No hay una receta fácil. Los delitos florecen en sociedades donde se presentan los factores que permiten el desarrollo de carreras criminales, como la deserción escolar, el consumo problemático de alcohol y drogas, la violencia en el hogar, el embarazo adolescente, entre otros, pero también en sociedades marcadas por la desigualdad y por la carencia de instituciones que respondan a los problemas[1]. La corrupción generalizada, la informalidad en todas sus dimensiones y la cultura de la ilegalidad (todo vale) son elementos que también fortalecen el desarrollo de actividades criminales.

Además, los mercados ilegales —como el narcotráfico, el tráfico de migrantes, la trata de personas, la minería y tala ilegal y la extorsión— florecen en sociedades donde el lavado de dinero no se persigue y donde las «zonas grises» de legalización del dinero se expanden[2]. Las caras de la delincuencia no se limitan a jóvenes de sectores populares o migrantes irregulares que sobreviven entre la violencia y la precariedad, sino que también incluyen individuos e incluso empresas que se aprovechan de mecanismos de evasión de impuestos, que contratan personal informal o que pagan en efectivo para ocultar el origen del dinero.

"Los mercados ilegales —como el narcotráfico, el tráfico de migrantes, la trata de personas, la minería y tala ilegal y la extorsión— florecen en sociedades donde el lavado de dinero no se persigue y donde las «zonas grises» de legalización del dinero se expande."

Entonces, enfrentar estos problemas requiere, al menos, de tres pasos fundamentales: entender cuáles son los problemas específicos, reconocer sus causas en los diversos niveles y desarrollar iniciativas de política serias y sostenidas en el tiempo. Nada de esto se ha hecho en el Perú.

En América Latina, la región más violenta del mundo en términos de tasa de homicidios[3], se han implementado algunas iniciativas, así como mejoras en los sistemas de recolección de información, profesionalización policial y consolidación de respuestas basadas en evidencia. Sin embargo, incluso en aquellos lugares donde las tasas de homicidios disminuyen, los motivos de estos cambios no siempre son claros.

Algunos puntos, no obstante, sí están claros: se requieren políticas de prevención y control que enfrenten los factores multidimensionales definidos previamente; enfrentar la corrupción es una tarea central para limitar tanto la delincuencia callejera como el crimen organizado; cambios sustantivos no se logran solo mediante nuevas leyes, penas más severas o la creación de nuevos delitos; abandonar el sistema carcelario al hacinamiento y la violencia asegura el desarrollo de nuevas estructuras criminales; y los gobiernos locales y regionales son claves en la lucha contra el crimen, pero requieren especialización y control externo.

 En el ámbito preventivo, orientado a abordar los factores sociales y económicos que fomentan la criminalidad, se requieren programas que enfrenten la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades educativas y laborales de cientos de miles de jóvenes que ven en el crimen una forma de sobrevivencia. También son necesarios programas específicos para aquellos más cercanos a la vida criminal, como los familiares de las personas encarceladas, los jóvenes con problemas de consumo y los hogares marcados por la violencia[4]. Finalmente, la inversión en el mejoramiento de los espacios públicos es fundamental para evitar la consolidación de zonas de abandono y violencia.

Para prevenir la criminalidad organizada, se pueden desarrollar tareas de inteligencia financiera, mecanismos de control en puertos y consolidación de fronteras menos porosas. Enfrentar la trata de personas, por ejemplo, no debería ser imposible en el Perú, donde la gran mayoría de mujeres y niñas usadas para la explotación sexual y laboral son peruanas[5]. Limitar los espacios grises que permiten la exportación de oro ilegal tampoco requiere únicamente de una mayor capacidad policial, sino de estrategias más sofisticadas y multiagenciales.

En cuanto a las respuestas conocidas como «mano dura», sus resultados suelen ser limitados[6]. El endurecimiento de castigos, la disminución de la edad de imputabilidad penal, el uso indiscriminado de la prisión preventiva o la participación de militares en el combate al crimen cotidiano pueden parecer soluciones ante una población asustada y abandonada por instituciones ineficientes, pero no lo son. Sin embargo, se requiere de mano dura para enfrentar los graves problemas de corrupción política e institucional, que generan un ambiente en el cual violar la ley se vuelve algo cotidiano e impune y donde la justicia es desigual y castiga solo a aquellos que no tienen dinero (legal o ilegal) para contratar buenos abogados. También se requiere de capacidad de control y respuesta rápida para limitar la impunidad. Actualmente, la mayoría de delitos, incluso los homicidios, no terminan en casos resueltos. Aumentar la capacidad de la investigación criminal para reducir los incentivos que generan impunidad para los delincuentes es fundamental.

"La política es responsable del problema y de buscar soluciones, asumiendo los desafíos y promoviendo la colaboración, pese a que la polarización da réditos."

