En su ya clásica obra «Comunidades imaginadas», Benedict Anderson planteó que las naciones son constructos culturales y sociales, que fueron posibles gracias a los periódicos y al surgimiento de lo que denominó capitalismo de imprenta. Habría sido el consumo más o menos masivo y simultáneo de periódicos lo que permitió que miles de ciudadanos, que jamás se conocerían entre sí, se reconocieran como parte de un relato compartido y experimentaran un tiempo histórico común. El acto individual de la lectura del periódico se fue transformando en un ritual de pertenencia comunitaria, como un espejo de la identidad colectiva[1].

Si un invento como la prensa escrita tuvo la fuerza suficiente para que los habitantes de un mismo territorio se sintieran parte de una nación, de una comunidad; la pregunta obligada es qué no podrían lograr en el siglo XXI los medios de comunicación públicos, como la radio y la televisión, más aún si potenciamos la llegada a través de la tecnología satelital[2]. En una era de tanta información dispersa y algoritmos determinando qué debemos ver, los medios públicos asumen el desafío de actualizar esa «comunidad imaginada». Su propósito ya no es únicamente informar, sino articular un espacio común donde la diversidad de nuestras regiones se reconozca, dialogue y participe en la construcción de una auténtica ciudadanía.

"Los medios públicos no deben responder a la lógica de un gobierno de turno, sino a una vocación de servicio a la democracia que trascienda a quien ocupa el poder en un momento determinado."

Creo que es la manera más eficiente para que los medios públicos contribuyan a consolidar la idea misma de un nosotros, un proyecto de país. Y es que los medios públicos no deben responder a la lógica de un gobierno de turno, sino a una vocación de servicio a la democracia que trascienda a quien ocupa el poder en un momento determinado. Martín Becerra ha planteado como una tríada lo gubernamental, lo estatal y lo público, según la cual solo el tercer término supone una garantía de pluralismo y de servicio a la ciudadanía. Los otros dos, advierte Becerra, a partir de una revisión  de casos latinoamericanos, tienden a relegar a los medios de gestión estatal a un papel secundario, más cercano a la propaganda que al servicio[3]. Convertir un medio estatal en un medio plenamente público requiere que el Estado garantice su independencia editorial. Se debe blindar su gestión frente a la tentación, presente en todo gobierno, de convertir el canal del Estado en su oficina de comunicaciones. Muy lejos de eso, la información periodística que difunda un medio público supone una responsabilidad doble: ejercer un periodismo decente, alejado del sensacionalismo y de las noticias falsas (fake news), pero también un periodismo docente, que eduque y ayude a los ciudadanos a formarse un criterio propio y a obtener conclusiones bien informadas.

Ello tiene un correlato conceptual y radica en cómo se entiende la libertad de expresión. Suele pensarse como un derecho gremial de los periodistas y, claro está, debe seguir siéndolo. Pero en una sociedad democrática, no debe agotarse en esta dimensión, sino que conviene entenderla como un bien público, perteneciente a la ciudadanía, del cual la prensa hace uso en representación de una sociedad que requiere información veraz para participar del debate democrático. Esta dimensión social de la libertad de expresión, ampliamente consagrada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la concibe no como el privilegio de una profesión, sino como la garantía colectiva de acceso a las diversas corrientes de información necesarias para el control democrático[4]. Lo que, ciertamente, encuentra uno de sus fundamentos en la idea de la «política deliberativa» que Jürgen Habermas[5] propuso para pensar la democracia: un proceso en el que una voluntad común se va formando a través de una diversidad de formas comunicativas disponibles a la sociedad.

La independencia editorial y la libertad de expresión en un medio público se garantizan mediante dos decisiones institucionales que el Estado debe sostener. En primer lugar, que la máxima autoridad de esas entidades sea un Consejo Directivo, de modo que las principales decisiones (líneas de programación, por ejemplo) sean colegiadas y el Consejo esté integrado por personas designadas en concursos técnicos y no por cuotas políticas, con mandatos de duración específica y una composición que represente a los distintos campos desde los que se construye ciudadanía: los ámbitos universitario, educativo y cultural, las ciencias humanas y sociales y, también, claro está, el periodismo[6]. En segundo lugar, que exista una progresiva independencia presupuestal, de modo que la gestión no dependa enteramente de las decisiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Como ha demostrado Marc Raboy[7] en sus estudios sobre gobernanza mediática, la autonomía financiera frente al poder de turno evita que el medio público sea objeto de control político o de asfixia institucional.

Si bien la sección periodística contribuye sustantivamente a la formación ciudadana, está lejos de agotar las prioridades que deben regir la gestión de un medio público. La identidad nacional no es una esencia dada, sino un sistema de representación que se narra y construye también desde las pantallas y la radio. Como ha planteado Néstor García Canclini[8], los medios públicos actúan como la infraestructura cultural que permite a comunidades diversas reconocerse en un espacio simbólico común y ejercer su ciudadanía cultural. Por eso, la programación cultural, educativa y de entretenimiento resulta fundamental para el proyecto de país. Un medio público no debe trabajar para el rating comercial, sino para constituir una alternativa diferenciada para la población que busca contenidos distintos a los de la oferta uniforme de las corporaciones comerciales. En palabras de Jesús Martín-Barbero[9], el desafío radica en transformar los consumos masivos en mediaciones en las que la sociedad reconozca su propio mapa cultural.

