El impacto de las decisiones financieras en la vida de las personas, sumado al aumento de la complejidad de los productos y servicios en dicho sector, causado, entre otros factores, por el aumento de la digitalización en ese ámbito[1], han hecho que, en los últimos veinte años, cobre importancia la educación financiera como medio para empoderar económicamente a los ciudadanos. Por ello, en las últimas dos décadas, diversas entidades internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la G20, el Banco Mundial y la Alianza por la Inclusión Financiera (AFI) han enfatizado incorporar la educación financiera en la agenda de las políticas públicas nacionales.

Así, la OCDE^[2] define la educación financiera como una combinación de concientización, conocimiento, habilidades, actitudes y comportamientos necesarios para tomar decisiones pecuniarias sólidas y, en última instancia, lograr el bienestar económico individual. Asimismo, la reconoce como un complemento necesario para la protección al consumidor, ya que fomenta el desarrollo de los mercados y la estabilidad económica. Además, es importante desarrollarla a lo largo de la vida, tomando en consideración las diferentes necesidades de las personas según su ciclo vital, los momentos de aprendizaje y el incremento de la complejidad de los productos y servicios.

En el caso peruano, los niveles de educación financiera son aún limitados, lo que a su vez repercute en los avances en materia de inclusión en dicho sector. Así, al año 2022, la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras mostró que cuatro de cada diez adultos cuentan con un nivel bajo[3], y el Módulo de Educación Financiera de la Prueba PISA[4] indicó que el 42 % de los estudiantes de quince años se encuentra debajo del nivel mínimo esperado. No obstante, cabe señalar que el resultado promedio de los estudiantes ha mejorado sostenidamente entre los años 2015, 2018 y 2022, pasando de 403 a 411 y a 421, respectivamente.

Estos bajos niveles de educación financiera generarían un entorno de desconfianza en dicho sistema local y, consecuentemente, su autoexclusión, además del uso ineficiente de productos y servicios financieros, el miedo ante la probabilidad de caer en estafas, así como el acceso y uso de préstamos informales, el cual es un mecanismo caro y poco fiable para manejar sus presupuestos personales.

"[La inclusión financiera] es reconocida como un complemento necesario para la protección al consumidor, ya que fomenta el desarrollo de los mercados y la estabilidad económica."

Políticas públicas de educación financiera

Por parte del Estado peruano, se ha abordado la educación financiera en el marco de las políticas de inclusión financiera; se ha identificado el bajo nivel de educación en este ámbito y la falta de confianza en el sector como algunas de las principales limitaciones que tienen las personas y empresas para el acceso y uso sostenible de los servicios financieros[5]. Así, en 2014, se conformó la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera (CMIF)[6] con el objetivo de elaborar e implementar una estrategia inclusiva, cuya primera versión fue lanzada en 2015 y reemplazada en 2019 por la Política Nacional de Inclusión Financiera[7] (PNIF), actualmente vigente.

Entre los avances más importantes del Perú se encuentra la incorporación de competencias relacionadas con la educación financiera en el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB, 2016) del Ministerio de Educación (MINEDU). Esta integración significa que los estudiantes de Educación Básica Regular, así como los estudiantes de Educación Básica Alternativa, deben recibir educación financiera en las escuelas. Cabe señalar que la Ley 31900, de 2023, contribuirá a la sostenibilidad de este proyecto ante futuros cambios en el CNEB al declarar de interés nacional el incorporar contenidos curriculares de educación financiera.

Asimismo, la PNIF definió como objetivo prioritario 1 (OP1) el «generar una mayor confianza de todos los segmentos de la población en el sistema financiero». Siguiendo este OP, el Plan Estratégico Multisectorial (PEM)[8] de la PNIF estableció una serie de políticas en favor de una mayor educación financiera para ser implementadas entre 2021 y 2030. Además, reconoce la necesidad de promover la participación tanto del sector público como del sector privado con el fin de desarrollar iniciativas educativas para toda la ciudadanía de manera articulada, eficiente y eficaz, siendo esta una vasta labor que requiere el esfuerzo de todos los actores posibles.

Con respecto al desarrollo de iniciativas educativas, también contempla el establecimiento de lineamientos que promuevan iniciativas de calidad. En ese sentido, los lineamientos deberán impulsar la implementación de iniciativas que se centren en las poblaciones objetivo, que cuenten con recursos y personal especializado, y que implementen sistemas de monitoreo y evaluación. Sobre este punto, cabe señalar que un reciente estudio de mapeo de iniciativas de educación financiera identificó que en el Perú, al 2023, se venían desarrollando más de cien iniciativas anuales a nivel nacional a través de más de sesenta entidades.

