Si queremos hacer una síntesis de la coyuntura política, social y económica de la región norte, tendríamos que priorizar algunos temas que han mantenido ocupados a los medios de comunicación. Por sus preocupantes efectos, dos son las más graves dificultades que sufre la población del norte. Nos referimos a los conflictos sociales y la inseguridad ciudadana. El primero, constituye uno de los problemas principales de esta región, donde el denominador común es el sentimiento de olvido y marginación que sufren grandes sectores sociales, algunos organizados en gremios, o en frentes cívicos y regionales. Los casos más saltantes han sido: la huelga del SUTEP[1] y el persistente movimiento anti Conga.
Entender la naturaleza de estos fenómenos exige contextualizarlos en la realidad política y económica. En el caso de los maestros, la postergación, principalmente de carácter salarial, era ya insostenible. El problema se complicó más por la presencia de dos factores adversos al magisterio. En primer lugar, la existencia de dos regímenes casi enfrentados. Nos referimos a los docentes que pertenecían a la antigua Ley del Profesorado (la gran mayoría); y los que postularon a la nueva Ley de la Carrera Pública Magisterial. El otro problema de los maestros es la existencia de dos facciones del SUTEP, las cuales competían por llevar el protagonismo en la huelga. Un intento de solución por parte del Ejecutivo ha sido la unión de ambos regímenes en una nueva Ley de Reforma Magisterial.
En el caso de las protestas anti mineras de Cajamarca, la irrupción o fortalecimiento de liderazgos regionales es indiscutible. Se puede condenar, por ejemplo, la conveniencia de conducir a las masas hacia acciones y escenarios violentos, pero lo que no se puede negar es la ascendencia de los dirigentes en la masa. Los sucesivos fracasos en los intentos de neutralizar a personajes como Gregorio Santos evidencian que, más allá de su estilo o de sus problemas judiciales, la población ha tomado conciencia sobre los dos grandes males que históricamente han padecido: la pobreza y la contaminación de sus tierras, ríos y bosques. No es casualidad, en ese sentido, que los movimientos ecologistas, como el del Padre Arana, hayan ganado legitimidad en esta región.
No obstante, este tipo de reacciones no es exclusivo de Cajamarca. En Piura, la población de Tambogrande le dijo “no” a la explotación de los yacimientos mineros por parte de la empresa Manhattan. Similar situación se vislumbra en la sierra piurana, donde hasta el momento se han hecho retroceder los intentos por sacar adelante el proyecto minero Río Blanco. Hay que reconocer que se han producido daños colaterales que deben ser solucionados. El principal de ellos es la proliferación de la minería informal que también contamina y, además, está atrayendo elementos delincuenciales.
Otro problema social y político, aunque a veces se vea reducido sólo a una solución policial, es la cada vez más grave inseguridad ciudadana. En efecto, es indetenible el avance de la delincuencia organizada. Tanto en Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes las acciones delictivas son cosa común, y contra la cual es difícil luchar. Es de conocimiento público que la mayoría de robos, extorsiones y cobro de cupos se dirigen desde los penales, donde están presos los cabecillas. Sin embargo, la corrupción en el ingreso de teléfonos celulares es casi imposible de detener. De igual manera los llamados “negociadores” o “intermediarios”, especializados en contactar a los dueños de los vehículos robados con los asaltantes, están plenamente identificados. De nada sirven los copiosos expedientes que la policía elabora y pone a disposición de fiscales y jueces, cuando al final costosos y “hábiles” abogados los sacan limpios para seguir operando con total impunidad.
Otro rubro que se ha tornado sumamente peligroso, por la infiltración de avezadas bandas delincuenciales, es el sector construcción. Hasta hace unos años este era un fenómeno sólo capitalino, pero como la delincuencia sí sabe “descentralizarse”, hoy el cobro de cupos de trabajo en las obras públicas y privadas es algo “institucionalizado”. Los sicarios motorizados y con modernas armas de fuego no dudan en ejecutar a quienes se niegan a pagar. La policía se muestra impotente frente a este fenómeno, pues los agraviados prefieren pagar, antes que denunciar a los agresores.
Frente a estos dos problemas las autoridades, instituciones y población civil deben unirse y tomar medidas urgentes. Se trata de llevar a cabo una apertura que convoque al diálogo a las personas más capaces y con mayor experiencia en cuanto a conflictos sociales y a inseguridad ciudadana. Es indispensable encontrar consensos, en los cuales se escuche y se involucre a todos los sectores afectados. Desde las organizaciones de base como las rondas campesinas y las rondas ciudadanas (de las cuales existen experiencias exitosas), hasta los representantes de los ministerios gubernamentales, pasando por los gobiernos locales y regionales. No se debe cometer el error de excluir a quienes ejercen un liderazgo local o regional, pues sólo se conseguirá caldear los ánimos y deslegitimar los acuerdos. Sólo cuando seamos capaces de sentarnos todos a dialogar, escucharnos, despojarnos de posiciones extremas o de soberbias, sólo cuando antepongamos el interés general al particular, comenzaremos a solucionar los graves problemas que sufren las regiones del norte, y todo el país en general.
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[1] Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú.
Billy Crisanto Seminario
Diario El Tiempo - Piura