Desde su creación el año 2012, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo del Ministerio de Educación (PRONABEC) implementa un conjunto de modalidades de asignación de becas orientadas a promover el acceso, permanencia y culminación de estudios superiores de jóvenes con talento en situación de pobreza y pobreza extrema. Las becas integrales cubren los costos académicos y un estipendio al estudiante a lo largo de los años de estudios, una vez que logró el ingreso a la institución educativa. Los estudios pueden ser de pregrado, para estudios de una carrera universitaria o técnica en el Perú, o de posgrado en instituciones del extranjero.
Las diferentes modalidades de becas que implementa el programa se organizan en dos grandes categorías: Becas de Inclusión Social y Becas de Capital Humano; las primeras se orientan a jóvenes en situación de pobreza o vulnerabilidad (Beca 18, Reparación por Educación REPARED, Beca VRAEM, Comunidades Nativas, Beca Huallaga, Beca FFAA, Beca Albergue); las segundas son becas para estudios de pregrado específicas (Beca Excelencia Académica y Beca Vocación de Maestro), becas de posgrado en universidades del extranjero en el marco de las políticas de Investigación y Desarrollo del país (Beca Presidente de la República, Beca Técnico Productiva, Beca APROLAB II, Beca Alianza Pacífico y otras becas menores), becas específicas para docentes (Beca de Especialización Docente y Beca de Posgrado Docente). Posteriormente se agregaron un conjunto de becas para estudio de idiomas, para quienes no concluyeron estudios secundarios (Beca Doble Oportunidad), para estudiantes con alto rendimiento académico e insuficientes recursos económicos (Beca Permanencia) y otras modalidades especiales. En el conjunto, el PRONABEC entregó más 69 mil becas en el periodo 2012 a 2015[1].
La modalidad más importante del PRONABEC, por el número de becas entregadas, es el Programa Nacional BECA 18: aproximadamente 45 mil becas hasta el año 2015, lo que representa el 65% del total de asignaciones del programa. Entonces, lo primero a destacar es que, a la fecha, siguiendo la progresión, al menos 50 mil jóvenes -hombres (55%) y mujeres (45%), la gran mayoría de origen indígena que proviene de zonas rurales y migra a Lima para estudiar-, han accedido a estudios superiores gracias a una beca integral que les habría permitido al menos tres cosas muy importantes. Primero, eliminar el tiempo de espera entre el término de los estudios secundarios y el inicio de estudios de una carrera; en ese tiempo de espera se pierden oportunidades de proseguir estudios por la inserción en el mercado laboral o la maternidad, en el caso de las mujeres. Segundo, tener más y mejores opciones para realizar estudios superiores, técnicos o universitarios, en instituciones de mayor prestigio y mejor infraestructura que las que suelen tener las universidades e institutos públicos de las regiones de procedencia de los y las becarias. Tercero, tener la posibilidad de dedicarse exclusivamente a estudiar y poder culminar en el tiempo previsto.
El fenómeno es complejo, si de un lado puede ser beneficioso para las jóvenes optar por una universidad en su región y no tener que alejarse de su red familiar, por el otro podrían estar optando por credenciales educativas obtenidas en universidades menos valoradas por el mercado laboral.
Generalmente, un joven con el perfil socioeconómico del becario del programa sólo puede aspirar a la universidad pública de su región, enfrentando los altos costos de las barreras del ingreso (academia preuniversitaria); ello debido a la fuerte competencia, dada la alta demanda y pocas vacantes disponibles. Todo esto fruto del abandono de décadas de la universidad pública por parte del Estado, el mismo abandono que se refleja en la falta de inversión en equipos, bibliotecas e infraestructura en general. Ese mismo joven tiene, por lo general, que combinar estudios y trabajo -la universidad pública no es totalmente gratuita y él o ella son parte de la economía familiar desde la infancia-, y alargar el periodo de estudios. La implementación, por las instituciones educativas, de exámenes de admisión gratuitos y descentralizados en las regiones, facilitó la postulación y bajó considerablemente los costos para las familias.
Lo segundo a destacar es el avance en equidad de género, el que guarda relación con la tendencia general observada en el país y en otros países de la región, la “feminización de la educación superior”. En efecto, en un artículo anterior publicado en esta misma revista[2], destacaba el incremento de la participación femenina en BECA 18: de 27% en el primer año del programa (2012) a 45% en el 2015[3]; en 2017 esta participación se habría elevado significativamente[4], en lo que habría contribuido la descentralización de la aplicación de las pruebas de ingreso entre otros factores.
Sin embargo, no disponemos de información actualizada que nos indique si, como fue identificado anteriormente, la mayoría de las mujeres becarias permanece en la región de origen para proseguir estudios superiores frente a los hombres que, en su mayoría, migran a Lima, en donde se concentra la oferta educativa de mejor calidad. Esto indicaría la generación de una inequidad que merece la atención de las instituciones encargadas de la implementación del programa y de la ciudadanía. El fenómeno es complejo; si de un lado puede ser beneficioso para las jóvenes optar por una universidad en su región y no tener que alejarse de su red familiar, de otro lado podrían estar optando por credenciales educativas obtenidas en universidades menos valoradas por el mercado laboral.
