La corrupción está causando un grave daño a la gobernabilidad del país. Ha paralizado grandes obras públicas y dejado sin puestos de trabajo a miles de peruanos. Ha detenido la economía y afectado la libre competencia. La corrupción está vulnerando los derechos de muchos peruanos que no pueden acceder a servicios básicos de calidad en educación, salud, saneamiento y transporte. En resumen, está socavando las bases mismas de la construcción de un país y su integridad.
La visita del Papa Francisco colocó a la corrupción como uno de sus temas centrales, junto con el respeto a los pueblos indígenas, el cuidado del medio ambiente, el rechazo a la minería ilegal y la trata de personas, la violencia contra la mujer, el feminicidio y la inseguridad ciudadana. Calificó a la corrupción como el “virus social” que lo infecta todo y que nos roba la esperanza. El Perú y “gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia debido en parte a la corrupción. El caso Odebrecht es simplemente una anécdota chiquita".
La expresión más gráfica y contundente del Papa fue "¿qué le pasa a Perú que cuando uno deja de ser presidente lo meten preso? Humala preso, Toledo preso (con pedido de prisión), Fujimori estuvo preso hasta ahora y Alan García que entro y que no entro". Estas palabras resumen la gravedad del problema pues involucra a los expresidentes, líderes políticos e, incluso, al actual presidente, afectando seriamente la gobernabilidad del país y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.
Los últimos gobiernos se han visto involucrados en el más grande caso de corrupción en América Latina: el caso Lava Jato. En su reciente declaración Marcelo Odebrecht señala: “con seguridad sí apoyábamos a los principales candidatos en todas las elecciones”[1].
Necesitamos recuperar la confianza ciudadana con verdadero liderazgo y acciones efectivas. Tenemos que cambiar la forma en que hemos venido enfrentando la corrupción y su círculo vicioso de tolerancia, indiferencia, complicidad o impunidad frente a ella.
Lava Jato muestra la forma cómo operaba la corrupción en Brasil, Perú y otros países de América Latina. Este comprendía 1) el financiamiento sistemático de campañas políticas, lo que les permitía congraciarse con los futuros gobernantes; 2) adjudicarse grandes obras públicas a bajo precio y sin una competencia real; 3) la sobre valoración de las obras públicas adjudicadas mediante adendas y adicionales; 4) la manipulación de arbitrajes poco transparentes en perjuicio del Estado; 5) el pago de sobornos; y 6) la creación de empresas off shore a donde se desviaban los dineros robados al Estado.
Lava Jato también muestra la debilidad del Estado para detectar, prevenir y sancionar la corrupción. Durante estos años, no han funcionado los sistemas de contrataciones públicas, ni el control y las auditorias y, finalmente, no ha funcionado como se esperaba el sistema de justicia para sancionar estas prácticas corruptas. El resultado: la impunidad frente a la corrupción.
Es a partir de inicios del 2017, con las delaciones premiadas y los acuerdos con la justicia norteamericana, que las investigaciones fiscales han avanzado e involucrado a líderes políticos y se han dictado algunas medidas preliminares, como la orden de captura internacional y el proceso de extradición al expresidente Alejandro Toledo, la detención preventiva del expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia, por presunto lavado de activos; se ha detenido a altos exfuncionarios del gobierno del expresidente Alan García, contra quien se ha iniciado investigación, al igual que a la excandidata presidencial Keiko Fujimori por presunto lavado de activos. Estas investigaciones incluyen el financiamiento ilícito de campañas políticas de los últimos procesos electorales y negociaciones con la empresa brasileña que alcanzarían incluso al actual presidente de la República cuando fue ministro en gobiernos anteriores. Todo esto hace que el caso Lava Jato tenga consecuencias imprevisibles para la política, la economía y la justicia en el Perú.
Son dos principalmente: la interferencia política en el avance de sus investigaciones y las dificultades propias de depender, casi exclusivamente, de las delaciones premiadas que vienen de Brasil y que tendrían dificultades de ser corroboradas con otras pruebas.
Las acusaciones constitucionales en el Congreso de la República contra el Fiscal de la Nación y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional muestran el peligro que enfrenta la justicia al interferir en su imparcialidad buscando amedrentarla para impedir su actuación. Esta situación pone una vez más en cuestión la frágil institucionalidad democrática y cuestiona la autonomía que nuestra Constitución les confiere a estas instituciones. Es fundamental que el Congreso de la República garantice la autonomía institucional y la división de poderes que son condiciones básicas de la democracia.
