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Edición Nº 17

«El Estado debe ponerse de parte de los más debiles»
26 de septiembre, 2011

Entrevista a Mons. Pedro Barreto, SJ

Por Diana Tantaleán
Apostolado Social

Mons. Pedro Barreto Jimeno SJ, es actualmente Arzobispo de Huancayo, presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social en el Perú y recientemente nombrado Presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Su preocupación por los problemas sociales en el país lo han llevado a recibir la distinción del Congreso de la Republica por su labor en defensa de la vida y del cuidado del medio ambiente en la Región Junín.

En las siguientes líneas nos transmite su pensar sobre la problemática social y medioambiental.

¿Cómo está trabajando la Iglesia el tema de justicia social?

La Iglesia católica en América Latina, desde el CELAM, hace varias décadas viene trabajando este tema. A partir del Documento de Medellín (realizado en 1968), después en Puebla, Santo Domingo, y especialmente en Aparecida, la Iglesia quiere ser mucho más enfática en su presencia en estos ambientes donde la vida es amenazada, donde hay un deterioro de la creación de Dios; y en ese sentido, desde el Departamento de Justicia y Solidaridad, estamos muy claros en que más que hacer actividades tenemos que insistir en procesos de diálogo con los empresarios, con los políticos, con la sociedad civil y con los agentes de pastoral, para hacer una sinergia entre todos y ver cómo se pueden explotar los recurso naturales, que Dios ha dado para todos y no para unos cuantos, de una forma no solamente racional sino especialmente con auténtica responsabilidad social y solidaria.

En junio pasado, en Lima, el Departamento de Justicia y Solidaridad realizó un evento sobre industrias extractivas e hidrocarburos y la misión de la Iglesia, con representantes de 17 países de Latinoamérica; de aquí hemos obtenido un documento que deseamos sea base para el diálogo con los empresarios, los técnicos, los políticos, la sociedad civil y los agentes de pastoral de la Iglesia en América Latina, y así avanzar en este diálogo urgente que debemos tener; y lo hacemos desde la Doctrina Social de la Iglesia y del Documento de Aparecida.

Este documento fue enviado a algunos técnicos de la ONU y de la OIT, los que han visto con muy buenos ojos este trabajo y que por primera vez la Iglesia católica ofrece un documento capaz de ser base para un diálogo transparente con todos los actores sociales.

¿Piensa que hay apertura o interés por parte de las mineras en esto?

Creo que los empresarios se están dando cuenta que la Iglesia es interlocutora y mediadora ante los conflictos sociales; lamentablemente hasta ahora, por la falta de diálogo y comprensión, ha sido llamada para apagar incendios, y nuestra misión es más bien iluminar los acontecimientos sociales desde el Evangelio, en diálogo con todos los actores sociales. Esto es muy importante porque los empresarios se están dando cuenta (en el Perú y en el contexto latinoamericano) que la explotación de los recursos naturales, como la minería, está causando serios conflictos, enfrentamientos, derramamiento de sangre y muertes. Se están dando cuenta que las puertas se les cierran si no hay un auténtico diálogo. Ahí la Iglesia tiene una posibilidad, y un referente en su Doctrina Social, de poder articular ese diálogo transparente y sincero, donde se busque el bien de todos, el bien de la persona, con una explotación racional de los recursos.

¿Qué percepción tiene de la política social que ha trabajado este Gobierno?

La he visto con un énfasis de reforzar el sistema neoliberal imperante. Para mi el Gobierno que culmina con el Presidente García lo único que ha hecho es enfatizar una opción economicista, buscando los éxitos macroeconómicos, pero sin inclusión social, sin participación de las grandes mayorías; es verdad que estadísticamente se puede decir que ha bajado el porcentaje de la pobreza extrema, pero las estadísticas no tienen nombre. Si uno va a una o dos horas de Huancayo ve a los campesinos abandonados, cosechas que no pueden extraerse porque no es competitivo (según indican ellos mismos) porque tienen que traer movilidad y los precios no son los más adecuados.

Por otro lado, tenemos también la inversión extranjera y nacional (industrias extractivas y de hidrocarburos). El Gobierno ha dado unas facilidades tremendas a estas empresas a costa de la población que vive ancestralmente en lugares muy remotos, porque la minería normalmente no se hace en las grandes ciudades; por eso las grandes urbes como Lima no se dan cuenta del estrago que causa una empresa minera cuando tiene el derecho de concesión, posesionándose a veces de manera altanera, sin importarle en absoluto la dignidad de las personas.

