Los desastres naturales y una pandemia, como la que seguimos viviendo, ponen en evidencia las más profundas desigualdades en un país como el nuestro, no solo vinculadas al alicaído y ya conocido sistema de salud pública, también en los más de 165 mil peruanos y peruanas que, según cifras oficiales, una vez declarada la Emergencia Sanitaria Nacional, intentaron emprender un viaje de retorno a sus lugares de origen: sus regiones, ciudades, caseríos.
“Si no hay pandemia no regresan, la gente se ha ido por necesidad de trabajo. Pero algunos se fueron, ‘ya no quieren pertenecer acá’, pero ya cuando hubo la pandemia volvieron a regresar a su tierra, como sea”. Este es el relato de una de las autoridades de los distritos del Alto Piura que expone la difícil situación que pasan (y pasaron) jóvenes y adultos durante el 2020. El relato anterior se complementa con el siguiente: “en la costa tienes que tener tu plata para comprar, si no, ¿qué cosa se echa a la olla?”. Afirmación de Aída, una joven a la que la etapa del confinamiento la tomó por sorpresa en la caleta La Tortuga (Paita), y que hizo denodados esfuerzos por regresar a su natal Olleros (Ayabaca).
Precisamente, la investigación Migración de retorno en el Alto Piura en el contexto de la pandemia por la Covid-19[1], elaborada por María Luisa Burneo y Abdul Trelles junto al CIPCA y St. Andrews University, pone a discusión un conjunto de aspectos alrededor de una población seriamente vulnerable y a la que poco o nada (salvo el mediático inicio del desplazamiento) se le puso atención: retornantes de ciudades importantes del país en un contexto adverso y difícil.
La investigación ofrece una detallada caracterización de los y las retornantes, determinando que el porcentaje mayoritario son familias jóvenes, entre 18 y 29 años, seguido de menores de edad, un tercer grupo conformado por personas de 30 a 40 años y un último grupo de mayores de 44 años.
Un aspecto clave es que, según la citada investigación, las dinámicas migratorias en el Alto Piura suelen ser temporales o permanentes, y a ciudades "receptoras" consolidadas. De ahí que un considerable porcentaje de jóvenes viajen temporalmente a regiones cercanas -como Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca- o a Lima en búsqueda de trabajos temporales que les permitan complementar sus ingresos con los de la actividad agrícola. Sin embargo, otro importante grupo migra permanentemente porque “las posibilidades de trabajo bien remunerado son más y mejores fuera de su lugar de origen”.
La independencia económica de la que gozaban antes de la pandemia ha sido sustituida por labores (más) domésticas y destinadas a la crianza de hijos e hijas, sin posibilidad de elegir el destino que les parezca y siguiendo (más bien) las decisiones de la pareja o esposo.
“La experiencia fue fea y desesperante y preocupante también (…) estábamos con la preocupación que la policía nos vea, incluso nos vio y nos llevaron a una comisaría y estuvimos tres horas ahí. No estaba permitido, pero era de la zona y al final se compadeció y dejó pasar el carro”, detalla Estalin y su esposa, una pareja joven que regresó al distrito de San Juan de Bigote viajando por más de 12 horas encerrados en un camión de mudanza junto a otras familias. Esto denota una travesía dura y complicada que vivieron muchas personas.
Las razones y condiciones de la migración interna de los y las retornantes responde, por donde se le mire, a problemas estructurales. Por un lado, se trata de personas de distritos pobres y rurales, con mínimas condiciones para generar motivaciones a quedarse y que no ven otra opción que la de mudarse a otros espacios (sea la capital del país u otras ciudades emergentes como Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima), lo que justifica que en los últimos 10 años, entre los Censos 2007 y 2017, por ejemplo, algunos distritos del Corredor Alto Piura (Buenos Aires, Salitral, San Juan de Bigote, Lalaquiz, Canchaque y San Miguel de El Faique) hayan experimentado una disminución de su población, mayormente joven, en 7%, siendo Lalaquiz el que ha perdido al 24%, seguido de Canchaque con 18.3%.
Por otro lado, lo difícil que representa dejar el lugar de origen, ya sea para vivir temporal (en general, por trabajo estacionario) o permanentemente (opción extendida entre hombres y mujeres jóvenes), se ve trastocado por una pandemia que genera un problema claramente económico, tan igual o peor como el vivido al salir de sus distritos, por la pérdida de empleo (o subempleo, en el que la mayoría estaba inmersa).
Durante el segundo trimestre del 2020 la población con empleo cayó en 39,6% y con mayor consideración, como señala Jaramillo, en áreas urbanas con 49%. Situación más difícil en el lado de los independientes, donde el empleo cayó en un 42%. En el sector informal, el empleo cayó en 65% a fines de junio y 45% a fines de julio. Los más vulnerables fueron los jóvenes menores de 25 años, ya que el 53% de ellos perdió sus empleos desde que se inició el confinamiento hasta fines del mes de julio.
¿Y el empleo en las mujeres? Según Ñopo y Pajita, en el segundo trimestre del 2020, se registró una caída del 45% de la PEA femenina con respecto al primer trimestre del año, frente a un 35% de la masculina.
A estos factores condicionantes se suma la sensación de desprotección, soledad y vulnerabilidad que genera, similarmente, la incertidumbre y el hambre en la población que ni los tardíos bonos del Estado pudieron paliar. De ahí se sustenta el pago que tuvieron que hacer, en plena cuarentena 2020, de entre 390 y 900 soles para trasladarse desde Lima, Virú o Chimbote a distritos como Ayabaca o San Juan de Bigote, sorteando el miedo, largas horas de camino en condiciones no tan seguras y con alta probabilidad de contagio del COVID-19.
Un aspecto no menos importante es la situación de las mujeres, en general jóvenes, que revela la investigación: el cambio ha sido abrupto, duro y con menos posibilidades de inserción económica. La independencia económica de la que gozaban antes de la pandemia ha sido sustituida por labores (más) domésticas y destinadas a la crianza de hijos e hijas, sin posibilidad de elegir el destino que les parezca y siguiendo (más bien) las decisiones de la pareja o esposo. Ni qué decir de aquellas mujeres que no son originarias de los distritos materia de estudio y pertenecen a otros departamentos del país, lo que no les permite contar con redes amicales o familiares cercanas. Adicionalmente, se suman emociones ligadas a la decepción, la tristeza y la incomodidad que representa la dependencia. En definitiva, como señala contundentemente la investigación, existe un retroceso en sus planes de vida.
Y, entonces, ¿qué hacer? ¿qué políticas públicas deberían impulsarse? Entre otras cosas, están: (1) gestionar el acondicionamiento territorial a las necesidades de conectividad y mejora en los servicios públicos y de planificación del espacio (sobre todo de expansión urbana para la construcción de casas) que requieren las y los retornantes, sobre todo jóvenes; (2) promover la agricultura familiar como una política regional, indispensable para la seguridad alimentaria de los hogares rurales, que han visto aumentada su composición al acoger a sus familiares retornantes; (3) coordinar permanente con las organizaciones locales y comunales, como las rondas campesinas y los comités distritales de seguridad ciudadana que jugaron un papel muy importante en la gestión de la llegada de los y las retornantes; y, (4) un elemento no menos importante y que es transversal es considerar en todos los aspectos las necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres a través de la gestión de la información sobre cantidades, expectativas y planes a futuro, que considere la opinión de las mujeres y que favorezca su atención.
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[1] La investigación se llevó a cabo como parte del proyecto de investigación: Going back to my rural roots’: Covid 19 and return migration in northern Peru, (Regresando a mis raíces rurales: Covid 19 y migración de retorno en el norte de Perú), financiado por el Fondo de Investigación de Desafíos Globales del Scottish Funding Council (SFC GCRF) otorgado a la Universidad de St. Andrews a cargo de las investigadoras Dras. Ana Gutiérrez Garza y Nina Laurie, y el asistente Oliver Calle (número de registro SGS0-XFC090, 2019-20).
Otoño 2021
Mario A. Rufino Trelles
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)