El debate público y la sensibilidad ciudadana están dominados hoy por el tema de la corrupción. Esta es discutida como un problema de perversiones personales y de desarreglos institucionales. Se reclama la acción enérgica de la justicia y se repudia los intentos de perpetuar la impunidad de parte de sectores políticos como el aprismo y el fujimorismo. Pero, más allá de la necesaria reacción sobre la marcha, es posible buscar en la corrupción de hoy una clave de lectura de la transición política que abrió el siglo XXI.
La transición política a la democracia del año 2000 fue posible por las evidencias de la megacorrupción del gobierno de Alberto Fujimori. No se trató, exactamente, de un descubrimiento, pues los latrocinios del régimen eran denunciados desde años atrás por la minúscula prensa independiente y la oposición política. Lo que marcó la diferencia y provocó la caída del régimen fue la difusión de las pruebas documentales grabadas por el propio Vladimiro Montesinos.
Se puede decir, entonces, que existió desde el inicio una asociación estrecha entre transición, democratización y moralización de la política. El tránsito a la democracia no era entendido solamente como la restauración de la legalidad pisoteada por Fujimori y Montesinos; significaba, también, hacer las cuentas con las violaciones de derechos humanos de las dos décadas previas y desmontar la maquinaria de desfalco del tesoro público armada durante la década anterior.
Desde este punto de vista, la prominencia de la corrupción en nuestra política actual -una gravitación que ya ha causado la caída de un presidente y el suicidio de un expresidente, además de muchas turbulencias en el día a día de la política- nos habla, también, del relativo fracaso de aquella transición. Pero ¿de qué modo nos habla? ¿Es la corrupción actual un síntoma de ese fracaso, una realidad que contribuye a explicarlo?, ¿o, a la inversa, es la descomposición política lo que permite explicar la persistencia y la vastedad de la corrupción? En realidad, estamos ante un camino de ida y vuelta. La dimisión de la política y la inmoralidad en la política son realidades que se alimentan mutuamente. Para percibirlo con alguna claridad serviría considerar el problema en tres estratos distintos. Uno de ellos es de los gobiernos y las autoridades específicas que han ocupado el escenario político desde la transición. En el segundo se encuentra el sistema político que produce a esas autoridades. El tercer estrato está ocupado por el sistema económico y la concepción de Estado heredada, y no reformada, desde el autoritarismo de la década de 1990. Los tres, en conjunto, nos hablan de un mismo problema: la renuncia a la política en la conducción de los asuntos públicos.
Durante el gobierno de transición que presidió Valentín Paniagua se puso en marcha un vigoroso sistema de lucha contra la corrupción. Como nunca antes, el país veía a personajes poderosos, tanto civiles como militares, sometidos a proceso judicial y sentenciados. Se generaba así, al mismo tiempo, un clima cívico de intolerancia a la corrupción y, quizá, la ilusión de que la política peruana podía quedar vacunada contra ella, al menos en cuanto empresa de gran escala.
Tratándose de un gobierno de solo ocho meses de duración, sin embargo, no era viable que se ocupara del problema de manera integral. Hay que entender que cuando se habla de lucha contra la corrupción se enfrenta un problema de al menos dos dimensiones. Una es la persecución penal de los presuntos delincuentes. La otra es el desmontaje del sistema que permite la corrupción. Esto último no se refiere al tejido mafioso sino a la estructura económica, administrativa y legal que lo hace viable. El gobierno de transición pudo, a lo sumo, impulsar el trabajo en la primera dimensión. Correspondía a los gobiernos siguientes mantener ese impulso y abordar el otro aspecto del problema.
Los siguientes presidentes no atendieron ninguno de los dos aspectos del problema. Si el sistema de investigación de casos de corrupción languideció durante el gobierno de Alejandro Toledo, quedó de hecho desactivado durante el de Alan García. El de Ollanta Humala heredó ya esa inercia y no hizo nada significativo por revertirla. Los tres, por otro lado, rehusaron hacer las reformas del aparato que, en principio, había hecho posible la corrupción, más allá de las intenciones criminales de individuos concretos.
