El país ha pasado de una preocupación por la violencia política y pesimismo por las expectativas de crecimiento económico en la década de los 80’s, a una preocupación por la integridad física de la ciudadanía al percibirse víctima potencial del accionar de la delincuencia. Nuestro camino pasó del desgobierno de los 80’s a una situación de convivencia con la violencia política, a la par que un proceso de crecimiento económico en los 90’s con la implementación de las políticas impulsadas desde el FMI y la lucha contra la violencia.
El país fue viviendo una transformación social y económica que culminó con un reclamo ciudadano por democracia y órdenes sociales y estatales más estables y formales. Esto configuró el ánimo de la primera década del 2000; la continuidad del exitoso modelo en lo económico promovió también nuevas demandas ciudadanas: descentralización, inclusión, mayor democratización, ejercicio de la ciudadanía con libertad y seguridad de estas demandas. Hoy, la más importante para la opinión pública, es la de seguridad ciudadana.
Al consultar a la población en general por lo que implica el problema de la inseguridad ciudadana, esta señala la violencia callejera, la exposición al delito, al robo y a los asaltos violentos, así como el ver crecer esas formas de delito y el agobio por el temor de que las familias y seres queridos sean víctimas del accionar delincuencial.
Dicho temor es alentado además por la poca credibilidad que generan las instituciones encargadas de la seguridad pública en el país: la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Congreso de la República; estos dos últimos ocupan el peor lugar en la opinión pública en cuanto a credibilidad, percepción de corrupción e incapacidad para combatirla internamente[1].
La seguridad ciudadana comprende mucho más que las acciones persecutorias y sancionadoras ante la violencia y hechos delictivos, va más allá de las reacciones inmediatas y emocionales cuando se incurre en un pensamiento victimizado; requiere de una auto reflexión como sociedad, ciudadanos, vecinos y miembros de una misma comunidad que aspira a convivir cívicamente con respeto mutuo y armonía.
Desde esta entrada se comprende mejor que la seguridad ciudadana, como política pública, supone una serie de servicios en muchos de los cuales podemos (debemos, entiéndase mejor) ser agentes mucho más activos de lo que somos hasta ahora, estos servicios son esencialmente: (a) la prevención de la violencia y el delito; (b) el control y la persecución del delito; (c) la rehabilitación y reinserción social; y (d) la atención a las víctimas[2]
En este punto es necesaria una digresión para pasar por las estadísticas a nivel latinoamericano. El Perú está bastante lejos de los primeros lugares y de tener tasas tan alarmantes como en los paises más violentos; sin embargo, ocupa uno de los peores lugares posibles en cuanto a victimización (penúltimo). La víctimización es el indicador estadístico, elaborado de forma muestral, que señala porcentualmente la población que en el último año ha sido víctima de un delito.
Observamos que, si bien estamos bastante lejos de los niveles de violencia delictiva más grave como en países de Centro y Sudamérica, si existe una alarmante y creciente sensación de inseguridad derivada de crímenes menos violentos, como el hurto y vandalismo, que si bien no ponen en riesgo necesariamente la integridad física de las víctimas, si culminan con el despojo o agresión.
Volviendo la mirada hacia nuestro país, muchos de los requerimientos de seguridad ciudadana están pendientes por ausencia del Estado, pero también está ausente de la atención ciudadana las actitudes necesarias para construir una sociedad solidaria, estable y segura.
Tal es el caso de la prevención, que si bien parte del Sector Educación (primordial para la formación de valores ciudadanos, tolerancia, respeto y condena de toda forma de violencia) haciendo de la escuela la principal contribuyente en este proceso formativo, es imposible pensar en tener grandes logros si en el esquema está ausente la institución familiar y la formación espiritual.
El control y la persecución del delito es el encargo principal de la Policía Nacional, el Ministerio Púbico y el Poder Judicial; sin embargo, es importante el soporte ciudadano mediante actitudes y conductas cívicas que eviten la pasividad ante la corrupción y se procure una convivencia en base al diálogo y la tolerancia.
La rehabilitación y reinserción social tienen que ver con la calidad del servicio del Poder Judicial, el cumplimiento de una condena en condiciones que permitan una adecuada recuperación del sentenciado; más importante aún, su reinserción plena y la posibilidad de recomponer el daño causado para resarcir a la víctima; más allá de toda culpa, recomponer y reinsertar productivamente al victimario. También tiene que ver con la implementación de mecanismos alternativos de justicia más humanos e ir progresando en la implementación de procesos de justicia restaurativa, sobre todo para los infractores menores de edad, con el cumplimiento de servicios comunitarios, conducentes a una relación de perdón y convivencia saludables.
La atención oportuna y adecuada a la víctima es un componente que requiere especialización, pues también debe ser rehabilitada. Esta inicia con el contacto adecuado de la Policía y las autoridades encargadas de la justicia, y de quienes se ocupan de su salud física y psicológica; invitando en todo momento a ser parte del proceso de justicia restaurativa con el fin de perdón y rehabilitación saludable de la víctima[3].
En este marco, desde el Estado se ha propuesto, el último 28 de julio, el “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018”, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-IN como Política Nacional del Estado Peruano. Este es el primer esfuerzo estatal en los casi 10 años de existencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) por proponer un plan multianual de mediano plazo, para tratar de desarrollar políticas y planes multianuales con el respaldo y participación de todos los sectores involucrados.
Este plan requiere, para su implementación, del seguimiento y la intervención de la ciudadanía para el cumplimiento de sus objetivos.
Lo positivo de una apuesta multianual de mediano y corto plazo es que permite el planeamiento de procesos de gran alcance territorial y temporal, así como implementar presupuestos para inversiones, alejadas del criterio cortoplacista y enfocándose en los requerimientos específicos de acuerdo a las distintas realidades sociales y geográficas del país.
Las líneas estratégicas[4] propuestas en el plan son:
Ciertamente, las intenciones de este documento deben ser difundidos y compartidos por la sociedad para promover el debate entre la ciudadanía. Será la decisión del gobierno por proponer un gran debate sobre el tema lo que puede ayudar al pais a formularse un objetivo común y compartido sobre seguridad ciudadana y reconocer hasta dónde llega el compromiso del Estado para respaldar su propia propuesta; por lo pronto el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana ha pasado de ser presidido por el Ministro del Interior a ser presidido por el propio Primer Ministro. Todos necesitamos que el gobierno tenga éxito por el bien del país.
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[1] “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018” aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana- CONASEC en sesión del 12 de julio de 2013 y por Decreto Supremo N° 012-2013-IN como Política Nacional del Estado Peruano el 28 de julio de 2013, p. 52 Nota 2, p. 51-ss.
[2] Mauricio García (2010). Metodología para el diagnóstico, prevención y control de la corrupción en programas de seguridad ciudadana. Washington, D. C. Banco Interamericano de Desarrollo BID.
[3] Ib. Id.
[4] Ib. Id. Nota 3. “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018” aprobado Decreto Supremo N° 012-2013-IN; del 28 de julio de 2013.
Mirko Carrillo Bronchú
Sociologo. Asesor y Consultor. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