Ahora los empresarios se están percatando que, o cambian de actitud o no tienen lugar en el Perú, porque la población se está dando cuenta cuándo verdaderamente les hablan con sinceridad o cuándo con engaños.

¿Tiene una visión de la política social a nivel latinoamericano?

Los problemas a nivel de Latinoamérica y el Caribe son más o menos comunes, hay diversidades comprensibles, pero los problemas son muy claros. Una de las vertientes fundamentales es la pobreza, sobretodo la pobreza extrema; otra es la corrupción generalizada en todo nivel, incluyendo el Perú; lo tercero es la avidez de los grandes inversionistas y las empresas por los recursos y las materias primas que tiene América Latina; el Perú por ejemplo está explotando el 5% de sus recursos naturales y con esa cantidad tenemos, según la Defensoría del Pueblo, más del 50% de conflictos socioambientales. La Iglesia tiene la responsabilidad de dialogar con los empresarios, y algunos de ellos están dispuestos a conversar con los técnicos, con los políticos y con la sociedad civil para evitar los conflictos sociales, que cada vez serán más grandes.

¿Cree que estos conflictos siempre están relacionados con las industrias extractivas?

Hasta hace unos 4 ó 5 años se escuchaba entre los obispos peruanos: “los que tengan problemas con minería reúnanse”, y éramos unos cuatro o cinco; pero ahora no se puede decir eso, porque todo el Perú está concesionado. Tenemos el problema de Puno, que ha sido muy doloroso y que todavía está abierto; el problema de Tía María; el de La Oroya; el de Tambo Grande; el de Cajamarca, en fin. El problema de la minería es un problema de hoy, y los próximos años será muy urgente poder prevenir los conflictos sociales y tener un uso racional de los recursos.

Hay que reconocer también que en la sociedad civil hay manifestaciones violentistas que ciertamente denigran una sociedad civilizada. Hay grupos violentistas que quieren utilizar estos espacios para sacar provecho, violencia y, sobretodo, destrucción; en esto la Iglesia tiene que estar muy alerta.

¿Conoce experiencias de industrias extractivas que respeten el tema medioambiental y social?

Me consta que hay empresas que están haciendo un esfuerzo muy grande para tener una nueva imagen en el Perú, la dificultad es que la gente no cree en esa responsabilidad social; el problema de fondo es ético y de credibilidad. Ético en el sentido de querer buscar el bien común, que las empresas se den cuenta que deben coadyuvar al bien de todos, no solo su propio bien; y por otro lado también es credibilidad: es bien difícil que la gente crea en la autenticidad de las motivaciones de responsabilidad social. Por ejemplo: la población, cuando ve que la Iglesia dialoga con los funcionarios, cree que se está vendiendo a las empresas. ¿Cómo recuperar la credibilidad?, calculo que debe pasar mucho tiempo y que la Iglesia debe estar abierta a todos los actores, con una actitud muy clara de defensa de la vida, del cuidado de la persona humana, del cuidado de la creación.

¿Qué rol cree que debe tener la sociedad civil y el Estado?

La sociedad civil no solo debe cumplir un rol de vigilancia social, sino también ser un actor fundamental en la acción empresarial y social; una sociedad que no esté organizada, que no tenga la posibilidad de un diálogo con altura, con el apoyo de técnicos, incluso de la misma Iglesia, es una sociedad que va camino a la destrucción. El proceso tecnológico que estamos viviendo exige un diálogo en el que la población no está preparada. La sociedad necesita una participación activa, porque son ellos, en última instancia, los que van a sufrir o van a gozar lo bueno y lo malo de estas actividades.

A nivel de los políticos se debe insistir en que se den leyes que asuman los estándares ambientales internacionales, pues el Perú todavía está muy lejos de ello. Hay empresas mineras, irresponsables, que en su país de origen no contaminan y lo hacen aquí. El Perú no puede ser un país de segunda o tercera clase, en ese sentido los políticos tienen una importancia y la Iglesia quiere trabajar con ellos. Por otro lado, debemos decirles a los empresarios que en tan poco tiempo no pueden ganar tanto como lo han estado haciendo; los precios de los metales están muy fuertes. Debemos convencerlos que la mejor inversión que pueden hacer es la social. Lógicamente tienen que ganar, pero con responsabilidad y solidaridad.

