La violencia familiar en zonas rurales

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La violencia familiar está muy presente en nuestro país y es un problema de graves consecuencias a nivel individual y colectivo. El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI define como violencia familiar toda agresión ocurrida en el seno de la familia.

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) recoge cada año información sobre la prevalencia de la violencia familiar y sus distintos tipos, particularmente la violencia contra la mujer y contra los niños y niñas. Gracias a esta encuesta sabemos que la violencia familiar está aún muy presente en la vida de las familias peruanas: sabemos por ejemplo que el 72% de mujeres que alguna vez estuvieron unidas, sufrieron algún tipo de violencia por parte de su esposo o pareja, es decir, 7 de cada 10 mujeres[1].

El tipo de violencia más común fue la violencia sicológica o verbal (69,4%), que involucra insultos, amenazas, humillaciones, etc.; en segundo lugar aparece la violencia física: un 32% de mujeres sufrieron este tipo de violencia, que incluye golpes, empujones, patadas, bofetadas, etc. Finalmente un 7.9% sufrieron violencia sexual[2].

En cuanto a los niños y niñas, la encuesta indica que entre las principales formas de castigo están la reprimenda verbal (74,9% los padres y 72,6% las madres), la prohibición de algo que les gusta, y los golpes (25.6% los padres y 28.6% las madres).

En la ENDES 2014 la violencia contra las mujeres en sus distintas modalidades (excepto la violencia sexual, donde ocurre lo inverso) ha sido ligeramente menor en zonas rurales (1 o 2 puntos porcentuales). No ocurre lo mismo sin embargo con la violencia hacia los niños y niñas: los golpes y el castigo físico hacia los niños y niñas se dan en el 40,5% de los hogares rurales, mientras que esto ocurre en el 24,5% de los hogares urbanos.

Algunos departamentos presentan un porcentaje mayor de violencia, como Huancavelica, que ocupa el 2º lugar en violencia contra las mujeres, con un porcentaje de 81.1% de mujeres que fueron agredidas alguna vez por su pareja. La violencia física contra los niños es igualmente más alta que el promedio nacional, con 43% de hogares que la reportan.

Justamente es en Huancavelica donde venimos desarrollando un estudio de seguimiento a un proyecto que busca prevenir y reducir la violencia contra los niños y las mujeres en el distrito de Seclla, provincia de Angaraes, una zona eminentemente rural[3]. Para ello hemos realizado encuestas, entrevistas individuales y grupales, dinámicas participativas, etc., a fin de comprender mejor la problemática en la zona.

Una de las primeras cosas que encontramos es que la proporción de hogares que usan castigos físicos es mucho mayor en el distrito de Seclla que la reportada en la ENDES a nivel nacional y regional: un 60.2% de hogares utilizaban castigos que podemos considerar violencia física, como el uso del látigo o tres puntas, los golpes, la correa, etc.[4] En distritos vecinos, este porcentaje era aún mayor: 69.7%, lo cual nos muestra que a nivel local la situación puede ser mucho más grave de lo que nos muestran los promedios nacionales.

Ser víctima de violencia en la infancia hace más probable que al llegar a la edad adulta estas mismas personas sean, o bien víctimas, o bien perpetradores de violencia; tanto violencia de pareja como contra los niños y niñas, reproduciéndose así un círculo vicioso.

En el estudio, las madres reportan formas de castigo físico que hemos clasificado como violencia leve (pellizcos, jalones de pelo u orejas) y moderada (látigo, correa, ortiga, palo), pero no reportan formas de violencia severa o grave (puñetes, patadas, ahogamientos o asfixia). La violencia grave parece menos recurrente, más asociada a los titulares de la escena urbana, a los casos extremos. Sin embargo, las formas leves y moderadas muestran una masiva presencia y ello tiene que ver con el uso del castigo como estrategia de crianza y práctica para disciplinar a los niños, que es más cotidiana y constante por eso mismo.

Otro hallazgo importante del estudio tiene que ver con la experiencia de las madres o cuidadoras de estos niños: el 89% de ellas sufrió algún tipo de violencia en su infancia, dato que nos habla de prácticamente una generación entera socializada en el uso de la violencia como medida correctiva[5]. En las entrevistas aplicadas a autoridades comunales y distritales, que justamente son las llamadas a tratar estos casos, encontramos que entre las propias autoridades esta experiencia era también muy común, lo cual muchas veces evitaba que vean el fenómeno de la violencia doméstica como un problema, tomándolo como algo natural, una costumbre, parte de la idiosincrasia de la zona.

