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Edición Nº 10

Derechos humanos en el Perú: luces, sombras y retos
30 de noviembre, 2009

LUCES

El 7 de abril del año 2009 será, sin duda alguna, una fecha histórica en los anales de la justicia peruana. En ella, tres magistrados que conformaron el Tribunal Especial de la Corte Suprema de Justicia del Perú emitieron su veredicto sentenciando a veinticinco años de carcelería efectiva al ex – presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori por su responsabilidad en hechos de violación de derechos humanos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno.

Pocos podrán cuestionar este hecho, no sólo por la fuerza de los argumentos jurídicos y el número de testigos y pruebas presentadas durante los catorce meses que duró el proceso, sino por su importancia ético-política que quedará como un precedente jurídico difícil de soslayar para casos similares dentro y fuera del país. Esta es pues la principal luz que debemos destacar en medio de penumbras y sombras en el campo de los derechos humanos en el Perú de hoy.

Sin embargo, en honor a la verdad, también deben destacarse otras luces. Entre ellas se puede señalar:

  1. La firma, por parte del Estado peruano, de la moratoria de la pena de muerte, acordada por Naciones Unidas, que impide que ninguna iniciativa en este sentido tenga soporte legal.
  2. La creación del Ministerio del Ambiente, aun cuando luego de más de un año de ello no haya asumido una mayor presencia en un ámbito tan importante dadas las características geo-políticas, económicas y étnico-culturales del Perú.
  3. La promulgación de numerosas ordenanzas contra la discriminación emitidas por un buen número de gobiernos regionales y locales, que favorecen la sensibilización de la población en torno a esta problemática.

SOMBRAS

La mayor sombra es la postura general del gobierno del Presidente Alan García frente a los derechos humanos. A poco menos de dos años para la finalización de su mandato, no sólo ha demostrado una actitud adversa, sino una evidente falta de voluntad para implementar políticas públicas de derechos humanos coherentes e integrales, como por ejemplo el Plan de Reparaciones a las víctimas de la violencia política.

Las medidas adoptadas sólo han respondido a circunstancias coyunturales, o a la presión de sectores de la población en conflicto, movilizadas en torno a sus demandas, o debido a promesas incumplidas. El modelo de desarrollo económico asumido, y la actitud de intolerante defensa del mismo frente a voces discrepantes, han incrementado la conflictividad y viene incidiendo negativamente en la ya debilitada democracia peruana.

El gobierno, en su afán de salvaguardar los intereses de los inversionistas extranjeros, ha llevado a colocar en calidad de “enemigos anti-sistema” a todos sus opositores, echando mano no sólo del discurso verbal y escrito[1], sino de normas que criminalizan, inconstitucionalmente, la protesta social[2].

Dentro de este panorama de endurecimiento del régimen, se intenta manejar instituciones claves como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura; se viene recortando libertades fundamentales, se amenaza a defensores de derechos humanos y se hace uso excesivo de la fuerza pública para acallar las protestas, como en los graves hechos ocurridos en Bagua, con la muerte de policías y nativos.

Como lo señala la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH),[3] se puede identificar “…como una tendencia preocupante, que los avances del proceso de transición democrática iniciados en el 2001 se han estancado quizá de modo definitivo…”.

En este sentido, preocupan las recientes sentencias que absuelven a altos oficiales de las Fuerzas Armadas en graves violaciones a derechos humanos, especialmente porque las razones que sustentan estas decisiones no continúan la senda iniciada por los magistrados a cargo del juicio al ex Presidente Fujimori, evidenciando así un retroceso en la forma de abordar estos casos por parte del Poder Judicial.

RETOS

Teniendo en cuenta las propuestas formuladas en el Informe de la CNDDHH, se pueden señalar los siguientes retos, tanto para el movimiento de defensores de derechos humanos en particular, como para la sociedad en su conjunto:

  • La promoción decidida de políticas públicas de derechos humanos a nivel nacional, en particular a través de la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos.
  • La implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, especialmente la culminación del registro de las víctimas y el inicio de los programas de reparación individual.
  • La implementación de mecanismos de defensa legal de las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos, así como de protección y seguridad de los defensores de derechos humanos en el país.
  • El impulso del diálogo y la concertación como principales medios para la atención y garantía de los derechos humanos en el país.
  • La derogatoria de los decretos legislativos que criminalizan la protesta social.
  • El desarrollo de acciones contra la impunidad y la corrupción.

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[1] “El Síndrome del Perro del Hortelano”, Alan García Pérez, diario “El Comercio”, octubre 2007.
[2] Decretos Legislativos Nº 982; Nº 983; Nº 988 y Nº 989.
[3] CNDDHH, Informe Anual 2008.

Publicado en noviembre 2009


Willy López

Instituto Peruano de Educación en Derchos Humanos y la Paz - IPEDEHP

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