El 2024 debió estar signado por un aire de celebración. Hace doscientos años, con la batalla de Ayacucho, el triunfo del Ejército Unido Libertador sobre las fuerzas realistas consolidó nuestra independencia y fue un hito central en la emancipación latinoamericana. Como diría Jorge Basadre, el Perú se convirtió entonces en una promesa, una posibilidad, pero encontró limitaciones en estructuras heredadas de la colonia que la clase política no supo o no quiso reformar. La persistencia de caudillos militares como poderes regionales fácticos fue el sello de una sociedad decimonónica que, parafraseando a Max Weber, impedía la consolidación de un aparato público que centralice el monopolio legítimo de la violencia. El centralismo limeño, aún débil en el siglo XIX, pero fortalecido en el siglo XX, no fue una solución, sino un factor de división y tensión permanente. El camino hacia la construcción de un Estado nacional tropezaba con las diferencias regionales y lo que Aníbal Quijano llamó la «colonialidad del poder», esto es, la jerarquización de la población en torno a la idea de «raza»[1].

La persistente estigmatización

Las continuidades del pasado colonial y las primeras décadas de formación republicana excluyente han saltado a la vista en distintos episodios de nuestra historia reciente. La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que, de la totalidad de víctimas reportadas durante el conflicto armado interno, el 79 % vivía en zonas rurales y el 75 % tenía el quechua u otra lengua originaria como idioma materno[2]. Durante el estallido social que tuvo lugar entre diciembre de 2022 y enero de 2023, fue palpable el uso desproporcionado de la fuerza pública contra la población de regiones como Ayacucho, Apurímac y Puno. Desde el 7 de diciembre se registra la represión por parte de las fuerzas del orden y el 8 ocurren las primeras muertes. El 15 de diciembre, en Ayacucho, 10 civiles mueren por heridas de bala. Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)[3] como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[4], en los informes y observaciones que han emitido sobre estos sucesos, advirtieron graves violaciones a los derechos humanos, así como una estigmatización que sirvió de justificación al accionar represivo: «se documentó la difusión de mensajes racistas, con comentarios despectivos basados en la etnia, condición social u origen regional de los manifestantes»[5].

En este contexto, era fácil para el gobierno de turno quebrar posibles solidaridades a partir de la estrategia del «terruqueo». La población ayacuchana fue de las que más sufrió por el terrorismo; sin embargo, el gobierno buscó generar temor al vincular a quienes protestaban con organizaciones subversivas —afirmaciones que no han sido probadas hasta el momento en las investigaciones fiscales^[6].

Esta estrategia reforzaba el estigma ya existente entre ciertos sectores de la sociedad. Gracias a los estudios de Goffman[7], sabemos cómo opera lo que, con Foucault, podemos llamar un «dispositivo de poder»: a un grupo social (o individuo) se le atribuyen ciertas características negativas que le generan descrédito o disminuyen su aceptación o reconocimiento social. Esta «marca» afecta la propia identidad, que siempre se construye en relación con la mirada del otro. El estigma se sustenta en un estereotipo cuya presencia podemos identificar a lo largo del siglo XIX^[8]. Los levantamientos indígenas ponían en evidencia los temores y prejuicios de las clases dominantes que, por un lado, se referían al indio como dócil, sin agencia, resignado a su destino y, por otro, como bárbaro, como el salvaje dispuesto a acabar con los «blancos» o con la civilización. Esta ambivalencia fue muy bien captada por Bhabha: el discurso que construye estereotipos es siempre contradictorio, ansioso y afirmativo; su fuerza está en una repetición constante que suple su propia inestabilidad[9].

"La población ayacuchana fue de las que más sufrió por el terrorismo; sin embargo, el gobierno buscó generar temor al vincular a quienes protestaban con organizaciones subversivas."

Corrupción y (sub)desarrollo

A los problemas de reconocimiento y exclusión se suma la corrupción generalizada. Uno de los escándalos más recientes de corrupción ha sido la entrega de costosas joyas a la presidenta Dina Boluarte, presuntamente, a cambio de la aprobación de presupuestos para obras. El protagonista (quien habría otorgado los regalos) ha sido Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.

Mientras el escándalo Lava Jato mostró complejos esquemas de ocultamiento del dinero, con redes de intermediarios o testaferros y triangulaciones en la banca internacional, este caso, conocido como el Rolexgate, se ha producido «en vivo y en directo», con las presuntas pruebas del delito (las joyas) exhibidas en cadena nacional en diversas presentaciones públicas de la presidenta.

La corrupción es un fenómeno complejo cuya búsqueda de explicación ha generado diferentes enfoques y teorías, como la del agente-principal, el institucionalismo (y neoinstitucionalismo) y la teoría de juegos[10]. La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción define este fenómeno como: «El mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido; económico, no económico o ventaja; directa o indirecta; por agentes públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales»[11]. Habría que agregar que la corrupción no siempre involucra la transgresión de una norma, pues en muchos casos la legislación es modificada para dar apariencia de legalidad a un acto corrupto.