La violencia contra los niños no es sin embargo algo “natural”, es algo social: ha sido construida como legítima y válida a través de la historia, en períodos específicos y a través de ciertas instituciones. Y desde hace algunas décadas viene siendo también cuestionada por personas, instituciones y estudios variados.

Múltiples evidencias científicas han demostrado, por ejemplo, los efectos negativos de la violencia contra los niños a corto, mediano y largo plazo, ya que afectan su salud y nutrición, su capacidad de aprendizaje y su rendimiento escolar, el desarrollo de sus emociones así como su capacidad de respuesta al stress[6]. Más importante aún, ser víctima de violencia en la infancia hace más probable que al llegar a la edad adulta estas mismas personas sean, o bien víctimas o bien perpetradores de violencia, tanto violencia de pareja como contra los niños y niñas, reproduciéndose así un círculo vicioso.

Por ello resulta necesario difundir esta información, ofrecer formas no violentas de corrección a las familias, así como estrategias que les permitan asegurar e incrementar el bienestar de sus hijos e hijas. En este punto vale la pena preguntarse qué se viene haciendo desde el Estado peruano al respecto y ahí hay importantes novedades.

Para empezar, por primera vez, el actual Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNIA), que abarca del 2012 al 2021, establece como una de sus metas emblemáticas lograr que en el país no se maltrate a la infancia y que disminuya la violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes. Los anteriores PNIA no hacían referencia explícita y prioritaria a este aspecto, por lo que podemos considerarlo un importante avance en nuestro marco normativo.

El Perú cuenta también con un Programa nacional contra la violencia familiar y sexual, parte del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables (MIMP), y viene expandiendo los Centros de Emergencia Mujer a nivel nacional, los cuales se encargan de ofrecer orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Sin embargo, su cobertura es aún limitada. En la zona donde trabajamos, el CEM está ubicado en la capital provincial de Angaraes, en un centro poblado a dos horas de la capital distrital e incluso a mayor tiempo de algunas comunidades, lo que limita su capacidad de intervención en los varios distritos de la provincia. Asimismo, en el estudio que venimos realizando hemos podido notar que los puntos de atención, cuando surgen situaciones de violencia familiar, son diversos (postas de salud, comisarías, DEMUNA, CEM, juez de paz) y que  las rutas de atención son por lo mismo confusas, complicadas, mal planteadas para pobladoras que viven a considerables distancias a pie de la capital, poco pertinentes cuando quien atiende no habla la lengua predominante en la localidad y que en ocasiones, lejos de ayudar a las víctimas, algunas autoridades terminan dando la razón a los victimarios. Ello coloca importantes y urgentes desafíos para la formación y capacitación de los operadores de justicia locales.

Afortunadamente hay más claridad en la actualidad, así como abundante evidencia, de que la problemática de la violencia familiar no es un asunto ni natural ni meramente privado, sino que debe involucrar la acción decidida del Estado, la participación de la comunidad y la reflexión constante con las familias y los niños y niñas sobre los derechos de la infancia.

[1] ENDES 2014
[2] Ibid
[3] Proyecto “Construyendo Entornos Saludables y Protectores para Reducir la Violencia Infantil en el Distrito de Secclla: ‘Con Cariño y sin Rigor’”, desarrollado por la ONG TADEPA (Taller de Promoción Andina).
[4] ALDANA, Úrsula; Patricia AMES; CRISÓSTOMO, Mercedes y Sarita ORÉ. La violencia infantil y el entorno doméstico: puntos de partida para una propuesta de prevención en Huancavelica. Documento de trabajo 213, Lima: Instituto de Estudios Peruanos – IEP 2015.
[5] Ibid.
[6] FEIGELSON, Michael J. Prevenir la violencia en la vida de los niños pequeños: una prioridad de nuestra fundación. En: Espacio para la infancia 35: Violencia Oculta: protegiendo a los niños pequeños en el hogar. La Haya: Fundación Bernard van Leer. 2011


Patricia Ames R.

Investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesora del departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú.

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