La delincuencia que victimó a Humala. Inseguridad ciudadana y políticas públicas

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El gobierno de Ollanta Humala termina con pena y sin gloria en materia de seguridad ciudadana. El dolor producido por la delincuencia durante estos cinco años es inconmensurable y sus estragos impactan en la vida y el cuerpo de miles de peruanas y peruanos y, a nivel macro, en nuestro desarrollo como país.

Una las principales víctimas de la delincuencia fue el propio Ollanta Humala. Él ganó las elecciones, posicionado en la figura del militar que puede derrotar a la delincuencia. Sin embargo, el paso del tiempo reconfirmó la falsedad de la hipótesis. A la par que la inseguridad era considerada como uno de los principales problemas del país, la ciudadanía se desencantó del presidente y aumentó su desaprobación. La primera o segunda razón del declive, según casi todas las encuestas de Ipsos (2012-2015) fue: porque no hay seguridad/hay delincuencia.

Más allá de esa constatación ¿cómo han evolucionado los principales indicadores de seguridad ciudadana? Y, ¿cuál es mi balance sobre la actuación del gobierno de turno? Esas dos preguntas trataré de responder someramente en este artículo.

¿En qué cambió nuestro monstruo?

Primero una advertencia: la data sobre la delincuencia es precaria en nuestro país. Por eso, salvo la información sobre percepción, victimización y ahora homicidios, los números son referenciales. Nos permiten aproximarnos a conocer al monstruo, pero no sirven para verlo en su verdadera dimensión.

Empecemos por las denuncias. Durante el actual gobierno, la tasa de denuncias de delitos ha crecido en alrededor del 30%. Según la propia policía, en el 2011 cerramos con 692 denuncias de delitos por cada 100 mil habitantes, y en el 2014 ya alcanzamos más de 900. El aumento es considerable, si tenemos en cuenta que solo aproximadamente el 15% de las víctimas denuncian el hecho, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De acuerdo con esa misma fuente, los delitos más recurrentes son el robo, el hurto, las lesiones y la violación de la libertad sexual. Por eso, un trabajo real a favor de la seguridad ciudadana debe priorizar esas cuatro vulneraciones de derechos. Esto evidentemente sin desmerecer otros delitos que, por su impacto mediático y social, son aterradores, como el sicariato, secuestro, extorsión, etc.

Lo que no se ha movido es el miedo. Se ha mantenido a tope. No podemos temer más. En el 2011 y en el 2015, 9 de cada 10 peruanos temían ser víctima de la delincuencia. Esta percepción tiene gran impacto en la realidad, pues el miedo moviliza: cambia nuestros patrones de conducta, de socialización, desincentiva ciertos negocios y promociona otros, etc.

Un dato interesante, que merece ser destacado, es que la victimización ha disminuido (data del INEI). Al terminar el quinquenio presidencial, menos personas afirman haber sido víctimas del delito. Mientras que en el 2011, 4 de cada 10 peruanos acusaba ser víctima, en el 2015 “solo” 3 lo hacían. Esta es una mejora sustancial, aunque nos mantenemos como uno de los países con mayor victimización en América Latina.

Nuestro continente es considerado como el más violento del mundo, si lo medimos desde los asesinados. Perú tiene la “suerte” de no estar entre los países top, aunque algunas ciudades como Tumbes o Cañete estén dando la pelea. El promedio nacional fue en el 2014 de 6.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, según la data depurada del Centro Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC). En el 2011 hubo un alza considerable y desde la fecha la tendencia al aumento de los homicidios es ligera.

¿Qué se hecho para aplacar a nuestro monstruo?

Las políticas públicas implementadas por el gobierno han estado marcadas por tres rasgos de inestabilidad: la falta de liderazgo presidencial, la ausencia de ideas firmes y la alta rotación de ministros del Interior.

La falta de liderazgo se percibió casi desde el inicio. Son pruebas de ello las idas y venidas para presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) o sus declaraciones públicas para atribuir responsabilidad a otras instituciones del Estado (alcaldes, Poder Judicial), sin asumir plenamente la suya.

La ausencia de ideas firmes fue otra constante. El problema no es que faltasen planes, sino que sobraban (La Gran Transformación, el Juramento por la democracia, Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, Pacto por la seguridad ciudadana, Política nacional frente a los delitos patrimoniales, Plan nacional de prevención y tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal, cada discurso de 28 de julio aparecía algo nuevo, a veces contradictorio). Algunos de estos documentos son técnicamente importantes y valiosos, otros son simplemente discurso soso. Con tantos planes no había claridad, no era posible identificar cuál fue la verdadera hoja de ruta que seguía el gobierno, cuál era su norte. En situaciones como esta, contar con demasiados planes equivale a tener ideas y compromisos endebles.

Desde el 2011 a la fecha se han sucedido siete ministros del Interior. Pero no fue solo alta rotación, sino que el gobierno reclutó personajes con perfiles disímiles, a veces contradictorios. Fue abismal el salto entre Walter Albán, un ex Defensor del Pueblo, y Daniel Urresti, un militar en retiro, acusado de violar derechos humanos. Parecía que el gobierno buscaba a ciegas al esquivo líder que necesitaba.

Estos tres rasgos marcaron las políticas públicas durante el quinquenio. Por eso fue difícil poner en marcha los cambios sustanciales que necesitaba el sector y que repercutirían en una mejora de la situación de inseguridad en el país.

Para no deprimirnos y para terminar, veamos algunas medidas positivas. La primera fueron los esfuerzos por generar más y mejor información. El CEIC centró sus esfuerzos por depurar la cifra de homicidios, el INEI produjo censos de comisarías, encuestas de victimización y temor, etc. La información es básica para saber cómo actuar.

Lo segundo fue la Ley de Uso de la Fuerza Policial, Decreto Legislativo 1186, que regula adecuadamente el tema y se adhirió a estándares internacionales, la violencia legítima utilizada por la policía. En este campo el gobierno avanzó a tumbos y el balance hubiera sido muy negativo si es que el antecedente aprobado por este gobierno no se hubiera derogado tácitamente: la ley 30151, ley de licencia para matar.

Lo tercero es la eliminación del sistema de trabajo policial a tiempo parcial, conocido como el 24×24. Con mucha improvisación y a contrapelo de los intereses de muchos policías, desde el 01 de enero de 2016 el gobierno recuperó la jornada policial a tiempo completo, sumando un aumento parcial de los ingresos de los efectivos.

Finalmente, la inversión en seguridad creció sustancialmente. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del sector Interior aumentó de 5 mil millones de soles en el 2011 a 9 mil millones de soles en el 2015. Este crecimiento constante fue acompañado por un nivel de ejecución aceptable, que mejoró al final del quinquenio.

Muchos temas quedan fuera de este balance: el desinflado discurso de la reforma policial y la lluvia de decretos legislativos, los avances institucionales para combatir la corrupción policial y su bajo impacto real, la larga crisis de la formación policial, el disminuido rol del Congreso por legislar y fiscalizar, el recurso al populismo punitivo y los estados de emergencia, los muertos en conflictos sociales, etc.

Han sido cinco años muy intensos, de expectativas defraudadas y variaciones en el panorama delictivo. Un quinquenio durante el cual, el sector Interior caminó con vaivenes, precisamente por su propia debilidad y la del presidente. Por momentos estuvo inmóvil o retrocedió, por momentos avanzó. Sin embargo, ante la magnitud del problema, los cambios promovidos no fueron sustanciales, ni permiten estar augustos ante un balance positivo.


César Bazán Seminario

Abogado y especialista en seguridad ciudadana. Miembro del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal – IDL.

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