En el año 2004, Stephen Castles y Mark Miller, en su libro “La era de la migración”[1], afirmaban que dos de las tendencias o características de las migraciones en estas décadas serían su mayor diversificación y su aceleración. Sin duda, esto ha sucedido y se ha constatado que más países a nivel mundial se ven afectados por el fenómeno de la movilidad humana y, además, que cada Estado presenta mayor diversidad en la manera concreta en que les afectan estas migraciones. Para los gobiernos, este hecho supone un reto constante que les obliga a tener que amoldar sus políticas y prácticas a una realidad difícil de analizar y de un gran dinamismo.
Perú no ha sido ajeno a estas tendencias y en los últimos años el panorama migratorio del país ha cambiado de manera importante. Así, mientras en la primera década de los años 2000 fue un país de emigrantes, actualmente se ha comenzado a configurarnos también como un territorio de acogida de inmigrantes y como país de tránsito hacia otros lugares. En las calles y en los lugares de trabajo se percibe una mayor diversidad, se escuchan diferentes acentos, y no sólo porque el turismo haya aumentado, sino también porque cada vez más personas extranjeras convierten a Perú en su lugar de residencia, atraídos fundamentalmente por el crecimiento económico sostenido que ha experimentado el país durante los últimos años.
Los datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES)[2] muestran claramente el cambio de tendencia en el fenómeno migratorio. El número de emigrantes va descendiendo. Así, entre los años 1996 y 2009 el número de personas emigrantes aumentó año a año de manera constante, pasando de 28,700 en el año 1996 a 222,900 en el 2009; pero esta cifra comienza a decrecer paulatinamente a partir del 2010, hasta llegar a las 160,900 personas que emigraron en el año 2016.
Paralelamente, aumenta el número de extranjeros residiendo en el Perú. Según cifras de MIGRACIONES, desde el año 2007, la cifra de carnets de extranjería emitidos anualmente no ha parado de ascender, dándose en el año 2015 el mayor aumento, cuando casi se duplicaron, pasando de 8,700 carnets de extranjería emitidos en el 2014 a 15,382 en el 2015. Este aumento ha producido que para el año 2016 se cuente con casi 104 mil personas extranjeras residentes en el país con carnet de extranjería. Los colectivos más numerosos son los colombianos, españoles y norteamericanos. Aunque, en los dos últimos años, ha crecido mucho el número de personas venezolanas, argentinas y ecuatorianas que han accedido al carnet de extranjería en Perú.
Mientras en la primera década de los años 2000 Perú fue un país de emigrantes, actualmente se ha comenzado a configurarnos también como un territorio de acogida de inmigrantes y como país de tránsito hacia otros lugares.
Por lo tanto, esta nueva realidad que se va configurando desde años recientes ha supuesto, evidentemente, nuevos y grandes retos para el Estado. Mientras anteriormente la política migratoria estaba centrada, sobre todo, en la atención a las personas peruanas que emigraban y que se encontraban en otros países, la realidad ha hecho que sean urgentes también diversas reformas legislativas y la revisión de la aplicación de las normas relacionadas con los extranjeros y con el respeto de sus derechos en nuestro país.
Además, un reto adicional que enfrenta el Estado peruano es el de elaborar mecanismos de análisis y conocimiento de esta realidad tan cambiante. Las estadísticas sobre el fenómeno migratorio, aunque han ido mejorando mucho en la última década, aún tienen carencias importantes. Así, por ejemplo, no existen cifras ni aproximaciones sobre los migrantes en situación de irregularidad, tampoco sobre los flujos de personas que están en tránsito por el país con destino a otros territorios, o de las expulsiones realizadas y los motivos para ello. Sólo el conocimiento y el análisis constante permitirán diseñar políticas y estrategias para el tratamiento de unos flujos que son tan dinámicos.
Así, no existen casi datos sobre un nuevo flujo migratorio que ha surgido en la Región como consecuencia de la actual situación económica y social que vive Venezuela. Un gran número de personas venezolanas ha emigrado a Perú con deseos de trabajar y residir en nuestro país. Sin embargo, al llegar, se encontraban con que a ellos no se les aplicaba la normativa para los nacionales de Mercosur[3], teniendo dificultades para regularizar su situación en Perú pues tenían que acogerse a la vía regular, la cual exige tener un contrato de trabajo. Además, muchas de las personas que llegaron presentaron una solicitud de asilo al Estado peruano, hecho que ha producido un rápido aumento de las solicitudes y ha provocado que muchas de ellas no se hayan resuelto aún.
Por ello, al no encontrar vías para residir legalmente, un gran número de personas venezolanas se encontraba en una situación de gran vulnerabilidad e incertidumbre. Ante este hecho, el gobierno aprobó, a comienzos del 2017, otorgar un Permiso Temporal de Permanencia a las personas venezolanas que hubiesen ingresado antes de la entrada en vigor de dicha disposición. Esta autorización permite trabajar y residir de manera legal.
Esta medida, aunque con limitaciones, ha solucionado de manera transitoria la situación de muchos nacionales de Venezuela. Sin embargo, no todo está resuelto. Y es que, por ejemplo, el documento que MIGRACIONES entrega no es un Carnet de Extranjería propiamente dicho, sino un Permiso Transitorio. Este dato puede parecer un detalle menor, pero la realidad es que podría causar graves problemas para el acceso a varios derechos, en los casos que la normativa exija específicamente ese documento. Un ejemplo de esto puede ser la afiliación al Seguro Integral de Salud, cuya normativa requiere del Carnet de Extranjería. En situación similar se encuentran las madres o padres extranjeros de hijos/as de nacionalidad peruana menores de edad o mayores de edad con discapacidad permanente, ya que el gobierno también ha permitido que se regularicen accediendo a un Permiso Transitorio. Si bien, MIGRACIONES se ha comprometido a informar a las diversas instituciones, la incertidumbre y vulnerabilidad siguen presentes.
Y esta situación no es nueva en el país, es similar a la que viven las personas solicitantes de asilo que están a la espera de la respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores a su solicitud de protección. Ellas tienen como identificación un documento que otorga el mencionado Ministerio, pero que es diferente al carnet de extranjería. Este hecho, entre otros, ha potenciado que los estándares internacionales de protección para estas personas no se cumplan en el país.
Y es que, las personas extranjeras que han llegado a Perú, se han topado con una normativa obsoleta y con un Estado que no estaba preparado para atenderlas ni había sido diseñado para el servicio a personas no nacionales y, menos aún, para aquellas en situación de irregularidad. Sus problemáticas y sus vulnerabilidades son diferentes a las de la ciudadanía peruana, o están rodeadas por un contexto que hace necesario una atención diferenciada.
Por ello, el reto que enfrenta desde hace tiempo el Estado peruano es una revisión global de la forma en la que acoge a las personas extranjeras en su integralidad, que comienza con la Ley de Extranjería y su reglamento, pero no finaliza ahí, el reto es mucho mayor.
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[1] Castles, Stephen y Miller Mark J. (2004) “La era de la migración. Movimientos internacionales de población en el mundo moderno”, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.
[2] INEI, OIM y Migraciones (2016) “Perú: Estadísticas de la Emigración Internacional de Peruanos e Inmigración de Extranjeros, 1990 – 2015”, OIM, Lima.
[3] En virtud del “Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile”, al que Perú se adhirió en junio del 2002, se facilita la adquisición de la calidad migratoria de residencia y la autorización para trabajar para personas nacionales de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia y Uruguay, sin necesidad de presentar un contrato de trabajo.
