A mediados del 2019, desde la Asociación Wayra, obra social de la Compañía de Jesús, iniciamos un proyecto de acompañamiento psicosocial a madres adolescentes denominado Wiñasunchis (Creceremos). Esta iniciativa nace con el objetivo de generar en las participantes mecanismos de protección y autoprotección, desde un trabajo con enfoque sistémico, que integra el ámbito legal con el acceso para la tutela y restitución de sus derechos y el de sus hijos e hijas; el acompañamiento psicosocial para el fortalecimiento de su autoestima y el vínculo afectivo madre-infante, y en una resiente línea de acción para que se promueva el desarrollo de habilidades ocupacionales que faciliten el autoempleo y emprendimiento.
Es a través de la historia de más de 45 mujeres y sus familias, y las evaluaciones periódicas de los proyectos, que queremos analizar y reflexionar sobre los desafíos de este problema de salud pública que tiene un impacto en el desarrollo integral de las adolescentes.
En el 2018, el porcentaje de madres adolescentes y embarazadas por primera vez es del 12.6%, y según ámbito geográfico en la zona urbana representa un 10.01%, mientras que en la zona rural alcanza a 22.7%[1]. Asimismo, en el 2020, se evidencia una destacable disminución al 8.3%[2], 7% en la zona urbana y 12.4% en la zona rural[3].
El embarazo y la maternidad adolescente son problemáticas con mayor predominancia en los niveles socioeconómicos más pobres. Según la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar - ENDES (2019), en el quintil más pobre (20% de la población con los menores ingresos) la proporción de mujeres en edad adolescente que están embarazadas o ya son madres es 24.9%, mientras que en el quintil más rico (20% de la población con los mayores ingresos) esta proporción es solo 3.2%. Es así que, el embarazo y la maternidad adolescente contribuyen a la transmisión intergeneracional de la pobreza, la vulnerabilidad, la exclusión, la discriminación y la desigualdad de género.
Cada vez se hace más visible que miles de niñas y adolescentes son víctimas de diversos tipos de violencia, tanto en el ámbito intrafamiliar como en espacios públicos. Una de las consecuencias recae en que muchas de ellas terminan siendo madres adolescentes; y no sólo de la agresión sexual que trae como consecuencia un embarazo, sino de la violencia psicológica y física que sufren en sus hogares y por parte de quienes deberían ejercer el rol de protección y soporte emocional, como son los padres y madres de familia. Esto termina ocasionando una situación de riesgo en las adolescentes, siendo vulnerables a hechos de seducción por quienes les ofrecen un mejor ambiente de confianza y seguridad.
La población adolescente y joven del país enfrenta desafíos de desarrollo, agravados y profundizados por los efectos de la COVID-19, donde se ha evidenciado un alza en la violencia de género, las brechas de acceso a salud, deserción escolar y la carga de labores en el hogar, sobre todo asumidas por las mujeres.
En zonas rurales, la causa del embarazo adolescente suelen ser las uniones forzadas a consecuencia del rol machista que asigna y empuja comúnmente a las mujeres a convertirse en madres desde muy jóvenes. Desde el 2009, uno de los programas institucionales de Asociación Wayra es la Prevención de la Violencia de Género y la Trata de Personas en instituciones educativas secundarias de cinco distritos en la jurisdicción de la provincia de Quispicanchi. Uno de nuestros principales hallazgos es el limitado o inexistente proyecto de vida por parte de las adolescentes, así como del normalizado deseo por parte de los padres y madres de familia de que sus hijas tengan como principal logro la conformación de un hogar con un buen hombre que tenga suficientes recursos para sostenerla a ella y a sus hijos. Este tipo de plan de vida termina dejando al margen el importante logro que implica la conclusión de los estudios básicos y una posible continuidad de estudios superiores, así como el desarrollo de su autonomía económica. Estos roles son reforzados por la comunidad en su conjunto y representa una gran barrera al momento en que las mujeres que denuncian hechos de violencia de género puedan asumir las medidas de protección de alejamiento o posterior separación de sus victimarios; sintiéndose obligadas por sus familiares y comunidad a continuar con la relación porque no las consideran con los medios materiales ni emocionales para asumir un rol de madre soltera en su hogar y en su comunidad.
