A solo cuatro años del Bicentenario de la independencia del Perú, niñas de tan solo diez años, como “María”, esclavizada con fines de explotación laboral en Lima, no pueden cantar el himno nacional con convicción porque ellas “no son libres”.
La reciente condena a 23 años de la enfermera Flor Mirtha Quispe Mallqui por esclavizar a la niña para realizar el servicio doméstico de su casa es, al mismo tiempo, un logro del sistema de administración de justicia y una dolorosa prueba de que la esclavitud es una realidad cotidiana que lastima la peruanidad.
“María”, una niña asháninka de la comunidad de Shabashipango, ubicada en el distrito de Río Negro (Satipo, Junín), fue entregada por su padre a su madrina de bautizo con la falsa promesa de que la haría estudiar. En lugar de ello fue sometida a un régimen esclavista indignante y aterrador, según lo refiere María del Carmen Yrigoyen: «tenía que cocinar, barrer, trapear, planchar, lavar la ropa y los utensilios de la casa de su madrina. Hacía todo eso de lunes a domingo y, por si fuera poco, también debía cuidar al bebé de 2 años de la mujer. Cuando algo no le salía bien, Quispe le daba de correazos y le gritaba que era una “tonta”, “burra” o “puerca”» [1].
Su historia tiene elementos comunes con otros casos de trata que ocurren en el Perú amazónico y andino: pobreza, madre ausente, tolerancia a la explotación de la niñez y discriminación, entre otros.
El caso de “María” evidencia cómo los diferentes marcadores de identidad de una mujer le juegan en contra para desarrollarse como ciudadana plena. Haber nacido asháninka, pobre y en un poblado rural es sinónimo de ser víctima de desigualdad, discriminación y de transmisión intergeneracional de la pobreza y de la situación de exclusión. Es claro también que en el campo de la sanción legal hay avances que reconocer, no todo es negativo. En este caso, la esperanza la ponen las tres mujeres que han sido claves en el proceso de liberación de “María”: la fiscal Berenice Romero, de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada de Delitos de Trata de Personas, quien no bajó la guardia después de los 36 meses en que se liberó a la menor, localizando al padre en Satipo -para explicarle qué sucedía con su hija- hasta fundamentar con pruebas y un razonamiento jurídico excepcional la condena máxima; la vecina, heroína anónima que reportó el caso y que evidencia la solidaridad que es posible generar en la comunidad; y la jueza Ana María Revillas, del 8º Juzgado Especializado Penal de Lima Norte, que dio a la explotadora la sentencia más severa que se haya dado en el Perú para sancionar la esclavitud de una niña.
Haber nacido asháninka, pobre, y en un poblado rural es sinónimo de ser víctima de desigualdad, discriminación y de transmisión intergeneracional de la pobreza y situación de exclusión.
Un proceso judicial por el delito de trata de niños y niñas que se ventila en La Convención (Cusco) presenta similitudes preocupantes. Al igual que “María”, cinco víctimas -entre niñas y adolescentes- habrían sido entregadas por sus padres a una trabajadora de salud pública. Todos ellos estaban al servicio de una sola familia.
No es necesario esperar que la cifra de captaciones por personal de los servicios de salud crezca para que el Estado haga una campaña intensa entre los dirigentes de las comunidades, y entre los trabajadores de salud en zonas remotas, para difundir que la explotación canalizada a través del madrinazgo es un delito, así como para difundir los mecanismos de la trata de personas.
El exitoso trabajo de persecución que impulsa el Ministerio Público y la Policía Nacional ha puesto en jaque a los servicios estatales de protección porque el número de víctimas ha crecido exponencialmente. El sinceramiento de la información sobre lo que pasa con las víctimas después de su rescate debe ser el punto de partida para el cambio en los servicios de atención. Es un deber moral reconocer que, además del déficit de cuota para la atención, un porcentaje importante de las sobrevivientes rescatadas son revictimizadas en el propio sistema de protección, o pueden serlo al retornar con sus propias familias, porque el Estado no está preparado para trabajar con ellas, como en el caso de las víctimas quechuas o amazónicas que provienen de zonas remotas excluidas.
En el caso de “María”, la gran interrogante es saber cómo le responderá el Estado en la fase de reintegración. Según la nota periodística, la niña habría sido entregada a su padre, el mismo que se mantuvo al margen del juicio a su comadre, el mismo que declaró para exculparla.
“María” y su familia, como muchas de las víctimas de trata de la zona andina y amazónica, viven en una comunidad apartada, ¿cómo se reforzarán las competencias parentales de este padre que no se solidarizó con su hija?, ¿cómo sabremos que el Estado garantizará el desarrollo de todo su potencial para construir una vida feliz y digna para la menor?
