Entrevista realizada por Diana Tantaleán
(Apostolado Social)
Las elecciones 2016 cada vez están más cerca, y la labor de TRANSPARENCIA va en aumento. Gerardo Távara, su Secretario General, nos da su opinión sobre las últimas reformas electorales aprobadas y los puntos clave que aún faltan debatir en este tema.
Algunos de los cambios aprobados sí son aplicables para las elecciones del 2016, como el nuevo formato de la Hoja de Vida, que es la Declaración Jurada que los candidatos deben presentar al momento de inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ahora es obligatorio que ellos informen cuáles son sus ingresos, propiedades, bienes y deudas. Así sabremos de dónde procede el dinero o las propiedades y luego comparar cuánto variaron los ingresos de, por ejemplo, un congresista en los 5 años que ejerció el cargo.
A esto añadimos que el JNE, acogiendo una propuesta de TRANSPARENCIA, ha incluido en la Hoja de Vida una sección para que los candidatos declaren los procesos judiciales que tengan en curso. El Congreso se negó a aprobar eso como obligatorio, pero el JNE está facultado a ponerlo como opcional. Ahora toca estar vigilantes por si los candidatos colocan u ocultan información sobre juicios que tengan en marcha.
Otra norma es la Ventanilla Única de Antecedentes. Este es un servicio del JNE a los partidos políticos para que conozcan los antecedentes judiciales, policiales, tributarios, de propiedades u otro tipo, de sus precandidatos antes de inscribirlos formalmente, y así verificar si la información dada es cierta o no y, al mismo tiempo, para que no tenga la justificación de decir “yo no sabía que mi candidato tenía una condena por narcotráfico”.
Luego se han aprobado normas pendientes de promulgación referidas al financiamiento de los partidos políticos. Si se promulgan, serán efectivas a partir del 2017. Se han aprobado algunas medidas para un mayor control sobre el dinero que ingresa a los partidos, tanto en periodos electorales como no electorales, desde fuentes privadas, sean personas o empresas.
Desde nuestro punto de vista, lo que se ha aprobado no es suficiente, se han dejado algunas grietas por las que se podría filtrar dinero ilícito hacia las campañas electorales. El debate tiene que continuar pero pensando en el 2018, que serán las elecciones municipales y regionales; y en el 2021, que serán las siguientes elecciones generales.
También se tiene que ver la discusión sobre la eliminación del Voto Preferencial, el cual tiene, desde nuestro punto de vista, dos requisitos previos: las elecciones internas en los partidos políticos, donde puedan votar todos los militantes y no solamente un grupo de delegados; y el establecer Mecanismos de Alternancia de Género.
La modalidad de elección a través de una Asamblea de Delegados debe desaparecer de la ley y mantenerse solo dos posibles: que voten todos los militantes inscritos o que voten los militantes y cualquier persona que quiera decidir quiénes serán los candidatos a la presidencia y al parlamento.
Los candidatos para ser congresistas por Piura, del partido X, tienen que ser elegidos por los militantes de ese partido en Piura. Actualmente una Asamblea de Delegados, mayoritariamente limeños, deciden la lista de los 130 a nivel nacional. Por eso se genera tanta desafección o disgusto de algún simpatizante o militante de una región, pues siente que le impusieron al candidato desde Lima; o que tal vez una persona compró su sitio como candidato por esa región, lo cual es mucho peor.
Los partidos políticos no tienen Comités Provinciales, ni siquiera en un tercio de las regiones del país, o los tienen solo en época electoral y después no tienen ninguna presencia activa.
Sobre establecer Mecanismos de Alternancia de Género: en las elecciones municipales, donde no hay voto preferencial, en la mayor cantidad de listas, las mujeres son ubicadas en el tercio inferior de ellas, con lo cual no ocupan el cargo de regidores aunque el partido gane la elección. Si se traslada esto a la elección parlamentaria lo que va ocurrir es que se reducirá el porcentaje de congresistas mujeres, que hoy es 22%.
Muchas mujeres han accedido al cargo de congresistas por el Voto Preferencial, hay que reconocerlo, no basta con la “cuota”[1]. El Voto Preferencial permite que alguien vote por una mujer aunque esté ubicada al final de la lista. Lo que el Mecanismo de Alternancia de Género propone es que el partido coloque en su lista a un hombre y una mujer, alternadamente, para que tengan las mismas posibilidades de resultar elegidos.
