México es un país complejo, diverso y con retos, añejos y recientes. Por ello, no extraña que algunos de los aspectos más relevantes de la situación del país sean temas arrastrados de años y décadas anteriores. A continuación, abordamos algunos de los aspectos de la coyuntura mexicana actual.
El 6 de junio pasado, México tuvo la elección más ambiciosa de su historia al elegir popularmente 20,415 cargos, incluidos diputados federales y locales, 15 gubernaturas y presidencias municipales[1].
Con 671 personas candidatas independientes, y un proceso cuidado para que la pandemia no fuera un impedimento, se superó el 52% en la participación ciudadana, comportamiento inusual en elecciones de medio término. Si bien existen decenas de impugnaciones pendientes, estas son mínimas y los mismos participantes en la contienda han aceptado, en lo global, los resultados.
El proceso electoral mostró varias de las problemáticas a las que el país se ha enfrentado en fechas recientes, entre las que se encuentran la violencia política (incluida la de género), el descrédito de los partidos políticos y sus candidatos y candidatas, así como los ataques hacia el árbitro de la contienda.
a. La violencia político-electoralEl reciente proceso electoral ha sido calificado como el más violento en la historia de México y ameritó el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a prevenir y sancionar estos hechos. El saldo fue de 1,066 agresiones (incluidos 102 homicidios, 36 contra personas candidatas), 48 intentos de asesinatos, 339 amenazas, 89 ataques contra colaboradores, 71 daños a la propiedad y 65 robos, entre otros.
Desde hace años, las elecciones en México se han visto ensombrecidas por la violencia hacia candidatos y candidatas, especialmente de los cargos más cercanos como las municipalidades. Empero, en cada proceso electoral la violencia crece tanto en el número de víctimas como en la audacia e impunidad de sus victimarios.
El reciente proceso electoral ha sido calificado como el más violento en la historia de México y ameritó el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a prevenir y sancionar estos hechos. El saldo fue de 1,066 agresiones (incluidos 102 homicidios, 36 contra personas candidatas), 48 intentos de asesinatos, 339 amenazas, 89 ataques contra colaboradores, 71 daños a la propiedad y 65 robos, entre otros[2].
El 56% del total de las agresiones se produjo en lugares públicos, incluyendo la vía pública y los domicilios de las víctimas[3]. Los ataques provinieron de sujetos desconocidos, civiles armados, militantes de partidos políticos, extorsionadores, grupos de choque e integrantes de la delincuencia organizada[4].
Aún, el día de la elección se reportaron diversos incidentes que obligaron a la suspensión de la elección, del escrutinio y/o cómputo en más del 50% (17 de las 32) de entidades del país[5].
Finalmente, tratándose de la violencia política contra las mujeres en razón de género (figura incorporada a la legislación electoral en abril de 2020), el Instituto Nacional Electoral (INE) informó sobre la sanción de 56 personas durante este proceso[6].
b. El descrédito de partidos políticos y de personas candidatas
Las críticas sobre la nula credibilidad en los partidos políticos y una notoria polarización social caracterizaron el proceso electoral, evidenciando la división que mantiene a la población mexicana entre quienes están a favor y en contra del presidente Manuel López Obrador.
La renuencia de los partidos de garantizar una efectiva paridad de género en sus candidaturas (relegando, por ejemplo, a las candidatas a puestos menos atractivos) y la postulación de candidatos con acusaciones graves de violación o trata, evidenciaron las persistentes brechas de género en el país.
Fueron una constante la falta de transparencia y desesperación de los partidos políticos, y el refrito de candidatos y candidatas que fueron reutilizados para la contienda o cambiaron a otras fuerzas políticas. El proceso electoral mostró la lejanía que había entre las personas candidatas y el electorado al hacer propuestas poco novedosas, sin sustento o simples ocurrencias que no respondían a las realidades y necesidades de las personas.
c. Los ataques al árbitro de la contienda
En México, el diseño y construcción de órganos autónomos en diferentes materias (incluida la electoral) ha sido un logro. En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), en 1996 se constitucionalizó su autonomía y en 2014 se suprimió al IFE para crear al INE, que concentraría el proceso electoral con el fin de homologar criterios y prácticas.
El INE ha recibido críticas por el sesgo en algunas decisiones y el salario que reciben sus 11 consejeros/as electorales, a lo que se añade el desmedido presupuesto asignado por ley a los partidos políticos, el alto costo de las elecciones, la calidad y cantidad de partidos políticos que han encontrado una cómoda y fácil forma de vida.
Quienes presentan argumentos a favor del INE rescatan la complejidad, seriedad, periodicidad y certeza en los procesos electorales, así como la autonomía institucional y presupuestaria del órgano.
En esta elección, existió una fuerte tensión entre el INE y el presidente de la República, quien -al igual que otros gobernantes- aprovechó sus conferencias de prensa para hablar de los logros de su gobierno e incriminar a candidatos y políticos de otros partidos políticos en delitos.