De otro lado, el caso Lava Jato coloca al sistema de justicia peruano ante el mayor reto de los próximos años: investigar y sancionar la gran corrupción, sistemática, compleja y global. La condena del empresario Marcelo Odebrecht, a 19 años de prisión, lo obligó a acogerse a la delación premiada, junto con otros 78 empresarios, para reducir su pena (a 10 años) a cambio de entregar información y pruebas sobre la forma cómo operaba la corrupción dentro y fuera de Brasil y los personajes involucrados en ella. Para juzgar este caso se ha puesto en marcha un sistema especializado de justicia anticorrupción (con no pocos problemas) y otras medidas para dotar de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios. Es importante que en el 2018 se observen los primeros resultados de este esfuerzo. La labor del Ministerio público es fundamental y protagónica en esta etapa de las investigaciones. Se requiere superar una buena estrategia de persecución de estos delitos y establecer una comunicación constante con la ciudadanía y los medios de comunicación sobre este caso.
Otro elemento nuevo que puede afectar las investigaciones del caso Lava Jato es la situación producida después del proceso de vacancia al presidente de la República y el posterior indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, que fue entendido como una negociación a cambio de no apoyar la vacancia. No olvidemos que la vacancia tenía como elemento principal el caso Odebrecht y la reiterada negativa del presidente Kuczynski de señalar que no había sostenido negocios con esta empresa mientras era ministro de Estado.
Sin duda no hay una respuesta sencilla en medio del permanente enfrentamiento político entre poderes públicos y los propios grupos políticos. Sin embargo, la respuesta nos debe llevar a los temas centrales para enfrentar la corrupción.
Necesitamos recuperar la confianza ciudadana con verdadero liderazgo y acciones efectivas. Tenemos que cambiar la forma en que hemos venido enfrentando la corrupción y su círculo vicioso de tolerancia, indiferencia, complicidad o impunidad frente a ella. Se requiere un liderazgo y ejemplo directo al más alto nivel y, por supuesto, resolver la situación del propio presidente de la República. También es necesario advertir que no sólo es un tema de autoridades sino también del sector privado, de las empresas y de la ciudadanía en general. Necesitamos revertir la alta tolerancia social que hay frente a la corrupción. Es decir, tener una lucha integral y permanente contra la corrupción con la participación de la ciudadanía.
Debemos fortalecer la institucionalidad democrática en tres áreas importantes: La reforma del sistema político, el fortalecimiento de la institucionalidad con verdaderos sistemas de integridad en el sector público y privado y un sistema de justicia especializado con mayores recursos para luchar contra la impunidad. La política se ha visto inundada de dineros ilícitos, que no tienen mayor control en las campañas electorales, a cambio de favores políticos, adjudicación de contratos públicos y tráfico de influencias. La corrupción en el sistema político tiene un gran impacto en la vida de las personas y en el descrédito de la política y los políticos. La Comisión Presidencial de Integridad, el Jurado Nacional de Elecciones y diversos congresistas han propuesto cambios urgentes para impedir que dinero ilícito ingrese a financiar campañas electorales, como las próximas elecciones regionales y municipales de noviembre del 2018.
La política se ha visto inundada de dineros ilícitos, que no tienen mayor control en las campañas electorales, a cambio de favores políticos, adjudicación de contratos públicos y tráfico de
influencias.
Asimismo, se requiere promover la máxima transparencia en la actuación de los funcionarios, la eficiencia en la gestión pública y la rendición de cuentas a la ciudadanía. Se necesita una ley que regule mejor los conflictos de intereses y haga obligatoria la presentación de la declaración jurada de intereses para todos los altos funcionarios del Estado, así como dictar una nueva ley de lobbies que evite de manera efectiva el tráfico de influencias. Es necesario fortalecer la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública creada por el actual gobierno. Finalmente se requiere que el Poder Judicial y el Ministerio Público trabajen fuertemente para desterrar la impunidad frente a los graves casos de corrupción y para implementar medidas concretas que permitan darles mayor celeridad y transparencia a los casos de corrupción emblemáticos.
Pero el esfuerzo mayor tiene que estar en fomentar una cultura de honestidad e integridad y ética entre los peruanos. Las múltiples iniciativas contra la corrupción que se observan en la sociedad peruana constituyen signos de esperanza de que esta lucha puede ganarse. La promoción de la ética y la prevención de la corrupción tienen que ser esfuerzos sostenidos y permanentes que motiven el compromiso y la construcción de redes ciudadanas contra este delito. Denunciar la cultura de corrupción, de deshonestidad, es importante y eso solo se puede hacer fomentando una cultura de honestidad, integridad, ética y de valores. Es necesario que la política, la justicia y la sociedad civil trabajen juntos. La sociedad civil, las autoridades y las empresas deben ofrecer a todos los ciudadanos la oportunidad de construir un país honesto.
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[1] https://elcomercio.pe/politica/caso-odebrecht-confesiones-marcelo-odebrecht-brasil-437354?foto=2
Otoño 2018
Eduardo Vega Luna
Director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ex Defensor del Pueblo.
