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Edición Nº 51

El mundo del trabajo: necesidad de nuevas voces
11 de septiembre, 2020

Recuperada la democracia, hubo un esfuerzo inicial por discutir la necesidad de una nueva Ley General de Trabajo que corrigiese la legislación heredada del gobierno de Alberto Fujimori, dando mayor espacio al diálogo social[1]. A pesar de algunos avances en este sentido, sin embargo, la apuesta acabó siendo por la continuidad en la legislación y el modelo económico[2]. Mientras, a nivel político tendió a asumirse el trabajo como un objeto fuera de nuestras relaciones sociales. Muchos imaginaron que era posible conseguir un empleo basándose exclusivamente en el esfuerzo individual, olvidando cuánto pesan las desigualdades en el acceso a una educación de calidad[3]. Como si en el Perú las personas llegaran a puestos importantes más por méritos profesionales que por su color de piel[4] o redes personales. De este modo, apostamos por exportar materias primas, ignorando que ellas no crean trabajos masivamente[5]; por facilitar la creación de empleo a través de la explotación juvenil; e invertimos las sobras en ciencia. Celebramos a los “emprendedores”, pasando por alto que las condiciones en las que operaban era tan precarias que sus empresas quebrarían ante el menor problema.

Paradójicamente, esto ocurrió al tiempo que emergían consensos en los estudios académicos sobre el mundo del trabajo. Tanto desde la sociología, cuanto desde el derecho y la economía, se han publicado varios informes dando cuenta de los principales límites de las instituciones laborales peruanas. Se ha llamado la atención sobre la existencia de un aparato productivo basado en la exportación de materias primas, incapaz de crear empleos de forma masiva y sostenida en el tiempo[6]. También sobre la multicausalidad detrás de fenómenos como la economía informal, que cubre a más del 70% de la fuerza de trabajo. Aunque algunos todavía enfaticen la sobreregulación del mercado laboral como componente clave, la mayoría de trabajos dan cuenta de causas culturales, económicas y políticas[7]. Finalmente, han aparecido investigaciones enfatizando la debilidad del mito emprendedor: en realidad, muchos de nuestros pequeños empresarios lo son más por necesidad que por convicción. Ante la falta de trabajo, y la desprotección estatal, lo que queda es buscárselas como se pueda[8]. En línea con lo que ha venido ocurriendo en otros países de la región, emergió entonces una creciente literatura sobre empleo y derechos laborales, y sobre lo poco que habían mejorado las condiciones de trabajo de la mayoría tras décadas de flexibilización laboral[9].

En Perú, formalidad está lejos de ser lo mismo que trabajo digno. En ocasiones porque la ley no cubre estos derechos, como en el caso de la exportación no tradicional, donde existe un régimen especial que reduce derechos básicos . En otras, porque, aunque lo cubre, el Estado no tiene una infraestructura que garantice inspecciones laborales eficaces.

A pesar de estos inteligentes aportes, seguimos la misma receta: aumentar inversiones sobre derechos laborales. Y las élites se aprovecharon de esto siempre que les fue posible. Desde grandes empresas arriesgando la vida de los mineros hasta hogares en los que se impide la salida de las trabajadoras domésticas “hasta que haya una vacuna”. Todos abusando de su poder. El país cuyo PBI llegó a crecer a más del 8% es el mismo en cuya capital los jóvenes mueren asfixiados sin más consecuencias que un reportaje dominical.

Al respecto, es importante notar que, a pesar de volver continuamente sobre la informalidad como una característica crucial de la economía peruana -y lo es, cubriendo a más del 70% de trabajadores-, ella no es la causante de todos nuestros males. De hecho, antes y durante la actual crisis sanitaria hemos visto a trabajadores formales expuestos a situaciones de precariedad. Ocurrió con la pareja de jóvenes que trabajaban en una empresa multinacional y murieron electrocutados. Con trabajadores mineros que son obligados a quedarse por varios días lejos de sus familias, porque sus empresas no proveen pruebas de descarte de Covid. O con el despido arbitrario de dirigentes sindicales. En Perú, formalidad está lejos de ser lo mismo que trabajo digno. En ocasiones porque la ley no cubre estos derechos, como en el caso de la exportación no tradicional, donde existe un régimen especial que reduce derechos básicos[10]. En otras, porque, aunque lo cubre, el Estado no tiene una infraestructura que garantice inspecciones laborales eficaces.

Además, la “informalidad” no solamente toca a aquellos trabajadores sin un contrato escrito. De hecho, la mayoría de peruanos se ve afectada cotidianamente por la incapacidad estatal y el “sálvese quien pueda” del mercado. Incluso aquellas personas contratadas en planilla, con derechos básicos cubiertos. Lo vimos cuando, al inicio de la pandemia, los mercados de abasto se tornaron en focos de contagio. Mercados hacinados, sin baños públicos, ni zonas de descarga de productos. Dejados a la deriva durante más de dos décadas, son también el producto del “emprendedurismo” nacional. Y espacios de riesgo para miles de peruanos que, sin importar el tipo de contrato laboral que tengan, se ven afectados por la informalidad. De forma similar, durante las últimas semanas, miles de peruanos subieron a buses que no ofrecían condiciones mínimas para el distanciamiento social. Los problemas del transporte público difícilmente son una novedad[11]. Pero parecen no importarle a nadie en el poder. Conseguir alimentos o trasladarse por la ciudad acaba siendo un riesgo constante que afecta no solo a los “informales”: para la inmensa mayoría, la única manera de sobrevivir es vinculándose a dinámicas económicas desreguladas.