Pero si el medio no llega por igual a la mayoría de la ciudadanía, difícilmente puede hablarse de un proyecto país. Por eso resulta relevante consolidar la tecnología satelital para la emisión de las señales del IRTP[10], que, pese a contar con la mayor cobertura a escala nacional, todavía no alcanzan la totalidad del territorio debido a las complejas características de nuestro relieve geográfico. Una vez implementada, esta tecnología permitirá que cualquier hogar peruano acceda de manera gratuita a TvPerú, TvPerú Noticias, canal IPE y Radio Nacional, e incluso a las señales de otras instituciones estatales interesadas en sumarse a la plataforma[11]. Resulta indispensable, creo, dar continuidad a los avances tecnológicos iniciados en gestiones previas.

"La identidad nacional no es una esencia dada, sino un sistema de representación que se narra y construye también desde las pantallas y la radio."

Ampliar la cobertura no basta si lo transmitido no es representativo del país que pretende alcanzar. Un país que se contempla únicamente a través de los códigos de la capital difícilmente podrá constituirse en una comunidad integrada. De ahí que la programación deba apostar por la descentralización del relato nacional: incorporando noticieros en lenguas originarias como Ñuqanchik (quechua) y Jiwasanaka (aimara) —no relegados a la franja de las 5:00 a. m.—; contenidos culturales y educativos como «Sucedió en el Perú»; crónicas de viajes y tradiciones como «Reportaje al Perú» y «Costumbres»; además de programas de concurso dirigidos a jóvenes que refuercen valores ciudadanos. Pero lo más importante es impulsar la producción desde las regiones, no para ellas, sino para la comunidad nacional. Así, no solo se descentraliza la pantalla, sino que se las reconoce como protagonistas legítimas de la narrativa colectiva. Esta apuesta responde a una exigencia que ya había planteado Giovanni Sartori para la democracia liberal: medios con múltiples voces y una oferta diversa de programación e información[12].

La posibilidad de un proyecto país democrático está estrechamente relacionada con la solidez de sus medios públicos. Así como el nacimiento de la nación moderna requirió de aquellos primeros soportes culturales analizados por Anderson, el Perú del siglo XXI exige una infraestructura pública que brinde pluralidad y diversidad, protegiéndolas frente a los intereses gubernamentales. Asegurar la presencia de la diversidad cultural peruana en las pantallas y ondas de los medios públicos es, en última instancia, un mecanismo para que esa comunidad que alguna vez fue «imaginada» se convierta en una realidad cotidiana y plenamente compartida.

[1] Anderson, Benedict (2000). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

[2] Philip Schlesinger (1991), usando la intuición de Anderson, la extiende para los medios de comunicación en general, y medios públicos en especial, y sostiene que crean un "espacio comunicativo nacional" donde los ciudadanos pueden adquirir referentes simbólicos compartidos.

[3] Becerra, Martín (2016). “Lo público, lo estatal y lo gubernamental: desafíos de los medios públicos en América Latina", en Iván Moraes Filho y Juliano Domingues da Silva (orgs.), Sobre a mídia que queremos: comunicação pública, direitos humanos & democracia. Olinda: Centro de Cultura Luiz Freire, p. 75 y ss.

[4] Existe la célebre Opinión Consultiva OC-5/85 (Colegiación obligatoria de periodistas), donde la Corte consagró la libertad de expresión como un derecho de doble dimensión (individual y colectivo/ciudadano).

[5] Habermas, Jürgen (2010). Facticidad y Validez. Sobre el Derecho y el Estado democrático de Derecho en términos de Teoría del discurso. Trotta.

[6] Un medio público sin un Consejo Directivo plural e independiente es muy vulnerable a los vaivenes de la política. Lo advirtieron Daniel C. Hallin y Paolo Mancini (2004): cuando el "paralelismo político" domina, los medios se vuelven armas de guerra ideológica, característicos de un "modelo pluralista polarizado". La independencia institucional puede ayudar a garantizar que el medio le pertenezca a la sociedad y no al palacio de gobierno.

[7] Raboy, Mark (ed) (1996). Public Broadcasting for the 21st Century. University of Luton.

[8] García Canclini, Néstor (1995). Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. Grijalbo.

[9] Martín-Barbero, Jesús (1987). De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía. Barcelona: Gustavo Gili.

[10] Dager Joseph (2022). “Libertad de expresión: ¿derecho de periodistas o derecho ciudadano?" Introducción a Libertad de Expresión y ciudadanía. IRTP.

[11] Dager Joseph (2023). "La revolución en el IRTP" en La Otra Mirada, mayo.

[12] Sartori, Giovanni (2012). Homo videns. La sociedad teledirigida. Taurus.