Las mujeres indígenas de la Amazonía Peruana cumplen diversos roles activos y fundamentales en las sociedades a las que pertenecen; sin embargo, muchas veces su participación en la esfera pública es invisibilizada o limitada. También, producto de las diversas concepciones culturales en torno a la violencia, suele ejercerse violencia contra ellas, sea en sus relaciones de pareja, de parentesco, a nivel comunal, en el vínculo con la población colona o mestiza, a nivel nacional (vínculo con las diversas instituciones públicas), entre otros. En tal sentido, el propósito del presente artículo es explorar los escenarios desfavorables que permiten la reproducción de la violencia y, por lo tanto, las situaciones de impunidad que se generan ante los espacios de denuncia.
El término indígena hace referencia a la identidad étnica, ubicando a las personas en el universo de relaciones que existen en una sociedad determinada. Parte de esta identidad la conforman la autodeterminación étnica, la lengua materna y el vínculo con el territorio.
En el Perú ser indígena está directamente relacionado a situaciones de discriminación y condicionado por un contexto histórico de exclusión (económica y social) o un asistencialismo precario por parte del Estado y del resto de la sociedad nacional. De este modo, la mayoría no accede a servicios de calidad, lo que se demuestra en el deficiente acceso a la salud y a la educación intercultural con calidad.
Ahora bien, esta situación se acentúa para el caso de las mujeres indígenas amazónicas, quienes logran acceder a menos servicios y bienes y suelen ser más excluidas, en gran parte por una barrera de género. Esta barrera, en muchos casos, limita sus potencialidades y suele relegarlas a un espacio privado antes que el público. Y si bien la construcción cultural del género en los pueblos indígenas amazónicos es diversa, en muchos casos se adjudica a los hombres las funciones, responsabilidades y atributos del ámbito público, de manera que, por ejemplo, en la lógica de mercado que predomina en las distintas sociedades, la mujer se encuentra en desventaja, puesto que el espacio público es más valorado y brinda acceso a la toma de decisiones en torno al uso del dinero y desplazamiento[1].
Es importante señalar que la predominancia de las relaciones de mercado ha venido generando grandes cambios al interior de la dinámica familiar. Por ejemplo, Espinosa refiere que ante la salida de muchos varones de sus comunidades por periodos largos para poder obtener salario se ha producido una recarga laboral extra para las mujeres indígenas, quienes se encargan de las tareas de crianza de los hijos y también de las tareas agrícolas. Así también, se han venido produciendo en las familias frustraciones a causa de la presión económica, lo cual también suele verse reflejado en situaciones violentas al interior del hogar[2].
Los Centros de Emergencia Mujer, las Comisarías de la Mujer, la Fiscalía, entre otros, suelen estar en las ciudades, lo cual implica gastos en pasajes desde las comunidades y en estadías, ya que el proceso suele ser lento.
Por otro lado, esta presión económica ha generado que muchas jóvenes indígenas migren a las ciudades para trabajar. Sin embargo, los puestos de trabajo a los que acceden son de empleada doméstica, o vinculados a la atención en bares u otros lugares donde están expuestas a situaciones forzosas y vulnerables a situaciones de violencia sexual.
Ahora bien, entendemos la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta que, basada en su condición de género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado[3]. Sin embargo, estas formas de violencia no son restrictivas y más bien, se espera que los Estados contemplen un amplio catálogo que incluyan las diferentes manifestaciones culturales y sociales que adopta la violencia en cada contexto. Así, por ejemplo, en muchas comunidades indígenas se puede considerar el embarazo forzado, la violencia patrimonial o el juicio de mujeres por brujería como formas de violencia contra la mujer.
Es reconocido que esta violencia se manifiesta de forma distinta en diversos contextos, afectando las diferentes relaciones sociales pero, sobre todo, suele instituirse como práctica cotidiana que se reproduce de generación en generación. Lamentablemente, aún se cuenta con cifras limitadas (en tanto no diferenciadas según su identidad étnica) en torno a la violencia contra la mujer. Si bien la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES[4] ha generado data por regiones y departamentos, hay que observarla con cuidado, puesto que las mujeres indígenas se enfrentan a barreras económicas, de género y étnicas que limitan considerablemente su acceso a la justicia ordinaria, de manera que no suelen denunciar y, por tanto, las cifras variarían considerablemente.