Esa es una modalidad, la paridad, que haya 50 – 50; pero aunque no se aprobara la paridad y se mantuviera el 30%, se aplicaría la alternancia hasta cubrir ese 30%. Además, por el sistema de elección en el Perú, ningún partido logra colocar más de 1/3 de los congresistas de una circunscripción porque hay una representación proporcional.
Actualmente, los líderes políticos que dicen estar de acuerdo con eliminar el Voto Preferencial no están de acuerdo con que todos los militantes tengan derecho a votar en sus elecciones internas, ni que sean dirigidas por la ONPE y el JNE.
Somos un país que tiene serios problemas con el narcotráfico, por lo tanto, tenemos sobradas razones para proteger nuestra democracia de la penetración del narcotráfico en la política.
Hay que darle la posibilidad a la población de votar en las elecciones internas del partido; por ejemplo, darle la posibilidad al poblador o pobladora de Iquitos de votar en Iquitos por los que considera deben ser los candidatos del partido aprista, fujimorista, izquierdista o toledista, y que tenga la garantía que esa decisión va a ser respetada en Lima y no será cambiada a la hora de inscribir la lista ante el JNE.
Otro tema importante es que la población debe ver cómo el Voto Preferencial afecta el funcionamiento del Congreso. Los congresistas cambian de bancada con mucha facilidad, en gran medida porque no se sienten vinculados con el partido. Muchos de ellos son invitados, el 20%, y ahora se aprobó que suba a 25%. No tienen ningún vínculo con el partido, o se inscribieron a última hora para poder ser candidatos, incluso candidato presidencial. Hay quienes se lanzan de candidatos y después anuncian por cuál partido va. Hay partidos que se prestan como vientres de alquiler, o candidatos que un día van por un partido y dos semanas después van por otro.
Como los partidos no tienen presencia en todo el país buscan alianzas informales con líderes o movimientos regionales para que les hagan la campaña; pero como no hay una alianza programática, estratégica, política sino espontánea o surgida porque “tengo que llenar la lista”, no genera ningún vínculo.
En los últimos años el Congreso ha tomado decisiones que, lamentablemente, en la mayoría de casos, han afectado los derechos de la población. Esto se debe, en gran medida, a que el congresista se desvincula del partido y de la población que votó por él, anda en el Congreso solo, cambiando de bancada o comisión, no rinde cuentas ni mantiene el vínculo, y la gente no tiene a quién reclamarle; en el partido dicen que el señor era invitado; y cuando le preguntan al congresista por qué no votó con su bancada, responde: “yo soy hijo del Voto Preferencial, no le debo nada al partido”.
Lo que tenemos hasta ahora son sanciones básicamente pecuniarias, multas, que no se pagan. Estas no sirven si no van acompañadas de sanciones de carácter político.
Nosotros hemos propuesto que al partido político que arrastra multas con la ONPE, o con el JNE, no le den la franja electoral, o que sea colocado en los últimos lugares en la cédula de votación, lo cual normalmente se define a través de un sorteo. ¿Por qué va al sorteo, en las mismas condiciones, el partido que nunca infringió la norma con el partido que tiene multas que no paga? En casos extremos también se le puede suspender la participación en procesos electorales. En casos más extremos aún, decirle que ha dejado de ser un partido político, que vuelva a hacer su proceso de inscripción, si desea. No queremos en el sistema político un partido que no cumple con reportar quién le financió la campaña. Somos un país que tiene serios problemas con el narcotráfico, por lo tanto, tenemos sobradas razones para proteger nuestra democracia de la penetración del narcotráfico en la política.
Las reformas aprobadas por este Congreso, que son pocas, ignoran la realidad regional. Por ejemplo, se ha aprobado incrementar el porcentaje de invitados, eso significa darle más poder a las dirigencias nacionales y quitarle poder a los militantes o dirigentes regionales o de base.
También está la resistencia a la alternancia de género. Si tú miras los congresistas por Lima encuentras que hay un número significativo de mujeres, pero hay doce regiones que no tienen ninguna congresista mujer. Loreto no la tiene desde el año 2000, y no es el único. Si uno le preguntara a la población femenina del interior del país tendría otra valoración sobre el tema de la alternancia de género.
A esta reforma le falta una mirada regional, sin duda; por eso es que no se pone a discusión qué vamos hacer con los movimientos regionales. Los partidos políticos que están representados en el Congreso no gobiernan las regiones. Las regiones están en manos de 20 movimientos regionales y, en la mayoría de casos, diferentes a los de hace 4 años. Estos no tienen, salvo de manera informal, representación en el Congreso.
Hay un círculo del cual no se logra salir. Los partidos abandonan la competencia regional, la política local, y esa es ocupada por organizaciones o movimientos de nivel local o regional; al mismo tiempo, en muchos casos, esos movimientos regionales reproducen los mismos vicios del partido político nacional.
¿Cuántos movimientos regionales han logrado trascender más allá de una gestión?, ¿cuántos han logrado ganar dos o tres veces un gobierno regional?, creo que uno o dos solamente. ¿Cuántos de ellos logran tener presencia más allá de una región?, ninguno.
Estos movimientos no tienen coordinación entre sí, y tampoco la buscan, se quedan aislados en su visión pequeña de territorio y no avanzan en los esfuerzos de integración regional.
Somos testigos de cómo los organismos electorales (ONPE, JNE y RENIEC) han ido ganando autonomía. Han superado problemas de coordinación; por lo general están abiertos a las opiniones de la sociedad civil y han desarrollado mucho profesionalismo, independencia y objetividad. Incluso han dejado de ser simplemente buenos organizadores de procesos electorales; ahora proponen normas que modifican la legislación electoral, realizan acciones de educación ciudadana y de debate.
ONPE puede asumir nuevos retos, como el de ir acercando la mesa de votación al centro poblado, a la comunidad nativa indígena más lejana del país; tiene el reto de avanzar en el voto electrónico, donde sea posible; eso es más complejo pero tienen la voluntad de hacerlo y hacia eso tenemos que avanzar.
Todo esto supone que el gobierno respete la autonomía que han adquirido los organismos electorales, que sigan coordinando entre sí, que mantengan la disposición a recibir opiniones desde la sociedad civil y que cuenten con el presupuesto necesario para seguir desarrollando sus actividades.
Hay que fortalecer los mecanismos de fiscalización, como el JNE, para vigilar y sancionar cuando los partidos incumplen normas sobre propaganda electoral, entrega de regalos (que está prohibido en campaña pero lo hacen), o el uso de las redes sociales. Ahí tenemos un déficit, debo decirlo, a nivel del Jurado Electoral.
El Jurado Electoral, responsable de fiscalizar la propaganda electoral, no ha incorporado una estrategia para vigilar la propaganda que se realiza a través del Twitter, Facebook y Youtube. Las redes sociales son cada vez más utilizadas para propaganda electoral, sobre todo en áreas urbanas. Eso genera un costo que debe ser reportado. Ahí también se deben respetar las normas de no agresión, de neutralidad; de cuándo se contrata publicidad y cuándo no se contrata, o de no utilizar expresiones homofóbicas, racistas, machistas o discriminatorias en general.
La veo más interesada, aunque no lo suficiente. Si algo de reforma se ha conseguido, y si los congresistas se han visto obligados a poner el tema en discusión, es porque hay una presión desde fuera del parlamento. Están los organismos electorales, TRANSPARENCIA, la Defensoría del Pueblo, alguna prensa importante nacional y regional (tradicional y digital), en los últimos tiempos también están grupos de universitarios.
Nosotros estamos permanentemente dando charlas, organizando congresos, conferencias en Lima y fuera de Lima, pero no ha sido suficiente. Quisiéramos que esto genere una reacción más fuerte en la población para exigirle al Congreso que avance con la reforma en mejor ritmo y dirección, para que no tome decisiones equivocadas o no abandone la responsabilidad de decidir.
La tarea de crear cultura ciudadana, cultura democrática, es de mediano y largo plazo, eso no se cambia con una ley. Pero vamos dando pasos.
[1] Las “cuotas electorales” son porcentajes que la ley impone a las listas de candidatos para asegurar la participación de representantes de sectores sociales generalmente excluidos de los procesos electorales. La Constitución Política y las leyes electorales establecen tres tipos de cuotas electorales: de género, de jóvenes y de comunidades nativas y pueblos originarios. La ley electoral obliga la inclusión mínima de 30% de ciudadanas mujeres. [N. del E.]
Gerado Távara Castillo
Secretario General de la Asociación Civil TRANSPARENCIA Perú.
