Las provincias de Quispicanchi, La Convención, Chumbivilcas y Cusco constituyen las zonas que concentran el mas alto índice de trata de personas en el departamento surandino de Cusco.
La trata de personas consiste en el comercio ilegal de estas con el propósito de explotación laboral y/o sexual, así como la venta de niños y el tráfico de órganos y tejido humano; y tiene como componentes en su ejecución la captación, traslado y explotación mediante el engaño.
Los mecanismos de captación más comunes en la zona son las llamadas “agencias de empleo” y el “padrinazgo”. El Dr. Silvio Campana, representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, manifiesta su preocupación por la práctica ancestral del "padrinazgo" la cual muchas veces encubre condiciones de explotación laboral. En esta modalidad una persona se gana la confianza de una familia humilde para que le entreguen a uno de sus hijos con la “finalidad” de brindarle estudios en la capital, sin embargo esto se convierte en explotación laboral y privación de la libertad de los menores.
Por otro lado, el departamento de Madre de Dios es el principal punto de destino de víctimas (en su mayoría mujeres adolescentes) que son captadas en Quispicanchi con fines de explotación laboral y sexual, debido a la actividad minera aurífera informal. Estas jóvenes son atraídas por medio de anuncios y ofertas de trabajo muy bien remunerados para realizar los oficios de meseras y ayudantes de cocina en restaurantes y bares.
Las adolescentes entre 12 y 17 años se encuentran entre la población más vulnerable a la trata de personas en Quispicanchi, por su desconocimiento del tema.
Las ferias dominicales de Urcos y Ocongate también son lugares donde las mafias, lideradas principalmente por mujeres, captan a menores de edad (en su mayoría adolescentes) para ser trasladadas sin autorización de sus padres. Estas adolescentes, en su mayoría provenientes de comunidades campesinas, son victimas de violencia familiar en sus hogares y presumiblemente también han sufrido violencia sexual.
El proyecto “Prevención de la Trata para la Explotación Sexual, Comercial y Protección de Niñas y Adolescentes en Zonas Andinas y Amazónicas de Perú” que se ejecuta en Urcos, capital de la provincia de Quispicanchi (Cusco), ha podido determinar que el 99% de los escolares entre 12 y 17 años de edad no ha escuchado sobre este delito y no tiene conocimiento ni ha escuchado hablar sobre la trata de personas (mas conocida como “La esclavitud del siglo XXI”). Es más, cerca del 95% de los padres de familia y tutores no tienen conocimiento sobre el tema y el 95% de la población en general desconoce este delito; esto explica la no existencia de denuncias en las comisarias o fiscalías de la provincia.
Desde Urcos, por su ubicación de ciudad puerto, las adolescentes victimas de trata son conducidas hacia Madre de Dios, Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno y probablemente sean captadas para que su destino final sea Chile o Bolivia.
Se hace indispensable advertir a la ciudadanía sobre las diferentes formas en que operan estas mafias, mas aún sabiendo que solo 3 de cada 10 peruanos han escuchado hablar sobre esta amenaza. En la zona de Urcos, gracias a la intervención del proyecto, se ha logrado sensibilizar a operadores de justicia, policía nacional, autoridades comunales, escolares de nivel secundario, defensores comunales, padres de familia y gremios organizados, y gracias a la colaboración de los medios de comunicación, también a la población en general mediante la difusión de un spot en castellano y quechua.
Desde el 16 de enero de 2007 el Perú cuenta con la Ley N° 28950- “Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”; la cual dispone una sanción de hasta 35 años de cárcel a las personas vinculadas con la venta de niños, explotación sexual y laboral, mendicidad y el tráfico de órganos. Asimismo, esta ley dispone medidas de asistencia y protección a las victimas de este delito, y aunque ya cuenta con cinco años de vigencia, falta mucho por hacer.
Urge que las autoridades tomen conciencia del problema que aqueja a gran número de victimas y que la sociedad civil esté unida en contrarrestar este delito que, luego del narcotráfico y la venta ilegal de armas, es considerado como uno de los más graves del mundo. Esta lacra social involucra directamente a más de 12 millones de personas, las que son obligadas a trabajos forzados, dejando a las organizaciones delictivas ganancias superiores a los 17 mil millones de nuevos soles.
Publicado en setiembre 2011
Natalia Gibaja
Abogada. Proyecto Prevención de la Trata para la Explotación Sexual, Comercial y Protección de Niñas y Adolescentes en Zonas Andinas y Amazónicas de Perú.