Con un Ministerio de Trabajo que recibe menos del 1% del presupuesto nacional, el Estado peruano no está interesado en proteger a sus ciudadanos. Con inspectores laborales que, en varios momentos de la última década, tuvieron que ir a huelga para mejorar sus propias condiciones de trabajo. Peor aún, cuando más falta hacen políticas inclusivas, creativas y eficaces, se optó por un ministro sin experiencia política ni perfil técnico. Aquí aplica lo que Alberto Vergara ha dicho sobre el modelo peruano de las últimas dos décadas[12]: un sector en automático, sin ideas que pongan en riesgo la sagrada estabilidad económica.

Más del 70% de trabajadores labora de manera "informal" en el país, pero son necesarias nuevas políticas laborales que garanticen derechos y beneficios al trabajo formal, volviendo este más atractivo y seguro.

Evidentemente, sirve de poco seguir pensando políticas públicas sin el entorno adecuado. Un entorno que no está libre de relaciones de poder y clases sociales. El rol del Estado es, precisamente, equilibrar estas relaciones, de manera que no se tornen espacios libres para el abuso. Esta es la razón por la que existen regulaciones sobre el salario mínimo, la jornada máxima de trabajo o la existencia de sindicatos[13]. Nada de esto surgió espontáneamente. Por el contrarito, estos avances fueron fruto de la movilización de sectores afectados, planteando y reclamando lo que creían justo.

Al contrario de algunas declaraciones del expremier Cateriano, no necesitamos “menos política”. Hemos tenido treinta años de eso. En cambio, deberíamos dialogar, todos, sobre lo que queremos a puertas del Bicentenario. Reafirmar la naturaleza social del trabajo: ¿seguir apostando por una relación en la que impone sus condiciones quien más tiene?, ¿construir espacios de derechos, donde seamos iguales ante la ley? En medio de la peor crisis sanitaria y política que ha atravesado el país en el último siglo, urge politizar el mundo del trabajo. Oír nuevas voces, que no es lo mismo que oír a jóvenes repitiendo la misma vieja receta. Necesitamos, en este sentido, dar mejores condiciones de trabajo a médicas, obreros de limpieza pública o trabajadoras domésticas. Pero también darles herramientas para que se organicen y presenten sus propuestas. Entonces, esta crisis podría ser la oportunidad para imaginar un país distinto.

* Este artículo tiene como base la columna “Politizar el Trabajo”, publicada en la web del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico el 28 de julio de 2020. https://ciup.up.edu.pe/analisis/politizar-el-trabajo/

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[1] MANKY, Omar (2014). Democracia, crecimiento económico y sindicalismo en el Perú del siglo XXI. Continuidades y rupturas. RELET-Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo19(31), 195-228.
[2] MANKY, Omar (2019) “Marchas e incendios: la política de la heterogeneidad en el mundo laboral peruano”. En: Portocarrero, Felipe y Vergara, Alberto, "Aproximaciones al Perú de hoy desde las ciencias sociales” Lima: Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico
[3] YAMADA, G., & LAVADO, P. (2017). Educación superior y empleo en el Perú: una brecha persistente. Fondo Editorial, Universidad del Pacífico.
[4] GALARZA, F., KOGAN, L., & YAMADA, G. (2012). ¿Existe discriminación en el mercado laboral de Lima Metropolitana?: un análisis experimental. Lima: Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico
[5] CAVERO, O. “El trabajo en una economía heterogénea y marginal: Un panorama general de la situación socio-económica de los trabajadores en el Perú. En: Estudios sobre el mundo del trabajo en el Perú, editado por Omar Manky, 26–57. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, CISEPA, 2017
[6] LUST, J. (2019). The rise of a capitalist subsistence economy in Peru. Third World Quarterly40(4), 780-795.
[7] Ver, por ejemplo: LAVADO, P., & CAMPOS, D. (2016). Empleo e informalidad. Lima, Perú: CIES o GALICIA VIDAL, S. R. (2017). Derecho e informalidad: explicaciones alternativas a la relación entre el derecho laboral y la informalidad a partir del caso de Gamarra.
[8] MARTUCCELLI, D. (2015). Lima y sus arenas: Poderes sociales y jerarquías culturales. Cauces Editores.
[9] Ver: POSNER, P. W., PATRONI, V., & MAYER, J. F. (2018). Labor Politics in Latin America: Democracy and Worker Organization in the Neoliberal Era. University Press of Florida y, para Perú, Manky, Omar (2017), Trabajo y Sociedad. Estudios sobre el mundo del trabajo en el Perú. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, CISEPA
[10] FERNÁNDEZ MALDONADO, E. (2015). Perú: de la Ley General del Trabajo al Régimen Laboral «Pulpín». Apuntes para una aproximación al proceso laboral (2000-2014). Cuadernos del CENDES, 32(89), 141-171.
[11] BIELICH, C. (2009). La guerra del centavo: una mirada actual al transporte público en Lima Metropolitana. Lima: IEP
[12] VERGARA, A. (2020) “La crisis del COVID-19 como Aleph peruano” Disponible en: https://ciup.up.edu.pe/analisis/la-crisis-covid-19-como-aleph-peruano/?fbclid=IwAR38J174k0aMz0UdMSXlWGzMAGY0hE9yLt8a2gqZJ8XPX7S5pdrmvJ-U0ik
[13] KATZ, H. C., KOCHAN, T. A., & COLVIN, A. J. (2015). Labor relations in a globalizing world. Cornell University Press.

Primavera 2020


Omar Manky Bonilla

Docente del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico e investigador del CIUP.

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