Luis Vargas Valdivia es una voz destacada en el ámbito del derecho penal en el Perú. Con una trayectoria de más de tres décadas, ha sido Juez Penal de Lima, Juez Superior y Procurador Ad Hoc en los casos Fujimori-Montesinos. Además, es Profesor Universitario en Derecho Procesal Penal y Socio Fundador del Estudio Benites, Vargas & Ugaz.

Su experiencia en litigio penal y derecho penal económico lo posiciona como un referente en el análisis de temas relacionados con la seguridad ciudadana, el crimen organizado y la crisis institucional que atraviesa el país.

En esta entrevista, el exprocurador nos comparte su perspectiva sobre las causas y consecuencias de la creciente inseguridad, la ineficacia del sistema judicial y la falta de acción de las autoridades, ofreciendo un análisis profundo sobre el panorama actual.

¿Cómo evalúa la actual situación de la seguridad ciudadana en el Perú, considerando el aumento de homicidios, extorsiones y crimen organizado?

Bueno, el problema de la inseguridad ciudadana que enfrentamos va de la mano con otros problemas graves, como la corrupción, la precariedad de las instituciones democráticas y la inestabilidad política. Esta situación no es fortuita; es consecuencia de décadas de debilitamiento progresivo del Estado de Derecho, la democracia y el respeto por los derechos fundamentales. La ausencia de un combate efectivo contra la corrupción ha permitido el surgimiento de actos delictivos que hoy amenazan la estabilidad e incluso la existencia del Estado.

Lo vemos reflejado en problemas como el sicariato, los crímenes violentos y el abandono de zonas donde el Estado ya no tiene presencia. Este vacío es aprovechado por el crimen organizado, afectando no solo a la ciudadanía, sino también a sectores como el medio ambiente. En muchas zonas, la presencia del Estado es prácticamente inexistente, lo que representa un gran peligro. Lo más preocupante es que los sectores del gobierno parecen negarse a aceptar esta realidad, cuyas consecuencias estamos enfrentando actualmente.

¿La precariedad del Estado frente al crimen organizado se debe a la falta de preparación del sistema judicial y penal, o en qué aspectos encuentra las raíces de este problema?

El problema principal es la ausencia de políticas de Estado sólidas. Desde el año 2000, tras el retorno a la democracia, se intentaron implementar iniciativas para recuperar los espacios democráticos perdidos durante el gobierno de Fujimori. Sin embargo, estas se desvanecieron debido a la corrupción que marcó a los gobiernos sucesivos: Toledo, García, Humala, Kuczynski y todos los que siguieron. Esta constante erosión de la democracia y el desinterés de la ciudadanía por elegir adecuadamente a sus autoridades nos han llevado a esta crisis.

Más allá del sistema judicial, el verdadero problema es el desmantelamiento integral del Estado, agravado por el abandono de sectores esenciales como, por ejemplo, la educación. Un país sin un sistema educativo sólido está condenado al fracaso, y esto lo vemos reflejado en la precariedad de nuestras autoridades, que priorizan sus intereses personales sobre el bienestar colectivo. Este es el gran desafío que debemos enfrentar, y por el cual necesitamos unirnos para evitar que el Estado de derecho siga deteriorándose.

"La ausencia de un combate efectivo contra la corrupción ha permitido el surgimiento de actos delictivos que hoy amenazan la estabilidad e incluso la existencia del Estado."

Ante el aumento de extorsiones y cobros de cupos, muchos culpan a la migración ilegal y a la falta de regulación en este tema. ¿Considera que esto es un factor en el incremento del crimen organizado?

La migración ha incidido en cierta medida, pero no es el factor determinante. Problemas como la minería ilegal tienen un impacto mucho mayor en el incremento del crimen organizado. Este sector, que ha sido descuidado en los últimos años, genera corrupción, tráfico de drogas, trata de personas, sicariato y otras actividades delictivas.

Además, estas redes delictivas se expanden de manera similar al narcotráfico, combinando actividades ilegales y ampliando su alcance y presencia, buscando convertirse en un narcoestado. Aunque hay extranjeros involucrados, la mayoría de quienes integran estas organizaciones son nacionales, y su influencia se ha extendido incluso a instituciones como el Congreso y en puestos importantes del Poder Legislativo. Sus actividades son las mismas que hemos observado durante los últimos 15 años. Esto debería alarmarnos y motivarnos a mantenernos vigilantes para evitar que esta situación siga deteriorando al país.

Diversos sectores critican que ciertas leyes recientes, como la Ley 32108, favorecen al crimen organizado. ¿Cuál es el impacto de esta legislación y qué consecuencias tiene para la lucha contra estas redes delictivas?

Lo que esta ley busca es reducir la capacidad de respuesta del Estado, específicamente del Poder Judicial y el Ministerio Público, frente al crimen organizado. Esta ley no aparece de forma aislada, sino que forma parte de un patrón más amplio. Bajo el pretexto de legalizar la minería informal, se ha desarticulado la lucha contra la minería ilegal, retrasando las acciones de control. A su vez, se han implementado leyes que limitan la capacidad del Ministerio Público y del Poder Judicial para enfrentar el crimen organizado, trasladando investigaciones a la Policía Nacional, una institución que no tiene la preparación adecuada para lidiar con estos delitos.

