La revocatoria, como institución democrática, se creó para que los electores puedan sancionar los actos de corrupción e ineficiencias de los gobernantes. Se pretendió abrir una ventana que permita poner fin al gobierno de autoridades locales, provinciales y regionales que utilizaran recursos públicos para beneficio personal o incumplieran sus promesas electorales. Así, la revocatoria se planteó como un derecho de control que bien utilizado potencia la democracia participativa, fortalece nuestro sistema político y colabora con su fiscalización.
En el Perú la revocatoria se reguló en 1994 y se implementó por primera vez en 1997. Desde entonces el mensaje es claro para las autoridades electas: si robas o no cumples es posible que no termines tu mandato. En ese sentido, es indiscutible la validez legal del derecho a impulsar un proceso de revocación y del de votar a favor o en contra del mismo. Sin embargo, como en el ejercicio de toda libertad, existen maneras más y menos responsables de usar este derecho.
Así, pretender la revocatoria de una autoridad sobre la base de opiniones sin sustento, discrepancias políticas o intereses ideológicos, debería entenderse como un uso irresponsable de la misma. Un instrumento tan poderoso como el que permite revertir la voluntad popular exige la mayor objetividad posible. Todo parece indicar que en el actual proceso de revocatoria contra la alcaldesa Susana Villarán, esta necesaria característica está ausente.
¿La gestión de Susana Villarán se ha mostrado corrupta o manifiestamente inepta? Los niveles de transparencia a los que ha llegado su gestión municipal superan en gran medida los estándares usuales. En esto hay un alto grado de consenso. De otro lado, sobre su eficiencia, la actual gestión ha ejecutado un mayor porcentaje del presupuesto municipal que el ex alcalde Castañeda en su primer y segundo año de gestión y ha culminado más del triple de obras en ese mismo periodo. Asimismo, ha puesto en marcha reformas estructurales indispensables para avanzar hacia la modernización de la ciudad y la mejora de la calidad de vida de los limeños. Todos conocen el desafío emprendido contra el deficiente sistema de transporte público local. Además, es incuestionable que Lima se está consolidando como una de las plazas más confiables en la región. Muestra de ello es que en el 2011 Fitch Ratings y en el 2012 Moody’s, dos de las principales calificadoras de riesgo en el mundo, ubicaron a Lima entre las ciudades de Sudamérica con mejor calificación en el manejo de los recursos públicos. No es gratuito que empresas constructoras hayan comprometido más de $ 2,400 millones en proyectos que conectarán Lima a través de vías expresas modernas y transporte público de calidad. Esto acompañado de S/. 300 millones que serán ejecutados durante los siguientes dos años en muros de contención, escaleras y losas deportivas en los barrios más populares. Por último, y más importante, se sabe que las reformas que se vienen impulsando no sólo representan progresos materiales, sino también impactos culturales, éticos e institucionales que permiten construir una ciudad con normas de convivencia y cultura más desarrolladas.
Es verdad que los logros obtenidos y proyectos en marcha no borran algunos errores que han golpeado fuertemente a la gestión municipal y a la imagen de Susana Villarán. Es indiscutible que en el primer año algunas decisiones no fueron bien enfocadas, que la estrategia de posicionamiento no fue bien pensada y que se emprendieron luchas objetadas por las grandes mayorías. Sin embargo, nada de esto justifica el uso de la revocatoria, pensada en su origen como recurso democrático, para desconocer el mandato popular que los votantes otorgaron a Susana Villarán.
Los promotores de la revocatoria están usándola para recuperar el poder político perdido en los últimos dos años. Aprovechan que en las últimas elecciones municipales más del 60% de limeños no quiso a Susana Villarán como alcaldesa. A esto se suma que los números exigidos para convocar a un proceso de este tipo son lo suficientemente bajos como para que rivales políticos lo utilicen a su favor, pudiendo iniciar un proceso revocador desde el primer día sin mayor sustento que la simple batalla política. Todo esto sin importar el desgobierno que significaría cambiar de alcalde y equipos por solo un año. No olvidemos que en el 2014 hay elecciones nuevamente.
El actual proceso de revocatoria está deformando, solapadamente, una herramienta de control ciudadano para convertirla en un nuevo recurso para acceder al poder. Votar en contra de la revocatoria y permitir que Susana Villarán termine su mandato significa proteger nuestras instituciones democráticas y asegurar que aquellos que quieren llegar al sillón municipal lo hagan mediante elección popular sin perjudicar a la ciudad.
Augusto Rey
Abogado y miembro de Coherencia Perú