Ello, sumada a la inconformidad presidencial por no haber aprovechado las elecciones para realizar una consulta popular promovida por el mismo ejecutivo federal como parte de una promesa de campaña y la actual crisis en que se encuentra la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por fuertes pugnas y destituciones internas, ha significado que el presidente y legisladores de Morena hayan iniciado una campaña de desprestigio contra el INE, anunciando una reforma que implicaría despojarle de su autonomía.
El panorama electoral se concatena con un contexto más amplio compuesto, al menos, de siete factores.
El primero es el colapso del sistema de salud. Desde que se anunció en 2020 la sustitución del seguro popular por el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no ha habido condiciones, presupuesto ni coordinaciones necesarias para su implementación. Además, la decisión de suspender inmediatamente la compra de medicamentos con la justificación de que ello propiciaba la corrupción con farmacéuticas, ha deteriorado la salud de miles de personas con cáncer, problemas renales, diabetes y otras enfermedades.
La actuación ante la pandemia del COVID-19 ha sido severamente criticada al no contarse con estrategias claras y coordinadas entre la federación y las 32 entidades (que han usado indicadores distintos para la toma de decisiones), lo cual ha significado que México (que ha sido acusado de un subregistro en las cifras) sea de los países con mayor número de decesos a nivel mundial, junto con Estados Unidos, Brasil y la India. Esta situación ha contribuido a la desaceleración de la economía y al aumento de la pobreza, en un gobierno que mantiene una visión asistencialista en sus programas sociales.
El segundo elemento son los contrapesos y el equilibrio de poderes. En los dos últimos años, algunas instituciones autónomas (como las de derechos humanos, acceso a la información o energía) han sido socavadas con intentos de reformas legales, con la complicidad del Poder Legislativo. Grandes iniciativas de reformas poco claras (como la energética) o ambiciosos megaproyectos públicos han sido frenados por una cantidad mínima de jueces federales.
A ello se suma una reforma regresiva a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que pondría en peligro la autonomía de los fiscales, posibilitaría la concentración de facultades en el fiscal general, dificultaría la rendición de cuentas y desatendería una serie de obligaciones relacionadas con la atención a víctimas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y la búsqueda de personas desaparecidas.
En este año se dio una ambiciosa reforma al Poder Judicial de la Federación que busca modernizar y hacer más accesible la justicia, evitar el nepotismo y la corrupción y contar con una defensoría pública más eficiente. No obstante, la atención se ha centrado en la controversial propuesta para extender el período del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación junto con reformas a la carrera judicial que pondrían en riesgo la independencia judicial.
El tercer elemento es la intolerancia a la crítica. Este gobierno ha centrado su estrategia en la comunicación en conferencias de prensa diarias donde el presidente y las personas de su gabinete informan y contestan a preguntas de los diferentes medios de comunicación.
Este espacio buscaba lograr mayor cercanía e inmediatez en la información presentada por el Ejecutivo federal y los medios de comunicación. No obstante, ha sido utilizado para difundir información falsa (fake news), atacar a “adversarios”, “conservadores”, “neoliberales” o “desestabilizadores”, términos que incluyen indistintamente a políticos, empresarios, diplomáticos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas. Más preocupante aún: el 30 de junio el presidente López Obrador añadió una sección semanal titulada “Quién es quién en las mentiras” iniciada como justificación para usar su derecho de réplica, lo cual ha generado interminables reacciones que denuncian los ataques a la prensa y la violación a la libertad de expresión.
El cuarto factor es la persistente violencia y el rol de las fuerzas armadas. Ha sido ampliamente documentado que, a partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) aumentaron estrepitosamente los delitos y la violencia. Desde entonces, y salvo excepciones, la tendencia ha ido como se muestra en la siguiente tabla (Anexo 1).
A lo anterior se suman las agresiones a personas defensoras de derechos humanos (PDDH) y periodistas. De acuerdo con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, durante 2019 se admitió a 97 PDDH y a 87 periodistas; en 2020 fueron 60 y 67 ingresos, respectivamente. De enero a abril de 2021, se había admitido a 34 PDDH y 30 periodistas. A esa fecha, el total de personas beneficiarias era de 1,455 y los principales agresores eran funcionarios públicos[7], ante un mecanismo incapaz y precario para garantizar la protección que necesitan.
Según registro de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en 2020 fueron asesinados siete periodistas; en 2021 se han registrado cinco asesinatos y dos desaparecidos. En 2020 documentó al menos siete asesinatos de PDDH y en lo que va de 2021 ha registrado ocho[8].
Ante este continuum de violencia, especialmente en las tres últimas administraciones, se ha confiado infructuosamente en las Fuerzas Armadas para realizar las labores de seguridad pública y pacificar al país. En la actual administración se ha fortalecido de manera desproporcionada el liderazgo y protagonismo militar al legalizar la Guardia Nacional (que, si bien inicialmente se mencionó que su mando sería civil y su intervención en labores de seguridad sería extraordinaria, en la actualidad no es así), darle facultades no sólo de prevención sino de investigación, asignarle cuantiosos proyectos de infraestructura pública, dotarle de importantes recursos, facultarle a realizar labores migratorias y darle el control de los puertos a la Marina, entre otros. La militarización, lejos de reducirla, sigue incidiendo en la continuidad de la violencia[9].