Aparte de implementar las leyes necesarias ¿Qué otra cosa cree que el Estado debiera trabajar?

El Estado debe ponerse de parte de los más débiles y cumplir lo que dice la Constitución, que “el fin supremo del Estado es la persona humana”; y todas las personas, no un grupo, sino todas. Por lo tanto, si el Perú es mayoritariamente campesino y trabaja la agricultura, tiene que ponerse de parte de ellos. ¿Cómo asegurar que la agricultura y la explotación minera puedan darse en condiciones de equidad y desarrollo?; porque la minería no da trabajo a la gran mayoría, y la gran mayoría trabaja en el campo. No veo otra salida que privilegiar, dignificar a los campesinos, para que ellos sean verdaderamente actores de su propio destino y no sean mendigos. Un desarrollo que no beneficia a todos no es desarrollo, y no podemos hablar de que el Perú está macroeconómicamente bien cuando hay hermanos y hermanas peruanos que no viven conforme a eso que se afirma.

¿Qué desafíos le ve a este nuevo Gobierno que inicia?

Hay dos aspectos que el presidente Ollanta ha dicho y espero que cumpla, o que le ayudemos a cumplir, él ha hablado de una economía con inclusión social: la Iglesia tiene mucho que aportar desde su Doctrina Social, porque como dice Paulo VI en la Populorum Progressio, y también el mismo beato Juan Pablo II en la Centesimus Annus y Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, si el desarrollo no es de todos, no es un auténtico desarrollo; un desarrollo que privilegia a un grupo no es el desarrollo que propugna la Iglesia, y por tanto, cuando se habla de una economía con inclusión social, hay que darle el espíritu a esta propuesta que ciertamente tenemos que apoyar, pero apoyar críticamente, no como si fuéramos parte del Gobierno.

Lo otro que ha dicho el presidente Ollanta es que acepta la minería, pero con auténtica responsabilidad social, yo creo que aquí, y en América Latina, tenemos esta urgente necesidad. Las materias primas están fundamentalmente en América Latina, y los países súper desarrollados nos miran por ello; es el caso de China, que ya tiene inversión fabulosa aquí en Huancayo, en Morococha. Este es un aspecto en el que debemos apoyar al nuevo gobierno, e iluminar también esta propuesta, porque queremos una minería con auténtica responsabilidad social, que privilegie la persona y también el cuidado del medio ambiente.

¿Qué apoyo espera usted de la Compañía de Jesús en esta nueva responsabilidad que asume?

Pues ya lo tengo. Este nuevo cargo es un servicio que se me pide y lo hago desde mi ser jesuita, yo soy Arzobispo, pero mi base es jesuita y mi lema es EN TODO AMAR y SERVIR, y en este campo creo que Dios me ha dado la vida. Yo estuve muy delicado hace un año, y si Dios ha querido darme esta oportunidad es porque Él quiere que pueda servir desde mi ser jesuita y desde mi ser Arzobispo.

Yo he contado, desde el primer momento de esta nominación, con el apoyo del P. Miguel Cruzado sj y de la Compañía en general, hay toda una apuesta en el más alto nivel. He hablado también con el P. Ernesto Cavassa sj, presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina (CPAL), y me ha puesto en comunicación también con el P. Alfredo Ferro sj (Coordinador del Apostolado Social de la CPAL), para que juntamente con el P. Pedro Hughes (Secretario ejecutivo del Departamento de Justicia y Solidaridad) podamos ir implementando este tipo de trabajo con la experiencia que la Compañía tiene, no solamente en América Latina sino en el mundo, en derechos humanos, ecología, desarrollo humano integral, etc.

También debo indicar que a nivel de Iglesia estoy recibiendo un respaldo muy grande que me hace muy llevadero el trabajo. Uno va descubriendo la fuerza y vitalidad de la Iglesia católica en América Latina; lo único que nos falta es articular, para no perder la fuerza que tiene el Evangelio y Doctrina Social, especialmente la propuesta de Aparecida. En ese sentido estoy muy feliz y mientras el Señor me de vida voy a hacerlo lo mejor posible, practicando mi lema: “En todo amar y servir”.

Publicado en setiembre 2011


Mons. Pedro Barreto Jimeno, SJ

Arzobispo Metropolitano de Huancayo (Junín). Presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social en Perú. Presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)

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