Objetivo de Desarrollo Sustentable Hambre Cero y Hambre en el Mundo.
En la Cumbre del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de setiembre del año 2015 se aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Con ellos se buscar dar continuidad y profundizar en las Metas del Milenio.
La ODS 2 denominada Hambre Cero busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible.
Las metas de este objetivo atienden, en primer lugar, a la mejora de la alimentación a través del acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. Asimismo, se propone la erradicación de todas las formas de malnutrición, ocupándose también de la producción de alimentos, la agricultura y el sistema alimentario.
De acuerdo al último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en sus siglas en inglés) sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI 2020), luego de tres décadas de disminución de las personas que padecen hambre en el mundo -medido por la prevalencia de la desnutrición-, a partir del año 2015 se empezó a revertir la situación. El informe da a conocer también que en el planeta 690 millones de personas padecen de hambre. Asimismo, esa cifra conlleva un incremento de 60 millones de personas en cinco años y representa 8,9 por ciento de la población mundial.
El SOFI aseveró que el mundo no está en vías de lograr el objetivo del hambre cero para 2030. Además, aseguró que sí continúan las tendencias recientes, el número de personas afectadas por el hambre superaría los 840 millones para ese año. Una evaluación preliminar sugiere que la pandemia de la COVID-19 podría añadir entre 83 y 132 millones al número total de personas subalimentadas en el mundo. Por ello, la FAO pide a todos los países “actuar con urgencia” para revertir las tendencias de los años recientes.
El Perú y la ODS 2. Revisión Estrategia en función a las ODS Hambre cero en el año 2017: Hacia la incorporación de la ODS Hambre cero en las Estrategias y Planes Peruanos.
A pedido del Programa Mundial de Alimentos (PMA), investigadores de la Universidad del Pacífico elaboraron el documento “Hambre Cero al Año 2030 en el Perú ¿Cómo lograr el Segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible? Una revisión estratégica de la Seguridad Alimentaria y Nutricional”. El documento considera que el avance en la respuesta programática del gobierno peruano y el marco político del Estado, con miras a lograr los ODS al 2030, tenía en cuenta a la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) como un tema de vital importancia en la agenda nacional, y que diferentes instancias del Estado establecieron estrategias nacionales cuyos lineamientos de política relacionan componentes de la SAN con las metas específicas del "Hambre Cero".
Una evaluación preliminar sugiere que la pandemia de la COVID-19 podría añadir entre 83 y 132 millones al número total de personas subalimentadas en el mundo. Por ello, la FAO pide a todos los países “actuar con urgencia” para revertir las tendencias de los años recientes.
Al año 2016 se tenía registro de la existencia de siete planes nacionales desarrollados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), MINAGRI, Ministerio de Vivienda, MINSA y el Ministerio del Ambiente (MINAM). Entre ellas: la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013 – 2021; el Plan Bicentenario; el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015 – 2021; el Plan Concertado Nacional de Salud 2007 – 2020; la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”; el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Agricultura y Riesgo 2015 – 2021; la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar y el Programa Nacional de Saneamiento de Agua Rural y el Plan Nacional de Acción Ambiental.
Entre los programas relacionados a la SAN que tenían más presupuesto asignado en el ministerio encargado de su ejecución se encontraban: en el caso del MINSA, el Programa Articulado Nutricional-PAN con 60.62% del total de su presupuesto; en el caso del MIDIS, Qali Warma con 35%; en el caso de MINAGRI, AGRORURAL con 61%; en el caso de MINAM, Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica con 92%; en el caso de PRODUCE, Fortalecimiento de la Pesca Artesanal con 91%, y en el caso del Ministerio de Vivienda, el Programa Nacional del Saneamiento Urbano con 68%. El MIDIS era el que contaba con los mayores recursos públicos para programas relacionados al SAN y Qali Warma el programa que administraba la mayor cantidad de esos recursos destinado a la “utilización” de los alimentos, a través de la ingesta de alimentos de contenido nutricional adecuado e inocuos.