El sistema de protección de menores opta, por lo general, por el internamiento de la víctima en un Centro de Atención Residencial (CAR) mientras se define si es pertinente retornarla a su familia. El problema es que estos centros se basan en una propuesta arcaica que priva a las niñas o adolescentes de su libertad con la intención de protegerlas. Y aunque en diciembre del año pasado se promulgó el Decreto Legislativo 1297, que modifica este sistema de protección bajo una propuesta de protección en libertad, su implementación no tiene fecha en el calendario ni presupuesto conocido, a pesar de los intensos esfuerzos realizados por los funcionarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables comprometidos con los derechos de la niñez. Lo concreto es que, mientras el D.L. 1297 no se implemente, sigue vigente un sistema que polariza y enfrenta a las sobrevivientes con sus tutoras, las víctimas las ven como sus carceleras y las pulsaciones de los operadores del sistema pasan por evitar las fugas y los motines.
Las relaciones de poder y subordinación e insurrección están a la orden del día porque no existen mecanismos seguros (sin riesgo de represalias) para presentar reclamos o avisar sobre vulneración de derechos en el marco del sistema. Las operadoras, particularmente las tutoras, hacen un esfuerzo titánico para enfrentar el desafío de lidiar con adolescentes que, por su ciclo de vida, son rebeldes y están muy lejos de tener la conducta de “víctima ideal”. Ellas no les agradecerán con júbilo su rescate, al contrario, les reclaman por su encierro y no comprenden su dimensión protectora. Las víctimas sorprenden a sus tutoras con cuestionamientos y respuestas altisonantes.
Pero, ¿cómo no reclamar si te privan de tu libertad, si cada noche te encierran con llave en un dormitorio sin baño interior, si no te dan comida suficiente, si te privan de las pocas horas de salida al aire libre que te dan al mes porque tu compañera se fugó o sospechan de ti si tienes un cólico o una hemorragia porque creen que los estás fingiendo para salir del CAR?
Pero esta no es una historia de dualismo maniqueo, no hay buenos perfectos y malos que deben ir directamente al infierno. Lo que existe es una serie de desafíos y matices, producto de una institucionalidad precaria porque, en el sistema de protección a víctimas de trata adolescentes, todo está por hacer.
Hace menos de un semestre se ha reflotado el grupo de trabajo del Resultado Nº 17 del Plan Nacional de Acción por la Infancia[2], referido a la trata de menores de edad, el cual todavía no ha elaborado su Plan de Acción 2018. Es este contexto de debilidad institucional, y de limitado presupuesto, el que termina definiendo la política de atención, más allá de planes y protocolos bien intencionados.
Un reciente motín en un CAR de Lima alerta de manera dramática sobre la insatisfacción de las sobrevivientes con un sistema que, según la norma, debe estar centrado en sus expectativas y en sus derechos. Los testimonios de las víctimas confirman que las situaciones reportadas en nuestro informe “Protegidas o Revictimizadas”[3], casi un año después, siguen vigentes, así como la necesidad de poner en marcha un Plan de emergencia que detenga las situaciones de revictimización o de riesgo ya identificadas.
¿Por qué no existen aún mecanismos que garanticen la no vulneración de los derechos de las víctimas en el sistema de protección, de tal manera que no tengamos que conocer sus contravenciones o debilidades porque se produce un amotinamiento?, ¿por qué no existen mecanismos seguros de denuncia al que puedan acceder, sin riesgo personal, la sobreviviente, los familiares, las trabajadoras de los CAR y los o las operadoras involucrados en el sistema de protección, sean de la sociedad civil o del Estado? Muchos de ellos desean denunciar, pero sin arriesgar su trabajo o el proyecto que desarrollan en el CAR. Entonces, ¿cuáles son los límites éticos para defender los derechos de las sobrevivientes, garantizados por la Constitución y las leyes vigentes? Mucho por reflexionar.
La atención a las víctimas rescatadas encierra enormes desafíos, desde sumar fuerzas para activar el nuevo sistema de protección en libertad, establecido en el DL 1297 -dotándolo del presupuesto que se requiere-, hasta fortalecer los servicios en las zonas excluidas y remotas, de donde proviene un grupo importante de víctimas.
Insistimos en la propuesta de elaborar un Plan de Emergencia de atención a las adolescentes sobrevivientes de trata de personas. Un Plan que señale claramente las acciones prohibidas, las acciones mandatorias de protección y que establezca un sistema de monitoreo periódico de los derechos de las sobrevivientes, así como un sistema seguro de reporte de las situaciones que vulneren dichos derechos.
Asumimos el desafío histórico de llegar al Bicentenario con un sistema de protección que garantice la reintegración social y los derechos de las sobrevivientes rescatadas, para celebrar en un país libre de niñas y adolescentes esclavas.
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[1] El Comercio, el 17 de octubre del 2017: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/enfermera-esclavizaba-nina-puente-piedrahuye-justicia-noticia-469416.
[2] Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021: https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pdf/Documento_PNAIA.pdf
[3] BARRANTES, C. Protegidas y Revictimizadas. Alerta nacional sobre el modelo de gestión en los CAR de víctimas adolescentes de trata de personas. Documento de Trabajo. Cusco/Madre de Dios: Terre des hommes Suisse. 2016
Verano 2017-2018
Carmen Barrantes Takata
Periodista y abogada. Coordinadora del Programa Bi regional de lucha contra la trata de personas de Terre des Hommes Suisse.
