Un 20 de noviembre de 1989 se aprobó la Convención por los Derechos del Niño, meses más tarde nuestro país la ratificó, desprendiendo su enfoque en el primer código de niños y adolescentes de 1993. Este nuevo ordenamiento jurídico nacional, tuvo una serie de cambios a lo largo de la última década, incluso, hace dos años, una comisión integrada por diferentes sectores viene reelaborando el código vigente.
Este momento, en que cumpliremos 20 años de la aprobación de la convención, me parece una oportunidad interesante para que nosotros, obras de la Compañía de Jesús, revisemos nuestra práctica y reafirmemos la opción por la niñez y adolescencia.
Los niños y adolescentes en el Perú representan el 37.9% de la población total, es decir más de un tercio de la población está entre los 0 y 17 años de edad. De ese total, el 60% vive en condiciones de pobreza Así tenemos que el 60% de niños(as) entre 0 a 5 años es pobre, lo mismo el 58% que tiene 6 a 11 años de edad y el 52% de adolescentes (12 a 17 años). A nivel de pobreza extrema la situación sigue siendo significativa: Entre los niños(as) de 0 a 5 años ésta alcanza el 27% y entre los 6 a 11 años al 24%, alrededor de 10 puntos porcentuales mayor que la tasa de pobreza extrema en la población total (16%)[1].
Pero esta condición tiene un rostro particular, son niños y adolescentes provenientes en su mayoría de zonas andinas, rurales y quechua hablantes.
Un elemento que ha pasado desapercibido en el proceso de reconciliación y reparación propuesto por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), ha sido el impacto del conflicto armado en los años 80 y 90 en la niñez.
Según el informe de la CVR las víctimas menores de 18 años constituyeron el 12.8%, cifra que puede verse poco representativa; sin embargo, las modalidades en que fueron vulnerados sus derechos cuestionan no sólo la cantidad, sino el impacto en toda la sociedad. Entre ellos, el reclutamiento forzado, no sólo por las organizaciones violentistas sino también por el Estado, quienes colocaron sobre todo a los adolescentes como carne de cañón. De igual impacto y en menor proporción está la violación sexual, las lesiones o heridas, los secuestros, desapariciones forzadas, la muerte en atentados, entre otras.
Un hecho significativo de desamparo a la infancia en los 90, y de respuesta del Estado, es el Decreto Ley 255647 a través del cual se procesa en el Fuero Militar, y ante tribunales sin rostro, a la población con edades entre 15 y 17 años por delitos de terrorismo. Pero esta formalidad, según las cifras contrastadas en los años anteriores, sólo validaba el alto porcentaje de detenciones ilegales de adolescentes durante el conflicto. Para el año 95, en que se deroga esta ley, existían al menos 209 adolescentes encarcelados, jóvenes en su mayoría varones (76%) y provenientes de sectores de pobreza, del medio andino y rural (52.3%)
Un segundo hecho reprobable fue la violación sexual, sobre todo a niñas y adolescentes, que según el informe de la CVR fueron perpetrados en un 70% por agentes del Estado. Un poco más de la mitad de estas víctimas estaban entre los 10 y 15 años de edad. Así podemos seguir enumerando otros hechos que a la fecha siguen impunes. Por citar un ejemplo, hace dos meses fueron enterrados al menos 90 cuerpos encontrados en Putis (Ayacucho), hoy se sabe que la mitad eran niños y niñas.
Frente a estos hechos se podría considerar una solución lógica de causa–efecto: de solucionarse el conflicto armado se soluciona la vida de los niños y adolescentes. Lamentablemente esto no es real. Las cifras de la situación actual de la infancia revelan escasos avances en materia de protección y defensa de sus derechos: la tasa de desnutrición de niños menores de 5 años es del 27% a nivel nacional, la asistencia de este segmento sólo llega al 67%, mientras que en la zona rural sólo el 56%. Un porcentaje de niños no cuenta con la partida de nacimiento, regiones como Ucayali y Loreto registran altos porcentajes (27% y 26% respectivamente).
Frente a este conjunto de necesidades el Estado no ha logrado dar respuestas concretas: la asignación para el presente ejercicio presupuestal para educación es sólo del 2,8% del PBI, para salud el 1,4% del PBI y el 0,9% para seguridad ciudadana.
Aunque la historia y las cifras estén de espalda a la realidad de los niños, muchos de ellos no se amilanan y terminan quebrantando un sistema jurídico, con el único afán de lograr mejores condiciones. Así podemos ver la expresión de los chicos de la calle, que ante la violencia ejercida por sus familias, encuentran en su grupo una razón de ser y subsistir; lo mismo, los niños y adolescentes trabajadores que aún cuando la sociedad los oculta[2], buscan hacerle frente a la pobreza con un anhelo de sobrevivir y desarrollarse.
A través de su protesta organizada hoy hablamos de la actoría social, representada en un movimiento que no sólo se encuentra en el plano de lo social, pues ha llegado a nivel político y económico[3]. Además, nos plantea un nuevo paradigma como es el del protagonismo, que por definición no excluye a los adultos, sino por el contrario, exige el acompañamiento y la relación niño–adulto para lograr un equilibrio social, es decir una democracia inclusiva sin distinción de edad, raza y condición
Quedan aún hechos por mencionar e ideas a reflexionar, pero la historia de la convención se está escribiendo en cada niño y adolescente que acompañamos. Anhelamos que en los próximos años la historia no sea escrita sólo por ellos(as), sino también por los adultos y en colaboración infancia y adultos, y representados por un Estado, construyan una sociedad igualitaria, donde todos(as), sin excepción alguna, tengan voz y voto y sus propuestas sean valoradas cual ciudadanos y seres humanos que son.
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[1] Estado de la Niñez en el Perú. INEI y UNICEF. Lima. 2008.
[2] Acciones ejercidas por el MIMDES que, en su afán de “protección”, recogían a los niños y adolescentes que vendían en las calles, como si fueran objetos, hechos símiles a las levas que se daba durante el gobierno de Fujimori.
[3] El Movimiento Nacional de Niños adolescentes trabajadores organizados del Perú, articulado a nivel de la región y de otros continentes, han expresado su opinión al interior del Parlamento, fueron convocados por el Comité de Derechos del Niño en Ginebra para participar en la última sesión. Plantearon la necesidad de institucionalizar la participación de los NNA en la elaboración de los Informes al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, como complemento a los informes de los Estados Parte, y los informes alternativos de la sociedad civil.
Publicado en noviembre 2009
Alejandro Samaniego
Encuentros, Casa de la Juventud
