A comienzos de mayo de este año, la bancada aprista recuperó un proyecto de ley que presentara al Congreso ya en el 2008, en el que proponía limitar la propiedad de la tierra agrícola en la costa a 40 mil hectáreas[1]. El proyecto, revisado y aprobado por la Comisión Agraria, consta de apenas tres artículos, estableciéndose en el primero “como límite del derecho de propiedad agrícola la extensión de 40 mil hectáreas de tierra agrícola en las zonas ubicadas en la costa, cualquiera sea el área de cultivo.” Especifica, además, que este límite “incluye a la propiedad de personas naturales o jurídicas, individual o en grupos económicos, de naturaleza directa o indirecta…”.
Las primeras reacciones del lado empresarial –SNI y ADEX- fueron previsiblemente contrarias al proyecto, con el argumento que poner límites, cual fuera la extensión, desanimaría a los inversionistas e impediría las economías de escala. En sentido similar se pronunciaron el Ministerio de Agricultura e INDECOPI. Los gobiernos regionales tuvieron distintas opiniones. Apoyó el de Lambayeque, mientras que los de Tacna y La Libertad, sin oponerse, llamaron la atención sobre la importancia que merecen la pequeña y mediana agricultura. El de Arequipa afirmó que los límites debían adecuarse a las particularidades de cada zona, mientras que el de Ica opinó en contra del proyecto, afirmando que el límite es desproporcionado y no armoniza con el bien común.
Congresistas de otras bancadas presentaron proyectos alternativos con límites menores, incluyendo el Partido Nacionalista, el cual, además, propuso que las nuevas tierras ganadas gracias a grandes obras de irrigación debían privilegiar a la mediana y pequeña agricultura. Como se sabe, es política de este y anteriores gobiernos entregar esas tierras a grandes inversionistas para la formación de neolatifundios. Este último punto es muy importante pues, efectivamente, se está consolidando una estructura de propiedad latifundiaria sobre tierras públicas ganadas al desierto con inversiones también públicas.
¿Cuál fue la razón de ser de la iniciativa aprista?
Según los congresistas del partido gobernante, debía establecerse restricciones al tamaño de las empresas agrarias para evitar la formación de monopolios y, con ello, el ‘abuso del poder de dominio’, es decir, de prácticas monopólicas que impiden el funcionamiento adecuado de los mercados. Este argumento, sin embargo, es poco convincente, tanto por el hecho de que el límite propuesto es absurdamente grande, como por que la política aprista continúa la iniciada por Fujimori de promover la formación de latifundios modernos.
Todo parece indicar que se trata de un conflicto entre grandes inversionistas, habiendo el APRA tomado partido por uno de ellos. El motivo de la codicia de estos grupos son los inmensos complejos agroindustriales azucareros: quién se apodera de ellos. Como se sabe, éstas eran cooperativas agrarias creadas por la reforma agraria, en las que los propietarios eran los trabajadores. La mayoría fueron muy mal gestionadas y acumularon importantes deudas con particulares y también con el Estado. El presidente Fujimori decidió intervenir en 1997, capitalizando las abultadas deudas que tenían con el Estado y obligando a que se convirtieran en sociedades de acciones. Es de esta manera que el Estado se convierte en co-propietario. Luego, las acciones estatales fueron vendidas a inversionistas privados. Además, un número importante de trabajadores –a estas alturas muchos ya jubilados- también vendieron sus acciones. Es así como acceden a la propiedad de esas empresas los grupos económicos Wong, Gloria, Huancaruna, Manuelita (colombiano), Oviedo y Michell. No todas estas operaciones se realizaron con transparencia y han sido motivo de conflictos entre inversionistas –el del grupo Wong con un nuevo grupo, Bustamante, por hacerse de la empresa Andahuasi, ha llegado incluso a la violencia y se ventila desde hace meses en una guerra de avisos pagados en los diarios, en los que ambos se acusan de juegos sucios-, y entre estos y grupos de trabajadores que aún tienen acciones.
Una investigación sobre la limpieza de las transferencias de propiedad de las excooperativas azucareras desde los trabajadores a grandes inversionistas encontraría seguramente muchas irregularidades.
En estos meses el Estado debe vender acciones que todavía tiene en tres empresas azucareras lambayecanas: Cayaltí, Pomalca y Tumán. El grupo Gloria, que ha logrado acumular más de sesenta mil hectáreas y es hoy por hoy el mayor latifundista del país, quiere ampliar aún más su control sobre el sector azucarero adquiriendo las acciones estatales de estas empresas. Esta intención de compra es una amenaza para el grupo Oviedo, que ya es accionista en Pomalca y Tumán. Si se aprueba la ley que limita la propiedad a 40 mil hectáreas, entonces ya Gloria no puede adquirir más acciones, mientras que el grupo Oviedo sí lo puede hacer. Esta parece ser la madre del cordero: el grupo Gloria versus el grupo Oviedo. El APRA apoya al grupo Oviedo.
De otra manera es inexplicable una iniciativa legal para establecer un límite a la propiedad estableciendo un límite absurdamente alto. Ninguno de los latifundios costeños, antes de la reforma agraria, llegó a las 40 mil hectáreas. La hacienda más grande fue el complejo agroindustrial azucarero Casagrande, que no llegaba a las 30 mil hectáreas, y que hoy pertenece al grupo Gloria. Este grupo es el único que hoy supera el límite propuesto. Y si bien una norma legal no tiene efecto retroactivo –si se aprueba el proyecto de ley, no podría expropiar a Gloria el área que supera el límite legal- si impediría que adquiera más tierras.
Establecer un límite de 40 mil hectáreas más bien consolidaría la tendencia, que ya tiene tres lustros, de conformación de neolatifundios en la costa. En cualquier parte del mundo, y más aún en un país con escasas tierras de cultivo, como es el Perú, mil hectáreas de buenas tierras de cultivo bajo riego es un latifundio. Y son ya muchas las empresas agrarias que superan esa extensión. Esto genera varios problemas: Profundiza las ya graves desigualdades socioeconómicas del país y de la sociedad rural; contribuye a la concentración del poder económico y político local y regional; generaliza la monoproducción; al destinarse todas ellas a la exportación ninguna contribuye a la seguridad alimentaria del país; compite por recursos, desde una posición de ventaja y con apoyo del Estado, con la mediana y pequeña agricultura.
En conclusión, el proyecto de ley de límites está totalmente en la línea del Perro del Hortelano, definida por el presidente García, que apoya la acumulación de recursos naturales por la gran inversión y la marginación o despojo de los pobres del campo.
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[1] Proyecto de ley 3194/2008-CR. Puede verse el dictamen y el texto del proyecto en www.observatoriotierras.info/node/2998
Publicado en octubre 2010
Fernando Eguren
Presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
