* El artículo es parte de la investigación: “Proceso migratorio y redes familiares transnacionales en los migrantes peruanos: las transformaciones en las nociones de ciudadanía, derechos y demandas al Estado en origen y destino”. Universidad de Deusto (Bilbao). Participan Universidad de Sherbrooke (Canadá), Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Perú), Universidad Alberto Hurtado (Chile). La autora del artículo formó parte del equipo de investigación en el que se comparan diferentes contextos migratorios en Europa (España), América del Norte (Canadá) y América del Sur (Chile)”
Durante las últimas décadas Perú ha experimentado una fuerte emigración de sus ciudadanos y ciudadanas hacía otros países. Las cifras oficiales señalan que más del 10% de la población, de un país con 30 millones de habitantes, reside actualmente en el extranjero[1]. Entre los lugares principales de destino se encuentra España, donde en el año 2011, según cifras oficiales, habitaban 132.552 peruanos. Esta movilidad ha contribuido a la existencia de redes familiares transnacionales que promueven el crecimiento de las comunicaciones transnacionales.
Para los estudios sobre el fenómeno migratorio, la inclusión del concepto de transnacionalidad y el análisis de las redes transnacionales de migrantes supuso el abandono de los planteamientos tradicionales que estudiaban de forma separada los países de origen y los de destino, y motivó el interés por los procesos que articulan el proyecto migratorio. Se puede definir una red transnacional como una forma de organización social, compuesta por individuos o grupos cuya dinámica intenta la continuidad, consolidación y el progreso de las actividades de sus miembros en una o varias esferas sociales, esto al margen de la organización de Estado[2].
Las redes familiares transnacionales, a través de las comunicaciones que dentro de ellas se mantienen, constituyen un instrumento transmisor de las experiencias, ideas, percepciones y aspectos simbólicos que las personas que migran y sus familiares poseen y van adquiriendo. Este conocimiento, conseguido con motivo de la migración, modifica la percepción de sus protagonistas y su manera de entender, en este caso, los distintos aspectos de la ciudadanía social. La operacionalización del marco teórico utilizado define la ciudadanía social a través de cinco derechos: salud, educación, trabajo, vida familiar y la protección frente a la exclusión. En este artículo se analizará específicamente el derecho a la salud en las migraciones Perú-España.
Uno de los cambios que las personas migrantes experimentan en su proceso migratorio es respecto a los contextos políticos, sociales y económicos. Los regímenes de Estado de Bienestar europeos y de América Latina son muy diversos, debido a que en Europa la protección es usualmente universal o depende del empleo, mientras que en los regímenes latinoamericanos los aportes estatales son escasos para las necesidades existentes y el empleo, en algunos de los países, es escaso, de mala calidad o informal, por lo tanto, no produce lo necesario para satisfacer las necesidades. Por ello, la familia, y especialmente la mujer, asumen en muchos casos la cobertura frente a las carencias y los riesgos.
Cuando las personas acuden a atenderse o a operarse no requieren paga nada; todos, incluso aquellos que no están trabajando, tiene derecho a la atención sanitaria.
Dentro de los derechos que conforman la ciudadanía social, el de la salud es un derecho cuyo ejercicio es fundamental para el desarrollo de la vida de las personas. Todas las personas lo necesitan en algún momento, bien por el uso preventivo o por el curativo. Por lo tanto, el modo y la calidad con la que el Estado asuma la protección de dicho derecho afectarán en gran manera a la calidad de vida de las personas residentes en Perú.