A partir de los resultados de los análisis y de las preocupaciones de las que se partió, se planteó seis puntos de una agenda de reforma institucional:
Crisis de salud y crisis alimentaria.
En la sesión virtual del Acuerdo Nacional, realizada el viernes 8 de mayo de 2020, diversos representantes, valoraron como urgente y necesaria la propuesta de la Conferencia Episcopal Peruana para adoptar un “Pacto de Solidaridad: Hambre cero”, en el momento en que miles de peruanos habían perdido sus empleos, o se habían visto obligados a regresar a sus lugares de origen, a consecuencia de la declaratoria de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19.
El 25 de mayo de 2020 el experto en temas agrarios Eduardo Zegarra aseveró que la crisis sanitaria se había convertido ya en una crisis alimentaria. Asimismo, aseguró que requería de urgente atención por parte de las autoridades debido a la inadecuada protección de millones de familias que se quedaron sin ingresos y por el descuido de la seguridad sanitaria de los mercados de alimentos a nivel nacional. Remarcó, también, que había un casi absoluto abandono de la agricultura familiar de parte del gobierno en medio de la grave crisis y que el campo se estaba descapitalizando. El especialista explicó que estos sucesos tendrían consecuencias para la siguiente campaña agrícola y pondrían en riesgo la seguridad alimentaria en términos de disponibilidad de alimentos.
En junio del 2020, el Acuerdo Nacional planteó que había que conformar un Comando de Emergencia Agroalimentaria, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y con participación de sociedad civil, con el objetivo de prevenir el daño que podía generar la pandemia, así como para plantear un plan de desarrollo efectivo para la emergencia y la post emergencia.
Toma de decisiones frente el Hambre derivado de la Pandemia: Programa Temporal Hambre Cero en el año 2021.
A partir de los planteamientos del Acuerdo Nacional y diálogos con el Programa Mundial de Alimentos -y teniendo en cuenta las iniciativas que ya tenía el Ejecutivo a través de varios ministerios y en especial a través del MIDIS y de MIDAGRI- crea el Programa Temporal Hambre Cero en enero del 2021.
El programa tiene por objetivo ser una intervención temporal que busca contribuir a la reducción de las brechas de inseguridad alimentaria que se han incrementado en el país como resultado de la propagación de la COVID-19.
El programa incluye los siguientes componentes:
El Programa Temporal Hambre Cero tiene por objetivo ser una intervención temporal que contribuya a la reducción de las brechas de inseguridad alimentaria que se han incrementado en el país como resultado de la propagación de la COVID-19.
El programa trabaja de acuerdo a los siguientes criterios:
El programa prioriza:
El programa apuesta trabajar a partir de la mayor interseccionalidad y con la colaboración de la sociedad civil.
El MIDIS viene asumiendo la entrega de alimentos a través de los Municipios y trabajando en una estrategia de participación territorial. El MIDAGRI se está ocupando del trabajo con los productores y productoras.
Hacia la propuesta de Emergencia Alimentaria: Demandas de los actores involucrados en el Cumplimiento de la ODS 2 y en el Programa Temporal Hambre Cero.
Demandas de los pequeños productores y pequeñas productoras del agro.
En reuniones interregionales con pequeños agricultores y agricultoras promovidas por el Colectivo “Por la Agricultura Familiar y un Perú sin Hambre” y realizadas entre febrero y abril del 2021, se recogió que en estos momentos ellas y ellos tienen múltiples problemas. Por un lado, sufren dificultades por el cobro de deudas que no pueden pagar y la falta de apoyo para la colocación de sus productos de una manera en que los beneficie. Por la otra parte, tienen complicaciones con el acceso al agua y la falta de protección de los problemas derivados por el clima. Asimismo, tampoco cuentan con oportunidades y condiciones para la transformación productiva. La presencia esos problemas no asegura su estabilidad y seguridad, ni da oportunidad para su crecimiento.