Hoy se sabe, para redondear la situación, que no solo desmontaron el esfuerzo anticorrupción, sino que ellos mismos, así como el último presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, tomaron la iniciativa para ser los nuevos emprendedores de la corrupción.
Esta perversa coherencia –cuatro presidentes: cuatro investigados por corrupción— obliga a pensar más allá de las personas concretas, aunque eso no mitigue en nada las responsabilidades individuales. ¿De dónde surge esa clase de gobernantes y representantes en este nuevo periodo?
Un persistente término común dice que “todo país tiene el presidente que se merece”. Es una frase tan repetida como equivocada. Ella supone que los electores tienen un amplio control sobre la elección cuando, en realidad, los electores solo pueden escoger entre aquellas candidaturas que el sistema político produce.
Y lo cierto es que el sistema político –sistema de partidos y sistema electoral- determina en buena medida el éxito de esa clase de liderazgos. La política peruana está corrompida desde la oferta. La ausencia de partidos ha dejado el campo libre a la política de oportunistas. La obligatoriedad del voto –más allá de sus bondades desde el punto de vista de la democratización del sufragio— concede a los oportunistas una suerte de “mercado cautivo”: puesto que la asistencia a votar está asegurada, no hay necesidad de esforzarse en elaborar propuestas significativas que estimulen la participación ni es preciso asumir compromisos claros. Y ya que el candidato no tiene un partido al que deba responder, sino que es un caudillo o el dueño de una inscripción, tampoco tiene un programa ni necesariamente un interés en los asuntos públicos. Por último, en una escena política tan precaria, donde no hay partidos que aspiren a mantenerse en el poder después de un periodo, se refuerza la idea de acumular riqueza mientras se pueda, es decir, mientras se tenga control del poder y de ese bien transable que, a ojos del corrupto, son las decisiones de Estado.
En ese contexto, es relativamente explicable que ninguno de los gobiernos que se han sucedido durante este siglo haya buscado modificar las reglas de juego económicas bajo las cuales es posible la corrupción desde el vértice del poder. Sin partidos ni presidentes con genuino interés en los asuntos públicos, es comprensible que ninguno haya planteado reformas en ningún sentido significativo. Al compartir todos, por ignorancia o por convicción ideológica, un menosprecio por la política y lo público, se ha arraigado la idea de que toda regulación estatal a la acción empresarial pone en riesgo la estabilidad económica. Al proclamar todos que lo privado es incuestionablemente superior a lo público, han estado siempre dispuestos a poner al Estado y sus decisiones al servicio de intereses particulares. Y dentro de esa misma lógica se ha producido la captura del Estado que desde hace algunos años describe el sociólogo Francisco Durand. El modelo de realización de obras públicas mediante una alianza entre el Estado y empresas privadas (Alianzas Público-Privadas, APP), que ha dado lugar a tantos negociados, es uno de los emblemas de esa mentalidad y resulta elocuente que, al mismo tiempo que se ofrece una guerra sin cuartel contra la corrupción, no se diga nada sobre cómo reformarlo.
En resumen, la crisis de corrupción puede ser una pauta sombría, pero efectiva, para leer el último intento de consolidación democrática del país. Es cierto que, desde un punto de vista escuetamente institucional, la democracia restaurada en el año 2000 no ha caído. Sigue en pie, pero da tumbos. La expresión mínimamente aceptable de esa democracia consiste en permitir la formación y sucesión de gobiernos legítimos. Tres expresidentes bajo investigación por actos de corrupción y uno suicidado ante las evidencias en su contra nos dicen que, si bien sus mandatos fueron legales, ya es hora de preguntarse si fueron verdaderamente legítimos. O, dicho de otro modo, nos obligan a auscultar los signos vitales de la democracia recuperada con ilusión en el año 2000.
Invierno 2019
Félix Reátegui Carrillo
Sociólogo. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP)