Respecto a este derecho, las y los peruanos entrevistados en España hacen uso cotidiano del sistema de atención en salud y, por lo tanto, lo conocen bien. Poseen un alto nivel de conciencia de este derecho y de que los migrantes lo poseen en las mismas condiciones que las personas autóctonas. La atención sanitaria española es valorada como buena: “Para mí estupendo el sistema de salud, muy, muy bueno. Llama la atención que todo el mundo tenga acceso a la salud, es algo envidiable” (Entrevista 20_2). El elemento que, sin duda, es mejor valorado es la gratuidad de la atención. Las y los migrantes son muy conscientes que esta gratuidad es posible debido a que es obligatorio que los empleadores den de alta en la seguridad social a las y los trabajadores, es decir, que paguen sus obligaciones sociales correspondientes. Cuando las personas acuden a atenderse, o se van a operar, no requieren pagar nada; todas las personas, incluso aquellas que no están trabajando, tienen acceso al derecho a la atención sanitaria.
A pesar de esta buena valoración también existen críticas relacionadas con el sistema sanitario español. Una de ellas, la principal, es respecto a la atención médica especializada, donde se señala que las listas de espera son demasiado largas, por lo tanto, cuando consideran que su dolencia no admite espera, optan por utilizar la sanidad privada, pagando consecuentemente los servicios. En la actualidad existe inquietud entre las personas inmigrantes sobre la evolución en España de la garantía de este derecho, debido a la crisis económica y las consecuencias que esto podría traer y que, de hecho, ya está trayendo para la atención sanitaria y la posibilidad de acceso a medicamentos subvencionados para la población en general y para el inmigrante en particular. Sienten que ya ha habido recortes y que estos seguirán.
Por su parte, la percepción respecto a la atención sanitaria en Perú es que los servicios públicos, destinados especialmente a la atención de las personas con escasa capacidad adquisitiva, son de acceso tedioso y de mala calidad. Por lo tanto, enfermarse es un problema para el enfermo y para la familia, ya que para una buena atención hay que costearse el sistema de atención privado y eso, para muchas familias, es un peso para su economía. También señalan que existe discriminación, basada en la clase social, a la hora de recibir la atención. “Porque yo mismo me he dado cuenta; cuando vas te preguntan en qué trabajas, más o menos qué acción realizas o si te ven que eres humilde y ves que hay otras personas que todo lo que piden les dan, y les atienden a ellos, cuando debe ser por orden la atención, no porque tienen más dinero o son de una clase social un poquito más alta. Creo que eso debería perderse” (Entrevista 21_3). Por todo ello, entre los peruanos y peruanas, el conocer y experimentar el sistema español genera asombro y admiración: “En cuestión de salud, en mi vida hubiese pensado que todo iba a ser gratis, es que vienes con la mentalidad de allá, que todo te cuesta” (Entrevista 20_2). Pero entre sus familiares en Perú este conocimiento provoca resignación e impotencia ante la idea de que en su país de origen el sistema sanitario no se puede cambiar. Por lo tanto, las personas entrevistadas sienten que la salud en Perú no constituye un derecho protegido y que acceder a un sistema de calidad depende de las condiciones socioeconómicas de la familia. Además, debido a que el Estado no asume la garantía de este derecho, muchas veces son los familiares emigrados los que aportan los recursos para la atención sanitaria de calidad: “Ella mucho nos ha apoyado siempre, si alguien se enfermaba nos mandaba el dinero” (Entrevista 18-3).
En conclusión, las personas pertenecientes a las redes familiares transnacionales sienten que el sistema de atención sanitario peruano debe transformarse, especialmente llegando a ser gratuito, universal, de calidad y sin discriminación en la atención. Sin embargo, ante la falta de esperanza en dicho cambio, optan porque los familiares que están viviendo en otro país contribuyan a asegurar una atención en salud de calidad, asumiendo la responsabilidad que les gustaría que asumiese el Estado.
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[1] OIM (2012), “Perfil migratorio del Perú, 2012”, OIM, Lima
[2] Amiraux, Valérie (1999) Les limites du transnational comme espace de mobilisation, Cultures & Conflits, n. 33-34: 25-50
Isabel Berganza Setién
Abogada y Socióloga. Especialista en temas migratorios. Defensoría del Pueblo.
