Entrevista a Diego García-Sayán, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por Diana Tantaleán
(Apostolado Social SJ)
Los Derechos Humanos son un tema actual siempre, más en nuestro contexto político, donde visualizamos constantes protestas y reclamos de la población. el Juez Diego García-Sayán, hasta hace poco Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos da su visión del país y la región en este tema.
Como cualquier tribunal, la Corte tiene que resolver los casos que van llegando a ella, no puede buscar sus propios casos ni priorizar temas, tiene que tratar todos los casos por igual, de manera que lo más parecido a ella es la Sala de Emergencia de un hospital. Probablemente al médico le gustaría atender ciertas dolencias, pero le llegan pacientes de todo tipo.
Durante mi gestión como presidente de la Corte he tratado de enfatizar el carácter sustantivo de un Tribunal de Derechos Humanos, orientado a la gente, a sus problemas, a prevenir violaciones futuras y resolver violaciones pasadas. Hemos hecho mucho esfuerzo para acercar la Corte a la gente, para tener audiencias y sesiones públicas en diferentes partes del continente; hemos tenido un periodo de sesiones muy importante en Medellín, México y Brasilia, donde el propósito es que se vea el trabajo de la Corte. El efecto de reproducción es estupendo, la gente ve que funciona. Cuando esto se conecta con los pasos que se dan al interior de algunos países, donde las sentencias no quedan en la estratósfera sino que se aplican, y existen jueces nacionales que recogen conceptos de algunas sentencias para resolver su caso, uno se encuentra con que la población lo sigue con mucho interés.
Cuando convocamos a la Audiencia Pública en México, en el mes de octubre, en menos de un día se habían inscrito más de 8500 personas como observadores. Esto demuestra que existe un enorme interés por la trascendencia de esas discusiones para lo que deciden hoy día jueces de Perú, México, Colombia y en otros lados.
En todas las zonas donde hay tribunales, básicamente Europa y América Latina, a veces a los Estados les molesta determinada decisión; eso es normal y pasa también en los juicios nacionales de actores privados. Creo que lo más importante es la constatación de que la mayoría de sentencias de la Corte están en proceso de cumplimiento, pues son sentencias complejas y, lo más importante, que los jueces nacionales están utilizando cada vez más los criterios de la Corte para resolver sus propios casos: Cortes Supremas, Tribunales Constitucionales y jueces de otros escalones jerárquicos, a veces los propios sistemas judiciales lo han establecido como política jurisdiccional; ya lo han definido el Tribunal Constitucional del Perú, la Corte Suprema de México, la Corte Constitucional de Colombia. Entonces no son 7 jueces Interamericanos, que son los que integran la Corte, sino miles de jueces Interamericanos en Toluca, México; en Antioquia, Colombia; o en Ica, Perú.
Yo creo que el punto de partida es que el vaso esta medio lleno y no al revés. La problemática de los derechos humanos es enorme. Los derechos sociales están todavía en penumbra en un continente donde todavía existe tanta pobreza y exclusión, y los derechos políticos tienen situaciones que los amenazan. La misma delincuencia común propicia, eventualmente, reacciones autoritarias por parte de los Estados, lo que hoy día es una problemática latinoamericana generalizada. Sin embargo, hago un balance básicamente positivo. Más allá de las estadísticas favorables frente a lo que fueron las negras épocas de las violaciones masivas y sistemáticas, lo más relevante es la percepción creciente de la gente de sus derechos. Esto se manifiesta, entre otras cosas, en que a la Corte llegan muchos más casos que antes. Podemos ver casos de discriminación étnica, discriminación por orientación sexual, acceso a la información, propiedad privada, medio ambiente, etc., situaciones que hace 10 o 15 años no se pensaba que pudiera llegar a un Tribunal Internacional, que este resuelva el caso y que el Estado, después de eso, cumpla con la sentencia.
No habrá nunca un Tribunal lo suficientemente poderoso como para impedir que haya violaciones a los derechos humanos. La vacuna principal será siempre la gente con su conciencia, con la capacidad de reaccionar cuando algo negativo se presente y la capacidad de actuar para prevenir y diseñar mejores conductas en la sociedad y en el Estado.