No es la primera vez que Oscorima se ve involucrado en actos de corrupción. Por el caso Bertolero, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Ayacucho emitió sentencia condenatoria contra él y otros coprocesados, pero la resolución fue impugnada. También fue procesado por las obras del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena. No obstante, la corrupción en la región del sur no es exclusiva de sus gestiones. Durante la pandemia, la Procuraduría Pública especializada en Delitos de Corrupción revelaba que «se ha identificado que la mayoría de los casos de corrupción relacionados con la pandemia por la COVID-19 se presentan en el departamento de Ayacucho»[12].

¿Por qué se persiste en la elección de autoridades cuestionadas? Más que responsabilizar al elector, habría que prestar atención a la oferta electoral y a las dinámicas clientelistas posibilitadas por el propio diseño institucional. Vega et al. identificó al proceso electoral regional como el «primer eslabón» de la corrupción[13]. Las campañas electorales son el espacio de interacciones pragmáticas y con lógicas de corto plazo entre aspirantes a cargos públicos, ciudadanos y empresarios. La oferta de regalos, dinero o puestos de trabajo a cambio de votos se ha normalizado. Con partidos políticos nacionales frágiles y movimientos que aparecen solo para las elecciones, la necesidad de recursos para publicidad es mayor, lo cual hipoteca a los candidatos.

Actualmente, existe un amplio acuerdo de que la corrupción afecta al desarrollo, quitándole recursos, debilitando las instituciones, dañando la moral pública y la misma democracia. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas viene abordando la relación estrecha entre corrupción y derechos fundamentales[14]. Se trata de un fenómeno que afecta libertades fundamentales, como las «garantías de transparencia» que Amartya Sen consideraba indispensables dentro de su definición de desarrollo como ampliación de las oportunidades reales de las que disponen los individuos[15].

En diciembre de 2023 se publicó el Índice de Progreso Social (IPS) Regional del Perú, que muestra un retroceso de nuestro país desde 2020, pasando del lugar 71 al 73 (de 170 países). El informe concluye en que lo que ha hecho retroceder el IPS ha sido «la corrupción, una recuperación económica lenta, inestabilidad política y conflictos sociales»[16].

El índice muestra resultados preocupantes para Ayacucho, pues se encuentra en los últimos lugares del país en desnutrición crónica, en la brecha urbano/rural de acceso al saneamiento y a la electricidad, en analfabetismo en adultos, en violencia contra la mujer y en tasa de conclusión de estudios universitarios.

"Habría que agregar que la corrupción no siempre involucra la transgresión de una norma, pues en muchos casos la legislación es modificada para dar apariencia de legalidad a un acto corrupto."

Reflexión final

El estigma, la corrupción, el subdesarrollo y la falta de justicia son problemas interrelacionados que afectan, de manera particular, a regiones como Ayacucho. En el bicentenario de la batalla que permitió consolidar nuestra independencia, hay tareas urgentes que debemos resolver, tanto estructurales como coyunturales, para retornar al cauce democrático y superar las grandes y diversas brechas que nos dividen.

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[1] Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas (pp. 201-246). CLACSO.

[2] Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). (2003). Informe final. CVR.

[3] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2023). Observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú. OACNUDH. https://rb.gy/vqpr12

[4] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023). Situación de Derechos Humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales. CIDH, OEA. https://rb.gy/9mo4t9

[5] OACNUDH, op. cit., p. 36.

^[6] De hecho, varias de las investigaciones contra los manifestantes vienen archivándose por falta de pruebas. Un ejemplo es el caso de los 193 detenidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 2023, a quienes figuras mediáticas de la policía y líderes de opinión vincularon a organizaciones terroristas. Quilca, M. (2024, 29 de mayo). La Fiscalía archiva investigación contra los 193 detenidos en San Marcos durante protestas contra Boluarte. La República. https://shorturl.at/2pzuc

[7] Goffman, E. (2012). Estigma: la identidad deteriorada. Amorrortu.

^[8] He documentado los discursos de las clases dominantes frente a un levamiento indígena en Huancané, Puno, en Tejada, S. (2019). Tras los pasos de Juan Bustamante: apuntes biográficos y políticos. Construyendo la nación.

[9] Bhabha, H. (2002). El lugar de la cultura. Ediciones Manantial.

[10] Boehm, F. y Lambsdorff, J. G. (2009). Corrupción y anticorrupción: una perspectiva neoinstitucional. Revista de Economía Institucional, 11(21), 45-72.

[11] Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. (2017). Plan Nacional de Integridad y lucha contra la corrupción. CAN, p. 16.

[12] Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. (2021). Informe sobre Corrupción durante el Estado de Emergencia por Covid-19 en el Perú. PPEDC, p. 19.

[13] Vega, E., Rojas, J., Elías, L., Koechlin, J. y Solórzano, X. (2018). El Círculo de la Corrupción en los Gobiernos Regionales. Los casos de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Piura y Madre de Dios. Konrad Adenauer Stifung, UARM.

[14] Nash, C., Aguiló, P. y Bascur, M. (2014). Corrupción y derechos humanos. Una mirada desde la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Open Society Foundations, Universidad de Chile.

[15] Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Editorial Planeta.

[16] Marquina, P., Avolio, B., y Del Carpio, L. (2024). Resultados del Índice del Progreso Social Regional del Perú 2024. Centrum PUCP, p. 20.