La insurrección popular de 1979, liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), derrocó a la dictadura de la familia Somoza que había gobernado durante cuarenta años en Nicaragua, provocando un amplio movimiento de solidaridad de los pueblos de América Latina y del mundo; incluso algunos gobiernos de la región proporcionaron ayuda a la junta de gobierno revolucionaria para la reconstrucción del país.
El proceso revolucionario tuvo características novedosas en el contexto latinoamericano de aquellos tiempos. El nuevo gobierno realizó elecciones en 1984 y mantuvo el pluralismo político, mientras promovía la construcción de espacios alternativos de participación popular.
El gobierno sandinista, con Daniel Ortega como presidente, emprendió un ambicioso programa de transformaciones económicas y sociales que incluía la nacionalización del territorio y de los recursos naturales, la reforma agraria, una campaña de alfabetización masiva (premiada por la UNESCO) y la reestructuración y expansión de los servicios de educación y salud públicos con una amplia participación popular.
Sin embargo, estos avances sociales fueron frenados y debilitados por el impacto de la guerra contrarrevolucionaria (con grupos armados antisandinistas), organizada y promovida por el gobierno de los Estados Unidos.
La crisis económica fue agravada por la caída de los precios de las principales exportaciones de Nicaragua y por los errores de la política económica del gobierno sandinista, incluyendo la puesta en marcha de ambiciosos proyectos de inversión agroindustriales y de infraestructura militar, incompatibles con la realidad económica del país. A finales de la década, el país padecía de una hiperinflación que superaba el 10,000% anual.
Las negociaciones entre el gobierno Sandinista y la Resistencia Nicaragüense, en 1988, dieron como resultado el cese de las hostilidades, una amnistía, dialogo nacional y elecciones anticipadas. En 1990 el pueblo, cansado de la guerra y de la crisis económica, le otorgó el triunfo electoral a la coalición liderada por Violeta Chamorro, quien suscribió el acuerdo de paz definitivo con la Resistencia Nicaragüense, logrando terminar con el conflicto armado y estabilizar la economía.
Para obtener financiamiento del FMI, BID y BM, y el apoyo de los países donantes de Europa y Norteamérica, el gobierno de Chamorro, y los dos gobiernos liberales que le siguieron (Alemán 1997-2001 y Bolaños 2002-2006) siguieron las recomendaciones del Consenso de Washington, adoptando políticas económicas excepcionalmente austeras, y con un alto costo social. Sin embargo, no lograron los resultados esperados. La recuperación económica fue lenta y débil a pesar de la abundante ayuda externa. Tampoco hubo una reducción significativa de la pobreza (45% en 2005).
El sandinismo también atravesó una profunda crisis interna, por la insatisfacción de algunos militantes con el liderazgo autoritario de Ortega y la falta de democracia interna. Posteriormente, Ortega fortaleció su control del partido mediante reformas internas que eliminaron la dirección colectiva y limitaron significativamente el poder de otros órganos partidarios.
En 1999 Ortega negocia un pacto político con el entonces presidente liberal Arnoldo Alemán, buscando reformar la constitución y establecer un régimen de gobierno bipartidista. El pacto le permitió al FSLN acceder a cargos en diferentes poderes del Estado y reducir el porcentaje mínimo para ganar las elecciones presidenciales (35%). A cambio, Ortega garantizó “gobernabilidad”: se terminaron las huelgas y luchas reivindicativas, así como la oposición radical del FSLN a las políticas neoliberales.
La división interna del Partido Liberal abrió el espacio para que el FSLN ganara las elecciones del 2006 con un 38%. En su segunda presidencia, Ortega logró el control total del sistema judicial y del poder electoral a través del nombramiento de jueces y magistrados de su partido y la cooptación de otros. Posteriormente, fueron la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral quienes le autorizaron presentarse a la reelección en las elecciones de 2011, a pesar de la prohibición constitucional de reelegirse por períodos consecutivos.
En las elecciones de 2011 el FSLN logró una victoria fraudulenta con un amplio margen, obteniendo la mayoría necesaria en el parlamento para reformar la constitución, lo que se consiguió en 2013, incluyendo la reelección presidencial indefinida, la eliminación de la segunda vuelta electoral y ganar las elecciones presidenciales por mayoría relativa.
