La reciente historia del Perú pone de manifiesto tanto la importancia económica del sector extractivo como su potencial para generar conflictos. Minería e hidrocarburos representaron en 2007-2008 casi el 70% de las exportaciones del país y aportaron cerca del 30% de la recaudación por impuestos internos. Sin embargo, tal como la Defensoría del pueblo atestigua mensualmente, casi la mitad de los conflictos sociales del país estuvieron en el mismo periodo directa o indirectamente ligados con este sector.

Esos conflictos no son fruto de ninguna conspiración internacional. La gente pobre de las zonas más alejadas del país no se mueve por cuestiones ideológicas, sino por asuntos que perciben como una seria amenaza a sus esperanzas de una vida mejor. Sin embargo, también es importante reconocer que existen distintos tipos de conflictos alrededor de las industrias extractivas y que entender sus diferencias ayudará a actuar de manera más adecuada. En mi investigación yo me he encontrado tres tipos diferentes de conflictos.

El primero tipo enfrenta a la población local con las empresas extractivas y el estado. La población se resiste a la expansión de las actividades extractivas porque percibe que perjudican seriamente sus medios de vida a través de su impacto en el medioambiente. Conflictos emblemáticos como Tambogrande, Cajamarca y Majaz pertenecen a este tipo: zonas con potencial agrícola en el que la población piensa que su situación a la larga será peor si hay minería. Estos conflictos son los más conocidos, pero no son los más numerosos. El respeto por parte del estado a la decisión informada y libre de las poblaciones es la salida más razonable. Esa salida no pone en peligro la minería en el país porque hay multitud de lugares de la Sierra Central y Sur donde la población no rechaza esa actividad. Este tipo de conflicto se puede multiplicar si el gobierno sigue empeñado en abrir de manera indiscriminada la Amazonía a la explotación minera y petrolera.

Un segundo tipo enfrenta también a comunidades y población local con las empresas, pero en este caso lo que buscan es la distribución de los beneficios de la minería. Estos conflictos son los más numerosos en el entorno de las minas actualmente operativas. A veces este tipo de conflictos tienden a imitar al primero, tanto en sus formas de protesta como de los argumentos utilizados. Sin embargo, suelen solventarse con acuerdos sobre empleo o compensaciones económicas de algún tipo. Estos conflictos se han multiplicado en los últimos años por el exorbitante crecimiento de los beneficios empresariales y la percepción popular de complicidad entre el estado y las empresas. En ese sentido, el aporte voluntario como compensación por la no introducción de un impuesto a las sobreganancias tiende a generar más problemas, pues ha colocado a las empresas en primera línea de las demandas populares. Además, el estado ha perdido su legitimidad para actuar como árbitro porque la población percibe que defiende fundamentalmente los intereses empresariales.

Por último, un tercer tipo de conflictos está ligado al canon minero y su distribución. El canon minero fue diseñado para contentar a las regiones y localidades mineras. Sin embargo, su desbordante crecimiento ha multiplicado los problemas. La población se levanta contra los alcaldes y los presidentes regionales por su incapacidad para invertir bien esos recursos. Las regiones y municipios se enfrentan al gobierno central por la modificación de las reglas que distribuyen el canon u otros recursos generados por este tipo de actividades. Finalmente, municipios y regiones pelean por la delimitación de su territorio, y, por tanto, su derecho a recibir más o menos canon. Este tipo de conflictos está relacionado con la fragmentación del sistema político peruano y la falta de partidos políticos que aglutinen de manera equilibrada las demandas y aspiraciones de los actores locales.

En resumen, los llamados conflictos mineros son tan diversos como el propio país y es necesario entenderlos para darles solución. Los conflictos no son siempre negativos. A veces son el instrumento para generar cambios necesarios. Sin embargo, si el gobierno tiene un mal diagnostico y simplifica la realidad, sus respuestas tienden a generar más problemas y dolor del necesario.

Publicado en enero 2010

Javier Arellano Yanguas

Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex (Reino Unido).