La Amazonía peruana es, probablemente, el único territorio del país en el que coexisten casi todas las formas de economías ilegales controladas por mafias que operan en medio de la violencia y de la impunidad: narcotráfico, trata de personas, contrabando, tala ilegal de la madera, minería ilegal, tráfico de especies silvestres, etc. Estas actividades ilícitas se imponen a las comunidades indígenas trayendo maltrato, enfermedad y muerte. Durante estos años de pandemia, estas actividades no se interrumpieron, sino que por el contrario han incrementado su presencia y su violencia.

Desde hace 50 años, aproximadamente, el tráfico vinculado a la producción de hoja de coca y sus derivados constituyen uno de los peores flagelos que ha enfrentado la Amazonía en su historia. En estas décadas, la producción ilegal de coca, en lugar de reducirse, se ha ido expandiendo a cada vez más regiones.

En estas décadas, las comunidades indígenas han tratado de evitar el ingreso del narcotráfico a sus comunidades, pero esta tarea se está haciendo cada vez más difícil. Pese a estos esfuerzos, hoy en día el narcotráfico se encuentra en prácticamente toda la Amazonía peruana. En el sur, se ha expandido del Cusco y de las zonas selváticas de Puno hacia Madre de Dios. En Loreto se ha expandido por todas sus provincias, en especial las que colindan con Colombia y Brasil. En la selva central, ha pasado del Alto Huallaga a la provincia de Aguaytía, afectando a comunidades kakataibo y causando la muerte de varios de sus líderes, entre ellos, Herasmo García y Yenes Ríos. Y del VRAEM se ha expandido por el Ucayali y sus afluentes, impactando sobre todo a las comunidades ubicadas en los valles de los ríos Pachitea, Palcazu y Pichis, donde en los últimos tres años han sido asesinados varios líderes y lideresas yánesha y asháninka, como Arbildo Meléndez, Lucio Pascual, Cornelio Sharisho, Jesús Antaihua, Nusat Parisada o Gemerson Pizango, entre otros.

Este incremento en la violencia preocupa cada vez más a las comunidades nativas que no tienen los recursos necesarios para defenderse y que tampoco cuentan con una acción decidida por parte del Estado para protegerles. En general, los esfuerzos prioritarios del Estado han estado dirigidas a la erradicación de cocales y a programas de sustitución de cultivos. Sin embargo, estos programas no han tenido el impacto esperado. En el año 2021, el Perú continuaba siendo el segundo productor de hoja de coca. Y el director de Devida, Ricardo Soberón ha reconocido que “llevamos más de 50 años cumpliendo nuestros compromisos, y la sociedad internacional, principalmente Europa y América del Norte, no logran reducir la demanda de cocaína por parte de 20 millones de usuarios…” (Diario La República, 25 de mayo 2022).

Algo similar ocurre en los casos de la tala ilegal de la madera y de la minería ilegal del oro. Estas dos actividades no solo contribuyen a la destrucción de los bosques y la contaminación de los ríos; sino que, al igual que el narcotráfico, también generan violencia y corrupción, en tanto involucran a grupos de poder convertidos en verdaderas mafias ya sean locales, regionales, o incluso internacionales.

Un importante estudio publicado hace diez años por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en coordinación con la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), advertía precisamente sobre este nefasto vínculo entre la tala ilegal y la corrupción en los países que cuentan con bosques tropicales, entre ellos el Perú (Nellemann, 2012). Un regidor shipibo del Municipio de Coronel Portillo me expresaba su frustración e impotencia, ya que no se podían implementar medidas para el control de la tala ilegal en la región ya que varias de las autoridades de la región estaban involucradas directamente con empresas dedicadas a esta actividad.

La tala ilegal, además, genera relaciones de trabajo injustas. Diversos informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han denunciado el injusto sistema de enganche y endeudamiento, utilizado por los madereros ilegales que afectan a la libertad de muchas personas indígenas, y también no indígenas, en la región amazónica. Las mafias dedicadas a la tala ilegal, cuentan en muchos casos con armamento de guerra, y existen numerosos testimonios sobre personas asesinadas que han intentado huir del trabajo forzoso, así como de indígenas en situación de aislamiento voluntario que han sido exterminados para poder extraer madera de su territorio.

Algo similar ocurre con la minería ilegal del oro, donde predomina la violencia en diferentes formas. El impacto de esta actividad no se reduce a la destrucción ambiental, como se puede apreciar en diversas zonas de Madre de Dios, como Huepetuhe o La Pampa, sino sobre todo por la violencia y criminalidad asociada a esta actividad.