Con ese escenario, Ortega se reeligió nuevamente en 2016, llevando a la vicepresidencia a su esposa, Rosario Murillo, lo que se interpretó como una dinastía en ciernes. Las elecciones nuevamente se caracterizaron por numerosas irregularidades, y con un alto nivel de abstención en las urnas. Previo a las elecciones, el gobierno prohibió la observación electoral nacional e internacional independiente y la Corte Suprema de Justicia impidió, a través de una sentencia judicial, que el principal partido de oposición pudiera competir en las elecciones.
Los gobiernos de EEUU, Canadá y de la Unión Europea criticaron severamente el proceso electoral. Un grupo de miembros del Congreso estadounidense lanzó una iniciativa llamada “Nicaragua Investment Conditionality Act”, conocida como NICA ACT, con el propósito de requerir a los representantes de EEUU en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, votar en contra de la aprobación de cualquier préstamo para Nicaragua. Y en diciembre de 2017 el gobierno norteamericano aplicó la Ley Magnitsky[1] al presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.
Las reformas constitucionales de 2013 también eliminaron la prohibición de que militares activos opten a puestos de gobierno, y se legitimó el modelo de co-gobierno con los grandes empresarios. Estos cambios pretendían consolidar las alianzas de Ortega con el ejército y la elite empresarial, a cambio de su lealtad política.
La presencia de militares activos y retirados aumentó considerablemente en los ministerios y entes estatales, mientras que la alianza con la elite empresarial se construyó sobre la base de mantener las políticas económicas de los gobiernos liberales, y de renovar los convenios con la banca multilateral.
El pacto con el sector empresarial se profundizó con la creación de nuevos espacios de participación de la empresa privada en el diseño y monitoreo de políticas económicas. Asimismo, se incorporaron representantes de los empresarios a las juntas directivas de instituciones y entes estatales y en la Comisión Nacional del Salario Mínimo.
El pacto con la elite empresarial promovió un clima de negocios favorable que dinamizó la inversión nacional y atrajo (por los bajos niveles salariales y la relativa seguridad de Nicaragua) la inversión extranjera. La economía creció fuertemente en los últimos años. La tasa de crecimiento económico anual estuvo cerca del 5% durante el periodo 2010-2017, y fue la tercera más alta en América Latina después de Panamá y República Dominicana.
Otro factor clave fue el convenio con Venezuela para abastecimiento de petróleo, el cual establecía que Nicaragua sólo pagaría la mitad del costo del petróleo importado, mientras que la otra mitad se convertía en préstamos de largo plazo y bajos intereses para financiar proyectos económicos y sociales. Sin embargo, cuando la economía venezolana se fue deteriorando, el abastecimiento fue bajando, hasta cesar por completo en 2017.
La mayor parte de esos recursos fueron orientados a la formación de un grupo empresarial del partido de gobierno, con inversiones en diversos sectores de la economía (energía, construcción, turismo, agroindustria, etc.) y con capacidad para competir con los grupos económicos nacionales. El fondo también fue empleado para financiar programas de combate a la pobreza, subsidios para el transporte colectivo y electricidad para las familias de bajos ingresos. Al colapsar la ayuda venezolana, los programas fueron recortados y pasaron a ser financiados con recursos del presupuesto nacional.
El dinamismo económico de los últimos años, y los programas de lucha contra la pobreza, contribuyeron a una modesta reducción de los índices de pobreza (de 44% en 2009 a 39% en 2015); sin embargo, según la CEPAL, Nicaragua fue el único país de América Latina donde la desigualdad económica se incrementó entre 2008 y 2014.
Por otro lado, la mayoría de la población urbana trabaja en el sector informal (42% en 2017), mientras que la pequeña agricultura juega un rol clave en el empleo rural. Según cifras oficiales, solamente el 24% de los trabajadores está afiliado al Sistema del Seguro Social.
La falta de empleo provocó, en las últimas décadas, un éxodo de miles de nicaragüenses hacia Costa Rica, EEUU y otros países. Se estima que más de un millón de nicaragüenses viven en el exterior (20% de su población). La falta de acceso a la tierra ha empujado a muchas familias rurales a migrar hacia la región de bosques tropicales del Caribe, creando un fuerte conflicto con los pueblos indígenas de esa región.