Esta triple discriminación se refleja en el poco acceso al mercado, la falta de acceso a la propiedad de la tierra, los niveles de analfabetismo, de abandono escolar, entre otros. Como consecuencia, las mujeres son menos conscientes de sus derechos y libertades, limitando su acción al ámbito familiar o comunal para obtener justicia, espacios en los que se suelen reproducir aún concepciones que encasillan los roles de las mujeres, dependiendo de la organización local. Por ejemplo, en algunas comunidades asháninkas, se presentaba que desde los familiares, la culpa de la violencia recaía en la figura de la mujer, puesto que no cumplía adecuadamente con sus labores domésticas, no era una buena esposa, entre otros. Este problema se agudiza cuando las mujeres residen en la casa de la familia del esposo, o peor aún, cuando el esposo es colono, con distintas prácticas culturales.
Por otro lado, a nivel comunal, cuando las mujeres indígenas acuden a las autoridades indígenas (justicia comunitaria) para denunciar algún acto de violencia contra ellas, hay ocasiones en las que la falta de credibilidad de parte de las autoridades predomina o se considera que son temas que se deben abordar a nivel privado. Así también, muchas autoridades indígenas solo toman cartas en el asunto cuando se trata de actos violentos reiterados o si están generando efectos directos a nivel comunal, pocas veces apoyando o derivando los casos hacia la justicia ordinaria, inclusive si se tratara de violencia sexual.
Ahora bien, el acceso de las mujeres indígenas amazónicas a la justicia ordinaria es muy limitado, realizar una denuncia en este sistema resulta inalcanzable, pues se trata de un proceso lento, costoso y ajeno. Por ejemplo, los Centros de Emergencia Mujer, las Comisarías de la Mujer, la Fiscalía, entre otros, suelen estar en las ciudades, lo cual implica gastos en pasajes desde las comunidades y en estadías, ya que el proceso suele ser lento. Del mismo modo, el personal de estas instancias en muchas ocasiones se encuentra alejado de la realidad indígena, de modo que se presentan barreras culturales e idiomáticas también.
Estos factores provocan en las mujeres una sensación de vulnerabilidad y de desamparo ante las situaciones de violencia. Sin embargo, hay otros factores que influyen positivamente, tal como la mayor participación política de las mujeres indígenas, en tanto que existen organizaciones indígenas de mujeres que brindan espacios de fortaleza y apoyo, y también el hecho de que muchas de ellas ya sean autoridades locales. Ambos procesos contribuyen, cada vez más, a mermar las situaciones de impunidad, y con ello, a una mayor protección a los derechos de las mujeres.
[1] Cabe señalar que también hay experiencias que se escapan de estos modelos, como es el caso del pueblo shipibo y su articulación al mercado a través de la venta de artesanías. En este caso, la mayoría de mujeres del pueblo shipibo producen y venden artesanías, y son ellas mismas quienes se reservan el derecho de decidir sobre este ingreso. Este tipo de relaciones de mercado ha influido para que las mujeres shipibas se organicen tempranamente y formen las primeras organizaciones femeninas, en comparación a mujeres indígenas de otras etnias. Esto demuestra que las mujeres también pueden influir en las decisiones económicas y cuentan en muchos casos con capacidades propias para generar ingresos (Belaunde 2005: 27).
[2] ESPINOSA, Oscar. Relaciones de género en las sociedades indígenas de la Amazonía: discusiones teóricas y desafíos actuales, pp. 183-202. En: BARRIG, Maruja. Fronteras interiores: identidad, diferencia y protagonismo de las mujeres. Lima: IEP. 2007.
[3] Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer, 2009-2015. Lima 2009.
[4] Los datos sobre violencia contra la mujer son construidos por los Centros de Emergencia Mujer, con base a las detenciones; por la Policía Nacional del Perú (PNP) teniendo en cuenta las denuncias formuladas en las Comisarías y desde el INEI a través de la ENDES.
Judith Hernández
Ex investigadora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica - CAAAP.