Según registro de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en 2020 fueron asesinados siete periodistas; en 2021 se han registrado cinco asesinatos y dos desaparecidos. En 2020 documentó al menos siete asesinatos de PDDH y en lo que va de 2021 ha registrado ocho.
El quinto aspecto es un desinterés por los derechos humanos. Si bien existen funcionarios federales comprometidos, y salvo lo relacionado con la justa atención en las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la llamada “Guerra Sucia” y en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, es palpable la desatención en el tema al no adoptar medidas serias ante las reiteradas protestas por el incremento de las violencias de género (ante fuertísimas e históricas manifestaciones), el aumento de las desapariciones, las constantes violaciones de derechos humanos a las personas en contextos de movilidad humana (especialmente migrantes, solicitantes de asilo y personas desplazadas), indígenas, personas con discapacidad y niños, niñas y adolescentes, el despojo de territorios, la contaminación ambiental y del agua, entre otros.
A lo anterior se añade la disminución de presupuesto a instituciones vinculadas con estos temas, la ausencia en el nombramiento de titulares de algunas instituciones y el incumplimiento de decisiones internacionales que podrían lograr importantes transformaciones en el país.
Un sexto elemento es el tímido avance en el combate a la corrupción y la impunidad (que alcanzó el 92.4% según el World Justice Proyect), así como la ineficacia del Sistema Nacional Anticorrupción creado como una apuesta decisiva en la prevención, sanción y erradicación de este mal que ha posicionado al país en el último lugar de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al encontrarse en el lugar 124 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)[10].
El último aspecto es el viraje en parte de la política exterior, liderada por el canciller Marcelo Ebrard, puesto que el presidente López Obrador privilegia la política interna del país. México, país que tiene una importante presencia y credibilidad internacional, ha apelado a la “doctrina Estrada” para mantener una preocupante neutralidad ante la mayoría de los quebrantos a la democracia o infracciones al derecho internacional.
Breve conclusión
México ha vivido por décadas diferentes problemáticas, algunas de las cuales se comparten con otros países de América Latina. Lamentablemente, las soluciones no han estado a la altura de los retos. Ante un marcado protagonismo del Ejecutivo federal que minimiza a otros poderes (incluidos los gobiernos de las 32 entidades), las políticas públicas, populistas y ocurrentes, siguen incrementando la polarización social, la pobreza, la violencia, la intolerancia, la corrupción, la impunidad y la precariedad.
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[1] INE. Elecciones 2021: Numeralia 2020-2021, pp. 15 y 117. Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118602/numeralia-final05082021.pdf?sequence=3&isAllowed=y.
[2] Etellekt Consultores. Séptimo informe de violencia política en México. Proceso electoral 2020-2021. 21 de junio de 2021. Gráfico 1, pág. 13. Disponible en: https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-J21-etellekt.html.
[3] Ídem. Gráfico 6, pág. 17.
[4] Ídem. Gráfico 9, pág. 18.
[5] INE. Elecciones 2021: Numeralia 2020-2021. Op. Cit., pp. 110-111.
[6] Ídem., pág. 8.
[7] Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Informes Estadísticos Mensuales. Disponible en: https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/documentos/informe-estadistico-enero-2020?idiom=es.
[8] ONU-DH. La ONU-DH condena los asesinatos de los periodistas Ricardo López Domínguez y Abraham Mendoza Mendoza. Comunicado de 27 de julio de 2021. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/la-onu-dh-condena-los-asesinatos-de-los-periodistas-ricardo-lopez-dominguez-y-abraham-mendoza-mendoza/ y ONU-DH. ONU-DH condena el asesinato de Aranza Ramos en Sonora. Comunicado de 19 de julio de 2021. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/la-onu-dh-condena-los-asesinatos-de-los-periodistas-ricardo-lopez-dominguez-y-abraham-mendoza-mendoza/; y ONU-DH México condena el asesinato de la defensora Mireya Rodríguez Lemus en Chihuahua. Comunicado de 10 de septiembre de 2020. Disponible en: https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-mexico-condena-el-asesinato-de-la-defensora-mireya-rodriguez-lemus-en-chihuahua/.
[9] Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Poder militar: la Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense. México. 2021. Disponible en: https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2021/06/Informe_Poder_Militar.pdf.
[10] Animal Político. México mejora calificación en índice de corrupción pero sigue como el peor de la OCDE. Nota de 28 de enero de 2021. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2021/01/mexico-mejora-indice-corrupcion-peor-ocde/.
Primavera 2021
María Alejandra Nuño Ruiz Velasco
ITESO - Universidad Jesuita de Guadalajara