En las fases autoritarias se identifica mucho más su papel de denuncia, de confrontación con las conductas autoritarias de los gobiernos. En fases democráticas, aparentemente, eso se diluye un poco porque tienen otro tipo de papel, ya no es esencialmente de confrontación, sino de colaboración.
A veces las organizaciones son incomprendidas por el papel que juegan de denuncia, de violaciones presentes o pasadas; a veces es percibida con incomodidad por algunos actores, pues preferirían que esas organizaciones no existan.
Yo creo que el reto es ir combinando el papel esencial y legítimo de denunciar las violaciones, a través de los canales nacionales o internacionales, junto con el papel de contribuir a la construcción de una institucionalidad y de una conciencia más democrática (afirmando la obligación de las autoridades a consultar, generando conductas de inclusión social y étnica, desarrollando en la gente la abominación por toda forma de exclusión o discriminación).
En el Perú todavía es muy grande la discriminación étnica y no se le combate lo suficiente. Ahí existe una tarea pedagógica muy importante en la que todavía podríamos hacer más.
Esto hay que verlo en situaciones específicas. Creo que existe un concepto de equilibrio, de la ponderación, donde en una sociedad democrática el derecho a la organización y a la protesta social es uno de los componentes fundamentales, y no puede haber una democracia que impida que la gente exprese su protesta social, ejercer su derecho a la movilización publica, a la protesta (a veces sonora), o a la huelga cuando toca el caso. Sin embargo, también existen los derechos del conjunto de la sociedad a tener su propia cotidianidad respetada; es decir, poniendo un ejemplo extremo, si durante un año uno no puede salir de su trabajo o de su casa porque hay una protesta social masiva de mineros o maestros, se empiezan a afectar derechos de terceros.
La protesta social tiene como límite que se ejerza dentro del marco de la ley y se los intereses de terceros no sean grosera e irrazonablemente afectados; que impida, por ejemplo, el desplazamiento para llegar a colegios, universidades o centros de trabajo. Como ha pasado en los últimos meses en México o Colombia.
Creo que las cosas no son blancas o negras, eso depende de cada circunstancia; la clave es que exista una autoridad democrática, no con el propósito de la represión de la protesta social, sino de la ponderación de los otros intereses que puedan verse afectados, que pueda ver cuáles son los límites.
Por eso es importante que la autoridad sea democrática, no solamente en su origen, sino en su comportamiento; no significa tolerar todo, sino ejercer la autoridad.
Este es un fenómeno continental que tiene que ver con dos cosas: la expansión de la inversión privada y pública en áreas donde antes la extracción de recursos naturales no era rentable, y ahora sí lo es; y la mayor capacidad fiscal para ciertas inversiones públicas, en materia de irrigación, represas hidroeléctricas, carreteras, etc. Actualmente se están ubicando en tierras y territorios tradicionales, a veces intocados, porque la inversión no había sentido la necesidad de llegar ahí. Hoy día existen 14 países en América latina que presentan esta situación de conflicto, entre recursos protegidos por los indígenas y necesidades de empresas o de la sociedad. Esto está en México, Guatemala, Colombia, Ecuador.
Esto plantea una serie de nuevos temas que están sobre el tapete en todos lados, no solamente en el Perú, es cómo compatibilizar esos proyectos y las necesidades de inversión, con las necesidades sociales y ambientales que existen en nuestras sociedades. Es un tema capital que expresa que las cosas tienen que hacerse de manera distinta a como se hacían en el pasado, cuando bastaba con una resolución administrativa o una decisión política; hoy la gente cuenta para ser consultada, para opinar, y porque ella espera también recibir algún beneficio tangible, concreto. Eso está llevando a pasar por una fase de “tránsito”, donde lo que más salta son los intereses en conflicto, entre “yo no quiero que toquen mi territorio” y quien dice “es indispensable que la carretera pase por ahí” o “que se haga un trabajo de exploración minera acá”.
Los Estados latinoamericanos están en fase de construir una institucionalidad que pueda hacer esto bien; no utilizando la lógica de bombero, de ir apagando el incendio del conflicto, sino para establecer una dinámica de relación en la sociedad que haga normal el proceso de Consulta y se realice con determinados cánones y procedimientos. Esto tomando en cuenta que la Consulta no es una especie de veto, sino que es uno de los tantos componentes de la sociedad democrática, un proceso de diálogo, de persuasión recíproca para llegar a un resultado favorable a todos los participantes.