En Madre de Dios, son las comunidades arakmbut las más afectadas por esta actividad, no solo por la destrucción de sus bosques y la contaminación de sus ríos, sino que también viene afectando las relaciones sociales y familiares al interior de sus comunidades. La minería ilegal del oro también se ha expandido a otras regiones de Amazonía, como, por ejemplo, en la región norte del país, afectando a las comunidades awajún y wampis en las provincias de Condorcanqui y Datém del Marañón. En el año 2017 el Gobierno Territorial de la Nación Wampis logró expulsar a un grupo importante de mineros ilegales, pero el 2022, muchos de sus líderes han recibido amenazas contra su vida.

Uno de los efectos más perniciosos de la minería aurífera es la contaminación de los ríos con el mercurio utilizado para separar el oro de otros minerales con los que está mezclado. Según estudios realizados al respecto, se calcula que la minería ilegal vierte un promedio de 24 kilos de mercurio por kilómetro cuadrado. Y un estudio de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) publicado en 2018, estima que solo en el caso de la Amazonía brasileña, se han vertido unas 2.300 toneladas de mercurio hasta 1994, incrementándose esta suma desde entonces al ritmo de unas 150 toneladas por año.

El mercurio arrojado a los ríos es consumido por los peces y también por seres humanos, teniendo efectos devastadores sobre la salud. La presencia de mercurio afecta de manera más crítica a niños y niñas, teniendo efectos de largo plazo sobre su desarrollo cognitivo y sobre su metabolismo, sobre todo debido al impacto que esta sustancia tiene para el desarrollo del cerebro. Esta contaminación afecta no solo a las comunidades o lugares cercanos a los lavaderos de oro, sino que impacta a territorios más extensos debido al flujo de las aguas y de los peces por los distintos ríos y quebradas de la Amazonía.

Según un informe de la Fiscalía publicado en octubre de 2021, en menos de 10 meses ya se habían registrado 1,188 víctimas de trata y explotación sexual; la mayoría de ellas mujeres, y casi la mitad de estas, menores de edad.

Frente a este grave problema de salud, el Estado peruano no ha generado políticas ni procedimientos claros. El personal de salud que trabaja en los centros de salud ubicados en la Amazonía no cuenta con conocimientos ni protocolos para diagnosticar la presencia de mercurio, a diferencia de otro tipo de enfermedades, como pueden ser la malaria, o la COVID-19 hoy en día.

Finalmente, las mafias que actúan en torno a la minería del oro no solo controlan buena parte del comercio de este producto, sino que además promueven la explotación sexual y la trata de mujeres. En estas últimas décadas la trata de personas ha venido adquiriendo dimensiones cada vez más dramáticas y está, sin duda, asociada también a las otras actividades delictivas como el narcotráfico, y la explotación ilegal del oro y de la madera.

A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado peruano y por distintas iniciativas de la Iglesia y de diversas instituciones de la sociedad civil, el número de mujeres y adolescentes víctimas de la trata y de la explotación sexual sigue aumentando. Se calcula más de 5 mil víctimas entre los años 2016 y 2020 en el Perú. Según un informe de la Fiscalía publicado en octubre de 2021, en menos de 10 meses ya se habían registrado 1,188 víctimas; la mayoría de ellas mujeres, y casi la mitad de estas, menores de edad.

En el caso de la Amazonía peruana, las dos regiones más afectadas por este flagelo son Madre de Dios y Loreto. En el caso de Madre de Dios la mayoría de víctimas son traídas de otras regiones del país, mientras que, en el caso de Loreto, se trata principalmente de víctimas provenientes de las comunidades indígenas y de centros poblados rurales y de las diversas ciudades de la región, incluyendo Iquitos. En la mayoría de casos, se trata de mafias que engañan a niñas, adolescentes y mujeres indígenas jóvenes, ofreciéndoles trabajos en casas, tiendas o restaurantes, pero en realidad forzándolas a la prostitución. También hay casos en que se explota sexualmente a niños y adolescentes varones.

El crecimiento de estas actividades y de la violencia que conlleva son, pues, cada vez más preocupantes, y exigen respuestas más contundentes por parte de la sociedad civil, pero, sobre todo, por parte del Estado. Si no se actúa con rapidez y decisión, el número de víctimas seguirá incrementándose.

Primavera 2022

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Oscar Espinosa

Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP