Para una gran mayoría de peruanos la política se ha convertido en una telenovela con gran audiencia, en la fuente de memes, en motivo para expresar aversiones de manera agresiva, o simplemente algo en lo que no confiamos o frente a lo cual nos hacemos indiferentes. En efecto, solo 10% de los peruanos se sienten representados por los políticos; el Congreso y el poder judicial registran niveles bajísimos de aprobación y se percibe que el poder político está más orientado a los intereses personales y no a los de interés común. Encuestas recientes indican que casi el 90% de la población desaprueba el desempeño del Poder Judicial, pues está corrompido; e investigaciones judiciales y periodísticas muestran grandes indicios de enormes casos de corrupción a nivel de la clase política.
Las consecuencias de la corrupción son nefastas ya que nos distorsiona la idea de política, nos da la sensación de estar ante una mafia muy poderosa frente a la cual no podemos hacer nada, y además nos afecta económicamente. Se estima que el costo de la corrupción asciende al 10% del presupuesto general de la República, unos 16 mil millones de soles en el 2018 provenientes fundamentalmente de sobornos, actividades económicas informales e ilegales que no solo merman los ingresos fiscales (dinero que debería utilizarse en beneficio de la población, como educación, salud, entre otras), sino que enriquece a unos cuantos. En el caso de la minería ilegal, este año ha depredado 1725 hectáreas de bosque de la reserva de Tambopata, por mencionar un ejemplo.
Es evidente que no podemos mantenernos al margen de la política, que es urgente y necesaria una reforma donde es vital el fortalecimiento de la democracia. Para ello se tiene que buscar con firmeza la aplicación de la justicia y una lucha frontal contra la corrupción. Es importante señalar que esa firmeza no significa gobernar con “mano dura”, donde se corre el riesgo de caer en formas autoritarias radicales de posiciones extremas. Ejemplos como estos están presente en el continente (Bolsonaro, Maduro, Ortega, Trump, etc). En el Perú hemos tenido experiencia con esa forma de gobernar que nos han llevado a dictaduras, con autoridades que han debilitado institucionalidades, han caído en actos de corrupción y exacerbado polarizaciones.
Que la desilusión o la indiferencia no nos venzan, pues contribuirían a mantener el statu quo o a su empeoramiento. Hay signos de esperanza de que la situación actual puede cambiar. El presidente Martín Vizcarra, de alguna manera, ha sabido canalizar la presión del pueblo y de algunas instancias de la sociedad civil convocando a un Referéndum con el propósito de reformar el sistema de justicia, el Congreso y regular el financiamiento de los partidos políticos. Somos conscientes que el Referéndum no será la solución total, es un primer paso, y la ciudadanía con su compromiso político puede contribuir a que otros se sigan dando.
P. Carlos Miguel Silva Canessa, SJ
