diversas zonas con mayores índices de protestas; y, finalmente, la persecución y eliminación física de varios de los líderes.
   Todo esto se ha manejado de manera proverbial y sin fisura a través de los medios de comunicación, los cuales se han dedicado a elevar el perfil humano, espiritual y familiar del estadista Juan Orlando Hernández, a destacar los beneficios del diálogo nacional para unir y reconciliar a la familia hondureña, y a destacar los daños y perjuicios ocasionados por el vandalismo de quienes se resisten a aceptar la dictadura.
4. Compra de gobernabilidad a través de la inversión en compra de voluntades y conciencias, e invirtiendo millonarias cifras en programas sociales para comprar gobernabilidad desde abajo, jugando con el estómago de varios millones de desempleados y miserables. Aquí es donde reside el rasgo de populismo mesiánico primitivo y de extrema de derecha que caracteriza al actual régimen.
5. La línea de represión y de fuerza bruta contra opositores. Para el éxito de esta línea, Juan Orlando Hernández decidió nombrar nuevos comandantes del ejército, entrenados desde la década de los ochentas en operaciones contrainsurgentes, y sospechosos de asesinatos y desapariciones forzadas de opositores al Estado en aquella aciaga época.

Escenarios

Honduras entró, a partir del 22 de diciembre, en el peor de los escenarios: el de la extrema polarización, sin reales posibilidades de entendimientos o negociaciones de parte de nadie, a no ser que se subordinen al proyecto autoritario que por la vía de la reelección y el fraude se erigió desde el 27 de enero.

Hernández ha debido acceder a la presión internacional de conformar el Ministerio de Derechos Humanos, el cual es un auténtico contrasentido en relación con el peso que en su gobierno tiene la inversión en las fuerzas armados y en las respuestas represivas ante las demandas y protestas populares.

El escenario ideal, pero lo más cercano a la ficción, es el que revierte a corto plazo el proceso de fraude, se anulan las elecciones y se convoca a nuevas elecciones bajo estricta supervisión internacional. Esto supondría que el Departamento de Estado norteamericano rectifique, retome con responsabilidad el análisis de los riesgos para la sociedad hondureña, y acabe dando un respaldo a la Secretaría General de la OEA.

El escenario situado en el otro extremo es el basado en una convocatoria amplia de ciudadanía en rebeldía en contra de la dictadura que presiona desde diversos ámbitos. Es el escenario que busca revertir el fraude a mediano plazo.

El punto central de esta movilización y presión ciudadana se basa en que la reelección de Juan Orlando Hernández es el origen del fraude electoral, por su inconstitucionalidad. Todo el proceso electoral se tiñó de fraude. A partir de esto, la demanda de anular las elecciones de noviembre de 2017 es permanente y, obviamente, unida a la convocatoria a nuevos comicios electorales.

Como se trata de una lucha por revertir el fraude electoral, esto conlleva a impulsar un amplio espectro de alianzas a partir de consensos básicos comunes que impulse una estrategia que implica los siguientes elementos: la ampliación de las convocatorias, para que cada vez más gente quepa y se integre a este llamamiento ciudadano opositor; las estrategias mediáticas; la estrategia legal y de derechos humanos; la estrategia de incidencia internacional; la estrategia de contenidos y la estrategia de la calle.

Con una convocatoria opositora ciudadana amplia como esta, y una estrategia en base a consensos comunes, no habría manera de que el proyecto dictatorial se sostenga. Aunque tenga las armas y se esfuerce en imponer su ley, llegará un momento en que se verá en la obligación de negociar una salida, que desde la perspectiva actual debería suponer el nombramiento, a través de un plebiscito, de un gobierno provisional transitorio, cuya tarea primordial será la convocatoria -en un plazo no mayor de seis meses- de nuevas elecciones bajo supervisión internacional, con un nuevo Tribunal Supremo Electoral.

Para estas elecciones Hernández no podría presentarse como candidato justamente porque la reelección es ilegal.  En caso de hablar de reelección, el gobierno que se elija en las elecciones convocadas por el gobierno transitorio y provisional, podría poner en marcha una consulta nacional para que el pueblo-soberano decida si se convoca o no una asamblea nacional constituyente originaria que redefina todos los pilares de la democracia e institucionalidad de la sociedad hondureña.

-------------------------------

^[1]  El Tribunal Electoral declaró ganador oficial a Hernández el 17 de diciembre, tres semanas después de realizadas las elecciones. [N. E]

^[2]  El expresidente fue depuesto en junio del 2009 por un golpe de Estado fruto de la alianza entre militares, la élite empresarial y los partidos políticos tradicionales, con el apoyo del Pentágono de Estados Unidos. Zelaya estuvo vinculado al presidente Hugo Chávez y formó parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). [N. E]

^[3]  Durante el siglo XX las empresas transnacionales norteamericanas, encargadas de la exportación del banano, dominaban la política y economía hondureña. [N. E.]

^[4]  Fecha de la toma de mando. [N. E]

^[5]  La “Marcha de las Antorchas” fue la manifestación de la población hondureña indignada ante los casos de corrupción del país. [N. E]

[6] El jefe de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, anunció su renuncia al cargo el 15 de febrero por falta de apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para limpiar la corrupción de Honduras. [N. E.]

Otoño 2018

---

Ismael Moreno, SJ

Director de Redio Progreso de Honduras y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación - ERIC (Honduras).