Lo más importante es tomar conciencia de que las cosas han cambiado a como se hacían hace 20 o 30 años; y esta democracia, donde la gente quiere opinar y quiere ser consultada, ha llegado para quedarse. Eso supone construir una institucionalidad regional y local distinta, más sofisticada, porque no basta que la gente sea consultada solo para elegir a su autoridad municipal o nacional, sino que ese proceso de Consulta tiene que ser asumido por el Estado y debe organizarse de manera adecuada. Todavía estamos un poco lejos de esos resultados.
Sería muy útil para el Perú nutrirse más de los procesos de Consulta que se han desarrollado los últimos 4 o 5 años en Colombia, donde se han hecho más de mil procesos de consulta. Esta es una experiencia muy importante y creo que pudiera ser muy útil tomar en consideración, saber qué puede recogerse y copiarse y qué otras cosas tendría que innovarse.
No he estudiado el tema en profundidad pero, indudablemente, cuando ocurre algo así hay que analizar y determinar todas las responsabilidades que pudieran existir. Si los que promovían el movimiento social realizaron algunos hechos y actos delictivos, naturalmente tendría que haberse investigado y sancionado; pero también el uso excesivo de la fuerza y la falta de prevención en autoridades políticas, donde había ciertas cosas que eran muy fáciles de adivinar: cuál iba a ser el curso de las cosas y la colisión a la que se iba. También ahí hay algo que, sin dejar de ser una responsabilidad política, que en ese caso no se determinó con precisión, abre también interrogantes en materia de justicia que probablemente no han quedado plenamente definidas.
La Iglesia es también, y ante todo, una institución que está sujeta a las reglas y leyes nacionales en todos los países. La Iglesia católica en el Perú es una institución de derecho público, de manera que no está por encima de la ley. Entonces, cuando han ocurrido casos de presuntos hechos de pedofilia, atribuidos a un jerarca de la Iglesia católica, y son lo suficientemente serios como para que haya una actitud responsable de las autoridades del Ministerio Público y de las autoridades de la Iglesia, uno no siempre ve la reacción adecuada.
En este caso, del Obispo auxiliar de Ayacucho, se dieron una serie de conductas orientadas a minimizar la gravedad de la acusación, y la llamo acusación porque no tengo idea si existió o no responsabilidad, eso nunca se determinó.
Esta sensación de complicidad, estos distintos actos que ostensiblemente buscaban minimizar su relevancia, son asuntos sumamente graves porque no solamente están en la zona gris de la ilegalidad, sino que pueden perjudicar gravemente el peso de la Iglesia católica y el trabajo extraordinario que desarrollan en el Perú. Tantos sacerdotes y religiosas de diferentes lugares, que conozco y con los cuales tengo una gran amistad, con gran entrega y compromiso con la verdad, la justicia y la gente; se le hace un flaco servicio a todo ese sacrificio de décadas y de varias generaciones.
Obviamente hay progresos, una mayor conciencia de lo que son los derechos propios, es lo más importante. Pueden surgir instituciones, como la Comisaria de la mujer o la Defensoría de la mujer, pero si no existe la auto-percepción de derechos, no tiene cómo ponerse esto en marcha. Alguien tiene que ir a hacer la denuncia, alguien debe tener el coraje de llegar a la comisaria o a la Defensoría. Se ha avanzado, pero todavía estamos un poco lejos de grandes resultados.
Más que una revolución existe una evolución, que va en una dirección adecuada. Falta, por supuesto, muchísimo. Hay que irlo viendo en función de los distintos estratos y grupos sociales. Me pregunto: ¿cuánto ha evolucionado esto en sectores rurales?, ¿cuánto se ha avanzado en cosas específicas que tienen que ver con la violencia contra la mujer?, esa que se produce en casa y es estadísticamente la más relevante y grave. Hay una serie de pasos que se han ido dando para endurecer la legislación penal y generar cierta conciencia pero, sin duda, percibo que todavía hay lagunas, especialmente en zonas rurales.
En la violencia doméstica todos debemos ser más tenaces para generar una cultura nacional, un repudio social o comunal a cualquiera que utilice la violencia contra la mujer. Ese será un avance más importante que la estadística de cuántas mujeres son regidoras o cuántas son parlamentarias.
Diego García-Sayán
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