Sin duda, una necesidad clave es dejar de tratar la seguridad como un tema electoralista y avanzar en el diseño de políticas serias y la consolidación de instituciones profesionales. Mientras los ministros a cargo del área se cambien casi cada semestre o se potencien las peleas internas en instituciones policiales, judiciales o penitenciarias, ninguna iniciativa, por bien diseñada que esté, tendrá resultados. El debate electoralista tiende a dividir, a buscar culpables y a profundizar la sensación de orfandad ciudadana frente a una amenaza concreta vinculada al aumento de la violencia callejera, que en muchos casos resulta letal. La política es responsable no solo del problema, sino también de la búsqueda de soluciones; para ello, debe asumir la magnitud de los desafíos y esforzarse por encontrar verdaderos espacios de colaboración, nada fácil en un entorno donde la polarización da réditos.

En este contexto, el accionar ciudadano se desdibuja. En algunos casos, las propuestas de organización comunitaria para recuperar espacios públicos, vigilar zonas de entretenimiento infantil, mejorar la calidad de las escuelas y fomentar valores de colaboración no prosperan debido a la falta de confianza entre los mismos vecinos o la frustración ante los limitados resultados. Surgen, en cambio, iniciativas de vigilantismo, que incluso incluyen linchamientos o acciones ciudadanas de autoprotección, las cuales, en ocasiones, pueden terminar con un incremento de los niveles de violencia local[7]. Sin embargo, criticar el accionar ciudadano aporta poco, dado que es una respuesta al efectivo abandono de las instituciones encargadas de su protección.

Así, la presencia policial permanente es un elemento fundamental en cualquier política de seguridad. Esta presencia no debe limitarse a patrullajes en autos que simplemente transitan por las calles sin interactuar con los vecinos, sin conocer los problemas locales o sin responder a emergencias. El aumento de la presencia policial en los lugares donde se concentra el delito (asumiendo que esta información es conocida) ha demostrado ser efectivo para reducir algunos tipos de criminalidad[8].

En determinados casos, se ha visto que la limitación de los horarios de venta de alcohol, por ejemplo, puede traer resultados positivos, aunque no previene cualquier tipo de delito, sino específicamente hechos de violencia en diversas manifestaciones[9]. Delitos como el robo de vehículos o de viviendas, que requieren planificación, no se verían afectados por este tipo de medidas. Por ello, es fundamental desarrollar inteligencia en el sector de seguridad y generar expectativas realistas sobre las políticas implementadas.

Finalmente, en países donde la compra y venta de productos robados es una práctica generalizada y tolerada, limitar este tipo de robos se torna prácticamente imposible. Cambiar estos hábitos, que en ocasiones han sido considerados como «culturales», lleva tiempo, pero debe empezar con el reconocimiento de que el crimen es un círculo vicioso en el cual podemos estar implicados incluso sin darnos cuenta. Más allá de «denunciar» la informalidad o la venta callejera (o en redes sociales), se requiere de creatividad e inteligencia para reducir estos mercados, donde la regulación y la formalización son claves, pero también lo son la fiscalización y la investigación constantes.

El crimen, especialmente en la coyuntura actual, marcada por el desarrollo de múltiples estructuras criminales vinculadas a verdaderas industrias ilegales que generan cientos de millones de dólares anuales en ganancias, representa uno de los principales desafíos para las democracias latinoamericanas. Aquellas que no logren establecer verdaderas barreras de protección frente al financiamiento ilegal de la política corren el riesgo de convertirse en verdaderos estados mafiosos. Enfrentar la criminalidad, por tanto, requiere no solo de iniciativas en el sistema de justicia criminal, sino también de reconocerla como un desafío que demanda reformas pendientes en los sistemas políticos.

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[1] Organización de los Estados Americanos. (2011). Desigualdad e Inclusión Social en las Américas. 14 ensayos. https://shorturl.at/vhW5d

[2] Global Initiative against Transnational Organized Crime. (2023). Índice Global de Crimen Organizado. https://shorturl.at/t4rXQ

[3] United Nations Office on Drug and Crime (UNODC). (2023). Global Study on Homicide. https://shorturl.at/MovwQ

[4] Dirección de Presupuestos (DIPRES). (2023). Evaluación Programas de Prevención Situacional del Delito. https://shorturl.at/HzDyv

[5] Organización Internacional para las Migraciones. (2017). Trata de mujeres para fines sexuales comerciales en el Perú. https://shorturl.at/DY9wA

[6] Cutrona, S., Dammert, L. y Rosen J. (2024). Conceptualizing Mano Dura in Latin America. Latin American Politics and Society, 1-16. https://doi.org/10.1017/lap.2024.32

[7] Fuentes, A., Gamallo, L. y Quiroz, L. (2022). Vigilantismo en América Latina: violencias colectivas, apropiaciones de la justicia y desafíos a la seguridad pública. CLACSO.

[8] Malone, M., Dammert, L. y Pérez, O. (2023). Making police reform matter in Latin America. Lynne Rienner Publishers.

[9] Cano, I., Rojido, E. y Borges, D. (2024). ¿Qué funciona para reducir homicidios en América Latina y el Caribe? Una revisión sistemática de las evaluaciones de impacto. Susana Aliano Casales.

Verano 2025