Uno de los aspectos críticos del Programa BECA 18 es la heterogeneidad de instituciones de educación superior que participan como receptoras directas del financiamiento de la matrícula y los costes académicos por becario. Las universidades e institutos técnicos de gestión privada, con y sin fines de lucro, forman la mayor parte de las instituciones educativas participantes y son las que acogen el mayor número de becarios. Los niveles de calidad de esta oferta educativa son muy variados -exigencia, infraestructura, equipos y capital físico, calidad de docentes-, así como su nivel de empleabilidad. Es preciso que el Programa BECA 18 fortalezca los criterios y el procedimiento de selección de las instituciones participantes.
Una dimensión que se evidenció como problemática desde el inicio de la implementación del programa, y que no ha recibido la atención necesaria ni adecuada por parte del Estado ni de las universidades, es la dimensión emocional y afectiva de los y las estudiantes. De manera particular en el caso de las mujeres, pero no sólo de ellas, la lejanía de la familia por largos periodos y la ausencia de una red de apoyo son factores fundamentales de riesgo de abandono y/o fracaso académico (perder un curso por notas), como lo comprueba la literatura internacional; esto es particularmente importante en el primer semestre y hasta el primer año de estudios. Los niveles de abandono y/o fracaso -que no son más altos en la población de estudiantes becarios que en los otros estudiantes-, se relacionan con factores de orden afectivo-emocional que repercuten en el rendimiento académico. Las razones de salida del sistema, de otro lado, obedecen a que los costos de llevar un curso en segunda matrícula deberán ser asumidos por la familia, que es de escasos recursos, sin dejar de anotar que el becario debe mantener un promedio de notas para renovar la beca. La importancia de esta dimensión en el logro de los objetivos de los becarios, y por tanto del programa, ha sido abordada en estudios y evaluaciones de programas de acción afirmativa implementados décadas atrás en universidades públicas en el país[5]; lamentablemente las lecciones aprendidas no parecen haber sido tomadas en cuenta.
Los estudios y evaluaciones de programas previos, antes mencionados, también identificaron que la discriminación en las universidades constituyó la experiencia de los becarios de dichos programas. Un estudio de cómo se generan y operan el estereotipo y el prejuicio sobre los becarios de BECA 18 en las comunidades universitarias[6] nos permite comprender las bases de las conductas discriminatorias y racistas hacia los becarios. Su atención, tanto por el Estado como por las universidades, co-responsables de la implementación del programa, es absolutamente imprescindible.
Una característica del programa BECA 18 es su rigidez desde la perspectiva de las exigencias y condiciones impuestas a los becarios. La marcación diaria del ingreso y salida del campus en el “huellero” (además de la marcación de la asistencia a clase), la rendición frecuente de informes de gasto del estipendio mensual, la prohibición de viajar a su lugar de origen en vacaciones (por temor a que “no regresen”), de compartir vivienda (“porque se van a distraer”), así como de cambiar de carrera al inicio de los estudios (aunque cualquier otro estudiante puede hacer esto en cualquier momento) entre otros mecanismos de vigilancia, parecen poner en evidencia la sospecha permanente sobre la capacidad del becario para tomar decisiones razonables. Entre la realidad que se impone con las prácticas de los becarios, asumiendo sus márgenes de libertad, y el programa que flexibiliza algunas normas, parece que se han operado mejoras en este sentido, como la eliminación del “huellero"; compartir la vivienda no sólo permite a los becarios ahorrar sino, algo tan sustantivo como compañía y una red de protección.
BECA 18 tendrá sus primeros egresados este 2018. Las trayectorias educativas de estos estudiantes merecen la atención debida; ellos y ellas han enfrentado una serie de obstáculos y barreras que supieron encarar, desarrollando una serie de estrategias para adaptarse a la vida universitaria. El ciclo debe cerrarse con la obtención de las correspondientes credenciales, académica y profesional; estas los habilitará para una inserción en el mercado laboral que reconozca y valore el esfuerzo desplegado. En ello tiene una responsabilidad la sociedad, en particular las empresas e instituciones, en la generación de empleo adecuado.
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[1] MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. Memoria Institucional 2012 al 2015 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo. Lima: Ministerio de Educación, (s/f), p. 49
[2] RODRÍGUEZ, Yolanda. "A propósito de BECA18". Intercambio. Lima, Nº 30. 2015, pp. 7-10 (http://intercambio.pe/a-proposito-de-beca-18/)
[3] MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ, óp. cit., p. 58
[4] El Comercio on line del 8/03/2017, “Seis de cada diez becarias del Pronabec son mujeres.” Recuperado de https://elcomercio.pe/economia/negocios/seis-diez-becarias-pronabec-son-mujeres-143606
[5] SANBORN, Cynthia y Alonso ARRIETA. Universidad y acción afirmativa: balance y agenda pendiente. Lima: Universidad del Pacífico, 2011
[6] RODRIGUEZ, Yolanda y Sandra AZAÑEDO. "Avances y tensiones en la promoción de la equidad en la educación superior en Perú". En XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS. 2017. http://alas2017.easyplanners.info/opc/tl/0821_yolanda_rodriguez.pdf
Invierno 2018
Yolanda Rodríguez González
Socióloga, Doctora en Educación, Maestra en Ciencias Políticas, con estudios de post graduación en Políticas Educativas. Profesora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la PUCP.