Realidad y requerimientos de las Ollas Comunes
Las ollas comunes, que expresan en este momento la situación apremiante que viven muchas familias por falta de alimentación, surgieron en el contexto de la pandemia dentro del sector de la población más empobrecido de las ciudades y que en la situación actual preparan los alimentos al aire libre sin infraestructura ni equipamiento adecuado.
Desde la Mesa de Seguridad Alimentaria de Lima y de la Red de Ollas Comunes que se ha conformado en Lima Metropolitana, se tiene conocimiento de la existencia de 2,100 Ollas Comunes y de los 250,000 comensales a los que ellas atienden. Muchas de las personas que se alimentan de las ollas comen una sola vez al día. Asimismo, siete de cada diez ollas prepara alimentos en la calle y cocina con gas y madera.
Desde abril del año pasado la Red de Ollas Comunes y la Mesa de Seguridad Alimentaria han venido realizando acciones de incidencia visibilizando el trabajo y aporte de las ollas comunes, y demandando presupuesto para alimentos. Es así que se ha demandado al MIDIS una asignación presupuestal más de 220 millones de soles para atender a 200 mil personas en este año.
Planteamiento sobre la Emergencia Alimentaria
La Red de Ollas Comunes y la Mesa de Seguridad Alimentaria de Lima, en el contexto de profundización de la pandemia y de la pobreza preexistente, plantean la urgente necesidad de que el Gobierno declare la emergencia alimentaria. Esta misma tiene que ser una decisión política que debe ser asumida por la PCM y que el Presidente de la República debe decretar.
Asimismo, como consecuencia de dicha declaratoria se debe arribar a acuerdos concretos sobre el presupuesto 2021 que permita garantizar que las ollas comunes -no solo de Lima, sino que de todas las zonas urbanas del país- tengan el presupuesto que les permita atender la emergencia alimentaria y que, en la formulación presupuestal 2022 que debe iniciarse en los próximos meses, se les considere en la previsión presupuestal.
Se tiene conocimiento de la existencia de 2,100 Ollas Comunes y de los 250,000 comensales a los que ellas atienden. Muchas de las personas que se alimentan de las ollas comen una sola vez al día. Asimismo, siete de cada diez ollas prepara alimentos en la calle y cocina con gas y madera.
Se espera que de ahora en adelante se considere a las ollas comunes como parte de la estrategia para lograr los objetivos de combatir el hambre, la desnutrición, la anemia y la tuberculosis. También, que sean integradas para el cumplimiento de los objetivos del Programa Temporal Hambre Cero y que sus demandas se articulen con de las campesinas y de los campesinos que desarrollan la agricultura familiar.
De este mismo modo, se busca que se implemente la ley 31126 para que se registren las ollas comunes y se cuente con su reconocimiento. El MIDIS debe asumir la función asignada por ley de brindar asistencia técnica a los gobiernos locales en el registro, distribución de víveres, transparencia en la información y respeto a la institucionalidad de las ollas comunes.
También, que se de financiamiento para la implementación de infraestructura comunitaria para las ollas comunes, así como para su equipamiento (ollas, cocinas y utensilios). Que se les dote de kits de bioseguridad y se realice un seguimiento de la salud de las encargadas de la preparación de los alimentos. Asimismo, el gobierno, a través del programa a trabajar urbano, debe implementar la infraestructura comunitaria para la preparación de los alimentos, generando, también, empleo.
Finalmente, se espera que se implemente un plan de vigilancia ciudadana y un sistema de seguimiento y monitoreo para la fiscalización de los gobiernos locales y del funcionamiento de las mismas ollas.
Conclusiones
Invierno 2021
Rómulo Torres
Coordinador de la Red de Centros Sociales de Educación Popular (SEPSI) del Apostolado Social jesuita en Perú.
