Son muchos los amigos que en el extranjero me preguntan cómo es posible que un país con la riqueza petrolera que tiene Venezuela, lugar privilegiado en la geografía continental americana y con el desarrollo que alcanzó durante la segunda mitad del siglo XX, hoy aparezca como una sociedad que clama por ayuda humanitaria en términos de medicinas y alimentos. Cómo es posible que una de las primeras democracias representativas del continente latinoamericano, hoy viva bajo un esquema de polarización feroz que obliga, desde la OEA hasta el Vaticano, a colaborar para lograr mínimos entendimientos que eviten una confrontación fratricida.
Empecemos por decir que no se trata de una crisis del progresismo contra el conservadurismo que se da en otros espacios en América Latina. En Venezuela la crisis tiene otro clivaje[1] distinto y muy antiguo. Se trata de un conflicto entre una propuesta dictatorial y una propuesta democrática. La deriva dictatorial que ha asumido el gobierno venezolano no la han tenido los grupos progresistas de América Latina, que han respetado (dentro de cierta relatividad) los elementos fundamentales de esa institucionalidad democrática.
El gobierno presidido por Nicolás Maduro ganó por estrecho margen las elecciones de 2013, luego que se declarara la muerte del entonces presidente Hugo Chávez. Muchos seguidores del fallecido presidente no vieron en Maduro a un verdadero continuador. No está en los objetivos de este escrito analizar lo ocurrido en el período de Chávez, pero me permito simplemente decir que este, con sus luces y sombras, se inscribe en la línea de los líderes del personalismo populista latinoamericano.
El problema de este modelo es doble: depende de un liderazgo de tipo mesiánico, para lo cual se requiere un carisma muy personal que tenía el difunto Presidente, pero no Maduro; por otro lado, se requiere recursos amplios para sostener un importante gasto público, lidiando con las consecuencias típicas del mismo, como lo es la inflación y sus sucedáneos. Cuando Chávez gobernó, el petróleo llegó a un valor de $120/barril, pero los precios del petróleo bajaron, no a los niveles de 1989 (con el Caracazo) o 1992 (con los intentos de golpe de Estado) cuando se ubicó en $8 el barril, sino alrededor de los $40/barril.
Maduro heredó un sistema político y económico inviable, pero con posibilidades de transformación desde la perspectiva progresista social. Su responsabilidad estaba en realizar una conversión que permitiera el nacimiento de un fuerte partido político bajo la sobra de las ideas de Hugo Chávez, en el marco de un sistema democrático; y, por otro lado, debió mirar las claras señales de cambio del mercado y readaptar las respuestas que hasta ese momento se habían dado en el campo económico. Maduro debió liderar una transición, pero no lo hizo. Más bien se empeñó en un proceso similar al llevado adelante por Stalin a la sucesión de Lenin. Así comenzó un proceso de purgas, tanto al interno del gobierno como del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), con el objetivo de afianzar el nuevo liderazgo, fundado más bien en el temor. Este proceso, y los desaciertos económicos para enfrentar la crisis, hicieron que perdiera las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, teniendo que entregar formalmente la Asamblea Nacional.
Maduro debió liderar una transición, pero no lo hizo. Más bien se empeñó en un proceso similar al llevado adelante por Stalin a la sucesión de Lenin. Así comenzó un proceso de purgas, tanto al interno del gobierno como del PSUV, con el objetivo de afianzar el nuevo liderazgo, fundado más bien en el temor.
Ante esta nueva realidad, donde el grupo gobernante había perdido claramente apoyo popular, y con su propio grupo político fracturado, se procedió a crear un muro defensivo del gobierno que ha terminado enfrentando a la misma población. Primero se nombró un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “exprés”, violando las normas constitucionales y legales establecidas, esto llegó al punto que el actual presidente del máximo tribunal es un ex convicto que fue sentenciado dos veces por homicidio. La entrega formal de la Asamblea existió, pero inmediatamente el gobierno inviabilizó a la misma a través del TSJ. Durante todo el 2016 no hubo ley o decisión asumida por el parlamento que no fuese anulada por el TSJ. Al final vino la decisión de eliminar la Asamblea en marzo de 2017, con lo que se consumó un Golpe de Estado.
La situación de pobreza generada por el mal manejo de los recursos económicos y la absoluta dependencia del petróleo (pues de forma intencional se buscó quebrar a las empresas privadas, con la visión de crear un nuevo Estado de producción socialista que jamás llegó y cuyos intentos a través de las expropiaciones de empresas no fueron más que ruinas en los más diversos campos: agrícola, minero, cemento, electricidad, etc.), gestó la crisis humanitaria que tuvo comienzos ya en 2015, pero que marcó su paso en el 2016 y lo que va del 2017.