Los efectos del embarazo adolescente repercuten en diversas dimensiones. La más visible es la obstaculización en su desarrollo psicosocial como el riesgo de mortalidad maternas y neonatales. En la dimensión educativa, estas adolescentes tienen problemas para permanecer en la escuela y concluir su educación. Pese a las normas que garantizan la continuidad tanto en la etapa de gestación y maternidad, prevalecen más las actitudes de exclusión, generalmente asumidas por los padres y madres de familia de la comunidad educativa; quienes las califican como “malos ejemplos” y que el embarazo adolescente es “contagioso”. Estos hechos, al no ser tratados adecuadamente por los docentes, son efectivos para que las madres adolescentes se retiren voluntariamente o soliciten su traslado a otras instituciones educativas. Finalmente, las restricciones en el desarrollo de habilidades y competencias psicosociales, así como el acceso a oportunidades laborales, representan algunas de las situaciones de mayor exclusión e imposibilidad de desarrollo en su autonomía y seguridad económica.
"(...) si bien las relaciones sexuales pueden ser consentidas, hay factores familiares, culturales y de desinformación que las posiciona en este escenario y que repercute para siempre en sus vidas."
La población adolescente y joven del país enfrenta desafíos de desarrollo, agravados y profundizados por los efectos de la COVID-19, donde se ha evidenciado un alza en la violencia de género, las brechas de acceso a salud, deserción escolar y la carga de labores en el hogar, sobre todo asumidas por las mujeres. De este modo, enfatizando previamente las situaciones de violencia en la que viven inmersas las niñas y adolescentes en sus hogares, era la escuela el espacio seguro, de orientación y atención oportuna frente a hechos de riesgo y que, a casi dos años de las clases no presenciales, se ha convertido en nula la posibilidad de soporte para ellas. Mientras no se tomen medidas urgentes para el retorno presencial a la escuela, una de las muchas consecuencias seguirá siendo el estado de abandono que enfrentan los y las escolares al no recibir de la mano de educadores y especialistas una educación sexual y afectiva que les permita reconocer sus derechos, identificar los mecanismos para su promoción y defensa, y la toma de decisiones informadas y libres de violencia.
Esto mismo sucede con la restricción de los servicios de salud, especialmente los de planificación familiar que, si bien afecta directamente a las mujeres en etapa de fertilidad y en edad adulta, también se limita en los servicios diferenciados para adolescentes; los cuales han sido instalados en los centros de salud como consecuencia de acciones de sensibilización e incidencia generalmente asumidas por organizaciones de la sociedad civil. Esto se debe a la presencia de creencias por parte de la comunidad que afirma que informar y orientar sobre los derechos sexuales y reproductivos a los y las adolescentes es incentivarles al inicio de sus experiencias sexuales. Los servicios diferenciados son servicios de salud adecuados localmente a las necesidades de salud integral de las y los adolescentes, diseñados e implementados con su participación, bajo los principios de privacidad y confidencialidad, y son atendidos por personal idóneo. Estos servicios aún no retomaron su atención y continuidad en un escenario aún priorizado por la emergencia sanitaria.
Somos conscientes que el trabajo de acompañar a las madres adolescentes es una acción de respuesta frente a la problemática ya constituida, caracterizado por los hondos desafíos que enfrentan las adolescentes en la continuidad de sus proyectos de vida junto a sus hijos e hijas, y en un porcentaje mínimo junto a sus parejas. Muchas de ellas con el apoyo de sus familias logran construir mejores condiciones para salir adelante, pero también hay un grupo de ellas que viven en abandono familiar, abandono de sus parejas y sin los recursos personales, educativos ni laborales que las lleva a enfrentan situaciones extremas de vulnerabilidad que las obliga a abandonar a sus hijos y hasta pensar en el suicidio. Son historias duras que nos toca acompañar y que creemos importante visibilizar porque, si bien las relaciones sexuales pueden ser consentidas, hay factores familiares, culturales y de desinformación que las posiciona en este escenario y que repercute para siempre en sus vidas.
Necesitamos seguir trabajando como sociedad civil en incidir para el cierre brechas de acceso, mejora de la calidad y pertinencia en la educación para que se asuma plenamente la perspectiva de género, especialmente el principio de empoderamiento y autonomía de las mujeres desde edades tempranas y que cuenten con los recursos financieros, técnicos y de conocimientos que se ofrecen para el desarrollo y mejora de los sistemas educativos en nuestro país.
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[1] INEI 2019, Perú Brechas de Género – Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. Pág. 143.
[2] ENDES 2020, Capítulo III. Fecundidad. Pág. 100.0
Karem Farfán
Asociación Wayra