Ortega solicitó la mediación de la Conferencia Episcopal en el conflicto, convocando al Diálogo Nacional a mediados de mayo [...] El Diálogo Nacional no logró avanzar en las negociaciones. La Alianza Cívica y los obispos demandaron que se negociara una agenda para la democratización del país, lo que el gobierno rechazó, acusando a los primeros de querer ejecutar un golpe de Estado.
El gobierno de Ortega enfrentaba ya un panorama económico difícil para 2018 -debía tomar medidas para adaptarse al colapso de la ayuda venezolana y prepararse para la eventual aprobación del Nica Act, limitando su acceso a las instituciones financieras internacionales-, cuando en abril se enfrentó al mayor desafío político desde que retornó al poder en 2007.
Las protestas iniciales fueron protagonizadas por universitarios indignados por la negligencia gubernamental ante la catástrofe ecológica de la Reserva de la Biosfera Indio-Maíz. Unos días después, el gobierno decretó, unilateralmente, las reformas para aliviar la insostenible situación financiera del Seguro Social. Estas incluían la reducción del 5% en las pensiones y un incremento en las contribuciones de empleados y empleadores. Los estudiantes salieron nuevamente a protestar acompañados por organizaciones de la sociedad civil.
La desproporcionada respuesta del gobierno, contra jóvenes y ciudadanos que protestaban en distintos puntos de Managua, y la brutal escalada represiva de los días siguientes, prendió la chispa de una insurrección cívica nacional contra el régimen. El gobierno dio un paso atrás y retiró las reformas, pero era demasiado tarde para contener la indignación popular.
En una segunda fase de la protesta, ciudadanos de todas las clases sociales se movilizaron masivamente, los campesinos bloquearon centenares de carreteras y caminos, mientras que en ciudades y pueblos se levantaron barricadas.
Ortega solicitó la mediación de la Conferencia Episcopal en el conflicto, la que aceptó, convocando al Diálogo Nacional a mediados de mayo. También participaron organizaciones civiles (movimientos estudiantiles, de mujeres y campesinos, y organizaciones de la sociedad civil y de empresarios privados) quienes se organizaron en una coalición llamada Alianza Cívica.
El Diálogo Nacional no logró avanzar en las negociaciones. La Alianza Cívica y los obispos demandaron que se negociara una agenda para la democratización del país, lo que el gobierno rechazó, acusando a los primeros de querer ejecutar un golpe de Estado.
En lugar de negociar, el gobierno lanzó las llamadas “operaciones limpieza”: policías y paramilitares ingresando a pueblos y ciudades, disparando a quien defendiera los bloqueos o barricadas. Este operativo incrementó la cifra de muertos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) registró 306, siendo 52 de ellos policías y paramilitares. También estima al menos 2,200 personas heridas, muchas de gravedad o con discapacidad de por vida.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la represión ha entrado a una tercera fase, la criminalización de los manifestantes, utilizando las instituciones y el sistema de justicia para detener y promover acciones y procesos judiciales en su contra.
Según el CENIDH, al menos 2,500 personas han sido detenidas y encarceladas algunos días. También estima en, aproximadamente, 300 prisioneros políticos a principios de agosto, 148 de ellos en procesos judiciales. Los familiares de la gran mayoría de los prisioneros han denunciado torturas.
La represión y la crisis económica provoca que la migración sea aún mayor. El ministro de Hacienda ha reconocido la pérdida de alrededor de 250 mil empleos desde que empezó la crisis.
El alto costo en vidas de la rebelión cívica ha conseguido una acelerada presión internacional. El Consejo Permanente de la OEA ha conformado un “grupo de trabajo” (compuesto por doce países, entre ellos Perú) para visitar Nicaragua y mediar en la crisis. Sin embargo, el gobierno nicaragüense lo calificó de “injerencista” y advirtió que no será recibido.
¿Será la estrategia de Ortega, para sobrevivir en el poder, la misma de Maduro en Venezuela?, ¿la crisis humanitaria en Nicaragua llegará a convertirse en una guerra civil?, ¿o será finalmente aceptada la mediación de la OEA y Nicaragua tendrá la oportunidad de resolver la crisis por la vía electoral?
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[1] La Ley Global Magnitsky permite a EEUU imponer sanciones económicas a ciudadanos extranjeros que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus países de origen.
Primavera 2018
Arturo Grigsby Vado
Economista. Miembro de la Dirección de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
