Hay algo que las estadísticas de inseguridad no logran capturar adecuadamente: la textura de vivir con miedo. No el miedo de un momento —el asalto, la llamada extorsiva, el disparo lejano en la serenidad de la noche—, sino aquel que, una vez instalado, reorganiza los hábitos, trastoca lo cotidiano, cambia cómo se mira a los desconocidos en el bus o qué rutas se toman al salir del trabajo. Ese miedo difuso, sordo y sostenido, que no tiene un evento concreto como referente, sino que simplemente existe, es la condición más precisa para describir lo que atraviesa el Perú de hoy: una sociedad que vive, de facto, en estado de sitio. Se trata, pues, de un miedo que no es individual, y que, como problema colectivo de salud pública, arrastra consigo consecuencias políticas que este artículo busca explorar: cómo la violencia estructural daña el bienestar psicológico de una sociedad y,           al hacerlo, prepara el terreno para que el autoritarismo se presente como solución.

El Perú atraviesa un momento inédito en la materia. El 86 % de la población urbana percibe que puede ser víctima de un delito, según la última encuesta del INEI^[1]. Las denuncias por extorsión pasaron de poco más de 5 mil en 2021 a más de 26 mil en 2025, lo que representa un aumento de casi 400 % en cuatro años, con la advertencia de que se estima que el 75 % de los casos no llega a denunciarse^[2]. En Lima, uno de cada cuatro habitantes declaró haber sido extorsionado al menos una vez en el último año, a la vez que más de 1.300 bodegas cerraron en 2025 por amenazas directas, mientras que los recurrentes paros de transportistas en la capital de la República solo se explican al observar que el 80 % de las empresas de transporte en Lima y Callao paga mensualmente a extorsionadores para poder operar. Esto ya no puede leerse solo como un problema de seguridad pública en el sentido estrecho del término y es, a todas luces, un problema estructural. El politólogo noruego Johan Galtung definió la violencia estructural como el daño evitable que producen las estructuras sociales al impedir que las personas satisfagan sus necesidades básicas; no se trata del acto violento en sí mismo, sino de la arquitectura que lo hace posible y lo reproduce^[3]. 

"El miedo opera como un estresor permanente que reorganiza el sistema nervioso, altera el sueño y estrecha el horizonte de decisiones."

La extorsión sistemática encaja perfectamente en esa definición, pues no constituye un evento puntual, sino que se configura rápidamente en un régimen de excepción que trastoca la experiencia cotidiana. Hay organizaciones criminales con cobertura territorial, complicidades institucionales y vacíos estatales que se han vuelto funcionales al sistema. Jenny Pearce y otros autores que trabajan la noción de violencia crónica en América Latina describen entornos similares donde la violencia deja de ser excepcional para convertirse en una nueva normalidad, reproduciéndose en la familia, la escuela, el mercado y el Estado. El Perú de 2025 cabe, con comodidad, en esa descripción. ¿Y qué produce ese régimen en la salud mental de las personas? La literatura internacional es consistente al respecto: vivir bajo miedo crónico al crimen, incluso sin haber sido directamente victimizado, activa respuestas de estrés sostenido que se asocian con ansiedad, depresión y deterioro del bienestar general^[4]. El miedo opera como un estresor permanente que reorganiza el sistema nervioso, altera el sueño y estrecha el horizonte de decisiones. Las víctimas directas de extorsión y violencia desarrollan, además, tasas elevadas de trastorno de estrés postraumático. Pero quizás lo más relevante sea el efecto multiplicador: quienes conviven con vecinos o familiares victimizados, quienes leen los testimonios y ajustan sus rutinas por temor sin haber sido nunca atacados, cargan también con ese peso y con el daño psicológico de la violencia. El Ministerio de Salud atendió más de 1,3 millones de consultas por trastornos mentales en 2024, entre ellas casi 250 mil por ansiedad y cerca de 180 mil por depresión^[5]. Son cifras que reflejan la demanda registrada en un sistema con apenas 294 psiquiatras para 33 millones de personas. La prevalencia real —es razonable suponer— es bastante mayor.

La corrupción agrega otra capa. No es solo que el Estado no protege a la ciudadanía, sino que activamente cobra el precio de la desprotección. Cuando se descubre que un funcionario de los organismos de seguridad pública del Estado filtró información a extorsionadores, que un juez liberó a detenidos sospechosos de integrar una organización criminal o que una fiscalía archivó un caso por razones que nadie puede explicar con claridad, el daño no es solo material. La investigación económica ha documentado que la corrupción afecta la salud mental de la población fundamentalmente a través de dos vías: (i) pérdida de ingresos y (ii) caída de la confianza^[6]. La segunda es, en el largo plazo, la más destructiva, porque es la que erosiona la capacidad social de cooperar, de confiar en que los acuerdos se respetan o que el esfuerzo, dentro de los marcos de la ley, tiene algún sentido.

En el contexto regional, el Latinobarómetro de 2024 ofrece el retrato más nítido de ese deterioro: en el Perú, solo el 10 % de la ciudadanía está satisfecha con la democracia, apenas el 9 % confía en los partidos políticos, y el apoyo a la democracia como forma de gobierno cayó al 44 %^[7]. Asimismo, según el IEP, el 94 % desaprueba al Congreso y el 63 % confía poco o nada en la policía. El 56 % de la población identifica la corrupción como el principal problema del país. Como ocurre con los indicadores de salud mental, estos números son síntomas de una sociedad que ha aprendido por acumulación de experiencias que denunciar es inútil o peligroso, que las instituciones no funcionan y que las autoridades difícilmente hacen su trabajo. Esa indefensión aprendida tiene consecuencias psicológicas concretas: (i) pesimismo, (ii) repliegue hacia estructuras nucleares como la familia, (iii) hostilidad hacia los extraños y (iv) búsqueda de protección en círculos cada vez más estrechos.

"No es solo que el Estado no protege a la ciudadanía, sino que activamente cobra el precio de la desprotección."

Es aquí donde el análisis político se vuelve urgente. La ciencia política y la psicología social han documentado con solidez que las sociedades que perciben el mundo como un lugar fundamentalmente peligroso tienden a demandar orden por encima de libertades, a tolerar abusos de autoridad si vienen acompañados de promesas de seguridad, a apoyar líderes fuertes que pongan orden^[8]. La lógica es intuitiva, pero vale la pena nombrarla con precisión: cuando las instituciones fallan repetidamente, la población no concluye que necesita mejores instituciones, sino que necesita menos de ellas y más de alguien que actúe sin que lo frenen.

En América Latina, entre 2020 y 2023, el apoyo a gobiernos autoritarios creció cuatro puntos porcentuales, llegando al 17 %, en paralelo con el deterioro de los indicadores de seguridad y de confianza institucional^[9]. El modelo Bukele representa en ese contexto la consecuencia previsible de sociedades agotadas de esperar que sus instituciones democráticas funcionen. Lo que resulta más preocupante es que ese camino no resuelve el problema de fondo, sino que tiende a reproducirlo: las sociedades con baja confianza generan instituciones débiles; dichas instituciones no controlan la violencia, y la violencia sostenida reduce aún más la confianza. Salir de ese círculo requiere más que policías adicionales o penas más altas. Requiere reconstruir la capacidad del Estado de producir previsibilidad y justicia, que son las condiciones mínimas del bienestar psicológico colectivo; requiere también reconstruir el tejido social desde abajo. Las parroquias, las organizaciones vecinales, las escuelas, los centros de salud comunitaria, los espacios públicos que vuelven a habitarse no deberían ser decoración de la política de seguridad, sino la materia de la que están hechos los mínimos que la política y la democracia suponen.

"Cuando las instituciones fallan repetidamente, la población no concluye que necesita mejores instituciones, sino que necesita menos de ellas y más de alguien que actúe sin que lo frenen."

Pese a todo, el camino de salida pasa por una decisión colectiva, difícil, contraintuitiva y sin garantías de no abandonar lo común. Albert Hirschman describió hace décadas las tres respuestas posibles ante el deterioro de una institución o una comunidad: la salida (exit), la voz (voice) y la lealtad (loyalty)^[10]. Una sociedad sitiada por el miedo elige masivamente la salida: el encierro, la desconexión, la migración, el repliegue hacia círculos cada vez más privados. Pero es también la respuesta que consolida el problema, porque una esfera pública que se vacía no se recupera sola. Lo que queda es una exigencia simultánea: a la sociedad, habitar y abogar por los espacios comunes donde la desconfianza es la norma; al Estado, garantizar justicia que funcione, presencia institucional legítima en los territorios abandonados al crimen y una política seria de salud mental comunitaria. Sin ambas, la salida del círculo se torna un dilema del prisionero de solución incierta.

^[1] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), semestre móvil diciembre 2024–mayo 2025.

^[2] PNP / Ministerio Público, Observatorio del Crimen. La estimación de subregistro pertenece a Wilson Hernández Breña (GRADE), Ojo Público, octubre de 2024.    

^[3] Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research", Journal of Peace Research, vol. 6, n.° 3, 1969, pp. 167-191.

^[4] Lorenc, T., Clayton, S., Neary, D., Whitehead, M., Petticrew, M., Thomson, H., ... & Renton, A. (2012). Crime, fear of crime, environment, and mental health and wellbeing: mapping review of theories and causal pathways. Health & place, 18(4), 757-765.

^[5] Ministerio de Salud, comunicado oficial, octubre de 2024. Recuperado de: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1037025-mas-de-1-300-000-casos-atendidos-por-trastornos-de-salud-mental-y-problemas-psicosociales

^[6] Petra van Deurzen et al., "The Effect of Corruption on Mental Health in a European Context", Social Science & Medicine, vol. 194, 2017.

^[7] Latinobarómetro, Informe 2024, diciembre de 2024.

^[8] John Duckitt, "A Dual-Process Cognitive-Motivational Theory of Ideology and Prejudice", Advances in Experimental Social Psychology, 2001; Chris G. Sibley y John Duckitt, "Personality and Prejudice: A Meta-Analysis and Theoretical Review", Personality and Social Psychology Review, 2008.

^[9] Malamud, C., & Núñez, R. (2024). América Latina, crimen organizado e inseguridad ciudadana. Real Instituto Elcano. ARI, 154, 2024.

^[10] Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States, Harvard University Press, 1970.