Según la encuesta ENCOVI[2], para 2016 el 81.8% de los hogares estaba en condiciones de pobreza; en contraste con ella, en el 2014 se hablaba de 48%. En esa misma encuesta se señalan los elementos de la desnutrición venezolana y cómo el 93% de los encuestados considera que no les alcanza el sueldo para los alimentos básicos. De hecho, Caritas Venezuela, en una investigación propia, determinó que en cuatro Estados hay un 11.4% de desnutrición infantil grave[3] que, en términos de la Organización Mundial de la Salud, supone ya un país en crisis y, si este número supera el 15%, sería una emergencia. Esta es una realidad desconocida en más de 100 años de historia en Venezuela.
El gobierno se ha creado una fantasiosa guerra económica siendo que buena parte del aparato productivo del país hoy depende del mismo Estado. Son comunes las colas de horas para encontrar pan, harina, leche y otros productos básicos. Hoy no hay medicinas para atender enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, cáncer y otras más. La otrora Venezuela, con la chequera más importante de América Latina, pide en su pueblo (no en el gobierno, pues es mala publicidad) ayuda humanitaria.
Hoy, más que nunca, siguen vigentes las condiciones que el Cardenal Secretario de Estado del Vaticano, a nombre del Papa, le dirigió al gobierno del presidente Maduro: abrir un canal humanitario para atender a la población venezolana, liberar a los presos políticos, respetar la institucionalidad del país, especialmente a la Asamblea Nacional, establecer un cronograma electoral claro. La Conferencia Episcopal Venezolana, la de Religiosos y otras instancias eclesiales han insistido en esto. Lamentablemente, la respuesta por parte del gobierno ha sido la represión que ha cobrado la vida de, al menos, una persona por día a manos de las fuerzas del gobierno.
La gente seguirá, de una u otra forma, protestando porque el problema social está vivo y la gente ha entendido que el problema político es un “nudo gordiano”[4] para lograr una solución al problema económico que, a su vez, logre resolver el problema humanitario existente. Pero la salida del actual gobierno, si bien necesaria porque se volvió ilegítimo, es insuficiente sin un plan claro que tenga incidencia en lo social. Este aspecto está tremendamente “crudo” en la perspectiva de quienes aspiran hoy a asumir las riendas en Venezuela. Se desea regresar a la institucionalidad democrática, que es un bien indispensable, pero insuficiente si no se aborda el problema de fondo, que se relaciona con la política económica y su incidencia en el campo social.
Es muy complejo predecir el futuro. ¿Se impondrán las bayonetas?, ¿podrá darse una transición donde se vincule un importante sector del chavismo, aspecto este imprescindible?, ¿cómo evitar procesos más violentos con eventos aún más dolorosos que pueden expandirse? Frente a esta crisis UNASUR y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) han quedado anuladas, pues dependen del gobierno venezolano, que es el gestor de la crisis. Sólo parece funcionar con mucha dificultad la OEA.
Para la región es un reto evitar que Venezuela se convierta en un campo como Siria, y no exagero cuando señalo esto como una lamentable posibilidad. Un impacto inmediato para la comunidad latinoamericana es y será la inmigración venezolana.
Desde el campo de la fe los jesuitas en Venezuela somos conscientes que estamos pasando un tiempo de desierto, que el desierto requiere de profetas que digan la verdad, pero especialmente marquen la esperanza. En el desierto se vive y se aprende la solidaridad y la constitución de un pueblo bajo una ley. Quizás esta sea una oportunidad de regenerar a Venezuela desde sus cimientos.
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[1] Anglicismo: segmentación, quiebre, disociación. [N. E.]
[2] Encuesta Nacional de Condiciones de Vida: www.fundacionbengoa.org/noticias/2017/encovi-2016.asp
[3] Noticiero Digital: www.noticierodigital.com/2017/05/caritas-venezuela-desnutricion-en-venezuela-esta-creciendo-peligrosamente/
[4] Dificultad muy difícil de resolver. [N. E.]
Invierno 2017
Arturo Peraza, SJ
Abogado. Defensor de Derechos Humanos y Doctor en Ciencias Políticas. Vicerrector de Extensión de la Universidad Católica Andrés Bello sede Guayana (Venezuela).
