La minería informal ha existido desde hace mucho tiempo en el Perú y con ella una serie de actividades económicas y sociales que se articulan en torno a este rubro. Estas actividades también comparten usualmente el carácter informal que tiene la minería: la compra y venta del oro, las agencias de transporte, las agencias de empleo, los hospedajes, los restaurantes, el alquiler de equipos y maquinaria, la compra y venta de explosivos e insumos químicos, la adquisición de combustible, créditos y casas de empeño, compra y venta de abarrotes entre otras muchas transacciones que de manera directa o indirecta se relacionan con la actividad minera o con el sustento de los mineros informales.
Nada se registra, no se paga impuestos al Estado, el imperio de la Ley es mínimo y la organización social surge espontáneamente para cohesionar los procesos productivos y para intermediar ante situaciones de conflicto, si es que éstas no se resuelven violentamente.
Este movimiento económico informal, en torno a la minería del mismo corte, también ha creado un sub mundo del entretenimiento con base en la explotación de seres humanos que son empleados como objetos de satisfacción sexual por los traficantes de personas.
Tan sólo en el corredor minero de Madre de Dios, recientemente reconocido en el Decreto Legislativo 1100 de febrero del presente año y que ratifica el Decreto de Urgencia 012 – 2010, hay más de 420 “prostibares”, con una explotación promedio de 12 mujeres por local, distribuidas en las más de 35 concesiones mineras en “proceso de formalización”.
Un denominador común de todas estas mujeres es que provienen mayoritariamente de otras zonas del país, al igual que más del 60% de la población de Madre de Dios que también es migrante. Si bien es cierto no todas las mujeres de los prostibares se encuentran en situación de trata de personas, es decir coaccionadas y con la libertad restringida o privadas de ella, aquellas que fueron liberadas o lograron fugar de las zonas de explotación han denunciado que fueron captadas con engaños, a través de falsas ofertas de empleo y trasladadas a los campamentos donde finalmente terminaron siendo explotadas.
Lo propio ocurre con otro tipo de víctimas, las de explotación laboral. En este caso suelen ser hombres jóvenes, menores de edad a quienes se les capta bajo la promesa de un ingreso económico sustantivo y terminan “pagando la cuenta” de sumas exorbitantes cobradas por los enganchadores para su traslado, alojamiento y alimentación mientras trabajan por más de 14 horas diarias en las chupaderas o en el procesamiento del mineral.
La trata de personas tiene, conceptualmente en su definición, un fuerte componente de movilidad; y es que la víctima suele ser desarraigada de su lugar de origen para facilitar su explotación en los lugares de destino. Poco importa la modalidad de enganche o de captación, de alguna manera siempre está presente la necesidad económica de las víctimas, el engaño y el traslado a la zona de explotación.
En ese sentido una correcta política pública debe suponer no sólo el trabajo en las zonas de destino, sino también trabajar preventivamente en los lugares de captación, como por ejemplo las zonas alto andinas del Cusco, en donde los tratantes de personas se aprovechan de la miseria y la precariedad económica para llevarse a las niñas a los “prostibares” o a los jóvenes a los campos de explotación asociados a la minería informal de Madre de Dios.
Esta situación que se viene produciendo ya hace varios lustros en la selva de Madre de Dios, es también moneda corriente en las alturas de Puno, a más de cuatro mil metros de altura, concretamente en la Rinconada, donde ya en el año 2004 se contabilizaron más de 130 “prostibares” dónde se explotaban, y aún se explota, a niñas y niños del Perú y de Bolivia.
La intervención policial en esa época devino en la protesta de la población que terminó por expulsar a los policías del pueblo, debiendo pasar años para que pudieran retornar a la Comisaría, pero con el acuerdo tácito de sólo intervenir en temas de inseguridad ciudadana y violencia doméstica. Hoy por hoy la informalidad continúa en La Rinconada al igual que la explotación laboral y sexual de menores de edad.
Situación similar suele presentarse en otros lugares de minería informal como Arequipa, Ica, Cusco, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca, Pasco, Loreto y Lima.
La situación es tan parecida en todos estos sitios, que uno se pregunta por qué los operadores de justicia no intervienen en estas zonas que están por demás identificadas, ya que a ojos cerrados se estarían encontrando con casos patéticos de explotación humana.
El patrón es el mismo para las modalidades de captación, traslado y explotación. También lo es para la lenta intervención del Estado, que alimenta una sensación de desidia e impunidad, favoreciendo las transacciones económicas informales, en las que lamentablemente los seres humanos son los objetos de dicha transacción.
En medio de todo, llama también poderosamente la atención la aceptación social de las situaciones de explotación sexual y laboral, no sólo en los campamentos de minería informal o en las ciudades colindantes, sino en los operadores de justicia y en la sociedad en general.
En este sentido, el Perú no es la excepción, pues la trata de personas es trasnacional y de aparente aceptación en diversas sociedades: por ejemplo, recién en la última encuesta del Latino barómetro (www.latinobarometro.org) aparece este fenómeno como un problema preocupante para la seguridad ciudadana en un sólo país de América Latina, en Ecuador.
Sin duda, este problema social y delito a la vez, propicia el que nos cuestionemos sobre el tipo de mecanismo mental que se produce en la sociedad que nos lleva a aceptar en terceros, situaciones a las que nos opondríamos radicalmente si se tratara de nosotros o de nuestras familias.
Hay una impronta cultural e histórica de la que no debemos olvidarnos y debemos recordar también que si queremos enfrentar con éxito la trata de personas debemos priorizar un enfoque integral, pues queda claro que más allá de ser un problema legal, económico o social, se trata de un fenómeno humano que requiere no sólo de acciones, sino también de un espacio para la meditación y la reflexión.
Ricardo Valdés Cavassa
Presidente de Capital Humano y Social Alternativo (CHS). Psicólogo y Ex Vice Ministro del Interior.