Además, cada semana se descubren policías vinculados a organizaciones criminales. A esto se suman resoluciones y leyes que facilitan la prescripción de delitos y el bloqueo de investigaciones, como las que involucran a la presidenta con actos criminales. Todo esto nos muestra que no estamos ante un marco legal efectivo para combatir la criminalidad, sino ante uno que, en realidad, favorece la continuidad de estas prácticas ilegales, protegidas por representantes de los grupos poder en el Congreso.

Mencionó la ley que transfiere la autoridad para investigar de la fiscalía a la Policía Nacional. Esto me genera dos interrogantes: en primer lugar, ¿cómo afectará este cambio a la seguridad ciudadana, especialmente en términos de independencia y transparencia? Y, en segundo lugar, ¿cómo es posible que nuestra Constitución permita modificaciones tan evidentes a favor de intereses políticos y sin ningún tipo de control?

El Congreso ha manipulado al Tribunal Constitucional para evitar el control de constitucionalidad, y ha influido en la Junta Nacional de Justicia para controlar el Poder Judicial y el Ministerio Público a través de nombramientos estratégicos. Esto permite que ciertas instituciones, que deberían estar cumpliendo su rol, estén siendo sometidas por intereses políticos y corruptos. Los congresistas, en su mayoría, buscan beneficios personales, y no existe una diferencia clara entre los partidos en términos de línea política; todos parecen actuar en función de sus propios intereses.

En cuanto a la Constitución, es cierto que la de Fujimori no era una mala carta magna, aunque muy imperfecta. No obstante, lo que está ocurriendo ahora con el Congreso, manejado en gran parte por el fujimorismo, es un desmembramiento de la misma. En el caso de la ley que transfiere las investigaciones a la Policía, esta es claramente inconstitucional, pero al Congreso no le importa. Esto evidencia que no hay un interés genuino en solucionar problemas, sino en consolidar y mantener el poder.

"No estamos ante un marco legal efectivo para combatir la criminalidad, sino ante uno que, en realidad, favorece la continuidad de estas prácticas ilegales, protegidas por representantes de los grupos poder en el Congreso."

Ante este panorama, ¿cuál considera usted que sería una solución viable para trabajar de manera interinstitucional y revertir esta crisis que afecta al país?

Con este Congreso y con la actual presidenta, no podemos contar para nada. La presidenta no tiene ningún tipo de capacidad de decisión; es un cero a la izquierda. Ella misma ha admitido que gobierna con sus amigos y hace lo que el Congreso decide. No tiene liderazgo ni capacidad para enfrentar esta situación.

Frente a esto, lo único que queda es un llamado a la ciudadanía. Debemos estar atentos y buscar un cambio democrático en las próximas elecciones. Es fundamental no volver a elegir a quienes han demostrado que solo buscan su propio beneficio y no están a la altura de las circunstancias. Necesitamos representantes capaces de iniciar un serio proceso de reconstrucción institucional porque el país está atravesando una crisis muy grave.

¿Cree que la indiferencia ciudadana ante el crimen y la corrupción termina legitimando estas acciones por parte de las autoridades, dándoles margen para actuar sin consecuencias?

Es cierto que esa indiferencia, o más bien el hartazgo de la ciudadanía, juega a favor de quienes están en el poder. Actualmente, el principal problema para la gente es sobrevivir día a día, especialmente frente a las dificultades económicas. Pero quienes gobiernan subestiman algo fundamental: el comportamiento histórico del peruano, que puede ir de la pasividad a reacciones extremas.

Ya estamos viendo señales claras de estas reacciones: la presidenta no puede salir a la calle sin que la abucheen y confronten, lo mismo sucede con los congresistas. Las huelgas y paros están ganando mayor apoyo y presencia ciudadana, y eso es una advertencia que las autoridades no están tomando en serio.

Espero que, en las próximas elecciones, la ciudadanía reflexione y tenga claro quiénes son los responsables de esta crisis, para no volver a elegirlos ni a ellos ni a quienes los representan.

Finalmente, bajo la situación actual en la que nos encontramos ¿cómo vislumbra el panorama del crimen y la seguridad ciudadana en los próximos años?

Mientras sigamos con esta situación en el Congreso y el Poder Ejecutivo, no veo solución. No hay el menor interés por parte de las autoridades en abordar este tipo de problemas. Hemos escuchado a congresistas admitir que no les importa tener solo 4% de aprobación. A la presidenta, al ministro del Interior y a los congresistas simplemente no les interesa lo que sucede con el país. Solo demuestran una indiferencia absoluta. En lugar de preocuparse por la crisis, la noticia es que han incrementado la dieta para sus refrigerios.

Lo que tenemos aquí es un completo desprecio hacia la ciudadanía y su realidad.

Verano 2025