Actualmente, en el marco de la PNIF, el MINEDU trabaja con aliados estratégicos del sector público, gremios, algunas ONG y entidades financieras para implementar con éxito dicha educación en las escuelas. Por ejemplo, se viene coordinando con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) la implementación del programa «Finanzas en el Cole», que ha capacitado a más de veintisiete mil docentes de primaria y secundaria. Asimismo, el MINEDU coordina el desarrollo de recursos pedagógicos y el curso e-learning para docentes de secundaria con los miembros de la alianza Finanzas en mi Colegio, la SBS, la Asociación de Bancos (ASBANC), la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) y la Sparkassenstiftung Alemana (DSIK).

Además, cabe señalar que la educación financiera no se limita a los estudiantes y docentes de educación básica, por lo que se requieren esfuerzos fuera de este contexto. Al respecto, desde la SBS se ha alcanzado a jóvenes y adultos en colaboración con centros de trabajo, centros de educación superior, ministerios, entre otros. De igual manera, desde el Banco de la Nación y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), se han desarrollado iniciativas para poblaciones vulnerables que son beneficiarias de programas sociales.

Adicionalmente, los principales promotores de la educación financiera en el país se reúnen una vez al año, en marzo, para elaborar una campaña de concientización y educación económica llamada Semana Mundial del Ahorro (SMA). Esta campaña resalta la importancia de la educación financiera y transmite mensajes coordinados entre las entidades participantes y la ciudadanía. Además, bajo el liderazgo de la SBS, las entidades toman conciencia acerca de la trascendencia de su participación en este proceso educativo. Así, la SMA se ha constituido como la campaña más importante del país: solo en 2024 contó con la participación de setenta y siete instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, que implementaron más de mil doscientas acciones que alcanzaron a más de 3,5 millones de personas.

"La educación financiera no se limita a los estudiantes y docentes de educación básica, por lo que se requieren esfuerzos fuera de este contexto."

Retos a futuro

En primer lugar, en el marco de la PNIF, se debe continuar generando sinergias con los actores del sector privado y reduciendo las brechas en la provisión de educación financiera. Para ello, será importante el establecimiento de lineamientos para el desarrollo de iniciativas locales de educación económica en pro de una provisión eficiente y eficaz.

En segundo lugar, los entornos digitales tienen el potencial de alcanzar a un gran número de personas y abren un abanico de posibilidades para la provisión de educación financiera a través de webinars y alternativas de autoaprendizaje (cursos e-learning, videos, juegos). No obstante, no son la respuesta para todos los públicos, en particular para las poblaciones con dificultades de conectividad o las poblaciones con mayores dificultades para el uso de tecnologías, quienes pueden ser renuentes a este tipo de intervenciones.

Finalmente, el desarrollo de iniciativas de educación financiera requiere centrarse en las necesidades y preferencias del público objetivo y contar con personal especializado tanto en el área específica como en ciencias conexas, como la economía conductual, las comunicaciones y el marketing, a fin de crear iniciativas atractivas para la población.

Primavera 2024

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[1] OCDE. (2005). Recommendation of the Council on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness. https://shorturl.at/sp4qr

[2] OCDE. (2020). Recommendation of the Council on Financial Literacy. https://shorturl.at/Jvevr

[3] CAF y SBS. (2023). Encuesta de medición de capacidades Financieras Perú 2022. https://shorturl.at/8bHyG

[4] El módulo de educación financiera del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) evalúa el conocimiento y comprensión de conceptos y riesgos financieros, así como las habilidades y las actitudes para aplicar dicho conocimiento y comprensión en la toma de decisiones con el fin de mejorar el bienestar y participar en la vida económica de la sociedad.

[5] CMIF. (2021). Política Nacional de Inclusión Financiera. https://shorturl.at/TeEJB

[6] Conformada actualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el Banco de la Nación, el Ministerio de Educación, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Superintendencia del Mercado de Valores.

[7] Aprobado mediante Decreto Supremo n.° 255-2019-EF del 5 de agosto de 2019.

[8] Aprobado mediante Decreto Supremo n.° 112-2021-EF del 20 de mayo de 2021.