Más allá de las recientes noticias sobre desalojos de las fuerzas del orden de los territorios indígenas en el Cauca y los consiguientes choques que esto provoca, es necesario analizar qué es lo que ocurre en ese departamento del sur occidente del país. Como lo han señalado varios analistas, hay procesos de fondo que se entrecruzan allí, pero que no son exclusivos de ese departamento. Uno tiene que ver con la “presencia diferenciada” de un Estado que poco ha hecho por superar la situación de pobreza y marginalidad del Cauca, y en concreto de las comunidades indígenas nasa, mientras lo convierte en escenario privilegiado de operaciones militares. Tal vez por ello la región ha contado con la presencia de todas las expresiones insurgentes desde los años de la llamada “Violencia de los años 50” en Colombia. A la presencia actual de las FARC[1] y el ELN[2], se suma la de los grupos paramilitares, hoy llamados “Bandas Criminales” (Bacrim). Esto convierte al departamento en un escenario de confrontación entre distintos actores armados, incluidos el Ejército y la Policía. Y es que el Cauca no sólo tiene una posición geopolítica clave por su cercanía a la ciudad de Cali, una de las ciudades de mayor poder económico del país, cercana a una de las salidas del suroccidente andino colombiano hacia el Pacífico, sino por ser un corredor estratégico para el movimiento de armas y el narcotráfico, y recientemente también por ser albergue de megaproyectos mineros y agroindustriales. Y contra todo ello se ha desplegado una histórica resistencia indígena, que ha cobrado vigor con la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1971 y que, lejos de haber mermado, ha seguido en aumento en los últimos años.[3]
Se trata pues de procesos de una duración que trasciende la coyuntura, pero que terminan anudándose en ella. Concentrémonos en la lucha indígena, pues es la clave para entender los últimos eventos en el Cauca. Las organizaciones indígenas desde cuando vivieron el despojo por la conquista y el colonialismo europeo, afrentas que se prolongaron en la historia republicana, han tratado de recuperar sus territorios con grandes costos de vidas humanas y de su existencia misma como pueblos originarios[4]. Pero no lo hacen sólo para conservar un recurso económico, sino como base de su cultura e identidad. En la cosmovisión del pueblo Nasa que habita esta región, como en la de muchos pueblos originarios latinoamericanos, la naturaleza es un ser vivo con el cual tratan de vivir en armonía, así como con los otros seres humanos. La presencia de actores armados en sus territorios no sólo rompe esa armonía sino que perpetúa la agresión desde el exterior de las comunidades.
En la Constitución promulgada en 1991 los pueblos originarios lograron, entre pomposas declaraciones multiculturales y pluriétnicas, la ratificación formal de su autonomía territorial que encerraba no sólo el rescate de su lengua, costumbres y cosmovisión, sino el ejercicio de formas propias de gobierno y de justicia. Pero la promesa de autonomía territorial no se ha concretado, creando una ambigüedad jurídica y política, que también está en la base de las disputas recientes en el Cauca. Por medios legales los indígenas del Cauca han luchado en vano por excluir la guerra de sus territorios. Por eso recurren también a la acción directa, que si bien no es institucional, para nada es ilegal. Estos reclamos no se los inventaron hoy, vienen de hace mucho tiempo, al menos desde 1985 con la Resolución de Vitoncó que fue ratificada luego por las declaraciones de Ambaló (1996), La María (1999) y Jambaló (2000). Hace un año, en julio de 2011, el CRIC convocó una “Minga de resistencia por la autonomía y armonía territorial y por el cese de la guerra”, con tres propósitos: la desmilitarización de los territorios por parte de TODOS los actores armados (fuerzas del orden, insurgencia y paramilitares); convocar al gobierno nacional y a la guerrilla a Diálogos Humanitarios en los territorios indígenas; y reactivar los debates públicos con el gobierno y la insurgencia sobre los proyectos políticos y territoriales que están en juego. Agregaban además que habían tomado la decisión de recuperar para la comunidad a los jóvenes indígenas involucrados en los grupos armados. Los hechos ocurridos recientemente en el Cauca responden a estos propósitos, que no son nada nuevos entre las comunidades indígenas de la zona.
El diálogo que los indígenas exigen con el gobierno actual, así como con representantes de la sociedad civil (entre ellos el provincial de los jesuitas), es la salida en esta coyuntura en el Cauca. Pero ese diálogo no es fácil, porque más allá del común deseo de conversar no hay mucho en común, comenzando por la definición de los interlocutores. Un paso positivo en este sentido fue el encuentro del presidente Santos con los indígenas del Cauca el pasado 15 de agosto y la petición de perdón por las víctimas que el Estado y sus aparatos militares le han causado, y por haberlos tachado de ser auxiliadores de la guerrilla.[5]
Pero más de fondo la dificultad del diálogo radica en que el Estado y la mayoría de la sociedad colombiana no entienden lo que piden los indígenas y se quedan con las imágenes mediáticas a las que hicimos referencia al inicio de este artículo. Comenzando porque todavía flota en la opinión pública la acusación de que los indígenas son unas simples marionetas de la insurgencia, cuando ellos han dado muestras fehacientes de un rechazo a cualquier acto armado en sus territorios. De esta forma se desconoce su carácter de movimiento sociopolítico que plantea demandas dentro de una cosmovisión diferente de la occidental. La salida es, pues, un diálogo político y realmente intercultural en el que cada parte ponga en juego sus saberes y exigencias, estando dispuestas a ceder para llegar a algún acuerdo y que este se cumpla. Si esto no se da, las actuales conversaciones en el Cauca serán un diálogo de sordos, lo cual ratificaría una vez más el escepticismo con que los pueblos originarios colombianos han mirado históricamente a los sucesivos gobiernos coloniales y republicanos.
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[1] Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
[2] Ejército Nacional de Liberación.
[3] De acuerdo con la Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep, entre 1975 y 2010 se registraron 231 protestas realizadas por distintas comunidades y organizaciones indígenas del Cauca. Si a ellas agregamos 56 adelantadas en conjunto con otros actores sociales departamentales y nacionales, tenemos un total de 287, para un promedio anual de ocho. Los picos máximos de actividad han sido 1979 con 18 y 2005 con 31, la mayoría de estas últimas fueron recuperaciones de resguardos.
[4] Un reporte de las organizaciones nacionales indígenas señala que entre enero y julio de 2012 hubo 54 homicidios contra ellos en Colombia. Entre los pueblos más afectados están los nasa con 17 víctimas, los embera con 15 y los awa con cinco. Por departamentos el más afectado, como era de esperar, es el Cauca con el 27%, seguido de Nariño y Risaralda con 16% cada uno (El Espectador, 10 de agosto de 2012, p. 12). Según el CRIC “en los últimos 10 meses han asesinado 22 indígenas en la región. Mientras tanto, 140 miembros de las comunidades están en lista para ser judicializados por casos como el desalojo de la Fuerza Pública del cerro Berlín” (El Espectador, 14 de agosto de 2012, p. 6).
[5] El Espectador, 16-18 de agosto de 2012.
Mauricio Archila Neira
Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia e investigador de Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP
